OPINIÓN.

Opinión
Los alegatos de la defensa en la causa Hospital Posadas y la falta de salas exclusivas
Publicado el 13 de Diciembre de 2011
Por Rodolfo Yanzón Abogado de la Fundación Liga por los Derechos Humanos.

En estos días se producirán los alegatos de las defensas en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Hospital Posadas. Reynaldo Bignone –el general que luego, usurpando el cargo de presidente de la Nación, dispuso la autoamnistía y la eliminación de archivos–, Hipólito Mariani –oficial de la Fuerza Aérea, que según el juicio a las juntas tuvo escasa intervención en el plan de exterminio– y de Luis Muiña –uno de los civiles que integró el grupo de tareas SWAT, cuyo jefe fue Ricardo Nicastro, de la Policía Federal–. Otro civil, Argentino Ríos, quedó separado del juicio por razones de salud. Días atrás alegaron las acusaciones. En primer término, el del equipo KAOS, realizado por las abogadas Mónica González Vivero y Graciela Navarro, que solicitaron penas de 25 años para cada uno de los imputados; en segundo lugar, el de la Fiscalía, a cargo de Javier De Luca y Guillermo Silva, que pidieron 25, 20 y 12 años para cada uno de ellos.
Varios imputados fallecieron durante los años de impunidad y otros durante el avance de los procesos reabiertos en 2003. Durante su alegato, el fiscal De Luca habló de “acusación cercenada” por el escaso número de imputados llevados a juicio, y a que varios hechos quedaron excluidos por cuestiones técnicas, que bien pudieron superarse para permitir un juicio más integral, como es el caso de los homicidios de Jorge Roitman y Jacobo Chester, por quienes los imputados están acusados sólo por sus privaciones ilegales de la libertad y los tormentos que se les aplicaron. Todas esas cuestiones quedarán para ser juzgadas en un segundo juicio oral. Es hora que quienes intervinieron en las etapas de investigación tomen nota de estas circunstancias para que no se repitan y para que la justicia no vaya en carro de caballo rengo, sobre todo teniendo en consideración que durante los próximos dos o tres años deberán adoptarse medidas institucionales, jurídicas y políticas, algo así como los escaladores definen la etapa de ascensión, el momento cúlmine de la empresa, que es el ataque a la cumbre.
Luego de más de ocho años de reabiertos los procesos, no es tiempo de medidas legislativas, pero sí de acciones de parte de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores, como también del Consejo de la Magistratura y del Poder Ejecutivo de la Nación. Uno de los aspectos que deben ser inmediatamente resueltos –y en el que el PEN no es ajeno– es la necesidad de contar con salas de audiencia exclusivas para cada juicio oral, de tal modo que la existente en los tribunales de la Avenida Comodoro Py no deba ser compartida por los distintos tribunales, cercenando sus posibilidades de audiencia a uno o dos días por semana.
Las abogadas que tuvieron a cargo el alegato en representación del equipo KAOS y de los querellantes Gladys Cuervo, Carlos Apesteguía –ambos sobrevivientes– y Zulema Chester –hija de Jacobo, quien estuvo presente cuando secuestraron a su padre en su propia casa–, describieron el modo en que la intervención militar se realizó en el Posadas y el pedido de vigilancia que el director impuesto por la dictadura había solicitado para hacer frente a hipotéticos ataques desde la “villa” y por “disociadores” y “subversivos” dentro del mismo hospital. El Ministerio de Bienestar Social accedió y contrató los servicios de matones –el grupo SWAT– que bajo órdenes militares aterraron a pacientes, trabajadores y médicos. Uno de ellos, Abel Jasovich, relató durante su testimonio que una de las empleadas del hospital estaba siendo violada por los de SWAT y que ante su intervención, estos hombres –encargados formalmente de la seguridad– le pusieron una pistola en el pecho. “No hicimos nada”, dijo apesadumbrado. “Las situaciones de terror, son de terror: paralizan” dijo. Zulema Chester fue al hospital para saber de su padre y preguntó a uno de los miembros del grupo SWAT, Raúl Tévez, quien le dijo que no podía decirle nada porque “tenía seis hijos a los que alimentar”. Una de las excusas de los miserables para justificar su complicidad.
Tanto la Fiscalía como la querella describieron la subordinación operacional y la cadena de mandos bajo la cual operaron esos grupos, encargados de los secuestros y la imposición de tormentos, para lo que usaron uno de los chalets del hospital, hoy casa de la memoria. Un centro clandestino dentro del predio de la casa de salud. Toda una descripción de la dictadura. Los trabajadores y profesionales que fueron víctimas de la represión luego fueron dejados cesantes por prescindibilidad o por razones de seguridad. Debieron esperar el advenimiento del gobierno constitucional para regresar a sus trabajos.
Con la lista de perseguidos, torturados y desaparecidos, la Secretaría de Salud Pública inició un expediente en el que dispuso la cesantía de cada uno de ellos, luego del dictamen jurídico pertinente. En medio del dolor, como un remate final, los familiares recibieron telegramas de cesantía de sus seres queridos. La burocracia del terror a plena máquina, con abogados que, mediante eufemismos, dictaminaban sobre la legalidad de la persecución política. Hoy es el turno de la legalidad al servicio de la justicia.
Fuente:TiempoArgentino