“Hay nuevos desafíos en derechos humanos”
Por Por Franco Mizrahi
07.12.2011
El director ejecutivo del CELS analiza las problemáticas de la materia en la región y la reforma de seguridad propuesta por el gobernador Daniel Scioli.
–¿Cuáles son esos viejos problemas actualmente vigentes?
–La violencia policial, los sistemas carcelarios hostiles y los casos de torturas que no son generalizadas, sistemáticas ni promovidas desde el Estado como política deliberada, pero que muestran las debilidades de los gobiernos y los diferentes sistemas de protección para resolver esos problemas. Este es un común denominador de la región, aunque en algunos países la realidad es mucho más grave que en otros. En Brasil, por ejemplo, el número de ejecuciones por parte de la policía es altísimo. En México, también. Hay fuerzas de seguridad que son corruptas, violentas, ineficientes, que no dan respuesta a los problemas de inseguridad ciudadana y que son una fuente inagotable de violaciones de derechos.
–¿Y a qué se refiere con nuevos desafíos?
–Los nuevos desafíos tienen que ver con el modelo económico, basado en industrias extractivistas como la industria minera, la petrolera o la agroindustria que priorizan la ganancia económica por sobre las formas de vida de las personas. Es necesario un debate que encuentre niveles de equilibrio entre desarrollo económico y derechos humanos. La Argentina, claramente, está entre los países que atraviesan por estas disyuntivas. En Brasil sucede algo similar, con los asesinatos cometidos por los fazendeiros.
–¿O sea que aparecieron nuevos actores victimarios en materia de derechos humanos?
–Antes las violaciones eran producidas por el Estado y hoy hay empresas y actores privados, como los fazendeiros o los miembros del crimen organizado, que también violan derechos. Por caso, la matanza de 73 inmigrantes cometidas por los zetas en México. Es decir que aparecen desafíos que antes no estaban. Este mapeo de nuevos actores, de nuevas formas de violaciones, nos convoca a preguntarnos cómo trabajar y defender eficientemente los derechos humanos en este escenario.
–Teniendo en cuenta la crítica situación policial que mencionó, ¿cómo vislumbra la creación de una policía judicial en la provincia de Buenos Aires?
–Era uno de los puntos del Acuerdo por la Seguridad Democrática, que el CELS y la Comisión Provincial por la Memoria impulsamos hace un par de años. Su objetivo era poner en pie un paradigma de seguridad ciudadana diferente, que tuviera una perspectiva democrática y que no formara parte de la demagogia punitiva. En la provincia de Buenos Aires hay sobrados ejemplos de que la policía no puede prevenir ni investigar un crimen porque está vinculada con la ilegalidad. Nosotros promovemos una policía que no dependa del Ejecutivo ni del jefe de policía. Miramos con expectativa los anuncios de Daniel Scioli pero queremos leer la letra fina de la policía judicial. No puede pasar que se anuncie la reforma y que siga siendo la misma Bonaerense la que investigue los delitos.
–¿La participación civil es una salida para la problemática en la región o es viable sólo en la Argentina?
–La situación local en materia de inseguridad, crimen organizado y narcotráfico no tiene nada que ver con la de Centroamérica o la de México. Sin embargo, creemos que por el pasado reciente común a todos los países la seguridad debe estar a cargo de gobiernos civiles. Para eso hay que formar cuadros técnicos y políticos que estén al frente de este proceso. Las policías deben ser una herramienta más en el marco de un paquete de políticas sociales que traten de manera más integral el problema de la inseguridad.
–Si tuviera que mencionar cinco desafíos para América latina en materia de derechos humanos, ¿cuáles integrarían la lista?
–La violencia policial y la erradicación de la tortura; la promoción de políticas de desarrollo con una perspectiva de derechos humanos; el respeto por la diversidad de colectivos como los pueblos indígenas; la aplicación de una política agresiva en materia de igualdad económica, social y ciudadana, y la atención de violaciones a los derechos humanos que afectan a los sectores más vulnerables, a diferencia del período de dictaduras, donde las violaciones afectaban a los sectores pobres y también medios. Hoy los mismos sectores que no ven la cara del Estado en muchas políticas sociales son los que ven su cara más violenta en materia policial.
–¿Cómo avanzar frente a estos desafíos?
–Hay que combinar estrategias. El principal actor es el Estado, que debe tener políticas proactivas para proteger los derechos de sus ciudadanos. Los organismos de derechos humanos siguen jugando un rol importante para poner temas en agenda y para que desde el Estado se elaboren y pongan en marcha políticas públicas a favor de la protección de derechos. Eso se complementa con la tarea de los actores intergubernamentales y regionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y, a nivel global, con organizaciones como Naciones Unidas. Los nuevos escenarios que deben ser parte de este mapa son la Unasur y Mercosur pero de ninguna manera debieran afectar los otros mecanismos sino fortalecerlos.
–En este contexto, ¿en qué lugar ubica a los crímenes cometidos por las dictaduras y los juicios por la verdad?
–La región está enfrentando los crímenes del pasado con justicias nacionales. No es necesario utilizar mecanismos internacionales como la Corte Penal Internacional, por lo que la región está en una posición destacada. Si uno vuelve a la Argentina, el tema no sale de la agenda sino que debería dialogar con las situaciones del presente: no es concebible que juzguemos casos de tortura en la ESMA mientras la Bonaerense siga torturando. Hay que tener mucho cuidado en separar lo que es la política hacia al pasado de la del presente. Todo lo que se está haciendo en los juicios, que habla muy bien de la sociedad argentina, del gobierno, del Poder Judicial, del ministerio público, tiene que relacionarse con el fortalecimiento de los juzgamientos de las violaciones actuales.
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Los derechos en la región
El encuentro de defensoras y defensores de derechos humanos de América latina contó con la presencia de reconocidos especialistas en la materia. Entre ellos, dijeron presente desde el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón, hasta el fundador de la Organización Mundial contra la Tortura, el suizo Eric Sottas. En diálogo con Veintitrés, Cantón resaltó: “El desafío mayor –y común para los países de la región– es seguir afianzando el Estado de derecho, juzgando a los genocidas que cometieron todo tipo de violaciones a los derechos humanos. La Argentina es un ejemplo en esta materia. Hay que avanzar en este camino”. En cuanto a la responsabilidad en los nuevos casos de violaciones a los derechos humanos, fue contundente: “El Estado sigue siendo el principal responsable porque es quien debe velar por la seguridad de sus ciudadanos”.
También participaron del encuentro Bertha Oliva, del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras, quien denunció la crítica situación que vive su país desde el golpe de Estado que tuvo lugar en 2009, y activistas de derechos humanos de la Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Venezuela, Guatemala, México, El Salvador y Nicaragua. En solidaridad con Oliva, en la declaración final del encuentro, todos los convocados afirmaron que en Honduras “no se encuentran garantizadas las condiciones mínimas para la defensa de los derechos humanos”.
Fuente:Revista23
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