23 de febrero de 2013

EL ROSARIO DE LOS NARCOS.

Por Grupo Editor 
21 de Febrero de 2013 
CARLOS DEL FRADE EN LA LEGISLATURA 
EL ROSARIO DE LOS NARCOS
"La lucha contra el narcotráfico supone tomar conciencia que no sobra nadie y que es fundamental salir del corralito de pensar el problema desde lo partidario". Las palabras fueron pronunciadas por el Periodista y escritor Carlos del Frade, quien el martes 19 de febrero presentó frente a la Comisión de Seguridad de la Legislatura Provincial un minucioso informe que da cuenta de su investigación sobre el narcotráfico en la provincia de Santa Fe y, particularmente, sobre las consecuencias que atraviesan las barriadas rosarinas. Hace pocos días, importantes referentes del Gobierno Provincial salieron al cruce de sus denuncias intentando desacreditarlo, tras el impacto que significó poner al descubierto que Marcos Escajadillo, hasta hace poco Secretario de Seguridad de la Provincia y actual funcionario de Defensa Civíl, está siendo investigado en un caso que lo involucra junto a las redes de narcotráfico.

Presentamos a continuación, junto a su más reciente trabajo (publicado en la revista El Guardián, edición Nº 105 del viernes 15 de febrero de 2013), parte de la exposición de Carlos del Frade frente a los Diputados que integran la Comisión de Seguridad de la Legislatura Provincial. 

Audio: Carlos del Frade - Periodista 
EL ROSARIO DE LOS NARCOS / Por Carlos del Frade y Mauro Federico
Los 400 “kioscos” que venden droga en Rosario recaudan más de 2000 millones de pesos anuales. Empresarios locales sospechados de lavar el dinero generado en forma ilícita. Y un hombre de estrechos vínculos con Hermes Binner, denunciado por maniobras financieras de dudosa legalidad. 

El accionar del narcotráfico en Rosario ha mostrado su cara más cruel y marginal. Tiroteos entre bandas que se disputan el territorio, una tasa de homicidios que triplica la media nacional y la siempre presente connivencia policial son parte de una realidad que trasciende las fronteras provinciales y evidencia la incapacidad del Estado para controlar las mafias que lucran con la vida y la muerte de los ciudadanos. Pero hasta ahora, nadie se había animado a desnudar el complejo entramado de negocios a través de los cuales se lavan los cerca de 2000 millones de pesos anuales producidos por la venta de estupefacientes en los 400 “kioscos” que operan en territorio rosarino. Y las complicidades políticas que presuntamente protegen este accionar. Un minucioso trabajo de investigación presentado en agosto de 2012 por dos funcionarios del gobierno nacional, con injerencia directa en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico, ante un juzgado federal de la ciudad de Buenos Aires, revela los vínculos entre las familias que manejan la venta de droga en los barrios periféricos de Rosario y varias de las empresas que participan del blanqueo de ese dinero a través de presuntas maniobras de lavado. En el informe –al que EG accedió en exclusiva–, se incluyen datos muy precisos sobre personajes, actividades, lugares y cifras, entre los que figura el doctor Marcos Escajadillo, ex secretario de Seguridad santafesino y colaborador muy estrecho de Hermes Binner desde los tiempos en que el ex candidato presidencial era secretario de Salud Pública rosarino.

LA SUERTE DEL QUEMADITO 
Sergio “el Quemado” Rodríguez es el principal imputado por el triple crimen de Villa Moreno, perpetrado en las primeras horas de 2012 contra tres militantes del Frente Popular Darío Santillán. La preocupación del Quemado era su hijo, Maximiliano Rodríguez, herido esa misma noche y uno de los principales referentes de la oposición al Panadero Ochoa, actual mandamás de la barra brava de Ñuls. El 27 de enero de 2013, el Maxi volvería a ser herido en una pierna y el martes 5 de febrero, en pleno microcentro rosarino, fue fusilado de un certero balazo en la cabeza. De acuerdo a la investigación llevada adelante por el juez de instrucción Nº 7, Juan Donnola, los dos eran los líderes de la banda Los Quemados, tal como aparecen mencionados en las escuchas telefónicas que fueron remitidas a la justicia federal. Un grupo protegido por la comisaría 19 y relacionado con la familia Cantero, el poderoso clan conocido como Los Monos, según también se desprende de las escuchas. 

Después del asesinato del Quemadito, la policía detuvo a su novia, la modelo Sofía Lafatigue, presunta familiar de un funcionario socialista, imputada por el encubrimiento del homicidio y por su presunta participación en una asociación ilícita dedicada a la comercialización de drogas y otros delitos de los que habrían participado el novio y su familia. Sofía –sin actividad laboral ni ingresos declarados– vivía en un lujoso semipiso ubicado en Pellegrini y Corrientes, con muebles de alta calidad y aire acondicionado en todas las habitaciones. “Se trata de un homicidio a la luz del día, en pleno microcentro y a cara descubierta, una acción típica del crimen organizado”, sostuvo el juez que investiga el asesinato del Quemadito, Javier Beltamone. Ese lunes 4 de febrero, el ministro de Seguridad Raúl Lamberto había presentado al nuevo jefe de la Policía provincial, Omar Odriozola, en reemplazo del investigado por enriquecimiento ilícito, comisario Cristian Sola, quien había sucedido a Hugo Tognoli. 

ESPIRAL DE VIOLENCIA 
La ciudad de Rosario registró 183 homicidios en 2012, una tasa de 15,3 por cada cien mil habitantes, mientras que, según el Ministerio de Justicia, a nivel nacional no supera los 5,5. Sólo en los primeros cuarenta días de 2013 ya hubo 35 asesinatos. “Esto hace cinco años no pasaba”, coinciden las voces de los vecinos y las vecinas de Ludueña, Nuevo Alberdi, Tablada, barrio Toba y otros territorios de la geografía rosarina. Tal vez las razones que explican este cambio de realidad tan drástico puedan encontrarse si prospera la investigación presentada en agosto del año pasado al doctor Sergio Torres, titular del Juzgado Federal Nº 12 de la ciudad de Buenos Aires. En esa documentación, producto de una pesquisa aportada por dos funcionarios del gobierno nacional que pidieron expresamente no ser mencionados, hay argumentos que podrían ser parte de un guión de cualquier película de acción. Pero que al cruzarse con los hechos, estremecen por su verosimilitud. “A principios de 2009, Máximo Ariel Cantero conoce a ciertos personajes paraguayos, proveedores de marihuana, que lo contactan con vendedores de armas en la Triple Frontera, los que comienzan aprovisionándolo de armamento tal como pistolas ametralladoras Capoeira, de origen brasileño, pistolas y revólveres Taurus y escopetas CBC calibre 12.70 a trombón, los que son traídas a nuestro medio a mediados de 2009. Cantero padre, en tanto, concurre por algunos meses a una favela de Río de Janeiro, donde toma contacto con personas ligadas al narcotráfico integrantes del grupo conocido como Comando Vermelho, incorporando a sus conocimientos delictivos los métodos que comienzan a emplearse ese año, cuando expanden sus negocios de comercialización de drogas a diferentes puntos de la ciudad y zona de influencia, asociándose con el conocido narcotraficante y barrabrava de Ñuls, Daniel Vázquez”, dice uno de los documentos.

En el barrio Tablada, las leyendas urbanas dan cuenta de que los Vázquez fueron, originalmente, los soderos del barrio. Hoy su casa es visitada casi semanalmente por altos uniformados de fuerzas de seguridad nacional y provinciales, sostienen los vecinos. 

ESPERANTO Y OTROS NEGOCIOS SOSPECHADOS 
En el abultado bibliorato que obra en poder del juez Sergio Torres aparecen referencias muy precisas a otro conocido de los rosarinos: Luis Alberto Medina. “Junto a Germán Tobo y utilizando como testaferro a Hernán Capucci, Medina adquirió la franquicia para instalar en la ciudad de Rosario un local bailable, restaurante y hotel de nombre Esperanto, ubicado en Presidente Roca 1463. Por esta franquicia habría abonado 250 mil dólares al dueño de la firma, Leo Battaglia, en tanto que como señal de agradecimiento por el negocio realizado, le habría entregado 50 mil dólares más. A pesar de la oposición de los vecinos, el 18 de agosto de 2012 la disco finalmente abrió”. Más adelante la denuncia agrega que “a Medina se le atribuyen la propiedad de un automóvil BMW cupé descapotable de color negro de última generación, dominio JIB 107, y otro vehículo marca Audi, tipo A3, de color blanco dominio HDX 414”, ambos presuntamente adquiridos con fondos provenientes de negocios no declarados. 

En varios de sus emprendimientos registrados, como las sociedades Lumed y Yazmin, el nombre de Medina aparece junto al de su compañera Daniela Natalia Ungaro, integrante de una conocida familia rosarina ligada al delito. Además de haber estado ella misma detenida en varias oportunidades acusada de distintos ilícitos. Daniela es hermana de Lelio “Chapita” Ungaro, a quien se vinculó con el asesinato del ex líder de la barra brava de Ñuls, Roberto “Pimpi” Camino, en marzo de 2010. Lelio recibió falta de mérito, pero igual lo procesaron por la tenencia ilegal de una pistola sin papeles. “En Rosario hay cuatro o cinco referentes del narcotráfico que manejan agencias de autos, que atesoran inversiones inmobiliarias, que han contratado buenos contadores, abogados y asesores financieros para canalizar estos recursos”, sostuvo el especialista en delito complejo y actual diputado bonaerense Marcelo Saín. 

“Si yo vendo diez kilos de cocaína por semana y tengo una rentabilidad mensual de 500 mil pesos, puedo vivir con 100 mil y me quedan 400 mil para colocar. Esto me convierte en un empresario de 10 a 15 millones de pesos en dos años. Por eso personas respetables del sector inmobiliario, financiero y de servicios reciben flujos monetarios de la droga”, agregó. Y finalizó con una afirmación que bien podría ajustarse a cualquiera de estos casos: “Cuando uno puede comprar una lancha o un vehículo de 100 mil dólares sin dar cuenta del origen de los fondos, esa economía es propicia al narcotráfico”.

LA SOMBRA DE ESCAJADILLO 
Como tantos otros ciudadanos de países latinoamericanos, Marcos Escajadillo llegó a Rosario a mediados de los setenta proveniente de su Perú natal para estudiar medicina en la universidad rosarina. Una vez egresado, Escajadillo comenzó a trabajar como médico en el sistema de emergencias en Salud, dependiente de la Municipalidad, y allí conoció al entonces secretario del área, Hermes Binner. A principios de los noventa, se desata una epidemia de cólera en Perú y, entonces, Escajadillo y Binner viajan juntos y entablan una fuerte amistad. Desde aquella circunstancia, la suerte política de Escajadillo quedó atada a la del dirigente socialista. Así fue designado como el primer director de la Guardia Urbana Municipal, mientras cumplía simultáneamente funciones en Defensa Civil. Aunque tuvo denuncias de trabajadores municipales en su contra, Escajadillo pudo gambetear cualquier tipo de traba y durante los primeros ocho meses de gestión de Antonio Bonfatti llegó a ocupar la estratégica Secretaría de Seguridad de la provincia. 

Al estallar el escándalo que involucró al ex jefe de la Policía Hugo Tognoli, Escajadillo fue el único funcionario apartado de su cargo. Hoy es funcionario de Defensa Civil y con buena llegada a los cuerpos de bomberos voluntarios de la provincia. De hecho el comisario Rubén Criscenti cuestionó las maniobras que llevan adelante los policías Víctor Hugo Vargas y Sebastián Méndez, últimos responsables de la cúpula de los Bomberos Voluntarios. “Todos sabemos que están vinculados a Escajadillo y, lamentablemente, hay que decir que existen denuncias que hablan de la utilización de las instalaciones y algunos bienes de la institución a favor de negocios ilegales como el tráfico de armas y hasta se habla de narcotráfico”, dijo Criscenti a EG. 

Escajadillo también aparece nombrado en la documentación entregada al juez Sergio Torres con una significativa referencia. Testigos afirmaron haberlo visto varias veces en los últimos cinco años cambiando grandes cantidades de pesos argentinos por dólares, en una conocida cueva financiera ubicada en el subsuelo de San Martín 783, pleno microcentro rosarino. Hasta se menciona una cifra: seis millones de pesos. En el material documental aportado a la Justicia constan los celulares y los nombres de las personas con las que presuntamente el funcionario debió haberse contactado para concretar las operaciones. 

“Tengo excelente opinión de Marcos Escajadillo, de su familia y de su padre, que era sanitarista. Pero haría mal en poner las manos en el fuego, cada uno tiene que defenderse con sus propios valores”, dijo Binner al ser consultado sobre la situación de su ex colaborador. Mientras el máximo referente nacional del Frente Amplio Progresista hacía estas declaraciones, José Alberto Cándido, jubilado rosarino, se presentaba ante la fiscalía federal Nº 3 de Rosario para acompañar la información que da cuenta de la aparición del nombre de Escajadillo en una causa vinculada al narcotráfico. “Lo que hago en la denuncia es ratificar la información sobre dónde hacía las operaciones de dinero clandestino Escajadillo y doy fechas y horas y con quien hacía la compraventa”, le dijo Cándido a EG. “Le comenté a un amigo que me extrañaba que una persona con tanta exposición pública estuviera intercambiando dinero clandestino a la vista de quien lo quisiera ver, y mi amigo me respondió que era frecuente verlo los lunes y los viernes en esta situación. Por eso el día 8 de abril de 2008 me dirigí a la zona de los sanitarios y saqué una foto donde aparecían el funcionario público y un conocido arbolito. El hecho de ver a Escajadillo intercambiando dinero, a la vista pública, era una situación habitual y frecuente, pero esta vez llamó poderosamente mi atención la cantidad de dinero que había sobre la mesa”, declaró Cándido ante el fiscal federal Marcelo Gambacorta, el pasado 8 de febrero. “Yo tenía, por ese entonces, una cámara analógica a rollo y compraba los de 24 fotos, y guardo ese material en negativos”, explicó Cándido a EG.

LA DIMENSIÓN DEL NEGOCIO
Un caso testigo evidencia la magnitud del negocio. Un búnker de bulevar Avellaneda al 4000. “La protección de la comisaría asciende a 1500 pesos por día. Un soldadito armado cuesta 300 pesos diarios. Uno desarmado, 150 pesos diarios. Un cuidador y vendedor adentro del búnker cuesta 400 pesos diarios. Si es menor cuesta 200 pesos”, apuntan las cifras. Y agrega el documento que “se suele cortar en cuatro un kilo de cocaína de buena calidad que cuesta 6500 pesos. En esas condiciones, un ‘kiosko’ o búnker deja 25 mil pesos por día, en ese lugar y con ese predicamento. Uno intermedio deja 12 mil pesos por día. Aunque hay 132 kioscos geoposicionados, con el nombre del soldadito a cargo y a qué banda pertenece, se calcula que en Rosario operan unos 400 puestos de venta de droga”. La cifra total rondaría entre los 1800 y 2000 millones de pesos por año: la tercera parte del presupuesto municipal en un año destinado a responder las necesidades de más de un millón de personas. 
Imagen: lacapital.com.ar
FuentedeOrigen:ALaPalabra
Fuente:enREDando.org.ar