Por Juan Cruz Varela
Comenzó ayer en Paraná el juicio por el secuestro de los hijos de Raquel Negro. Cinco represores del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario y un médico están acusados por robo de bebés nacidos en un hospital militar paranaense en marzo de 1978.
La maternidad clandestina de Paraná
Guerrieri, Fariña, Amelong, Pagano, González y el médico Zacaría están acusados de los delitos de sustracción de menores y sustitución de identidad de los mellizos de Raquel Negro, quien fue traslada desde la Quinta de Funes a Paraná.
Por Juan Cruz Varela
Desde Paraná
Sabrina, la hija de Raquel y Tucho, llegó a Paraná para seguir el juicio.Imagen: Télam
La ciudad vivió un día histórico con el comienzo del juicio contra cinco represores militares de Rosario -que eran parte del grupo de operaciones especiales creado en Segundo Cuerpo de Ejército-, y un médico con rango militar por sustracción de menores y sustitución de identidad, en el caso de los hijos mellizos de Raquel Negro y Tucho Valenzuela. Sabrina, hija de Raquel y Tucho que recuperó su identidad en 2008, señaló que "es un momento muy importante y conmovedor, con la certeza de que aunque la justicia sea lenta, el esfuerzo de los organismos y de tanta gente valió la pena".
El centro estuvo convulsionado por un movimiento inusual. Los organismos de derechos humanos llevaron a los que no están en las banderas mientras clowns, artistas callejeros y músicos aportaron el color en una jornada soleada pero fría.
El debate comenzó con la pequeña sala de la Cámara Federal de Apelaciones abarrotada de público y con la vereda angostada por la presencia de los familiares y víctimas del terrorismo de Estado que fueron a buscar un puñado de justicia.
Pascual Oscar Guerrieri era el más activo. Tomaba nota, hablaba con el resto de los imputados y jugaba con una llamativa bufanda roja que le colgaba del cuello. A su lado estaba Jorge Alberto Fariña y al lado de éste, Marino González. Detrás Walter Pagano, Juan Daniel Amelong y el médico Juan Antonio Zaccaría. A veces hacían como si dormitaran, pero nada de lo que se decía parecía sorprenderlos.
Sabrina, la hija de Raquel y Tucho que recuperó su identidad en 2008, llegó nerviosa pero con una sonrisa. "Este es un momento muy importante y conmovedor, en el que se cruzan muchas emociones, pero estoy muy contenta de estar en Paraná, con tanta gente querida y con la certeza de que aunque la justicia sea lenta, el esfuerzo de los organismos de derechos humanos y de tanta otra gente valió la pena", comentó a Rosario/12.
"Nosotros esperamos que este juicio sea una bisagra que nos permita encontrar nuevas pruebas o indicios sobre lo que pasó con nuestro hermano mellizo. Sabemos que Paraná fue un punto estratégico porque allí funcionó una maternidad clandestina y ojalá que todos los que sepan algo sobre el melli se acerquen a decirlo porque es un momento histórico en el que pueden ayudar a reconstruir una verdad. Ojalá que los testigos puedan hacer memoria, porque cualquier dato es importante para el fin que perseguimos que es encontrar a nuestro hermano", acotó con su hermano Sebastián al lado.
En el primer día del juicio se leyeron las acusaciones que enfrentan los represores imputados por los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menores de 10 años de edad y supresión y alteración de sus estados civiles.
Raquel Angela Carolina Negro y Edgar Tulio Valenzuela fueron secuestrados el 2 de enero de 1978 en el centro de Mar del Plata y trasladados a la Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, donde estaba alojada casi toda la cúpula regional de Montoneros. Ella tenía 28 años y en ese momento cursaba un embarazo de siete meses. Entre fines de febrero y principios de marzo los integrantes de la patota idearon un plan para el traslado en forma clandestina de Negro para dar a luz.
El operativo estuvo a cargo de un grupo de operaciones especiales creado en 1975, bajo la órbita del Segundo Cuerpo de Ejército, para combatir el accionar de Montoneros y estaba a cargo del teniente coronel Guerrieri, que era segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, con sede en Rosario. A su vez, Guerrieri dirigía los centros clandestinos de detención que funcionaban en la zona: Quinta de Funes, La Calamita, Escuela Magnasco y La Intermedia.
Por debajo suyo en la línea de mando estaba el mayor Fariña, que se desempeñaba como jefe de operaciones especiales de inteligencia. Como tal tuvo a su cargo la organización y coordinación del plan para el traslado de Raquel Negro.
En el operativo intervinieron también el teniente Amelong, que era jefe de sección y segundo jefe de operaciones especiales de inteligencia, y Pagano, un civil que revistaba como agente secreto del Destacamento de Inteligencia 121 bajo el seudónimo de "Sergio Paz". Ellos fueron los que abandonaron a la nena en un convento en Rosario, dejaron el timbre conectado con un escarbadientes y salieron corriendo. Precisamente esta fue la pista que permitió localizar y restituir la identidad de Sabrina Gullino, en diciembre de 2008, ya que la beba fue entregada a un Juzgado de Menores y luego dada en adopción legal.
El capitán González, como jefe GT?1 del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, fue quien ordenó todos los trámites para la internación de Raquel Negro en Paraná, dado que en la capital entrerriana estaba el único hospital militar de la zona; y también coordinó las guardias para la custodia de la mujer mientras duró su convalecencia.
En el operativo intervino también personal civil. Zaccaría era el médico que estaba a cargo de la unidad de terapia intensiva del Hospital Militar cuando se produjo el parto. De la investigación surge que se desempeñó como nexo con los militares que ejecutaron la operación.
El médico anestesista dijo que un día, al inicio de su tarea habitual, se encontró sorpresivamente con un bebé en una incubadora en la sala a su cargo. Sin embargo, una enfermera del hospital contó en sede judicial que fue convocada por Zaccaría para asistir el parto de una mujer que se encontraba en la sala de Ginecología del nosocomio y que luego el propio profesional le ordenó que en el libro de enfermería de la terapia intensiva, tanto Raquel Negro como sus hijos, quedaran registrados como NN.
Inclusive, esta situación habría generado agrias discusiones entre Zaccaría y otros profesionales del nosocomio, dada la precariedad con la que fueron asistidos los recién nacidos y la gravedad en el estado de salud de varón, lo que motivó su traslado al Instituto Privado de Pediatría, donde se perdió su rastro.
Fuente:Rosario12
Primer juicio contra genocidas en Entre Ríos
Juicio histórico en Paraná
Comienza el primer juicio histórico a genocidas en Entre Ríos. La causa elevada a juicio oral y público es la que se conoce como Hospital Militar, lugar de Paraná donde funcionó una maternidad clandestina durante la última dictadura cívico - militar. Hijos Paraná convoca a toda la sociedad a participar de las audiencias y acompañar a los querellantes. En la causa se investiga la apropiación de los hijos mellizos de la detenida-desaparecida Raquel Negro y Edgar Tulio Valenzuela, nacidos en 1978 en ese lugar, dependiente de la Segunda Brigada de Caballería Blindada. Sabrina recuperó su identidad en diciembre de 2008, "pero todavía nos falta su hermano mellizo. Este juicio también es la posibilidad de encontrarlo".
Hace más de 30 años esperábamos esto. La posibilidad de justicia. La posibilidad de decirles en la cara que son asesinos, y que se merecen la cárcel, para siempre. Juzgarlos. Eso esperábamos. Sentarlos en el banquillo de los acusados a los asesinos, genocidas y apropiadores de bebés. Que al fin, después de tanto tiempo, la fuerza de la ley caiga sobre los que nos hicieron tanto mal. A todos. A vos, a ustedes, a nosotros. A todos.
El miércoles próximo, 24 de agosto a las 10 de la mañana, comienza el primer juicio histórico a genocidas en Entre Ríos. La causa elevada a juicio oral y público es la que se conoce como Hospital Militar, lugar de Paraná donde funcionó una maternidad clandestina durante la última dictadura cívico - militar. Desde que se inició esta causa en 2005, gracias a la iniciativa, la militancia y el compromiso con los derechos humanos del querido compañero que ya no está con nosotros, Guillermo “Mencho” Germano, no hemos parado de cosechar excelentes frutos. El mejor de ellos, sin dudas, es haber encontrado a nuestra hermana Sabrina Gullino Valenzuela Negro, en diciembre de 2008. La alegría más grande. Y desde que está con nosotros no hemos parado de llenarla de abrazos. Todos los que no pudimos darle antes. Pero todavía nos falta su hermano mellizo.
En el Hospital Militar de Paraná nacieron ambos en 1978. A Sabrina la encontramos. Y aún buscamos sin descanso al mellizo varón. Este juicio también es la posibilidad de encontrarlo. Y llenarlo de los abrazos que nos debemos, cuando esté de vuelta con nosotros.
35 años después del Terrorismo de Estado, seguimos desentramando las historias siniestras de las que fueron capaces los asesinos. 35 años después vamos a juzgarlos por esos horrores en nuestra ciudad. Es la hora de la JUSTICIA. Los genocidas que irán al banquillo en este juicio histórico por delitos de lesa humanidad son seis: Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Marino Héctor González, Walter Salvador Pagano, Juan Antonio Zaccaría. Todos están acusados de la sustracción de menores y la sustitución de su identidad.
Y aunque comienza el juicio, seguimos buscando y necesitando pruebas. Datos que nos puedan indicar dónde está el mellizo de Sabrina y qué fue de él. Por eso, si trabajaste en el Hospital Militar entre 1977 y 1978 o conociste a alguien que lo hizo, comunicate con nosotros a hijos.identidad@yahoo.com.ar. Las denuncias pueden ser anónimas, sólo necesitamos de tu colaboración para seguir construyendo justicia. Porque los chicos apropiados nos faltan a todos.
El juicio por la causa Hospital es oral y público, por lo que cualquier ciudadano o ciudadana, mayor de 18 años puede participar de las audiencias. Sólo envianos tu nombre completo y Nº de DNI al correo de H.I.J.O.S.: hijos_parana@yahoo.com.ar
Convocamos a todos a ser parte de este juicio histórico. Estamos convencidos de que a los genocidas los juzga un tribunal, pero los condenamos todos.
¡JUICIO y CASTIGO a TODOS los GENOCIDAS y sus CÓMPLICES!
¡NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS!
¡30.000 COMPAÑEROS DESAPARECIDOS, PRESENTES!
¡AHORA y SIEMPRE!
23/08/11
Fuente:enRedando
24/08/2011
Ayer se leyeron las requisitorias de elevación a juicio
Juicio a represores por el robo de bebés en el Hospital Militar de Paraná: hoy continuará el debate
Los genocidas volvieron al banquillo de los acusados, esta vez, ante el Tribunal Federal Oral de Paraná por robo de bebés y sustitución de identidad durante la última dictadura cívico-militar. Los ex miembros del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, Juan Daniel Amelong, Jorge Fariña, Héctor González, Pascual Guerrieri y Walter Dionisio Pagano, y el médico anestesista Juan Antonio Zaccaría, finalmente comenzaron a dar cuenta de sus delitos; mientras militantes de derechos humanos y organizaciones de la capital provincial se manifestaban afuera del juzgado. En una jornada histórica, los represores mantuvieron la mirada fija y distante, con la soberbia de un convencimiento atroz: que había que combatir -porque para ellos era una guerra- al pensamiento crítico. Exterminaron a toda una generación y diagramaron un plan sistemático para borrar las huellas de quienes ellos mismos se encargaron de hacer desaparecer. Sin embargo, gracias a una incasable búsqueda, Sabrina Gullino y Sebastián Álvarez pudieron este miércoles estar frente a los responsables de la desaparición de sus padres. En la primera audiencia de la Causa Hospital Militar, las defensas solicitaron la unificación de las partes querellantes, basándose en el “principio de paridad de armas”, y reclamaron que se “mejore la situación” de los imputados detenidos en la Unidad Penal Nº 1 –Guerrieri y Zaccaría tienen prisión domiciliaria- o se los traslade a otra dependencia de las fuerzas de seguridad. No obstante, el Tribunal integrado por Roberto López Arango -presidente-, Lilia Carnero y Juan Carlos Vallejos -subrogante-, desestimó ambos planteos. Además, se leyeron las requisitorias de elevación a juicio, durante las cuales Fariña pidió retirarse momentáneamente por “problemas de salud”, sirviéndose de una conocida excusa implementada por los militares. El debate se extendió hasta las 18 y pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves a las 10.
Por Betiana Spadillero Gaioli
Por momentos parecía que se dormitaban, se rascaban la cabeza, miraban hacia los lados, como si lo que se estuviese investigando no tuviese que ver con ellos o -peor aún- como si nada los sorprendiera: porque ellos delinearon cada hecho que se les imputa. Los represores debieron dar finalmente la cara, hacerse responsables de sus actos y sentarse en el banquillo de los acusados, a más de 35 años del inicio del genocidio.
A sala llena, comenzó el debate por el robo de bebés y sustitución de identidad en el Hospital Militar de Paraná. La jornada se tiñó de fuertes emociones, de quienes celebraron llegar a juicio tras una larga lucha, de quienes no dejan de indignarse por la atrocidad de la dictadura, y de quienes confían en la democracia. Con fuerza y esperanza, la sociedad abrazó a Sabrina y Sebastián y los acompañó en el difícil inicio de una jornada que representa un fragmento de la bandera "Verdad y Justicia".
En la audiencia de este miércoles, se dio lectura a las requisitorias de la elevación a juicio. “Sabrina Gullino es el capítulo local de un plan sistemático de tortura, desaparición de personas, saqueos y robo de bebés”, sintetizó la presentación de la parte querellante, que detalló los hechos que constan en la causa.
En el texto se precisaron además las acusaciones que se les atribuyen al teniente coronel retirado Guerrieri (segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército de Rosario), al mayor Fariña (jefe de Operaciones Especiales), al teniente Amelong (jefe de Sección y segundo jefe de Operaciones Especiales), al capitán González (jefe del GT), al agente Pagano y al capitán médico Zaccaría. De la misma manera, se mencionaron las pruebas recabadas durante la etapa instructoria, incluidos documentos y declaraciones testimóniales de víctimas y testigos de la represión.
La lectura se interrumpió por unos minutos frente al pedido de la defensa para que Fariña se retire de la sala por “su estado de salud”. El letrado anticipó que el imputado pedirá formalmente seguir el debate en una sala contingua, certificado médico mediante.
Una vez escuchadas las requisitorias de la Fiscalía y de la querella particular de los hijos de Raquel Negro, se pasó a un cuarto intermedio hasta las 14, tras el cual se lo vio nuevamente a Fariña en la sala, quien hacía gestos de supuesta descompostura. En la segunda parte de la jornada se retomó con las presentaciones de las restantes partes acusatorias, lo que se extendió hasta las 18. Luego, las defensas reclamaron que se “mejore la situación” de los imputados detenidos en la Unidad Penal Nº1 o que se los traslade a otra dependencia de las fuerzas de seguridad; lo que fue denegado.
Cabe señalar que a la audiencia lograron ingresar militantes de derechos humanos y allegados a Sabrina y Sebastián; mientras un número importante de personas –algunas de ellas integrantes de organizaciones- se manifestaban en la puerta del Tribunal Oral de calle 25 de Mayo de Paraná. También se vio a dirigentes del oficialismo como el ministro de Gobierno, Adán Bahl; la candidata a la Intendencia de Paraná y a su vez senadora nacional del PJ, Blanca Osuna y el diputado nacional Raúl Barrandeguy.
Pedido de la defensa
Como cuestión preliminar y basándose en el “principio de paridad de armas”, el defensor oficial Mario Franchi solicitó que se unifiquen las querellas “con un máximo de dos representantes”, para “llevar adelante un proceso ordenado”. Para justificar su pedido, remarcó que ese principio “ha tomado forma” a través de diferentes instancias judiciales.
“El proceso debe darse con igualdad para las partes, que no es formal, sino que debe tener en cuenta las posiciones relativas de las partes. Aquí están en juego intereses más profundos, como es el derecho a la defensa”, abonó el letrado. A su vez, señaló que “debe seguirse lo resuelto por la Corte Suprema (de Justicia) en el fallo Acosta, Jorge del 8 de abril de 2009”.
En ese orden, requirió que sólo se constituyan como querellantes Sabrina Gullino y Sebastián Álvarez, ya que las “demás instituciones se presentaron con posterioridad”. Incluso indicó que tampoco puede constituirse la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación “porque el Estado ya está suficientemente representado”.
En sintonía, el abogado del médico Zaccaría, Humberto Franchi, compartió los términos utilizados por el representante de los ex militares imputados, e insistió en “la importancia de contrarrestar los argumentos acusatorios”.
A su turno, el fiscal José Ignacio Candioti subrayó que en el Código Procesal se establece que “cada ofendido tiene el derecho a constituirse como querellante”, y citó como precedente la Causa Santillán, además de los diferentes artículos vinculados del Código Penal Argentino. Igualmente, aseguró que “los argumentos de las acusaciones son sustanciosos”, por lo que demandó que se desestime la solicitud de las defensas.
“El debido proceso está perfectamente respetado”, certificó. No obstante, acordó con que no haya más de dos representantes por querella, lo que no implica necesariamente la unificación de las partes acusatorias.
La representante de Abuelas de Plaza de Mayo, Ana Oberlin, prosiguió con la tesis del Ministerio Público y llamó la atención a que “no haya una descripción concreta de cómo se ha violado esa paridad”, según lo advirtieron las defensas. También refirió al origen de la organización y sostuvo que se tratan de “intereses particulares” diferentes.
“Esta cuestión está ampliamente discutida. De hecho, hemos decidido dividir las querellas para, precisamente, agilizar el proceso y poder representar a las distintas partes”, sentenció la abogada.
En tanto, el representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, Lucas Ciarnelo, interpretó que la defensa “desconoce la normativa” vigente. “No puede haber superposición de intereses entre un organismo que responde al Ejecutivo y un órgano independiente como el Ministerio Público Fiscal”, diferenció. Asimismo, enfatizó que “el Estado argentino se comprometió a investigar los delitos de lesa humanidad, incluidos el robo de menores y la sustitución de su identidad”. En similar sentido se expresó Álvaro Piérola, representante de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) y de los hermanos Sabrina y Sebastián.
Tras un cuarto intermedio, el Tribunal resolvió no dar lugar al pedido puesto que “ha quedado” prescripta la etapa para hacer el planteo y que no se demostró “concretamente” cómo se violó esa paridad. Por su parte, las defensas guardaron la reserva casatoria.
Los hechos que se investigan en la causa
La causa tuvo su inicio en la denuncia realizada el 18 de mayo de 2005 por el entonces coordinador del Registro Único de la Verdad, Guillermo Germano. En la presentación hizo referencia a dos clases de hechos: la internación de mujeres en estado de gravidez en el Hospital Militar de Paraná, quienes se hallaban privadas ilegítimamente de su libertad; y el asesinato y entierro clandestinos de personas en el Escuadrón Comunicaciones
En ese contexto, se investiga la apropiación de los hijos de la desaparecida Raquel Negro, quien fue detenida ilegalmente al igual que su pareja Edgar Tulio Valenzuela y su hijo menor Sebastián Álvarez, el 2 de enero de 1978 en Mar del Plata. La mujer fue trasladada desde la Quinta de Funes en Rosario hasta el nosocomio castrense, donde dio a luz a los mellizos, uno de los cuales, Sabrina Gullino, recuperó su identidad en diciembre de 2008.
La joven fue abandonada el 27 de marzo de 1978 en la puerta del Hogar Huérfano de Rosario, desde donde fue dada en adopción por Raúl Gullino y Susana Scola. De su hermano mellizo no se ha logrado aún determinar su destino.
Quiénes prestarán testimonio durante el debate
En una resolución del 5 de julio pasado, el Tribunal admitió la prueba ofrecida, donde se incluyen 49 testimoniales a realizarse en el curso del juicio. Se trata de deponentes vinculados al Hospital Militar, al Instituto Privado de Pediatría y a otras circunstancias.
Por ejemplo, está previsto que declare la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, el periodista y diputado nacional Miguel Bonasso -autor del libro Recuerdo de la Muerte donde se relatan parte de los hechos investigados- y Jaime Dri, único sobreviviente del centro clandestino de detención Quinta de Funes, en las afueras de Rosario.
Foto: ANALISIS DIGITAL
Fuente:AnalisisDigital
25/08/2011
Hospital Militar Paraná: lo que quizás no se pueda determinar en el primer juicio a represores y cómplices
Los fantasmas de la sala
El juicio por los robos de bebés en el Hospital Militar de Paraná comenzó este miércoles después de seis años de trabajo incesante en la etapa de instrucción. La justicia paranaense tendrá por primera vez en una sala a varios de los responsables militares y civiles de un andamiaje perverso llevado adelante en el nosocomio de esta capital, en alianza con el poder castrense instalado en Rosario. Habrá que ver si en el juicio se puede determinar si existió una maternidad clandestina en el hospital, el rol que tenían asignado los agentes de inteligencia diseminados en la región, qué funciones tuvo en esos tiempos un instituto privado de pediatría y hasta dónde hubo una complicidad civil de parte de conocidos médicos.
D. E.
Lo que empezó ayer es histórico. Más allá del hecho en sí, el robo de bebés en Paraná, hubo que esperar 27 años para que, en democracia, represores y cómplices civiles y militares se sentaran en el banquillo de los acusados ante un tribunal judicial y después de una larga investigación. Juan Daniel Amelong, Jorge Alberto Fariña, Marino Héctor González, Pascual Oscar Guerrieri, Walter Salvador Dionisio Pagano y Juan Antonio Zaccaría estarán allí, cara a cara con los jueces, fiscales y querellantes, pero también con familiares y víctimas del horror que asoló esta provincia, comandada en buena parte por un personaje nefasto como el general Juan Carlos Ricardo Trimarco, quien quedó fuera de las causas por su estado físico y mental. Aquél general de la Nación, dueño de la vida y la muerte en Entre Ríos durante la última dictadura, no está en esa silla que debía ocupar, para responder lo que ordenó y lo que sabía en torno al Hospital Militar de Paraná -que dependía de su mando- o las circunstancias específicas del caso de Sabrina Gullino -quien recuperó su identidad en 2008-, una de los mellizos nacidos cuando Raquel Negro se encontraba privada de su libertad en el nosocomio castrense. Trimarco conocía muy bien a Raquel Negro, como así también a su esposo, Edgard Tucho Valenzuela, considerado un hombre clave en la estructura de Montoneros en toda esta región. Sabía perfectamente lo que hacía y por qué lo hacía, cumpliendo estrictas órdenes del entonces jefe del Segundo Cuerpo de Ejército de Rosario, el general Leopoldo Fortunato Galtieri.
Raquel Negro fue detenida el 2 de enero de 1978 en Mar del Plata, junto a Sebastián Álvarez, su hijo, y Edgar Tulio Tucho Valenzuela, su pareja. En el momento en que la capturaron estaba embarazada de siete meses. La trasladaron al centro clandestino de detención que funcionaba en la localidad de Funes, cercana a Rosario, conocido como “Quinta de Funes”.
Decenas de personas pasaron por sus celdas e instalaciones. Allí se cocinaba el proyecto político de Galtieri de generar un partido propio con cuadros quebrados de Montoneros por medio de la tortura sistemática. Todo funcionó hasta el 13 de enero de 1978 cuando se escapó en México Tulio Valenzuela. A partir de ese momento, una treintena de personas fueron fusiladas, sus cuerpos envueltos y posiblemente llevados hasta las aguas de la Bahía de Samborombón, en la provincia de Buenos Aires.
Guerrieri, Fariña, Amelong y Pagano –según reza el Requerimiento Fiscal de Elevación de la Causa a Juicio- dispusieron el traslado de Raquel Negro al Hospital de Evacuación 121 de Paraná, llamado Hospital Militar, donde fue alojada alternativamente en la guardia de prevención y en la sala de internación conocida como Sala I. En ese lugar permaneció aislada y con estricta vigilancia militar. Allí, Raquel dio a luz mellizos: un niño y una niña, a quienes las enfermeras llamaron Soledad y Facundo. Algunos médicos civiles que cumplían funciones en ese servicio advirtieron la presencia indebida de los bebés en la sala de Terapia Intensiva de adultos (de donde Zaccaría era jefe), por lo que se dispuso su traslado inmediato al Instituto Privado de Pediatría de Paraná. La niña ingresó el 4 de marzo de 1978 como “López, Soledad”, y el varón seis días después como “López, NN”, recibiendo atención médica neonatológica, ya que había nacido con problemas respiratorios. Ambos obtuvieron el alta el 27 de marzo del mismo año. La niña fue abandonada ese mismo día en la puerta del Hogar Huérfano de Rosario, siendo ingresada a allí como “N.N. María Andrea”, y posteriormente dada en adopción -cumplimentados los requisitos y procedimientos correspondientes- al matrimonio integrado por Raúl Gullino y Alicia Scola, quienes la llamaron Sabrina. Esta última recuperó su identidad a fines de 2008, y desde entonces busca a su hermano mellizo.
Camino sinuoso
Habrá que ver si en el juicio se pueden determinar algunos puntos oscuros que quedaron en la tramitación de la etapa investigativa, como consecuencia, especialmente, de las innumerables trabas que tuvo el trabajo llevado en todos estos últimos años a cabo por los fiscales Mario Silva y José Ignacio Candiotti, a partir del empuje de los abogados iniciales de la causa, como los casos de Marina Barbagelata (ahora jueza de Instrucción de Paraná) y Marcelo Baridón, amigo personal del fallecido Guillermo Germano (ex titular del Registro Único de la Verdad), con el aporte de la estructura de Hijos Paraná y varios de los viejos militantes que vienen batallando por verdad y justicia contra viento y marea y demasiados sinsabores, hace más de 30 años.
Fuente:AnalisisDigital
Con quejas de los represores se realizó la primera jornada del juicio por la causa Hospital Militar
El Tribunal rechazó el pedido de las defensas de unificar las querellas. Además, cuatro de los imputados solicitaron dejar la Unidad Penal 1 y alojarse en dependencias de fuerzas federales, pero el planteo tampoco fue tenido en cuenta.
Minutos antes de las 18 de este miércoles 24 de agosto finalizó en el Tribunal Oral en lo Correccional Federal de Paraná la primera jornada del juicio a seis represores por el robo de bebés durante la última dictadura cívico militar, en la causa conocida como Hospital Militar.
En la primera audiencia, las defensas de los represores Pascual Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Dionisio Pagano, Jorge Alberto Fariña y Marino Héctor González, quienes integraban el Destacamento de Inteligencia 121; y del jefe de Terapia Intensiva del hospital, Juan Antonio Zaccaría; pidieron ante el Tribunal la unificación de las querellas.
La Fiscalía y los querellantes –Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Abuelas de Plaza de Mayo, Sabrina Gullino, Sebastián Álvarez y la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS)– rechazaron esa moción argumentando que era un pedido fuera de término y que existen multiplicidad de intereses entre las querellas.
Tras un breve cuarto intermedio el Tribunal –que integran Roberto López Arango, Lilia Carnero y Juan Carlos Vallejos– resolvió denegar el pedido por considerar que “los defensores no han planteado cuál es el perjuicio concreto”. En tanto se agregó que “el planteo se debió realizar oportunamente, ya que resulta extemporáneo”. De todas maneras, por una cuestion de orden y de "igualdad de armas", se resolvioó que actúen sólo dos representantes por cada parte querellante.
Ante esto la Defensa dejó planteada la reserva de recurrir en casación, del caso federal, y de recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Luego se comenzó con la lectura de la Requisitoria de elevación a juicio de la Fiscalía, que describió los hechos desde la internación de la hoy desaparecida Raquel Negro en el Hospital Militar de Paraná, el parto, el alojamiento de los bebés mellizos en terapia intensiva, su traslado al Instituto Privado de Pediatría y el posterior abandono de la niña en la puerta del Hogar del Huérfano de Rosario, desde donde fue otorgada en adopción; y se destacó también que “no existen datos del paradero del otro mellizo”.
Asimismo en el escrito los fiscales remarcaron la intervención de cada imputado en los delitos investigados dejando en claro que, tanto el traslado como el parto clandestino de Negro, fue planeado por los imputados. En ese sentido señalaron que éstos “integraban una patota que ideó el plan para la sustracción de los bebés y la sustitución de sus identidades”.
En este marco, adjudicaron a Zaccaría, "haber prestado colaboración y participación directa en los hechos", ya que ordenó anotar a los bebés como NN y no como hijos de la detenida Raquel Negro.
Por otra parte, a todos los imputados –que se encontraban en su totialidad en la sala– se los acusó de autoría mediata de los delitos indicados.
Pasadas las 12.30 se comenzó lectura a la requisitoria de las querellas. Los representantes del querellante Sebastián Álvarez hicieron una descripción del funcionamiento del Servicio de Inteligencia del Ejército, puntualmente del Destacamento de Inteligencia 121 que integraban los imputados. La descripción fue coincidente, en términos generales, con la realizada por la Fiscalía.
Se señaló que los represores fueron “coautores mediatos de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menores de 10 años, y supresión y alteración del estado civil de menores de 10 años". Y destacaron que, en el caso del mellizo, el delito continúa desarrollándose de modo permanente. Finalmente trazaron la intervención de cada uno de los imputados en los delitos que se investigan.
Luego siguió la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de las querellas de Sabrina Gullino, HIJOS Paraná, Abuelas de Plaza de Mayo y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
En medio de la audiencia el imputado Jorge Alberto Fariña se retiró de la sala por una indisposición. Fue atendido por un servicio médico y retornó a la sala una hora y media después. Por su parte, el médico Zaccaría, quien había argumentado problemas de salud para no comparecer ante el Tribunal, se mostró en óptimas condiciones, y ubicado en espacio y tiempo.
Fuera del Tribunal Federal ubicado en calle 25 de Mayo de la capital entrerriana, se reunieron militantes de Derechos Humanos, familiares de desaparecidos y artistas.
Queja rechazada
El defensor oficial Mario Franchi transmitió la queja de cuatro de sus representados, Pagano, Amelong, González y Fariña, quienes aseguran que no poseen ideales condiciones de detención en la Unidad Penal Nº 1. Los otros dos imputados poseen prisión domiciliaria.
Franchi dijo que "no poseen calefacción" y que son hombres de avanzada edad. Ante esto pidió que sean alojados en dependencias de fuerzas federales o bien que se mejores las condiciones de detención. El Tribunal rechazó el primer pedido y se comprometió a verificar cómo se encuentran en la cárcel, a fin de solucionar las deficiencias, si las hubieran.
El caso
Los represores están acusados de robar los hijos de los detenidos-desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela. Uno de ellos, Sabrina Gullino, restituyó su identidad en diciembre de 2008, mientras que su hermano mellizo sigue siendo buscado.
Sabrina nació en marzo de 1978 en el hospital Militar de Paraná, donde se encontraba internada su madre –traída desde el centro clandestino de detención La Intermedia, de las afueras de Rosario– a la espera del parto. Luego del alumbramiento, ella y su hermano mellizo varón pasaron a la sala de Terapia Intensiva y luego fueron derivados al Instituto Privado de Pediatría (IPP). Desde allí fueron retirados ambos el mismo día, según consta en los registros de la clínica. A ella los represores la dejaron en la puerta del Hogar del Huérfano de Rosario y días después fue adoptada legalmente, mientras que el otro bebé –con presuntos problemas respiratorios– continúa desaparecido desde entonces.
Una gran cantidad de público se acercó al recinto de calle 25 de Mayo. Se hicieron presentes organizaciones de derechos humanos, la propia Sabrina Gullino y su hermano Sebastián, y autoridades provinciales, entre ellos el ministro de Gobierno Adán Bahl, la secretaria de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Lucila Haudar; la senadora nacional Blanca Osuna y el director de Industrias y Pymes, Aldo Bachetti.
Alfredo Hoffman
De la Redacción de UNO
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