Por Elena Corvalan
Asesinos
¿Cuántos muertos son necesarios para convertir a alguien en asesino? ¿En cuántos gobiernos dictatoriales debe participar para convertirse alguien en golpista?
¿Cuántos muertos son necesarios para convertir a alguien en asesino? ¿En cuántos gobiernos dictatoriales debe participar para convertirse alguien en golpista?
La pregunta, que ronda al Partido Renovador de Salta desde que se constituyó como tal, viene a cuento de la impugnación que se hiciera a la candidatura de Jorge Oscar Folloni para postularse a una nueva gestión como diputado nacional. La impugnación fue rechazada por la Justicia y Folloni fue habilitado para seguir en la campaña, en la que, de todos modos, no obtuvo un resultado halagüeño. Quienes promovieron su nueva postulación a una diputación nacional dicen que reúne los requisitos legales para ser candidato en elecciones democráticas, y la Justicia les dio la razón. Los escasos requisitos que exige la legislación argentina a quienes aspiran a ocupar cargos electivos, habría que agregar.
Aunque el 28 de junio quedó terminada la candidatura, vale la pena recordar los motivos de la tacha a la postulación de Folloni. Lo impugnaron porque participó de un gobierno de facto, el del capitán de navío Roberto Augusto Ulloa, desde abril de 1977 a febrero de 1983, y por su presunta responsabilidad en el secuestro y la desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos. La historia es conocida: el 14 de noviembre de 1977, en cumplimiento de sus funciones de secretario de Gobierno de Salta, firmó (junto a Ulloa y al ministro de Gobierno, capitán de fragata René Julio Davids) el decreto 3498 por el que el Poder Ejecutivo de Salta rechazó el pedido del escribano para que se le adjudicara la titularidad del Registro Notarial Nº 32, de Tartagal. El rechazo se fundó en “los antecedentes ideológicos del peticionante”, los que, advierte el decreto, le habían sido suministrados al Poder Ejecutivo “con carácter de estrictamente confidencial y secreto por los organismos pertinentes”, de los que surgía que Bustos “no reúne uno de los requisitos esenciales para ser depositario de la fe pública”. Dos meses y medio después Bustos, que ya venía sufriendo amenazas de miembros del Ejército, fue secuestrado de su casa por miembros de esta fuerza. Se supone que fue asesinado poco después.
La misma madrugada en que fue sacado de su casa, maniatado, encapuchado y en calzoncillos, la compañera de Bustos, Juana Bolaño, y su hijo, Raúl Bustos, siguieron a sus captores hasta que los perdieron. Los días siguientes indagaron por él en el Regimiento de Monte 28, de Tartagal. Bolaño escribió telegramas y cartas a distintos organismos oficiales, y, claro está, al gobernador de facto, al que incluso pidió audiencias. Pero ni Folloni ni Ulloa recuerdan eso. Es más, según afirmaron en octubre de 2006, al ser convocados a declarar en el Juzgado Federal Nº 2, de la desaparición de Bustos se enteraron recién con la llegada de la democracia. Resulta difícil creerles, así como resulta difícil creerles su conversión al sistema democrático. Más bien lo suyo, la fundación del PRS en su momento, la postulación de Folloni luego, se parece a una utilización de este sistema porque el otro ha caído en desgracia. Cabe la pregunta: si la situación del país lo permitiera, ¿no volverían a abrazar la vía rápida para llegar al poder? Han dado muestras de no tener reparos para ello.
Y, por supuesto, tanto Ulloa como Folloni afirman no tener nada que ver con violaciones a los derechos humanos. Y hasta dicen que no hay desaparecidos, no hay muertos por la represión durante esa gestión de facto, una afirmación que la historia, la realidad, se empeña en desmentir. Y esa es la carga de la que aún no ha podido liberarse el PRS. Fundado el 23 de octubre de 1982, el PRS cuenta, según su propia historia oficial, entre sus iniciadores a Folloni, “quien dio el nombre al Partido y explicó porqué debía llamarse Partido Renovador de Salta: ‘El nuevo Partido se presentaba como Renovador de la política de Salta.’” Volvemos al principio: ¿cuántos muertos son necesarios para convertir a alguien en asesino? ¿Cuánto se puede, sin convertirse en cómplice, voltear la vista mientras al lado se tortura y se mata? ¿El solo hecho de hacerse el distraído basta para exonerar de culpas a quienes estaban en funciones de poder y tuvieron, precisamente, el poder de influir sobre el destino de esas personas flageladas?
En noviembre de 1991 el abogado Marcelo O’Connor escribió sobre su amistad con Melitón Bustos y le dedicó varios párrafos a Ulloa, Davids y a Folloni (entonces diputado nacional). Además de la muerte de Bustos, O’Connor recuerda la de Juan José Figueroa, el 21 de octubre de 1977; la de Orlando Romal Molina, el 10 de febrero de 1978; la de Juan Carlos Parada, el 17 de marzo de 1978. Y pregunta: “¿La diferencia con Bussi es una cuestión aritmética, de más o menos muertos? ”O’Connor demuestra conocimiento del pensamiento justificativo de Ulloa y Folloni: “¿Argumentarán como los vecinos de Auschwitz que nunca se enteraron de nada?”, pregunta-anticipa. La respuesta se la dieron 15 años después, cuando fueron a la Justicia a decir que durante toda su gestión de gobierno de facto, en la que recibieron los desesperados telegramas de Juana Bolaño, nunca se enteraron que Bustos había sido secuestrado y desaparecido. Tampoco se deben haber enterado de los otros casos. Quizás no tenían claro que participaban de un gobierno de facto.
Aunque el 28 de junio quedó terminada la candidatura, vale la pena recordar los motivos de la tacha a la postulación de Folloni. Lo impugnaron porque participó de un gobierno de facto, el del capitán de navío Roberto Augusto Ulloa, desde abril de 1977 a febrero de 1983, y por su presunta responsabilidad en el secuestro y la desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos. La historia es conocida: el 14 de noviembre de 1977, en cumplimiento de sus funciones de secretario de Gobierno de Salta, firmó (junto a Ulloa y al ministro de Gobierno, capitán de fragata René Julio Davids) el decreto 3498 por el que el Poder Ejecutivo de Salta rechazó el pedido del escribano para que se le adjudicara la titularidad del Registro Notarial Nº 32, de Tartagal. El rechazo se fundó en “los antecedentes ideológicos del peticionante”, los que, advierte el decreto, le habían sido suministrados al Poder Ejecutivo “con carácter de estrictamente confidencial y secreto por los organismos pertinentes”, de los que surgía que Bustos “no reúne uno de los requisitos esenciales para ser depositario de la fe pública”. Dos meses y medio después Bustos, que ya venía sufriendo amenazas de miembros del Ejército, fue secuestrado de su casa por miembros de esta fuerza. Se supone que fue asesinado poco después.
La misma madrugada en que fue sacado de su casa, maniatado, encapuchado y en calzoncillos, la compañera de Bustos, Juana Bolaño, y su hijo, Raúl Bustos, siguieron a sus captores hasta que los perdieron. Los días siguientes indagaron por él en el Regimiento de Monte 28, de Tartagal. Bolaño escribió telegramas y cartas a distintos organismos oficiales, y, claro está, al gobernador de facto, al que incluso pidió audiencias. Pero ni Folloni ni Ulloa recuerdan eso. Es más, según afirmaron en octubre de 2006, al ser convocados a declarar en el Juzgado Federal Nº 2, de la desaparición de Bustos se enteraron recién con la llegada de la democracia. Resulta difícil creerles, así como resulta difícil creerles su conversión al sistema democrático. Más bien lo suyo, la fundación del PRS en su momento, la postulación de Folloni luego, se parece a una utilización de este sistema porque el otro ha caído en desgracia. Cabe la pregunta: si la situación del país lo permitiera, ¿no volverían a abrazar la vía rápida para llegar al poder? Han dado muestras de no tener reparos para ello.
Y, por supuesto, tanto Ulloa como Folloni afirman no tener nada que ver con violaciones a los derechos humanos. Y hasta dicen que no hay desaparecidos, no hay muertos por la represión durante esa gestión de facto, una afirmación que la historia, la realidad, se empeña en desmentir. Y esa es la carga de la que aún no ha podido liberarse el PRS. Fundado el 23 de octubre de 1982, el PRS cuenta, según su propia historia oficial, entre sus iniciadores a Folloni, “quien dio el nombre al Partido y explicó porqué debía llamarse Partido Renovador de Salta: ‘El nuevo Partido se presentaba como Renovador de la política de Salta.’” Volvemos al principio: ¿cuántos muertos son necesarios para convertir a alguien en asesino? ¿Cuánto se puede, sin convertirse en cómplice, voltear la vista mientras al lado se tortura y se mata? ¿El solo hecho de hacerse el distraído basta para exonerar de culpas a quienes estaban en funciones de poder y tuvieron, precisamente, el poder de influir sobre el destino de esas personas flageladas?
En noviembre de 1991 el abogado Marcelo O’Connor escribió sobre su amistad con Melitón Bustos y le dedicó varios párrafos a Ulloa, Davids y a Folloni (entonces diputado nacional). Además de la muerte de Bustos, O’Connor recuerda la de Juan José Figueroa, el 21 de octubre de 1977; la de Orlando Romal Molina, el 10 de febrero de 1978; la de Juan Carlos Parada, el 17 de marzo de 1978. Y pregunta: “¿La diferencia con Bussi es una cuestión aritmética, de más o menos muertos? ”O’Connor demuestra conocimiento del pensamiento justificativo de Ulloa y Folloni: “¿Argumentarán como los vecinos de Auschwitz que nunca se enteraron de nada?”, pregunta-anticipa. La respuesta se la dieron 15 años después, cuando fueron a la Justicia a decir que durante toda su gestión de gobierno de facto, en la que recibieron los desesperados telegramas de Juana Bolaño, nunca se enteraron que Bustos había sido secuestrado y desaparecido. Tampoco se deben haber enterado de los otros casos. Quizás no tenían claro que participaban de un gobierno de facto.
(Fuente:Rdendh).
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