“Actuó un consorcio criminal que tuvo por objeto eliminar a Ragone”
Las querellas de los familiares de Miguel Ragone y de la organización Encuentro Memoria Verdad y Justicia coincidieron ayer en pedir condenas para los siete hombres que están siendo juzgados por el secuestro y desaparición del ex gobernador, el homicidio del almacenero Santiago Arredes y el disparo de bala del que fuera víctima Margarita Martínez de Leal. Los querellantes aseguraron que este hecho fue parte del plan sistemático de eliminación de personas llevado a cabo por el Ejército argentino.
“Actuó un consorcio criminal que tuvo por objetivo la eliminación del doctor Ragone”, afirmó sobre el mediodía el abogado Matías Duarte, representante de los familiares de Ragone. “Ha habido aquí en Salta, como ha habido en otras provincias, una empresa criminal conjunta”, reforzó por la tarde el abogado Oscar Rodríguez, representante junto a David Leiva de la organización Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia.
Los querellantes coincidieron en pedir penas máximas. Prisión perpetua para los militares retirados Carlos Alberto Mulhall y Miguel Raúl Gentil y los policías retirados Joaquín Guil y Andrés del Valle Soraire; 10 años de prisión para Héctor Zanetto, y dos años para los policías retirados Pedro Javier Herrera y Rubén Nelson Herrera. Rodríguez pidió que la condena se cumpla en cárcel común y que los militares pierdan esta condición.
Ragone fue secuestrado el 11 de marzo de 1976, alrededor de las 8, a la vuelta de su casa, sobre el pasaje Del Milagro, entre Apolinario Saravia y San Lorenzo, cuando se dirigía a su trabajo en el Hospital San Bernardo. Los atacantes, que andaban en dos automóviles, lo obligaron a detener su vehículo, lo redujeron y se lo llevaron hacia Cerrillos. Durante el secuestro uno de los hombres le disparó a Martínez de Leal, que observaba la escena desde una oficina ubicada enfrente; otro hombre mató de un disparo a Arredes, que también veía lo que ocurría desde la esquina de Apolinario Saravia y San Lorenzo.
“El secuestro fue parte de un plan sistemático de eliminación de personas”, sostuvo Duarte, quien afirmó que de este operativo participaron al menos cuatro personas. Aseguró que para esa época Ragone, que durante su gobierno (desde mayo de 1973 a noviembre de 1974) era un “objetivo político”, se había convertido en un “enemigo político” al que había que eliminar. Dijo que para esta recalificación fueron útiles las acusaciones que le hacían sus rivales políticos. “Sin duda hay una responsabilidad política de todos los actores que van del 73 al 74” afirmó. Añadió que en una segunda etapa hay una responsabilidad de aquellos que tenían a su cargo la eliminación de la subversión. Para los querellantes, queda claro que Arredes fue asesinado para que no contara lo que había visto, y que, con ese fin también, hubo intención de matar a Martínez de Leal, por lo que en este aspecto cambiaron la acusación de lesiones por tentativa de homicidio.
Duarte sostuvo que, dentro del esquema del Ejército para la represión, dividido en áreas, zonas y subzonas, la orden de eliminación de Ragone provino del III Cuerpo del Ejército, a cargo de Luciano Benjamín Menéndez (apartado de este proceso por razones de salud); siguió la línea de mando a Antonio Domingo Bussi (“que ni siquiera ha sido indagado todavía” por este hecho); continúo con el jefe de la Guarnición Ejército Salta, Mulhall; de allí bajó al jefe de la Policía provincial, Gentil, quien la transmitió al director de Seguridad, Guil, el que tenía a su cargo la tropa, en palabras de David Leiva.
Este abogado destacó la lucha de Ragone contra los vejámenes cometidos durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, y señaló que para cuando fue secuestrado se proponía rearmar el apoyo que tenía de parte de la rama femenina y los jóvenes peronistas. “Su secuestro fue para eliminar a esos sectores”, afirmó. Recordó en este sentido que el médico había recibido amenazas para que se retirara de la vida política.
En cuanto a la existencia de una empresa o consorcio criminal, los querellantes fueron coincidentes también en señalar que el secuestro fue planificado, que hubo una zona liberada y que posteriormente se realizaron acciones para lograr la impunidad, lo que estuvo a cargo de Guil, quien “hizo todo lo que debía hacer para que este crimen no se esclarezca”. “Había una coordinación del Ejército con la Policía con el fin de que ir logrando el encubrimiento de este crimen”, añadió Leiva.
Las querellas acusaron a Mulhall, Gentil y Guil como autores mediatos de dos homicidios, agravados por alevosía y por la participación premeditada de dos o más personas. A Soraire lo acusaron de ser autor material, Leiva y Rodríguez le endilgaron participación necesaria. Sobre Zanetto, consideraron probado que efectivamente amenazó a Ragone a través de Juan Carlos Villamayor y tuvieron en cuenta que ya tiene una condena en su contra y el hecho de que era funcionario cuando realizó estas amenazas.
Y a los hermanos Herrera los consideraron parte de la planificación del secuestro, no simples encubridores. Rodríguez insistió en que la condena debe ser de cumplimiento efectivo, en cárcel común.
Las abogadas representantes de la acción civil que impulsa Martínez de Leal, Verónica Molina y Natalia Otero, también pidieron condenas, aunque sus alegatos debieron centrarse en el aspecto resarcitorio por el daño moral, físico, estético y sicológico que sufrió la mujer. Sin embargo, prefirieron no hacer público el monto reclamado como resarcimiento.
Los alegatos seguirán el 30 de agosto, día en que hablarán el abogado Martín Avila y el fiscal Horacio Azzolín.
Que se investigue a más comisarios, y a dos jueces
Los querellantes pidieron ayer que se investigue a otros tres comisarios retirados como partícipes necesarios del secuestro de Miguel Ragone. La familia del ex gobernador pidió, a través del abogado Matías Duarte, que se determine si el ex juez federal Ricardo Lona no fue un engranaje más en la represión ilegal en la provincia. Y el abogado David Leiva, de Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, pidió que se investigue al ex juez de instrucción Marcelo Avrutín Suárez.
En el primer alegato de un querellante, Duarte consideró que en este proceso “han surgido pruebas” que indican que los comisarios retirados Antonio Saravia, Abel Guaymás y Abel Vicente Murúa “han sido parte de este plan” sistemático de eliminación de personas llevado a cabo por el Ejército.
Más tarde Leiva precisó la acusación contra Saravia, Guaymás y el comisario retirado Santiago Pedroza. Los acusó de ser partícipes necesarios del secuestro y pidió que se declaren nulos sus testimonios en este juicio y se remitan las copias a la Fiscalía para que se los investigue.
Duarte sostuvo que el ex juez Lona “debe ser investigado si era parte o no de esta estructura de eliminación de personas. Si así fuera, debe responsabilizárselo en calidad de autor mediato”. El abogado afirmó que en esta causa ocurre algo parecido que en el proceso por la Masacre en Palomitas. “La conducta de Lona debe ser investigada”, reiteró antes de pedir que también se investigue a los “máximos oficiales” militares de la época.
Por su parte, Leiva pidió que se investigue al ex juez provincial Avrutín Suárez por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, por su participación en la causa en la que se investigaba el llamado Crimen de los Arbolitos, en Metán, hecho que está vinculado con la causa Ragone.
Sobre el final de su alegato Duarte aseguró que los militares y policías que participaron de estos hechos aberrantes “no son otra cosa que personas que integraron una empresa criminal, mediante la utilización de recursos del Estado, para la eliminación de aquellos que ellos determinaban. Porque esa era la perversidad”. El público lo aplaudió (igual que aplaudió después a Leiva y Rodríguez) y hasta se escuchó un “¡Compañero Miguel Ragone, presente!”.
Alegatos vía internet
El Poder Judicial de Salta habilitó ayer por la tarde en su página web, www.justiciasalta.gov.ar, la posibilidad de seguir los alegatos por esta vía.
El 30 de agosto también podrán seguirse los alegatos en esa página o desde el link http://www.justiciasalta.gov.ar/videoragone.php. Ese día alegarán el abogado Martín Avila, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y el fiscal Horacio Azzolín.
Las audiencias se realizan en el Salón de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial, que el Poder Judicial de Salta cede merced a un acuerdo entre la Corte de Justicia y el Tribunal Oral en lo Federal Criminal. Se informó que en el marco de este acuerdo la Corte de Justicia de Salta resolvió poner a disposición de los interesados la transmisión en línea. La Corte informó que también la sentencia podrá seguirse vía internet.
Por Elena Corvalan, Directora de Radio Nacional Salta
Del Archivo Diario El Tribuno
Fuente:Agndh
Desde Salta las fotos Gladis Porcel y Hugo Puggione enviadas por su hijo Hugo Aníbal Puggioni.
No hay comentarios:
Publicar un comentario