Comienza un juicio clave en Neuquén
El próximo jueves comenzará el tercer juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de Neuquén, en el que serán juzgados cinco represores, dos de los cuales permanecieron prófugos de la justicia durante varios años y que actuaron en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén durante la dictadura cívico-militar.
E l próximo jueves comenzará el tercer juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de Neuquén, en el que serán juzgados cinco represores, dos de los cuales permanecieron prófugos de la justicia durante varios años y que actuaron en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén durante la dictadura cívico-militar.
Los cinco imputados son el teniente coronel (R) Jorge Di Pascuale, quien se desempeñaba como jefe de inteligencia; el segundo jefe de la Delegación Neuquén de la Policía Federal, Jorge Soza, y el jefe de Inteligencia del Destacamento 192, el coronel (R) Mario Alberto Gómez Arenas, jefe de Inteligencia del Destacamento 182.
También serán juzgados, por un total de 55 víctimas, el mayor (R) Luis Alberto Farías Barrera, jefe de Personal del Comando de la Sexta Brigada, y el médico Hilarión de la Pas Sosa, jefe de la Sección Sanidad de la Brigada de Infantería de Montaña VI.
Quedó exceptuado por razones de salud el ex comisario de la policía provincial de Neuquén, Héctor Mendoza, quien permaneció prófugo de la justicia varios años hasta que fue capturado en 2011 en Paraguay y extraditado a la Argentina.
Fuente:TiempoArgentino
13-10-2013
LA ESCUELITA III - JUICIO HISTORICO
Un nuevo paso en busca de justicia
Neuquén - El próximo jueves 17 a las 9 comenzará en esta ciudad el tercer juicio oral y público contra cinco represores (cuatro ex militares y un ex policía) que actuaron en Neuquén durante la última dictadura militar acusados por delitos de lesa humanidad. Los hechos que serán ventilados en las audiencias a desarrollarse en el Salón Verde de AMUC (Avenida Argentina 1637) involucran a un total de 56 víctimas (17 del primer juicio desarrollado en 2008 y 39 del segundo juicio de 2012).
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén convocó a 61 personas para que declaren como testigos.
El tribunal está conformado por los jueces Leónidas Moldes (titular del Juzgado Federal de Bariloche), Richar Fernando Gallego (integrante de la Cámara Federal de General Roca) y Diego Gustavo Barroetaveña (miembro del Tribunal Oral en lo Criminal 21 de de Buenos Aires). En tanto, como magistrado sustituto fue designado Luis Gustavo Losada (Tribunal Oral en lo Penal Económico 2 de Buenos Aires).
Esta causa, conocida como “De los prófugos”, tiene como imputados a Jorge Di Pasquale, quien en el momento de los hechos se desempeñaba como teniente coronel de Inteligencia; Jorge Soza, segundo jefe de la Delegación Neuquén de la Policía Federal; Mario Alberto Gómez Arenas, jefe de Inteligencia del Destacamento 182; Luis Alberto Farías Barrera, jefe de Personal del Comando de la Sexta Brigada, e Hilarión de la Pas Sosa, jefe de la sección Sanidad de la Brigada de Infantería de Montaña VI. En tanto, el ex comisario Héctor Mendoza, quien estaba a cargo de la Comisaría 14 de Cutral Co en el momento de los hechos, fue apartado del juicio por motivos de salud.
Tanto Gómez Arenas como Pas Sosa y Farías Barreras se incorporaron a este tercer juicio ya que quedaron fuera del proceso judicial realizado el año pasado a raíz de problemas de salud.
Di Pasquale, quien se encuentra en el penal de Marcos Paz cumpliendo condena, estará presente en la audiencia de apertura del debate ya que el Tribunal Oral Federal no hizo lugar a la solicitud presentada por su abogado defensor, Pablo Matkovich, para que se lo exima de asistir. Matkovich planteó que el ex represor no debía estar presente durante la lectura de la acusación, entre otros motivos, porque la Unidad 9 no está en condiciones de alojarlo.
Para el fiscal Adrián García Lois, junto a su par Marcelo Grosso, el pedido de la defensa de Di Pasquale “encubre la intención de mejorar un privilegio”.
Por otra parte, el tribunal no hizo lugar a la solicitud para que se revoquen las detenciones domiciliarias de Gómez Arenas, Farías Barrera, De la Pas Sosa y Soza, pedido formulado por las querellas. Sin embargo, la APDH interpuso un recurso de reposición.
Matkovich asistirá además a De la Pas Sosa, Farías Barrera y Gómez Arenas, mientras que Laura Giuliani representa a Soza.
En la audiencia preliminar, Matkovich aseguró que Di Pasquale iba a declarar el primer día de debate. Lo mismo que Soza, que lo hará por el lapso de una hora, según adelantó su defensora, Giuliani. En tanto, De la Pas Sosa, Farías Barrera y Gómez Arenas no prestarán declaración.
Además, el tribunal resolvió que los testigos víctimas que están fuera del país declaren en oficinas del consulado, como es el caso de Pedro Justo Rodríguez, y que se reproducirá el material fílmico de quienes hayan declarado y no puedan hacerlo en esta oportunidad.
Los querellantes de la parte acusadora la componen Marcelo Grosso y Adrián García Lois (Fiscalía Federal), Juan Cruz Goñi (Asamblea por los Derechos Humanos, APDH), Ivana dal Bianco y Natalia Hormazábal (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Ceprodh) y Marcelo Medrano (Secretaria de Derechos Humanos de la Nación).
Prófugos, en el banquillo
Jorge Alberto Soza fue durante la dictadura subcomisario de la Delegación de la Policía Federal en Neuquén, bajo las órdenes del comisario Jorge “Perro” González, y está acusado por 18 casos de privación ilegal de la libertad y torturas, entre ellas la de Orlando Balbo, secuestrado el 24 de marzo de 1976. Varias víctimas lo identificaron como partícipe de los interrogatorios , bajo tormento, se realizaban en los primeros meses de 1976 en esa sede policial, ya que en ese momento no se había puesto en funcionamiento el centro clandestino de detención La Escuelita.
Fue extraditado de España, donde estaba prófugo desde 1992, y procesado en julio de 2010 por el Juzgado de Instrucción de Neuquén. Allí afirmó que “los muertos no son míos, son del Ejército”, desligándose de las acusaciones en su contra y subrayando que había cumplido tareas de “oficina, administrativas, burocráticas”.
En marzo de 2011 Soza fue sobreseído por la Cámara de General Roca de la mayoría de las imputaciones en su contra pero posteriormente la Cámara IV de Casación Penal revocó el sobreseimiento por todos los de la extradición (17 casos de tortura, 10 secuestros agravados y 8 privaciones ilegítimas de la libertad).
Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) señalaron que ese fallo fue importante “porque reconoce el rol funcional que tenía Soza como segundo jefe de la Policía Federal en Neuquén, donde funcionaba un centro clandestino de tortura como mínimo desde el 24 de marzo hasta agosto de 1976".
En febrero de 2010, Jorge Di Pasquale fue detenido en Buenos Aires por orden del juez federal Humberto Blanco de La Plata por denuncias de víctimas de esa localidad cuando integró el Destacamento de Inteligencia 101 y por su presunta actuación en el centro clandestino de "La Cacha".
Desde 2006, cuando el ex juez federal de Neuquén Guillermo Labate pidió su detención por su responsabilidad en las torturas sufridas por las víctimas en el centro clandestino La Escuelita, ubicado al fondo del Batallón de Ingenieros de Construcciones 181, Di Pasquale se encontraba prófugo.
A comienzos de marzo de 2010 se negó a declarar en el Juzgado Federal luego de escuchar la lectura de la acusación compuesta por más de 80 hechos de tormentos y más de 70 privaciones ilegítimas de la libertad contra 72 víctimas, que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas.
Di Pasquale fue dado de baja cuando era teniente coronel por haber participado en 1987 del levantamiento carapintada en Monte Caseros contra el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín.
La dirigente de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, Noemí Labrune, afirmó que Di Pasquale tuvo participación mediata en los 56 casos juzgados en los dos anteriores juicios. Señaló al ex oficial de Inteligencia como responsable en los crímenes de lesa humanidad al sostener que “el arma de inteligencia era el cerebro de toda la represión”.
Fuente:LaMañanaNeuquen
Envío:Agnddhh
13-10-2013
LA ESCUELITA III - JUICIO HISTORICO
Un nuevo paso en busca de justicia
Cuatro integrantes del Ejército y un miembro de la Policía Federal Argentina serán juzgados a partir del jueves en un nuevo tramo del juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos en Neuquén durante la última dictadura militar.
Por Pablo Montanaro
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén convocó a 61 personas para que declaren como testigos.
El tribunal está conformado por los jueces Leónidas Moldes (titular del Juzgado Federal de Bariloche), Richar Fernando Gallego (integrante de la Cámara Federal de General Roca) y Diego Gustavo Barroetaveña (miembro del Tribunal Oral en lo Criminal 21 de de Buenos Aires). En tanto, como magistrado sustituto fue designado Luis Gustavo Losada (Tribunal Oral en lo Penal Económico 2 de Buenos Aires).
Esta causa, conocida como “De los prófugos”, tiene como imputados a Jorge Di Pasquale, quien en el momento de los hechos se desempeñaba como teniente coronel de Inteligencia; Jorge Soza, segundo jefe de la Delegación Neuquén de la Policía Federal; Mario Alberto Gómez Arenas, jefe de Inteligencia del Destacamento 182; Luis Alberto Farías Barrera, jefe de Personal del Comando de la Sexta Brigada, e Hilarión de la Pas Sosa, jefe de la sección Sanidad de la Brigada de Infantería de Montaña VI. En tanto, el ex comisario Héctor Mendoza, quien estaba a cargo de la Comisaría 14 de Cutral Co en el momento de los hechos, fue apartado del juicio por motivos de salud.
Tanto Gómez Arenas como Pas Sosa y Farías Barreras se incorporaron a este tercer juicio ya que quedaron fuera del proceso judicial realizado el año pasado a raíz de problemas de salud.
Di Pasquale, quien se encuentra en el penal de Marcos Paz cumpliendo condena, estará presente en la audiencia de apertura del debate ya que el Tribunal Oral Federal no hizo lugar a la solicitud presentada por su abogado defensor, Pablo Matkovich, para que se lo exima de asistir. Matkovich planteó que el ex represor no debía estar presente durante la lectura de la acusación, entre otros motivos, porque la Unidad 9 no está en condiciones de alojarlo.
Para el fiscal Adrián García Lois, junto a su par Marcelo Grosso, el pedido de la defensa de Di Pasquale “encubre la intención de mejorar un privilegio”.
Por otra parte, el tribunal no hizo lugar a la solicitud para que se revoquen las detenciones domiciliarias de Gómez Arenas, Farías Barrera, De la Pas Sosa y Soza, pedido formulado por las querellas. Sin embargo, la APDH interpuso un recurso de reposición.
Matkovich asistirá además a De la Pas Sosa, Farías Barrera y Gómez Arenas, mientras que Laura Giuliani representa a Soza.
En la audiencia preliminar, Matkovich aseguró que Di Pasquale iba a declarar el primer día de debate. Lo mismo que Soza, que lo hará por el lapso de una hora, según adelantó su defensora, Giuliani. En tanto, De la Pas Sosa, Farías Barrera y Gómez Arenas no prestarán declaración.
Además, el tribunal resolvió que los testigos víctimas que están fuera del país declaren en oficinas del consulado, como es el caso de Pedro Justo Rodríguez, y que se reproducirá el material fílmico de quienes hayan declarado y no puedan hacerlo en esta oportunidad.
Los querellantes de la parte acusadora la componen Marcelo Grosso y Adrián García Lois (Fiscalía Federal), Juan Cruz Goñi (Asamblea por los Derechos Humanos, APDH), Ivana dal Bianco y Natalia Hormazábal (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Ceprodh) y Marcelo Medrano (Secretaria de Derechos Humanos de la Nación).
Prófugos, en el banquillo
Jorge Alberto Soza fue durante la dictadura subcomisario de la Delegación de la Policía Federal en Neuquén, bajo las órdenes del comisario Jorge “Perro” González, y está acusado por 18 casos de privación ilegal de la libertad y torturas, entre ellas la de Orlando Balbo, secuestrado el 24 de marzo de 1976. Varias víctimas lo identificaron como partícipe de los interrogatorios , bajo tormento, se realizaban en los primeros meses de 1976 en esa sede policial, ya que en ese momento no se había puesto en funcionamiento el centro clandestino de detención La Escuelita.
Fue extraditado de España, donde estaba prófugo desde 1992, y procesado en julio de 2010 por el Juzgado de Instrucción de Neuquén. Allí afirmó que “los muertos no son míos, son del Ejército”, desligándose de las acusaciones en su contra y subrayando que había cumplido tareas de “oficina, administrativas, burocráticas”.
En marzo de 2011 Soza fue sobreseído por la Cámara de General Roca de la mayoría de las imputaciones en su contra pero posteriormente la Cámara IV de Casación Penal revocó el sobreseimiento por todos los de la extradición (17 casos de tortura, 10 secuestros agravados y 8 privaciones ilegítimas de la libertad).
Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) señalaron que ese fallo fue importante “porque reconoce el rol funcional que tenía Soza como segundo jefe de la Policía Federal en Neuquén, donde funcionaba un centro clandestino de tortura como mínimo desde el 24 de marzo hasta agosto de 1976".
En febrero de 2010, Jorge Di Pasquale fue detenido en Buenos Aires por orden del juez federal Humberto Blanco de La Plata por denuncias de víctimas de esa localidad cuando integró el Destacamento de Inteligencia 101 y por su presunta actuación en el centro clandestino de "La Cacha".
Desde 2006, cuando el ex juez federal de Neuquén Guillermo Labate pidió su detención por su responsabilidad en las torturas sufridas por las víctimas en el centro clandestino La Escuelita, ubicado al fondo del Batallón de Ingenieros de Construcciones 181, Di Pasquale se encontraba prófugo.
A comienzos de marzo de 2010 se negó a declarar en el Juzgado Federal luego de escuchar la lectura de la acusación compuesta por más de 80 hechos de tormentos y más de 70 privaciones ilegítimas de la libertad contra 72 víctimas, que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas.
Di Pasquale fue dado de baja cuando era teniente coronel por haber participado en 1987 del levantamiento carapintada en Monte Caseros contra el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín.
La dirigente de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, Noemí Labrune, afirmó que Di Pasquale tuvo participación mediata en los 56 casos juzgados en los dos anteriores juicios. Señaló al ex oficial de Inteligencia como responsable en los crímenes de lesa humanidad al sostener que “el arma de inteligencia era el cerebro de toda la represión”.
Fuente:LaMañanaNeuquen
Envío:Agnddhh
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