El apoderado del Partido Renovador de Salta Cristóbal Cornejo, dijo que el candidato a diputado nacional Jorge Folloni, "cumple con todos los requisitos exigidos" para postularse.
Cornejo presentó el viernes el descargo del PRS en la impugnación presentada contra Folloni por los abogados de la Red por la Defensa de los Derechos Humanos, Tania Kiriaco y David Leiva.
Cornejo dijo que "básicamente" en el descargo se sostiene que "no existe una causal legal para impugnar" al candidato porque "cumple los requisitos constitucionales para elegir y ser elegido". Aseguró que Folloni no está imputado y que en la causa por Melitón Bustos solo "prestó declaración testimonial". "No se promovió acción penal, el fiscal desestimó la acusación", afirmó.
Folloni declaró como testigo en la causa Bustos el 22 de octubre de 2006, en el Juzgado Federal Nº 2, a cargo de Miguel Medina. Lo hizo después de Roberto Ulloa, a quien acompañó en su gobernación de facto (desde abril de 1977 hasta febrero de 1983) como secretario de Gobierno. El juez quería saber cuál había sido la intervención de ambos en lo vinculado a Bustos, debido a que el secuestro del escribano ocurrió poco tiempo después de que el gobierno le negara el Registro Notarial Nº 32 basándose en un informe de Inteligencia del Ejército.
Negativa y telegramasAmbos negaron haber sabido del secuestro de Bustos, a pesar de que su pareja, Juana Bolaños, envió telegramas a autoridades provinciales, y a la gobernación, inquiriendo por el paradero del escribano, que había sido sacado de su casa por integrantes del Ejército. El 10 de julio de 2008 el juez Medina dispuso que se formara otro expediente con parte de esta causa por el secuestro, "a efectos de investigar la presunta comisión por parte del capitán de navío Roberto Augusto Ulloa y de Folloni, de los delitos de encubrimiento, omisión de denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público".
En la declaración ante el juez Medina, Ulloa y Folloni coincidieron en intentar justificar su actuación durante la pasada dictadura militar: dijeron que su función pública estuvo enmarcada en los decretos de aniquilación de la subversión firmados por la ex presidenta Isabel Martínez y por Italo Luder, entre otros ex funcionarios justicialistas.El expediente iniciado con la impugnación a Folloni pasó el viernes al fiscal federal con competencia electoral, Ricardo Toranzos, quien debe emitir un dictamen antes de que el planteo pase a ser resuelto por el juez.
POBLADORES DENUNCIAN UNA VIOLENTA REPRESION EN UN PROCEDIMIENTO
El ministro Aníbal Fernández recibió a la dirigente mapuche Moira Millán y prometió investigar.“Torturas, violaciones y robos cometidos por policías en allanamientos violentos y sin órdenes. Detenciones sin razón y desapariciones. ¿Qué es eso sino terrorismo de Estado?”, se preguntó Moira Millán. Junto con un grupo de pobladores de la localidad chubutense de Corcovado, viajó hasta la ciudad de Buenos Aires para denunciar las “vejaciones a los derechos humanos” que la policía y el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de Chubut cometieron a principios de marzo por las calles del pueblo, bajo la excusa de la búsqueda de un joven prófugo que burló durante al menos dos años las garras de sus captores. Millán tuvo que encadenarse a las rejas del Ministerio de Justicia nacional para lograr que la recibieran. Tras la entrevista, el ministro Aníbal Fernández prometió “tomar cartas en el asunto inmediatamente” y enviar a funcionarios de la cartera al pueblo para iniciar la investigación correspondiente.
“Necesitamos que el país se entere. Lo que las familias de Corcovado sufrieron no puede volver a ocurrir”, apuntó Millán a Página/12, antes de relatar lo ocurrido entre el 8 y el 16 de marzo en ese pueblo de frontera chubutense. La policía buscaba a Daniel Bustos, un joven que se había escapado de prisión días después de haber sido condenado por la muerte de su hijo. Bustos había pautado su entrega en la casa paterna, en Corcovado, pero “los policías armados que empezaron a abrir las ventanas sin que haya todavía llegado el abogado lo asustaron y se fue corriendo. Sus hermanos lo siguieron”, relató Marta Penchulef, madre de todos los hermanos. La persecución culminó con uno de los hermanos de Bustos muerto, otro herido y uno más detenido. Del prófugo, sus padres nunca más tuvieron noticias. También murió un efectivo de la policía.
“Con la excusa de que buscaban a Daniel allanaron más de veinte viviendas del pueblo con una brutalidad impresionante, torturaron a sus habitantes, violaron a las mujeres”, explicó Millán. A partir del 9 de marzo, los efectivos policiales dieron un paso al costado y se ubicaron como “apoyo” de los efectivos del GEOP. “Tomaron la radio local y por allí declararon que la ciudad entraba en estado de sitio. Nadie podía permanecer en la calle pasadas las 22. Durante siete noches fue un terror total”, relató.
Y eso no es todo. El 11 de marzo, Luciano González, de 42 años, estaba charlando en la calle con un amigo en Cerro Centinela, un pueblo mapuche ubicado a 15 kilómetros de Corcovado que también estuvo bajo control del GEOP, cuando ambos fueron detenidos. “Los trasladaron hasta Trevellin, a 70 kilómetros de Corcovado, los separaron y los torturaron. De Luciano no se sabe más que lo que dijeron algunos testigos, que lo vieron en la comisaría”, remarcó Millán. Continúa desaparecido.
El hecho, que significó el punto cúlmine de la violencia policial, fue denunciado a la Justicia provincial, así como los allanamientos, torturas y violaciones. Sólo once de las más de veinte familias que fueron atacadas se animaron a dar testimonio. Esas denuncias recayeron sobre las fuerzas de seguridad: “No se puede identificar a las personas que participaron porque siempre iban con la cara cubierta, pero la gente no tiene dudas porque reconocieron sus uniformes. Fue el GEOP”, comentó la militante del Frente Mapuche Campesino. El gobierno municipal hizo oídos sordos a los reclamos. El gobierno provincial los negó rotundamente.
Por esa razón recurrieron al gobierno nacional. Hasta ayer, no bastaron los pedidos formales de entrevistas ni la conferencia de prensa que ofrecieron el jueves en la sede de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Cuando ayer a la mañana los funcionarios del Ministerio de Justicia se negaron a recibirlos, Millán, dirigente del Frente Campesino Mapuche, se encadenó al edificio ministerial. Recién entonces logró la audiencia. En su despacho, Fernández “prometió investigar hasta las últimas consecuencias” lo ocurrido. El miércoles 20 viajará a Chubut Leandro Jarsún, coordinador del Programa Antiimpunidad, dependiente del Ministerio de Justicia.
Como ejemplo de la brutalidad policial, Millán relató a este diario uno de los casos denunciados: “Un grupo de policías encapuchados entró en una vivienda donde estaban una mamá, su hijo de 12 años y su hija, de 8, que se estaba duchando. Tiraron la puerta abajo, golpearon a la mujer y a su hijo, los tiraron al suelo y les apuntaron con un arma. Sacaron a la nena de los pelos de la ducha, desnuda, y abusaron de ella delante de la madre”.
Informe: Ailín Bullentini.
(Fuente:Rdendh).
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