La ONU cuestiona el fallo de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay
PL
El fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declara inconstitucional la ley que permitía procesar a violadores de los derechos humanos durante la dictadura (1973-19185) comenzó a tener fuertes repercusiones también fuera del Uruguay.
Varios medios de difusión nacionales destacaron las declaraciones de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, quien expresó sorpresa y preocupación por la decisión de la SCJ.
"Estoy sorprendida y preocupada por este fallo de la Suprema Corte, que declara inconstitucionales algunos artículos de la ley que permitió llevar ante la justicia violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar de 1973 a 1985, anulando así la amnistía de facto en el país", expresó.
La sentencia, adoptada por los magistrados el pasado viernes por cuatro votos contra uno, abre el camino para el cierre de las investigaciones en curso sobre violaciones de derechos humanos, anulando la lucha de las víctimas por verdad, justicia y reparación.
Recordó, además, que la noticia se produce solo días después de que la jueza Mariana Mota, quien investigaba unos 50 casos de violación de derechos humanos, fuera apartada de sus funciones por la SCJ.
"Me preocupa seriamente que estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia, para el pleno cumplimiento de sus obligaciones derivadas del derecho internacional", afirmó Pillay.
Fuente:Argenpress
GALEANO Y TOPOLANSKY EN UNA MANIFESTACION FRENTE A LA SUPREMA CORTE DE URUGUAY
Exigen respeto por DD.HH.
La protesta, convocada por el gobernante Frente Amplio, contó con la adhesión de la central sindical Pitcnt y la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos. En silencio, ondearon banderas uruguayas.
Una multitud se congregó frente a la Corte uruguaya para protestar un fallo sobre la dictadura.Imagen: EFE
Cientos de manifestantes de todas las edades convocados por el partido gobernante FA y las organizaciones de derechos humanos fueron concentrándose en la plaza donde está el edificio del alto tribunal, fuertemente custodiado por la policía. La manifestación contó con la adhesión de la central sindical Pitcnt y la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos y fue convocada como una protesta silenciosa. En este sentido, y como habían anticipado sus convocantes, la marcha se desarrolló sin consignas verbales y los habituales megáfonos y altavoces brillaron por su ausencia. Sin embargo, algunos de los presentes mostraron carteles con leyendas como “Anular ya la Ley de Caducidad”, “Basta de impunidad”, “Dónde están nuestros compañeros”, “La tortura es un crimen de lesa humanidad” y “Solidaridad con la jueza (Mariana) Mota”. Muchos de los asistentes ondearon banderas uruguayas y también pudo verse alguna del FA, cuyos dirigentes no realizaron ningún discurso. Los manifestantes repudiaron así la resolución emitida el viernes por la SCJ en respuesta a un recurso de inconstitucionalidad presentado por dos coroneles contra una ley aprobada en 2011 que invalidaba la Ley de Caducidad (amnistía) sancionada en 1986 y ratificada en sendos plebiscitos en 1989 y 2009.
Debido a esta movilización fue cortada al tráfico de vehículos la Avenida 18 de Julio. Menos de una hora después del inicio de la concentración llegó el momento central del acto, cuando los presentes cantaron el himno uruguayo y aplaudieron al unísono durante varios minutos. Como informó la versión digital del diario uruguayo El País, el senador comunista Eduardo Lorier fue uno de los que participó en la marcha. Asimismo, anticipó que se manejan varias alternativas legislativas para seguir investigando los delitos cometidos durante la dictadura pese al fallo judicial. “La batería de medidas no se la imaginan. Una se va a aplicar brevemente, en el plano legislativo y diversos ámbitos. Nuevas leyes o puede haber otro tipo de instrumentos a utilizar en el mediano plazo que los estaremos evaluando”, aseguró el legislador, informó el periódico. También habló de la convocatoria. “Hay una subjetividad presente que es la de todos los uruguayos indignados desilusionados por el paso atrás que se ha dado en materia de justicia de nuestro país”, sostuvo. Según El País, el senador respondió a la advertencia que realizaron ayer los ex mandatarios uruguayos .
“Los poderes tradicionales del país expresados por los ex presidentes que salen a la palestra y seguidos por otros no van a poder detener las profundizaciones no sólo de justicia y verdad, sino también en otros ángulos”, enfatizó. En paralelo a la manifestación, la corriente del presidente José Mujica dentro del FA, el Movimiento de Participación Popular (MPP), ex tupamaros, anunció que impulsará un juicio político a los miembros de la SCJ, a los que acusan de ser “responsables del mantenimiento de la impunidad en Uruguay”.
Hace 10 días, decenas de activistas ocuparon la sede de la SCJ para evitar que se concretara el traslado a un juzgado civil de la magistrada Mariana Mota, que tenía a su cargo medio centenar de expedientes de la dictadura, pero finalmente fueron desalojados sin incidentes por la policía.
Tres amigos de la caducidad
Los ex presidentes uruguayos Julio Sanguinetti, Luis Lacalle y Jorge Batlle denunciaron ayer de forma conjunta el “retorno de actitudes antidemocráticas”, a raíz de las críticas del oficialismo a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por la declaración de inconstitucionalidad de la ley que evitaba la prescripción de delitos de la última dictadura.
En un comunicado, los ex mandatarios –tres de los cinco presidentes que tuvo Uruguay desde la restauración de la democracia, en 1985– alertaron que la actitud del Frente Amplio (FA), coalición de izquierda que gobierna desde 2005, puede “arrastrar a tiempos de confrontación que no deben repetirse”. Los políticos, de los partidos conservadores Colorado y Nacional (Blanco), criticaron las protestas contra la SCJ tanto por el fallo del viernes como por el traslado a una corte civil de la jueza Mariana Mota, que estaba a cargo de numerosos casos de crímenes cometidos durante la última dictadura.
Por la primera decisión, el FA convocó a una marcha de protesta para esta tarde, mientras en su seno se expresaron voces para pedir un juicio político contra los miembros del alto tribunal. Además, también se realizó un pedido, que no fue atendido, para que los responsables de la SCJ acudieran al Parlamento a explicar sus últimas decisiones. “No es posible agredir el principio de separación de poderes con la amenaza de citaciones inconsultas, infundados juicios políticos y el agravio constante de legisladores oficialistas a los miembros de la máxima autoridad judicial”, afirmaron los ex presidentes en su nota.
Los políticos, cuyos partidos gobernaron Uruguay ininterrumpidamente desde 1985 hasta el triunfo electoral del FA en 2005 de la mano de Tabaré Vázquez (2005-10), consideraron una herida a “la conciencia republicana” las críticas por el traslado de la jueza Mota por vulnerar la separación de poderes. Asimismo, consideraron “inadmisible” que el FA siga defendiendo la eliminación de la Ley de Caducidad (amnistía), que impedía juzgar los crímenes cometidos por uniformados durante la dictadura y que la norma recientemente declarada inconstitucional hacía inaplicable, pese a que la ciudadanía en dos ocasiones decidiera en referéndum mantenerla.
Fuente:Pagina12
25.02.2013
DERECHOS HUMANOSCrece la polémica por el fallo de La Corte uruguaya
El viernes pasado la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inconstitucional la ley que evitaba la prescripción de delitos cometidos durante la última dictadura.
Miles de uruguayos se concentraron a última hora de la tarde en la Plaza Cagancha, en el centro de Montevideo, frente a la sede de la SCJ, y se mantuvieron casi una hora en lugar, en silencio, como demostración de rechazo a ésa y a otras decisiones adoptadas recientemente por el tribunal.
Sin altavoces, discursos ni consignas de ningún tipo, los manifestantes se limitaron a conversar entre sí, y al final del acto la multitud, antes de disolverse, estalló en aplausos y entonó el Himno Nacional, describieron las agencias de noticias ANSA y EFE.
Entre los asistentes, de toda edad y condición, hubo dirigentes políticos y sociales como la senadora Lucía Topolansky, esposa del presidente José Mujica, el escritor Eduardo Galeano y el exvicecanciller ecuatoriano Kintto Lucas, uruguayo de nacimiento.
“Aprendí hace muchos años que la vida consiste en elegir entre indignos e indignados, y yo estoy siempre con los indignados; me parece que ha sido indigna esta Suprema Corte, que practica la injusticia y que, además de practicarla, prohíbe la memoria y castiga la dignidad”, afirmó Galeano.
El viernes, la SCJ resolvió que es inconstitucional una ley que en 2011 declaró imprescriptibles las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la última dictadura (1973-85).
La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) afirmó en una declaración difundida hoy en Montevideo que la resolución de la SCJ “representa una afrenta para las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares” porque “amenaza con dejar en la impunidad cientos de casos en investigación o por investigarse”.
No obstante, el comunicado reconoció que “el fallo mantiene formalmente abierta la posibilidad de que los jueces penales investiguen y, de haber elementos de convicción suficientes, castiguen a los responsables”.
La crítica de AI se sumó a la que formuló ayer la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, quien manifestó que se sentía “sorprendida y preocupada” por la posibilidad de que “estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia”.
Paralelamente, los expresidentes conservadores Julio Sanguinetti, Luis Lacalle y Jorge Batlle emitieron hoy una declaración conjunta en la que advirtieron que el “retorno de actitudes antidemocráticas” puede “arrastrar a tiempos de confrontación que no deben repetirse”.
“No es posible agredir el principio de separación de poderes con la amenaza de citaciones inconsultas, infundados juicios políticos y el agravio constante de legisladores oficialistas a los miembros de la máxima autoridad judicial”, afirmaron.
Los colorados Sanguinetti (presidente en 1985-90 y 1995-2000) y Batlle (2000-05) y el blanco Lacalle (1990-95) gobernaron Uruguay durante los 20 años que mediaron entre la restauración de la democracia tras la última dictadura y el ascenso al poder del FA, con el entonces mandatario Tabaré Vázquez, antecesor de Mujica.
La tensión alrededor de la SCJ, que llevó a sectores del oficialismo a alentar la posibilidad de promover juicio político a sus miembros, comenzó el 15 de este mes, cuando el tribunal trasladó a un juzgado civil a la jueza Mariana Mota, que tenía a su cargo medio centenar de expedientes relacionados con denuncias sobre la última dictadura.
Y se acrecentó la semana pasada, antes de la controvertida resolución del viernes, cuando declaró inconstitucional una ley impulsada por el FA que pretendía evitar la concentración de la propiedad de la tierra en el país.
Una marcha multitudinaria alentada por la izquierda gobernante y una declaración conjunta de tres expresidentes conservadores elevaron el tono de la polémica desatada en Uruguay.
Miles de uruguayos se concentraron a última hora de la tarde en la Plaza Cagancha, en el centro de Montevideo, frente a la sede de la SCJ, y se mantuvieron casi una hora en lugar, en silencio, como demostración de rechazo a ésa y a otras decisiones adoptadas recientemente por el tribunal.
La SCJ resolvió que es inconstitucional una ley que en 2011 declaró imprescriptibles las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la última dictaduraLa marcha fue convocada por el Frente Amplio (FA) gobernante y contó con la adhesión de la central obrera PIT-CNT y varias organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Sin altavoces, discursos ni consignas de ningún tipo, los manifestantes se limitaron a conversar entre sí, y al final del acto la multitud, antes de disolverse, estalló en aplausos y entonó el Himno Nacional, describieron las agencias de noticias ANSA y EFE.
Entre los asistentes, de toda edad y condición, hubo dirigentes políticos y sociales como la senadora Lucía Topolansky, esposa del presidente José Mujica, el escritor Eduardo Galeano y el exvicecanciller ecuatoriano Kintto Lucas, uruguayo de nacimiento.
“Aprendí hace muchos años que la vida consiste en elegir entre indignos e indignados, y yo estoy siempre con los indignados; me parece que ha sido indigna esta Suprema Corte, que practica la injusticia y que, además de practicarla, prohíbe la memoria y castiga la dignidad”, afirmó Galeano.
El viernes, la SCJ resolvió que es inconstitucional una ley que en 2011 declaró imprescriptibles las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la última dictadura (1973-85).
"Me parece que ha sido indigna esta Suprema Corte, que practica la injusticia y que prohíbe la memoria y castiga la dignidad”Según diversas interpretaciones, la medida restablecerá la vigencia de la Ley de Caducidad (amnistía, sancionada en 1986 y ratificada en plebiscitos en 1989 y 2009) y ocasionará seguramente el archivo de medio centenar de investigaciones judiciales y la libertad de dos ex militares que están en prisión.
Eduardo Galeano
La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) afirmó en una declaración difundida hoy en Montevideo que la resolución de la SCJ “representa una afrenta para las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares” porque “amenaza con dejar en la impunidad cientos de casos en investigación o por investigarse”.
No obstante, el comunicado reconoció que “el fallo mantiene formalmente abierta la posibilidad de que los jueces penales investiguen y, de haber elementos de convicción suficientes, castiguen a los responsables”.
La crítica de AI se sumó a la que formuló ayer la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, quien manifestó que se sentía “sorprendida y preocupada” por la posibilidad de que “estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia”.
Paralelamente, los expresidentes conservadores Julio Sanguinetti, Luis Lacalle y Jorge Batlle emitieron hoy una declaración conjunta en la que advirtieron que el “retorno de actitudes antidemocráticas” puede “arrastrar a tiempos de confrontación que no deben repetirse”.
“No es posible agredir el principio de separación de poderes con la amenaza de citaciones inconsultas, infundados juicios políticos y el agravio constante de legisladores oficialistas a los miembros de la máxima autoridad judicial”, afirmaron.
Los colorados Sanguinetti (presidente en 1985-90 y 1995-2000) y Batlle (2000-05) y el blanco Lacalle (1990-95) gobernaron Uruguay durante los 20 años que mediaron entre la restauración de la democracia tras la última dictadura y el ascenso al poder del FA, con el entonces mandatario Tabaré Vázquez, antecesor de Mujica.
La tensión alrededor de la SCJ, que llevó a sectores del oficialismo a alentar la posibilidad de promover juicio político a sus miembros, comenzó el 15 de este mes, cuando el tribunal trasladó a un juzgado civil a la jueza Mariana Mota, que tenía a su cargo medio centenar de expedientes relacionados con denuncias sobre la última dictadura.
Y se acrecentó la semana pasada, antes de la controvertida resolución del viernes, cuando declaró inconstitucional una ley impulsada por el FA que pretendía evitar la concentración de la propiedad de la tierra en el país.
Fuente:Telam
Sin palabras
Miles se movilizaron en rechazo a fallo de la Suprema Corte de Justicia.
El camino hasta la Plaza Libertad, lugar elegido por los convocantes para manifestarse en rechazo al fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la ley 18.831, estaba complicado. Un enorme vallado policial no sólo impedía arrimarse al edificio de la SCJ -significativamente ubicado en el pasaje de los Derechos Humanos- sino que ya cortaba el acceso por la calle San José, a la altura de Paraguay.
Poco antes de las 18.00, una enorme bandera uruguaya nucleaba a los primeros que llegaban hasta el lugar, pero rápidamente perdió esa exclusividad, debido a la afluencia de gente por los tres costados de libre circulación y a la llegada de organizaciones con sus banderas.
Más temprano, había circulado un correo electrónico en el que militantes de izquierda “no frenteamplista” convocaban a ubicarse en la vereda opuesta (en sentido literal) a aquella en la que estarían los líderes de los diferentes sectores de la coalición de gobierno.
Pero al llegar a la concentración surgía la duda, porque nunca quedó explicitado cuál era la vereda para los dirigentes del FA y cuál para los militantes que les reprochaban a los legisladores los pocos esfuerzos realizados para anular la Ley de Caducidad.
Lo cierto es que era posible encontrar de un lado y del otro de la avenida 18 de Julio a figuras frenteamplistas, entre las que se encontraban Eduardo Lorier, Juan Castillo, Enrique Rubio, Roberto Conde, Eduardo Fernández, Mónica Xavier, Ivonne Passada, Rafael Michelini, Eduardo Brenta, Edgardo Ortuño, Lucía Topolansky, Luis Puig, Aníbal Pereyra, Daniela Payssé, Alberto Couriel, Miguel Fernández Galeano y Yerú Pardiñas, entre otros.
En un momento, la vereda simbólica empezó a quedar más claramente delineada. Por 18 de Julio, desde Cuareim, una columna de varias organizaciones estudiantiles, sociales y políticas llegó con una pancarta que establecía con claridad los matices existentes entre los convocantes: “Parlamentarios del FA. Ésta es su responsabilidad”, decía el cartel.
En la plaza, además de banderas de sindicatos, organizaciones estudiantiles y algunas pocas banderas partidarias, se podía ver un amplio despliegue de medios nacionales y hasta algunos internacionales, como la Televisión Pública de Argentina.
La delegación del otro lado del río también incluía a representantes del Ministerio de Desarrollo (“militantes” me corrigieron), y de Madres de Plaza de Mayo. También había personalidades de diversos ámbitos como los artistas Jorge Schellemberg (actual director de la Sala Zitarrosa), Pablo Pinocho Routin, el cineasta Mario Handler, el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena, la activista Lilián Abracinskas, el abogado Óscar López Goldaracena, entre otros, que esperaban, conversando, el comienzo de la actividad.
La consigna de la convocatoria se cumplió y todo se desarrolló en silencio (o en el único silencio posible cuando se junta tanta gente), hasta que cerca de las 18.30, algunos cánticos seguidos por aplausos le dieron pie al himno nacional, que fue entonado por los concurrentes. Fue uno de los momentos más emocionantes de la tarde, con militantes, fundamentalmente los nucleados en torno al monumento a la Libertad, que cantaban el himno con lágrimas en los ojos y el puño en alto con el “tiranos temblad”.
Luego de eso, la gran mayoría de las figuras del Frente Amplio se retiraron y el sentimiento que reinaba entre la gente era el ¿y ahora qué? Estaba planteado concentrarse y cantar el himno, pero después nadie sabía de qué iba la propuesta. Por eso cada vez que había algún grupo de aplausos, un griterío, o un ruido fuera de lo común, la gente estiraba el cuello para ver de qué se trataba eso, con la esperanza de que fuera la próxima etapa de la concentración. En un momento se escucharon muchos aplausos, que festejaban una representación. Una persona disfrazada de granadero y con un cartel que decía “SCJ” agredía y tenía inmovilizada a una persona con los ojos tapados por una venda que decía “Frente Amplio”, las manos atadas y la boca tapada con un bozal con el logo del PIT-CNT.
Otras voces
Durante la jornada, algunos dirigentes dieron sus impresiones. Lorier declaró que en la convocatoria “hay una subjetividad presente que es la de todos los uruguayos indignados, desilusionados por el paso atrás que se ha dado en materia de justicia en nuestro país”.
El senador Rubio, en tanto, planteó que “hay separación de poderes pero no repúblicas aparte” y consultado sobre las críticas de la oposición ante la posibilidad de que el acto de ayer atentara contra la Constitución, se preguntó: “¿Qué hacían en abril del 2008 en la puerta de la SCJ [Jorge]Larrañaga, [Luis Hierro] López, [Aldo] Lamorte, [Pablo] Mieres, realizando un acto?”, en referencia al pedido de declarar la inconstitucionalidad del IRPF.
Pero también hubo otras opiniones. Los militantes, muchos de ellos víctimas de los crímenes que el fallo de la Corte mandó cerrar, empezaron a juntarse en grupitos y resultaba más interesante escuchar las conversaciones de esos militantes anónimos que la de los líderes políticos. En un grupo de mujeres que habían sido detenidas y torturadas en la dictadura cívico-militar, se criticaba a Eleuterio Fernández Huidobro y su expresión de “pacto de guerreros”. Una señora, con una mezcla de rabia y decepción en su expresión, decía que “Huidobro si quiere perdonar a los milicos por una cuestión de guerreros que lo haga, pero que no pretenda que todos lo hagamos. Menos nosotros, que fuimos la verdadera carne de cañón de la dictadura, a quienes nos molían en los cuarteles y las cárceles”. Un par de veteranos tenían “rabia” por “lo respetuoso que es el uruguayo”. “Acá están los legisladores que no hicieron nada por anular esta ley, y nadie les dice nada”, vociferaba. Otro grupo hablaba sobre lo tranquila que había estado la concentración. Una señora bajita esperaba que “viniera alguien a decirle que se trataba de una broma”, y señalaba que la decisión de la Corte había generado que “la rabia del viernes” se transformara ayer “en una mezcla de confusión y de ganas de despertar de un mal sueño”.
Las consignas de las pancartas y carteles mostraban otras sensaciones. Uno firmado por la asociación de ex presos políticos Crysol hacía hincapié en uno de los nudos más polémicos de la sentencia de la Corte: “La tortura es crimen de lesa humanidad”. Otro volvía a criticar la actuación de dos figuras del gobierno: “Semproni, Huidobro, vayan a los cuarteles que son su guarida”. Una señora mayor repartía volantes denunciando a los ministros de la Corte, a los ex presidentes Lacalle y Sanguinetti, a Pedro Bordaberry, Huidobro y Gonzalo Fernández como cómplices de la impunidad, y de su cuello, un cartel colgante rezaba: “Helios Sarthou presente”. Uno del Partido Comunista manifestaba su solidaridad con la jueza Mota y otro escrito con un marcador rojo decía que el Sindicato de Pancheros también estaba en contra de la impunidad.
Para analizar
Mota presentó recurso para revocar su traslado.
Tal como había anunciado, y pocas horas antes de la movilización en Plaza Libertad (ver páginas 2 y 3), la jueza Mariana Mota presentó ayer ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un recurso de revocación contra la decisión de ese organismo del 13 de febrero, que la trasladó desde un juzgado penal a la órbita civil. Los ministros de la SCJ tienen un plazo de 150 días para responder, y teniendo en cuenta que ellos mismos decidieron cambiar de jurisdicción a Mota, es probable que el trámite administrativo continúe en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En caso de que esa instancia tampoco arroje resultados positivos para la magistrada, sus abogados tienen previsto recurrir el fallo ante tribunales internacionales.
En el escrito de 11 páginas, Mota sostiene que la SCJ vulneró “principios de transparencia y buena administración” al no fundamentar su polémica resolución. También responsabiliza al máximo órgano por “arbitrariedad y desviación de poder” y alerta que con esta decisión se está “conspirando contra la independencia técnica de los magistrados, obteniendo por resultado enlentecer o paralizar la administración de justicia en determinadas causas”, en referencia sobre todo a las más de 50 que ella venía investigando, vinculadas a crímenes cometidos en la última dictadura.
Señala que su caso es el único entre todos los traslados recientes de magistrados que no implica “ni un ascenso ni está fundamentado en avance alguno en la carrera judicial”. “No solicité en ningún momento el cambio de materia o ser trasladada a otro juzgado. Por lo que debe buscarse en otro lado la motivación del acto. Es más, considero que el traslado decidido contraría el buen servicio que reclama la Constitución”, argumenta.
En otro pasaje, Mota afirma que la “carencia” de motivación de la resolución de la SCJ provoca una “situación de indefensión” que obliga a “especular sobre las verdaderas causas del traslado”, y luego cita declaraciones a la prensa sobre el caso de los ministros Jorge Ruibal Pino, Jorge Chediak y el vocero de la corporación Raúl Oxandabarat, que vincularon este traslado con conceptos tales como “sumarios”, “investigaciones administrativas” y “acumulación de tarjetas amarillas”.
“Debo reconocer que no domino las reglas de juego del más popular de los deportes en nuestro país, pero creo entender que la acumulación de tarjetas amarillas refiere a que la acumulación de tarjetas te deja afuera del próximo partido. Pues bien, la dicente, devenida sorpresivamente en jugadora de fútbol, no cuenta con tarjetas amarillas, y eso lo conoce fehacientemente la SCJ”, señala Mota en otro pasaje del escrito.
En caso de que tales afirmaciones sean confirmadas, según Mota, se estaría frente a un “eventual delito de difamación e injuria, y seguro ante un acto de mala fe”, ya que todas las investigaciones internas contra su persona fueron archivadas “sin consecuencias”.
Mota descarta otras motivaciones surgidas durante los últimos días desde la SCJ, entre ellas, que se ha “cumplido un ciclo” –de hecho su reemplazante, Beatriz Larrieu, lleva más años que ella en la órbita penal–; o que es necesario que los jueces adquieran conocimiento en todas las áreas del derecho (según Mota ése es un “concepto enciclopedista, largamente perimido”).
Luego pasa a las razones no invocadas en la resolución de la SCJ del 13 de febrero. Mota recuerda, como por si acaso, que en Juzgado Penal de 7˚ Turno se investigaban “temas muy sensibles”, que “concitaban la atención de los medios de prensa”, lo cual motivó reiteradas opiniones de “actores de la vida pública” que deslizaron “una y otra vez la inconveniencia de mi permanencia en el cargo”. Además, señala en el escrito, hubo una “campaña de descrédito” contra su persona desde algunos medios de prensa, que “nunca probaron nada”. También menciona las diferencias que tuvo con el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, debido a la investigación del accidente aéreo de Air Class, y el “beneplácito y regocijo” que provocó su traslado en figuras como el presidente del Centro Militar, Guillermo Cedrez.
“La decisión del traslado inmotivado afectará consecuentemente las causas en que se investigan graves violaciones a los derechos humanos”, concluye Mota, quien interpreta, finalmente, que su traslado se transformará en una “dilación o retraso injustificado y en apariencia deliberado en el servicio de justicia”, contrariando, entre otras cosas, la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la sentencia que condenó al Uruguay por el caso Gelman sostiene que “las investigaciones en el Estado relativas a este caso han sobrepasado cualquier parámetro de razonabilidad en la duración”.
Mal parado
Almagro advirtió que el Estado uruguayo incumple el derecho internacional y queda expuesto a sanciones tras fallo de la SCJ.
El canciller Luis Almagro hizo un parate en su gira por África y viajó a Montevideo. Ayer en la mañana se reunió con el vicecanciller Roberto Conde, y luego del mediodía volvió a partir rumbo a Angola para inaugurar la primera embajada de Uruguay en ese país.
En la reunión que mantuvo con Conde y otros asesores, el tema central fue la evaluación del fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que declaró inconstitucional la norma interpretativa de la Ley de Caducidad.
Almagro dijo a la diaria que la decisión de la SCJ debe “respetarse y acatarse”. No obstante, consideró que el pronunciamiento “controvierte abiertamente” la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocida como el Pacto de San José de Costa Rica), la Convención Interamericana y la Convención de Viena, además de generar el incumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Gelman. Con esto el país se expone “a nuevas sanciones internacionales”, lamentó Almagro, y calificó como “gravísimo” el hecho. “Nos haremos cargo de nuestra responsabilidad internacional”, remarcó.
El canciller planteó su preocupación por los efectos que la resolución puede tener para las actuales causas vinculadas a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura. Evaluó que éstas podrían cerrarse si los jueces aplican exclusivamente el derecho interno y consideran los crímenes prescriptos, lo cual desconocería “la normativa internacional que Uruguay voluntariamente ha incorporado a su ordenamiento jurídico”.
Más allá de esto, Almagro destacó que el fallo de la SCJ deja en pie el artículo 1º de la norma interpretativa, que establece el restablecimiento del “pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985”. El canciller resaltó que este artículo señala el derecho que tiene la sociedad uruguaya “a la recuperación de su memoria y a que se sepa la verdad”.
Finalmente, el canciller evaluó que un eventual juicio político a la SCJ por este tema sería un “ataque a su independencia”. Enfatizó que es competencia de la Corte resolver sobre la constitucionalidad de las leyes y consideró que todo el procedimiento que se siguió fue “conforme a Derecho”.
Ninguna soberanía
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Diego García Sayán, advirtió que el argumento de la soberanía no puede utilizarse para impedir las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos en la última dictadura. En conversación con el programa De diez a doce de Radio Uruguay, García Sayán afirmó que las decisiones de un tribunal internacional al que se somete “por decisión soberana un Estado obligan a todos los componentes de ese Estado y no solo al Ejecutivo”. Remarcó que el argumento de la soberanía “no puede servir de parapeto para proteger arbitrariedades e impedir que se investiguen violaciones a los derechos humanos”.
Respecto al argumento planteado por la SCJ sobre la irretroactividad de la ley penal, García Sayán subrayó que no se aplica cuando se trata de un delito que se sigue produciendo, como el caso de la desaparición forzada. “La figura de la desaparición forzada es algo continuo y permanente”, manifestó. El magistrado evaluó que la sentencia de la SCJ supone un obstáculo para el cumplimiento del derecho internacional pero que no es “insuperable”, y consideró que el Estado uruguayo puede diseñar fórmulas para cumplir con la resolución de la CIDH.
Traduciendo a la Corte
Columna de opinión.
El 6 de junio de 1973, tres meses antes del golpe de Estado contra Salvador Allende y cuando la coyuntura, ya crítica, incluía duros enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, el periódico Puro Chile publicó en su portada dos noticias diagramadas de tal modo que la foto del entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, sobre una de ellas, quedara ubicada junto al gran titular de la otra, “¡VIEJOS DE MIERDA!”. Aún se discute aquel hecho: algunos consideran que fue la expresión más destacada del modo en que los medios de comunicación contribuyeron a polarizar la situación del país, con un estilo de descalificación personal que no dejaba espacio para el razonamiento político y la búsqueda de acuerdos; hay quienes hacen autocrítica por ello, mientras otros insisten en que fue un gesto legítimo y necesario de repudio. Sea como fuere, hoy, en Uruguay, es importante tratar de comprender los acontecimientos en curso, para que cada uno pueda tomar decisiones de la mejor calidad posible con miras al mañana. A las marchas y concentraciones en silencio se les pueden atribuir muchos significados; necesitamos palabras que ayuden a enriquecer reflexiones colectivas, para delimitar un “nosotros” e identificar posibilidades de acción.
A esos efectos, no aporta mucho vociferar insultos. Tampoco aportan, por cierto, argumentaciones alambicadas como las que abundan en el fallo de la mayoría de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre la constitucionalidad de la ley 18.831, adornadas con palabras y frases en latín, francés e italiano que la corporación no consideró necesario traducir. Ni aporta el coro lastimero de quienes se han erigido, de improviso, en celosos custodios de la separación de poderes del Estado y la seguridad jurídica, después de haberlas avasallado con la Ley de Caducidad que pergeñaron y defendieron durante décadas.
Quizás aporte algo señalar que, en el terreno de la doctrina jurídica, las posiciones en mayoría y en minoría recogidas en ese fallo se alinean con sendas corrientes de opinión mundiales respecto a las relaciones entre el derecho internacional humanitario y la soberanía de los Estados. Corrientes que, por supuesto, no son el producto puro de la abstracción, sino que han surgido a partir de intereses y conflictos, y resultan funcionales a unas u otras fuerzas en pugna.
El enfoque actualmente minoritario en la SCJ es el que viene ganando terreno desde hace décadas: sostiene, por lo menos desde los juicios de Nüremberg en los que fueron condenados altos jerarcas nazis, que determinadas conductas son “crímenes contra la humanidad” porque afectan sus intereses colectivos fundamentales, y que ninguna norma nacional o acuerdo internacional puede ampararlas. De allí deriva, entre otras cosas, que tales crímenes no deben prescribir, o sea que la posibilidad de juzgarlos y castigarlos no debe extinguirse jamás.
La actual mayoría de la SCJ se opone a esto afiliándose a una corriente que, mientras se bate en retirada, alega que nunca debe aplicarse en forma retroactiva una norma penal más perjudicial para la persona sometida a proceso, aunque sea por estos crímenes gravísimos. Pero lo que indica la doctrina internacional predominante es que en estos casos no se trata de elegir la ley más beneficiosa para el acusado, a fin de proteger sus derechos individuales, sino la más beneficiosa para la protección de los derechos de la humanidad toda.
La relación de fuerzas dentro de la SCJ es, por supuesto, variable: depende de su integración coyuntural y no expresa una esencia metafísica de la Justicia (la mayoría de ese organismo declaró constitucional en 1988 la Ley de Caducidad, y quienes ocupaban las cinco butacas en 2009 resolvieron, por unanimidad, que era inconstitucional). Es probable que, con el paso del tiempo, pasen a predominar entre los cortesanos los criterios que prevalecen en el mundo. El riesgo es que, hasta que eso suceda, se profundice el daño que causa la impunidad al conjunto de la sociedad uruguaya.
Fuente:www.ladiaria.com.uy
Cámaras empresariales manifestaron su apoyo a la SCJ
Para los empresarios, los fallos de la Corte son "la expresión máxima de seguridad" de los derechos humanos
© J. ZUBILLAGA
El texto está firmado por la Asociación Rural del Uruguay (ARU), la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS).
"Las Cámaras Empresariales siempre han apoyado y seguirán velando por el Estado de Derecho.
En consecuencia, sostienen el irrestricto cumplimiento y acatamiento de las normas consagradas en la Constitución de la República", dice el documento
Fuente:www.elobservador.com.uy
Envío:Agnddhh
El mensaje subyacente es lo preocupante
La Suprema Corte de Justicia acaba de declarar inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la Ley 18 831 en el recurso presentado por los coroneles Rudyard Scioscia y Mario Cola. El Cnel. ® Guillermo Cedrez ya ha comenzado a organizar una cena de camaradería y confraternidad con los integrantes de la misma. Probablemente, dependiendo de la decisión que adopte cada juez, las causas en las cuales no hayan procesados hasta el momento, serán archivadas. Quizás, ni siquiera el Gral. ® Pedro Barneix, con evidencias abrumadoras en su contra, surgidas de un expediente desarrollado durante “el proceso” por la propia justicia militar, sea procesado por el asesinato, a manos propias, en la tortura, de Aldo Perrini, en 1974, en el departamento de Colonia. Una verdadera vergüenza nacional.
El fallo de la Suprema Corte de Justicia genera legítima indignación en importantes sectores de la ciudadanía en general. Muy especialmente en los centenares de familiares y de víctimas directas que han presentado las correspondientes denuncias y que observan que el órgano con potestades de impartir justicia, con la obligación de ejecutarla, les niega su derecho, consagrado por las disposiciones constitucionales y las normas internacionales de derechos humanos.
Se reclama justicia.
Todas las denuncias presentadas, absolutamente todas, fueron presentadas en el ámbito penal, reclamando justicia, la sanción legal de los responsables de los delitos. El País, en crónicas recientes, ha señalado que es el afán por obtener indemnizaciones lo que ha impulsado los juicios, para desmerecer a los denunciantes y desacreditarlos. El derecho a una adecuada reparación, en todos los planos, integral, está consagrado por la normativa internacional de derechos humanos. Como colectivo siempre lo hemos reivindicado y lo seguiremos haciendo en las instancias que correspondan. Las denuncias no se presentaron en el ámbito civil donde seguramente hubieran tenido andamiento sino en la esfera penal, para obtener la verdad y la justicia que existen en un Estado de derecho e institucional democrático.
El mensaje para el presente y el futuro.
Lo más trascendente y preocupante de la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia es el mensaje implícito que trasmite, con el beneplácito del Partido Colorado, del Partido Nacional y del Partido Independiente, a los potenciales golpistas y perpetradores de futuras violaciones a los derechos humanos: en Uruguay, estos crímenes que se condenan en todo el mundo, gozan de impunidad.
Investigar, esclarecer y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos, al igual que con todos los delitos, es el elemento básico y esencial, para generar las condiciones que impidan que ellos vuelvan a repetirse. Es la base del orden democrático institucional y del Estado de derecho.
Recurrir a la justicia es el camino que tienen las personas violentadas para que los perpetradores reciban el castigo que merecen, para no tener que hacer justicia por mano propia, para que no haya “ajustes de cuentas” y la convivencia sea pacífica y civilizada, encausada de acuerdo a las leyes.
La investigación, el esclarecimiento y la sanción de las graves violaciones a los derechos humanos, siempre, y muy especialmente cuando, como en el caso uruguayo, son masivas, sistemáticas y generalizadas, es la herramienta que permite erradicar de los órganos y cuerpos del Estado a todas aquellas personas que son una amenaza real para la sociedad y que además gozan del privilegio de portar armas.
Sancionar, penal y administrativamente, a los autores materiales e intelectuales, mediatos e inmediatos de las graves violaciones, de los crímenes, es un elemento educador, de promoción de valores, de conductas y de prácticas apropiadas en las instituciones del Estado. Del mismo modo que se sanciona y castiga la corrupción, deben castigarse las violaciones a los derechos humanos.
Aquellos lodos y las actuales conductas: la ley de seguridad del Estado.
Promover, apoyar y defender la impunidad, en forma militante, por parte de los partidos tradicionales, no es solo una estrategia electoral o electorera, circunstancial, por parte de los mismos para enfrentarse al partido de gobierno. Con honrosas excepciones, la han defendido a capa y espada, desde el mismo retorno a la institucionalidad democrática.
Así como jamás mencionan en sus discursos, declaraciones y documentos las normas de DDHH, ni reconocen los tratados en la materia, rechazan a la Comisión Interamericana de DDHH y a la Corte IDH, la impunidad para los violadores de los derechos humanos del terrorismo de Estado se ha transformado en parte consustancial de la identidad de ambos partidos, para todas sus corrientes internas y han logrado incorporar a la militancia por la misma al Partido Independiente en los últimos tiempos. Les duelen prendas históricas.
Las FFAA fueron convocadas al escenario político nacional por Jorge Pacheco Areco en el año 1968, al amparo de las Medidas Prontas de Seguridad, para reprimir a los gremios en lucha, cuando se decretó la congelación de los salarios y se militarizó a los trabajadores bancarios, de la UTE y de OSE.
En el año 1971, meses antes de las elecciones que se llevaron a cabo bajo dichas medidas, en setiembre, mediante el Decreto 560/71, se les encomendó la represión a los grupos que hacían política armas en mano, se supeditó a la policía a ellas, se crearon las Fuerzas Conjuntas (FFCC) y se designó al frente del Estado Mayor Conjunto al recientemente ascendido Gral. Gregorio Álvarez.
Las violaciones a los derechos humanos, las detenciones masivas sin garantías de ningún tipo, los apremios, las torturas, los homicidios, las ejecuciones extrajudiciales fueron autorizadas, por la vía de los hechos, por el Parlamento en el año 1972 cuando se votó, por el Partido Colorado y por el Partido Nacional, con sus únicos votos, el Estado de Guerra interno el 15 de abril.
Meses más tarde, cuando ya había sido asesinado en la tortura, en Treinta Tres, el militante demócratacristiano Luis Batalla, con miles de ciudadanos detenidos en todo el país, siendo sometidos a apremios y feroces torturas, sin garantías de ningún tipo, sin ser sometidos a jueces, el Parlamento votó la Ley de Seguridad del Estado que modificó el Código Penal, creó nuevos delitos, aumentó las penas y le adjudicó competencia a la justicia militar para juzgar a dichos ciudadanos. Las prácticas represivas de las fuerzas armadas contaron, en su momento, con la aquiescencia de los parlamentarios de los partidos tradicionales.
La invocación de que la Ley de Caducidad fue ratificada dos veces en las urnas por la ciudadanía, por parte de los defensores de la impunidad, no es más que una excusa, elegante, disfrazada de democratismo y de falso respeto a la voluntad popular, para seguir transitando el camino elegido hace más de cuarenta años, falseando la verdad histórica y asegurando la impunidad.
La derecha está hecha de hipocresía.
El ingreso de algunos centenares de personas a la sede de la SCJ para asistir a la ceremonia pública, acompañando y respaldando a la Dra. Mariana Mota, la negativa a desalojarla y los forcejeos, obvios y habituales ante este tipo de circunstancias, han sido calificados como “asonada”, desempolvando la vieja terminología dictatorial, por el Partido Colorado y los medios de la oposición que los han amplificado.
La Suprema Corte de Justicia que nunca dio orden de investigar ninguna de las desapariciones forzadas, ni de los asesinatos, ni ninguna grave violación a los DDHH, de las miles que ocurrieron, incluso ordenó una investigación judicial. El País y Búsqueda que han dedicado editoriales enteros para presionar a la Corte, haciendo campaña contra la jueza y pidiendo su destitución, que ensalzaron y destacaron la entrevista del Dr. Jorge Batlle y del Dr. Gonzalo Aguirre cuando la cuestionaron ante la magistratura, dicen que se presiona al Poder Judicial y que está en riesgo el orden institucional. El vocero oficial del terrorismo Estado pontificando sobre el Estado de Derecho, la separación de poderes y las disposiciones constitucionales. ¿La justicia, el derecho a la justicia, no figura en las disposiciones constitucionales? ¡Cuánta hipocresía y falsedad!
La Resolución 60/147 de las Naciones Unidas es el camino a transitar.
La investigación, esclarecimiento y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos es la piedra angular del restablecimiento pleno de la institucionalidad democrática, de la vigencia certera de las disposiciones constitucionales, del Estado de derecho, pero las obligaciones del Estado no se reducen a ese solo aspecto en la actualidad.
La Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General en diciembre de 2005, por unanimidad de los Estados miembro, Uruguay incluido, es la declaración universal de los derechos de todas las personas que han sufrido graves violaciones a los derechos humanos como los ocurridos en nuestro país. Es también un instrumento internacional que explicita, clara y detalladamente, las obligaciones de los Estados para superar dichas situaciones. Es el estándar internacional de la calidad democrática con respecto al pasado reciente.
El Estado uruguayo aún tiene materias pendientes con las víctimas y no solo en cuanto a la verdad y la Justicia. No es solamente el Poder Judicial el que está omiso. El Estado uruguayo aún no ha asumido públicamente su responsabilidad por lo ocurrido, en una ceremonia oficial y pública como lo señala la Resolución 60/147 y no ha ofrecido las disculpas correspondientes, para establecer la Verdad histórica. Por mandato de la Corte IDH en el caso Gelman vs Uruguay lo ha hecho solamente para dicho caso, dando cumplimiento a la sentencia específica, pero lo tiene aún pendiente hacia el resto de las víctimas, sus familiares y la sociedad toda.
Tampoco ha establecido un día de Recordación y Homenaje nacional a todas las víctimas por su dolor y su sufrimiento, para dignificarlas, para valorizar y ensalzar las normas de derechos humanos como pilar básico de la convivencia pacífica y civilizada, como ideal de vida a perseguir para construir una sociedad plena. También para evitar que nazcan y se fortalezcan las tesis revisionistas destinadas a ocultar el pasado, a negarlo o a distorsionarlo, señal clara de lo cual es el libro “Agonía de una democracia” del Dr. Julio María Sanguinetti, que reescribe “Las FFAA al pueblo”, usando un lenguaje más pulido y menos rústico que el original.
Tal como lo señalara recientemente la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) en su sentencia de diciembre del año pasado, el Estado uruguayo aún continúa violando el derecho a una auténtica reparación, a miles de víctimas u obligándolas a renunciar a otros derechos ciudadanos para acceder a ella.
La condena de la ONU
La Alta Comisionada para los DDHH de la Organización de las Naciones Unidas, Navi Pillay, ha expresado su preocupación por el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia y en los hechos la ha desautorizado por ser un impedimento para la justicia. El descrédito, el desprestigio, la falta de legitimidad de los integrantes del cuerpo con esta sentencia es grande. Han generado alarma pública en importantes sectores de la población y expuesto al país a la vergüenza internacional.
El proyecto de sociedad
Nuestro colectivo, formado por personas maduras sabe de derrotas. Nunca son definitivas. La única lucha que se pierde es la que se abandona. La vida nos ha enseñado que el capitalismo no es el destino de la humanidad. Como sistema es incapaz, por su propia naturaleza, de preservar el planeta, de crear una sociedad justa, de abundancia material y espiritual, de paz y de convivencia pacífica y civilizada. El sistema que lo sustituya, construcción colectiva de los trabajadores y sectores populares, independientemente de la forma que adopte, tendrá como pilares básicos y esenciales la doctrina de los Derechos Humanos y los principios de la democracia, del republicanismo, del Estado de derecho y de la libertad en todos los planos.
Junto a los trabajadores, junto a todos los sectores populares, seguiremos bregando por profundizar la transición democrática iniciada en marzo de 1985, batallando contra la impunidad, en defensa de las normas de DDHH, por Verdad, Justicia y Memoria, teniendo como hoja de ruta la plena implementación en la realidad del país de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas. ¡Hasta que las velas ardan! Es nuestro compromiso con nuestros detenidos desaparecidos y los que siempre nos acompañan en nuestro corazón. Nunca Más terrorismo de Estado.
Opinando N° 32 – Año 2 – Lunes 25 de febrero de 2013 -
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