Tras el aval judicial el gobierno puso en marcha el registro de peones
Publicado el 24 de Enero de 2012
Por Nicolás Furfaro
Tal como adelantó en exclusiva Tiempo Argentino, el gobierno nacional concretó ayer la puesta en funcionamiento del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA). El delegado normalizador del Ministerio de Trabajo, Oscar Marcelo Maffe, se hizo presente en el edificio del exRENATRE junto con el oficial de Justicia designado por la jueza actuante y dio comienzo a la tarea del Comité Auditor, que tendrá 30 días para elaborar un informe sobre la situación patrimonial, económica y financiera.
Después de confirmar que la justicia destrabó la nueva Ley de Trabajo Rural, Maffe comenzó a planear los pasos a seguir por la auditoría oficial junto al síndico general de la Nación, Daniel Reposo, en la sede del organismo ubicado en la calle San Martín al 500.
Un reducido grupo de personas con gorras blancas de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), gremio que encabeza el duhaldista Gerónimo “Momo” Venegas, realizó un piquete en la puerta del edificio en signo de protesta por la disolución del RENATRE. “Existen tres medidas cautelares que están vigentes, no sabemos por qué comenzaron a intervenir”, esgrimían los supuestos sindicalistas sin tener en cuenta que la justicia decidió que las cautelares no tendrán validez hasta tanto se expida la Cámara de Seguridad Social.
La estrategia del grupo que hasta ayer controlaba el registro de peones rurales es presentar la modificación del organismo como una intervención ilegal y autoritaria. Frente a esto, el subsecretario de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Álvaro Ruiz, dijo en diálogo con este diario que “aunque tienen derecho a protestar, ya que no se puede conformar a todos con una norma, no hay lugar para considerar que la constitución del RENATEA es ilegítima”. “Todo lo actuado responde al mandato de una ley del Congreso Nacional votada casi por unanimidad y enviada por una presidenta que obtuvo el 54% de los sufragios hace menos de tres meses”, planteó.
Ruiz también refutó el argumento que sostiene que el gobierno intenta “confiscar el dinero de los trabajadores”, y subrayó que los recursos del organismo corresponden a aportes patronales que deberían usarse para el beneficio de los peones rurales, cuestión que se violó a lo largo de los diez años de existencia del RENATRE. Además, señaló que la creación del organismo fue uno de los últimos actos del gobierno de Carlos Menem para disminuir las funciones del Estado, pero que todas las atribuciones (certificar los beneficios de la seguridad social, otorgar una prestación por desempleo, fiscalizar el cumplimiento de la ley) corresponden a una administración estatal. “No se cambian las tareas ni los objetivos, sino que estos pasan a la órbita del Estado para que comiencen a cumplirse en línea con la restitución de derechos que lleva a cabo el gobierno desde 2003”, apuntó.
Como primera medida administrativa, el delegado Oscar Maffe dictó un asueto de cinco días para el personal que se desempeña en el organismo que hasta principios de este año llevaba adelante cuatro representantes de UATRE y cuatro de las entidades rurales (Sociedad Rural, Federación Agraria, Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro). El Comité Auditor evaluará la situación de cada trabajador, pero asegurará “la continuidad laboral del personal no jerárquico”.
Desde el Ministerio de Trabajo le adelantaron a Tiempo que el nuevo organismo estatal incluirá a las entidades patronales y a los representantes sindicales a través de un consejo consultivo asesor. “Van a tener participación, pero no va a ser de un club de la Mesa de Enlace y la UATRE como ocurrió en los últimos años”, apuntaron. También va a existir cooperación de los ministerios de Agricultura y Ciencia y Tecnología, y de organizaciones sociales comprometidas con la defensa de las condiciones laborales de los trabajadores del campo.
La puesta en marcha del RENATEA fue posible porque la Sala de Feria de la Cámara de Seguridad Social determinó la irregularidad procesal en el trámite de las medidas cautelares que había logrado Venegas para trabar la nueva Ley de Trabajo Rural y mantener el control del registro de trabajadores. La cartera encabezada por Carlos Tomada emitió un comunicado previo al comienzo de la tarea de Maffe en el que explicó que “al encontrarse plena e integralmente vigente la Ley N° 26727, y particularmente al no haber obstáculo legal alguno para el funcionamiento del organismo”, se dispuso el comienzo de las acciones de normalización.
En tanto, en el gobierno nacional se muestran confiados y aseguran que los jueces de la Cámara de Apelaciones confirmarán esta situación y terminarán de desactivar las medidas cautelares reclamadas por el Momo y apoyadas por los empleadores que se beneficiaron con las deficiencias de lo controles de la última década. “Los fiscales ya señalaron en sus dictámenes que no corresponde un recurso de amparo. Sería un error procesal aceptarlo”, planteó Álvaro Ruiz.
El 6 de enero pasado, día en el que originalmente comenzaba a funcionar la ley, barrabravas que respondían a Venegas habían impedido el ingreso del delegado del Ministerio de Trabajo a la sede del exRENATRE. Durante el día de ayer, en cambio, la convocatoria de UATRE fue escasa y no pudieron evitar la tarea de los funcionarios designados por el gobierno nacional.
El empleo informal en el campo alcanza picos del 85 por ciento
El RENATRE nunca defendió a los trabajadores
Publicado el 24 de Enero de 2012
El RENATRE fue creado en 1999 con el objetivo de expedir la Libreta del Trabajador Rural, administrar el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo y fiscalizar el cumplimiento de las condiciones de trabajo establecidas por la ley. Sin embargo, desde su puesta en funcionamiento en 2002, no sólo no cumplió con su tarea sino que además sirvió como fuente de acumulación de recursos para integrantes del gremio UATRE y de las entidades patronales, cuyos representantes en el directorio cobraban abultados sueldos.
Según datos del Ministerio de Trabajo, en diez años de funcionamiento el RENATRE sólo gestionó 5000 prestaciones por desempleo, lo que se sumó a la inefectividad en el control de los empleadores que todavía explotan a sus peones y los mantienen en condiciones irregulares, negándoles los beneficios que recibe un trabajador registrado.
Según el último relevamiento, el 66% de los peones son temporarios y la informalidad llega en algunas actividades al 85 por ciento. Además, durante todo 2011, el gobierno nacional detectó múltiples casos de reducción a la servidumbre, situación que el organismo no logró o no quiso evitar. En este escenario resulta lógico que los balances contables del período 2002-2011 muestren que sólo el 0,8% de los ingresos correspondieron a multas por infracciones de los empleadores.
En tanto, a los operativos de control se destinó solamente el 9% de los recursos, mientras que para personal se utilizó el 20 por ciento. Si se tiene en cuenta que durante el año pasado los ocho integrantes del directorio acumularon una masa salarial de $ 3.468.978, puede concluirse que la mayor parte de esos $ 100 millones fueron a parar a los bolsillos de unos pocos dirigentes.
Fuente:TiempoArgentino
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