BRASIL.

lunes, 21 de mayo de 2012 
Tras los crímenes de la dictadura, sin revanchismo 
Por Alejandro Gómez (PL) 
La Comisión de la Verdad tendrá dos años para elaborar un detallado informe sobre las violaciones de los derechos humanos en Brasil entre 1946 y 1988, que incluye la dictadura militar (1964-1985), período en que esos crímenes fueron política de Estado.

En la toma de posesión de los siete integrantes de ese grupo, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, uno de los miles de habitantes de este país que sufrieron prisión y torturas durante el régimen militar, aseveró que la Comisión de la Verdad persigue conocer lo que realmente aconteció, y carece de odio, revanchismo o deseo de reescribir la historia.

"Brasil merece la verdad, las nuevas generaciones merecen la verdad y sobre todo, merecen la verdad quienes perdieron amigos y parientes y que continúan sufriendo como si ellos muriesen de nuevo cada día", aseveró Rousseff, emocionada hasta las lágrimas.

No nos mueve el revanchismo, o el odio o el deseo de reescribir la historia de una forma diferente a como aconteció, pero nos mueve la necesidad imperiosa de conocerla en su plenitud, sin ocultamientos, sin camuflajes, sin vetos y sin prohibiciones, sostuvo.

Para la presidenta brasileña, la ignorancia sobre la historia no pacífica, por el contrario, mantiene latentes malestares y rencores y agrega que la desinformación no ayuda a apaciguar, solo facilita el tránsito de la intolerancia, ya que la sombra y la mentira no son capaces de promover la concordia.

Integrantes de la comisión de la verdad
Los miembros del grupo son el exministro de Justicia José Carlos Dias, el magistrado del Superior Tribunal de Justicia Gilson Dipp, la abogada Rosa María Cardoso, el exprocurador general Claudio Fonteles, el diplomático Paulo Sergio Pinheiro, la psicoanalista María Rita Kehl y el jurista José Cavalcante Filho.

Como una muestra de que esta es una tarea del Estado brasileño y no de gobierno alguno, a la ceremonia de toma de posesión, efectuada en el Palacio de Planalto, asistieron todos los expresidentes brasileños vivos posteriores al régimen militar: José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inácio Lula da Silva.

Sobre los miembros de la Comisión, la mandataria aseveró que en su selección no estuvo motivada por criterios personales o por evaluaciones subjetivas. "Escogí un grupo plural de ciudadanos de reconocida competencia, sensatos y ponderados".

Ellos son capaces de entender la dimensión del trabajo que van a ejecutar con toda libertad, sin cualquier interferencia del gobierno, mas con todo el apoyo en lo que necesiten.

A nombre de los que tomaron posesión, el exministro de justicia Dias resaltó el paso relevante que significa para la consolidación de la sociedad democrática brasileña, virando la página dolorosa de nuestra historia en que los derechos públicos fueron suprimidos.

Exaltó que la presidenta "marca su gobierno con el coraje de asumir un definitivo compromiso con la verdad de ese capítulo sombrío de nuestra historia".

Aunque sin la posibilidad de llevar a los autores a la justicia, los miembros de la Comisión de la Verdad elaborarán su informe a partir de declaraciones y de la recopilación y análisis de documentos sobre esos crímenes en el período mencionado, con destaque para la dictadura militar. Pese a no tener un fin punitivo, en el texto estarán registrados los nombres de los criminales y sus actos.

La imposibilidad de enjuiciar a los criminales está dada por la vigencia de la Ley de Amnistía, aprobada en 1979, todavía bajo el régimen militar, y que impide el procesamiento judicial de los autores de torturas, asesinatos, desapariciones y otros delitos cometidos en esos 21 años.

En esa etapa se impuso un verdadero estado de terror en el gigante suramericano con miles de arrestados, torturados, desaparecidos y asesinados, por un régimen vinculado a otros similares de la región y todos bajo la égida del estadounidense Plan Cóndor.

Después de sancionar la ley que crea la Comisión de la Verdad en noviembre de 2011, el 10 de mayo pasado la presidenta Dilma Rousseff designó a los siete integrantes de ese grupo, quienes tomaron posesión el pasado día 16. 

En una primera reacción, el magistrado Dipp aseveró que su misión es rescatar el pasado brasileño y que promoverá la paz familiar, sin ser un instrumento de revanchismo.

Es un compromiso de Brasil con su historia, con su pasado, con el esclarecimiento de la verdad. "Ningún estado se consolida democráticamente si su pasado no es revisado de forma adecuada", subrayó Dipp, e insistió en que la tarea del grupo no es jurídica ni revanchista, sino "revelar la memoria, la verdad, la paz familiar para aquellos que se sienten vulnerados en sus derechos humanos".

Repercusión nacional e internacional
La designación de los miembros y la instalación de la Comisión de la Verdad ganaron elogios nacionales y extranjeros, así como con el ya conocido rechazo de los represores de la dictadura brasileña.

Entidades de la sociedad civil local vinculadas con las violaciones durante el régimen militar y organismos internacionales saludaron la decisión oficial de iniciar las investigaciones, pues -coincidieron- las víctimas y sus familiares tienen el derecho imprescriptible de conocer las circunstancias que envolvieron esos crímenes.

La Comisión de la Verdad es una herramienta fundamental en el cumplimiento de la obligación estatal de esclarecer todas las violaciones contra los derechos humanos, afirmó el representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Amerigo Incalcaterra, en nota de felicitación al gobierno brasileño.

"Las comisiones de la verdad son un mecanismo para ayudar a los estados en la reconstrucción de una parte importante de la historia del país y para orientar los esfuerzos en la búsqueda de la verdad, de una efectiva reconciliación nacional y para evitar que hechos de esa gravedad se repitan en el futuro", subrayó.

Por su parte, la representante de la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos, María Amelia Teles, espera que la Comisión de la Verdad investigue los casos de los desaparecidos políticos durante la dictadura militar, algo que -refirió- "nunca, ningún gobierno esclareció".

Para Teles, el grupo debía ser mayor para poder cumplir en dos años su misión de investigar todas las violaciones de derechos humanos cometidas en un período tan grande como 42 años, entre 1946 y 1988.
Fuente:Argenpress