Los demonios, la verdad y la justicia
Año 7. Edición número 309. Domingo 20 de Abril de 2014
Por Daniel Cecchini
argentina@miradasalsur.com
Año 7. Edición número 309. Domingo 20 de Abril de 2014
Por Daniel Cecchini
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Espejo de los tiempos y de la fragilidad institucional de la renaciente democracia, el informe Nunca Más, al tiempo que reveló las atrocidades cometidas por la dictadura para buena parte de una sociedad que –por temor o por indiferencia– había mirado hacia otro lado, también propuso –e instaló en el imaginario social– un discurso que de alguna manera terminaría transformándose en un obstáculo para la recuperación de la verdad de los hechos, la construcción de la memoria colectiva y, como consecuencia, el sometimiento a la Justicia de muchos de los responsables y partícipes del terrorismo de Estado. Ese discurso –basal de la teoría de los dos demonios– quedó sintetizado en dos párrafos del primer prólogo del Nunca Más, redactado por Ernesto Sabato: “Durante la década del ’70, la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países. Así aconteció en Italia, que durante largos años debió sufrir la despiadada acción de las formaciones fascistas, de las Brigadas Rojas y de grupos similares. Pero esa nación no abandonó en ningún momento los principios del derecho para combatirlo, y lo hizo con absoluta eficacia, mediante los tribunales ordinarios, ofreciendo a los acusados todas las garantías de la defensa en juicio; y en ocasión del secuestro de Aldo Moro, cuando un miembro de los servicios de seguridad le propuso al general Della Chiesa torturar a un detenido que parecía saber mucho, le respondió con palabras memorables: ‘Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar la tortura’. No fue de esta manera en nuestro país: a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos”.
La teoría de los dos demonios –compartida subterráneamente por buena parte de la clase política argentina– salía a la luz. El propio Alfonsín la había prefigurado con dos de sus primeras medidas de gobierno el 15 de diciembre de 1983. Una de ellas, el decreto 157, que ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros. En el segundo decreto, el 158, se ordenaba procesar a las tres juntas militares que detentaron el poder en el país desde el 24 de marzo de 1976 hasta después de la guerra de Malvinas. En otras palabras, los dos demonios debían ser juzgados, con lo que se equiparaban –judicial y políticamente– las acciones de las organizaciones revolucionarias armadas con el plan sistemático de exterminio aplicado por la dictadura. Al mismo tiempo, se dejaba fuera de la acción judicial a los responsables del terrorismo de Estado previo al golpe del 24 de marzo, en una clara señal de cierre de filas de la corporación política. En la entrevista que, para esta edición de Miradas al Sur, Francisco Balázs realizó a cuatro de los cien trabajadores anónimos que tomaron los testimonios para el informe de la Conadep queda claro no sólo con la premura y la falta de recursos con que trabajaron sino también la firmeza de este grupo de jóvenes que amenazó con renunciar si el gobierno de entonces no hacía públicos –como era su intención inicial– los nombres de los represores que habían registrado.
Más allá de esto, el juicio a las juntas resultó ejemplificador en términos jurídicos e históricos. Ningún otro país latinoamericano de los que había sufrido dictaduras similares y contemporáneas a la Argentina había llegado –ni ha llegado aún– a tanto en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. Pero, para el gobierno radical, ése era el límite. Juzgar a los máximos responsables y dejar afuera de la acción de la justicia a sus subordinados. En ese sentido, el levantamiento de Semana Santa de 1987 –tres años después de la presentación del informe de la Conadep– fue en algún sentido una puesta en escena. No se trata en absoluto de minimizar su importancia ni su peligrosidad para las instituciones. Pero queda claro que no fue determinante para la decisión del radicalismo para promover y aprobar en el Congreso las leyes de Obediencia debida y de Punto final. En La casa está en orden –un libro del que se reproducen algunos párrafos en esta edición de Miradas al Sur–, el ex ministro de Defensa de Alfonsín, Horacio Jaunarena, dice que el presidente radical había decidido avanzar con las leyes de impunidad antes de que se produjera el levantamiento carapintada. Con ambas leyes, las causas por los delitos cometidos por el terrorismo de Estado pasaron a dormir el sueño de los (in)justos, con la sola excepción de las relacionadas con la apropiación de menores. Los indultos decretados por Carlos Menem al principio de su mandato vinieron a completar la escena de la impunidad. Al “Nunca Más” le faltaba el soporte de la Justicia, lo que hacía tambalear también a la memoria y a la verdad.
La persistente resistencia de los organismos de derechos humanos, coronada por la decisión de Néstor Kirchner de impulsar la derogación de las leyes de impunidad, reabrió las puertas a la memoria, la verdad y la justicia para los crímenes cometidos por la dictadura. Una dictadura que recién en los últimos tiempos se define por su carácter completo y complejo: cívico-militar.
En ese camino, el prólogo a la edición del Nunca Más de 2006 –coincidente con el trigésimo aniversario del golpe del 24 de marzo– develó, por primera vez desde el Estado, la falacia de la teoría de los dos demonios. “Es preciso dejar claramente establecido –porque lo requiere la construcción del futuro sobre bases firmes– que es inaceptable pretender justificar el terrorismo de Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas, como si fuera posible buscar una simetría justificatoria en la acción de particulares frente al apartamiento de los fines propios de la Nación y del Estado que son irrenunciables”, dice allí. Y se añade: “Por otra parte, el terrorismo de Estado fue desencadenado de manera masiva y sistemática por la Junta Militar a partir del 24 de marzo de 1976, cuando no existían desafíos estratégicos de seguridad para el status quo, porque la guerrilla ya había sido derrotada militarmente. La dictadura se propuso imponer un sistema económico de tipo neoliberal y arrasar con las conquistas sociales de muchas décadas, que la resistencia popular impedía que fueran conculcadas. La pedagogía del terror convirtió a los militares golpistas en señores de la vida y la muerte de todos los habitantes del país. En la aplicación de estas políticas, con la finalidad de evitar el resurgimiento de los movimientos políticos y sociales, la dictadura hizo desaparecer a 30.000 personas, conforme a la doctrina de la seguridad nacional, al servicio del privilegio y de intereses extranacionales”.
La falsa ecuación de dos demonios enfrentados –la guerrilla y los militares– queda despejada por la de la complicidad estratégica de los verdaderos dos demonios: los militares genocidas y sus socios civiles, en sus patas empresariales, eclesiásticas y mediáticas. Esta semana, la declaración de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestando su “preocupación por el allanamiento realizado en la sede del diario La Nueva Provincia, hoy La Nueva, de Bahía Blanca”, en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad que se le sigue a su director, Vicente Massot, es una muestra más de que –más allá de los avances realizados en los últimos años por la Justicia– hay muchos demonios civiles que siguen todavía al acecho. Libres. Y conspirando.
Una fuente inagotable de información
Año 7. Edición número 309. Domingo 20 de Abril de 2014
Por Stella Segado. Directora de DDHH y DIH del Ministerio de Defensa
argentina@miradasalsur.com Opinión.
Año 7. Edición número 309. Domingo 20 de Abril de 2014
Por Stella Segado. Directora de DDHH y DIH del Ministerio de Defensa
argentina@miradasalsur.com Opinión.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) fue creada por decreto del presidente Raúl Alfonsín en diciembre de 1983. Tuvo por objeto investigar los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurrida en nuestro país durante la dictadura militar (1976-1983), aunque los testimonios allí obtenidos superaron aquel objetivo y los familiares realizaron denuncias sobre años anteriores al 24 de marzo de 1976.
Al finalizar su tarea, el acervo documental quedó en guarda en el ámbito de las distintas modalidades que le sucedieron a la primera Secretaría de Derechos Humanos (luego Dirección, Subsecretaría y nuevamente Secretaría).
La Conadep constituyó cinco comisiones para su trabajo interno. Una de ellas se encargaba de tomar testimonios a las víctimas y familiares de desaparecidos o asesinados. Esos relatos fueron conformando los legajos que servirían en aquel momento de soporte para confeccionar el informe “Nunca Más” y luego el Juicio a las Juntas.
La Conadep realizó inspecciones oculares en lugares que estaban denunciados como centros clandestinos.
Allí iban sus miembros junto a los sobrevivientes, para reconocer a “ojos descubiertos” aquellas particularidades que habían podido reconstruir a través de sus sentidos. La mayoría de ellos por las condiciones de cautiverio no habían podido “ver” la totalidad del lugar, pero la suma de cada uno de sus relatos armó el “rompecabezas”. Las fotos, los planos, los dibujos a mano alzada dan cuenta de esas inspecciones.
Todo ese trabajo marcó un rumbo que fue después replicado, al finalizar la tarea de la Conadep, por los diversos ámbitos del Estado que continuaron esa tarea. Se tomaron y siguen tomándose nuevos testimonios, conformando nuevos legajos, (llamados ahora Legajos SDH), pero con el mismo sentido y objetivo que los legajos Conadep.
Trabajé en la Subsecretaría de DDHH a partir del 2001 con Dolly Scaccheri, quien coordinaba el entonces llamado Archivo Conadep. Encontré un equipo pequeño en número, pero muy grande en el compromiso de hacer “hablar” a esa documentación y de recuperar y preservar esa valiosa prueba documental.
Contaban entonces que cuando Alicia Pierini estuvo al frente de la Subsecretaria de DDHH, encontró todos los legajos arrumbados en una habitación y atados con hilo sisal.
Fue entonces Dolly quien metió mano y transformó el abandono en un área que se ocuparía, en un principio, de certificar las denuncias que allí constaban para que las familias pudieran tramitar la primera ley reparatoria: la Ley 24.321 de Desaparición Forzada y más tarde otras leyes. También sirvió para los reclamos de los sobrevivientes, los presos, asesinados y para ayudar en la búsqueda de niños nacidos en cautiverio y brindar soporte al Equipo Argentino de Antropología Forense.
Así, el archivo conformado por aquella Conadep se transformó en la fuente imprescindible de aquellas primeras reparaciones del Estado... después vendrían otras.
El trabajo de investigación que se hacía en aquel momento era reconstruir la militancia de las víctimas, la organización a la que pertenecían, su grupo, la secuencia de caídas, el centro clandestino en el que habían estado y entonces el circuito represivo. Todo esto a partir de los testimonios de las víctimas: con el legajo en mano, hacíamos anotaciones, pegábamos papeles en las paredes, fichas y memoria, mucha memoria. Por suerte, se había comenzado el trabajo de digitalización de toda esa documentación y la búsqueda y el entrecruzamiento de lo que aparecía en los distintos legajos se vio facilitado. El sistema de búsqueda aportó la posibilidad de empezar a entrecruzar otro tipo de información. Fue un momento de mucha reelaboración y reconstrucción, pero de un trabajo interno que no tenía posibilidad de ser parte de la Justicia, eso tardó unos años en llegar.
Con la derogación de las leyes de impunidad y la creación del Archivo Nacional de la Memoria, el Archivo Conadep pasó a formar parte de él y pasó a llamarse Fondo Documental Conadep-SDH (Secretaría de Derechos Humanos), comenzó una nueva etapa, la política de derechos humanos que inició el gobierno de Néstor Kirchner profundizó el trabajo, se presentaron a testimoniar nuevas víctimas, que hasta ese momento no habían tenido confianza en el Estado para hacerlo, estos nuevos testimonios ayudaron a reconocer otras víctimas de los centros clandestinos que no se tenían identificadas, así como la identificación de represores, esto y todo lo que se había trabajado fue incluido en los juicios, a través de las querellas presentadas por la Secretaria de Derechos Humanos. Y toda esa documentación fue prueba fundamental para los juicios, así como hoy lo sigue siendo.
Coordiné el área a partir del año 2007, y pude acompañar el proceso de conservación y recuperación que se hizo de aquellos históricos legajos, que forman parte de Memoria del Mundo. Debo hacer un alto aquí, para decir que muchos legajos solo conservaban una fotocopia certificada, ya que en el momento del Juicio a las Juntas se envió en original la documentación. Creo que ya estamos en condiciones de invertir la situación y que la Cámara Federal, que tiene a cargo la guarda de aquel juicio histórico, devuelva los originales al Fondo Documental al que pertenecen y que se quede con una copia certificada, si fuera necesario.
En el ámbito de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa existe un Equipo de Trabajo de los Archivos que releva y analiza toda la documentación de valor histórico y/o judicial que se encuentra archivada o custodiada en dependencias de los Estados Mayores Generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, producto de ese trabajo elabora informes que son enviados a la justicia en el marco de los Juicios de Lesa Humanidad.
Este trabajo es de alguna manera complementario de la información de Conadep, es decir, aquellos testimonios hablan de víctimas que fueron sometidas a violaciones, desaparecidas o asesinadas, en un espacio físico, que le correspondía a una zona militar, esa zona militar tenía responsables, con unidades militares, en algunas de ellas funcionaba un Centro Clandestino. Muchos de estos datos ya estaban consignados en esa documentación, y el trabajo de relevamiento ha servido en muchos casos para confirmarlo y en muchos otros para ayudar a comprender responsabilidades; por lo tanto, a la verdad de cada testimonio individual se aporta la verdad global, la metodología de represión, el circuito represivo.
El último hallazgo anunciado por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, en noviembre del año pasado, viene a confirmar muchas circunstancias relatadas en aquellos testimonios, y viene a poner luz en otros: el despojo material de los bienes de muchas víctimas, la persecución de las comisiones internas de las fábricas, los ingenios, empresas intervenidas, y este accionar se aseguró a través de la sanción de nuevas leyes, que fueron cambiando el modelo de país y que prepararon el terreno para lo que sucedió en los ’90, sin duda fue un Proceso de Reorganización, pero donde lo Nacional perdió sentido y valor y entonces también perdimos la esperanza.
Los 11.700 documentos hallados dan cuenta de la preocupación de la Junta Militar por el tema de los desaparecidos, por la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por Papel Prensa, o Austral entre otros, y los debates internos entre las tres Fuerzas en relación con estos temas. Por eso la trascendencia de archivosabiertos.com, de que ésta documentación sea de libre acceso, porque es un derecho de todo argentino a saber lo que nos pasó, porque nos amplía la mirada, el universo y permite comprender qué implica el terrorismo de Estado y qué actores son necesarios para que ocurra un genocidio.
Fue uno de los protagonistas en ese jaque a la democracia que se jugó durante la Semana Santa de 1987. Una semana que quedó estrechamente vinculada con una frase pronunciada a modo de cierre por Raúl Alfonsín: “La casa está en orden”. Horacio Jaunarena era ministro de Defensa del presidente Alfonsín, y estuvo en cada paso de las negociaciones con el sector militar sublevado. Ahora, pasado un cuarto de siglo, Miradas al Sur comparte segmentos de su libro La casa está en orden. Memoria de la transición, publicado en 2011. Paso a paso, su narración reconstruye las horas, los minutos y los diálogos que marcaron un momento crucial para la estabilidad política de Argentina, al tiempo que revela matices poco conocidos, especialmente en lo que hace a la conocida como “Ley de Obediencia Debida”.
“A principios de marzo de 1987 hubo en la residencia presidencial de Olivos una reunión decisiva entre el Presidente, Ríos Ereñú y yo, en la que Ríos Ereñú reiteró lo que ya sabíamos: las dificultades casi insalvables que tenía para seguir conduciendo el Ejército en las condiciones imperantes. (…) En el encuentro en Olivos, Alfonsín enfatizó que pondría todo su empeño en obtener un proyecto que colocara en cauce una situación que se había desbordado absolutamente por encima de las intenciones originales del gobierno. (…) Esta decisión fue transmitida por el Presidente a todo el país en un discurso que dio en la localidad cordobesa de Las Perdices el lunes 23 de marzo de 1987, en el que señaló la necesidad de contemplar la situación de los oficiales que en los episodios de la llamada “lucha antisubversiva´ habían cumplido órdenes emanadas de sus superiores, y anticipó que se iba a actuar en ese sentido”.
“En el marco de intranquilidad creciente que se registraba en el ámbito castrense, sin que se observara que la sociedad advirtiese de manera correlativa la índole de la situación, nos aproximamos a la Semana Santa de 1987. (…) La mecha que encendió el polvorín fue la decisión del mayor Ernesto Barreiro de no presentarse a una citación de la Cámara Federal de Córdoba, y refugiarse en el Regimiento de la XIV Brigada de Infantería Aerotransportada, al mando del teniente coronel Luis Polo. Ello sucedió al filo de la medianoche del 14 de abril.”
En las horas siguientes se dan pasos institucionales, como encuadrar la situación dentro de los marcos exclusivos del Ejército. Corren rumores, como el apoyo de otros cuarteles a los rebeldes.
“Durante la tarde del jueves, Alfonsín habló ante la Asamblea Legislativa reiterando su propósito de defender a rajatabla la autoridad constitucional y advirtió que se estaba asistiendo a un alzamiento contra la democracia. Obtuvo el apoyo unánime de todas las bancadas. Mientras, recibíamos informes de que la situación en Campo de Mayo distaba de ser normal. Grupos de oficiales se estaban presentando espontáneamente en las escuelas militares en actitud de rebeldía, de manera que no me sorprendió cuando se me comunicó que se había sublevado la Escuela de Infantería, estando al frente de ese movimiento el teniente coronel Aldo Rico. En una puesta en escena de carácter cinematográfico, y con la evidente intención de desafiar al gobierno y llamar la atención de la sociedad, el grupo de oficiales amotinados se mostró frente a las cámaras de televisión en ropa de combate y con sus rostros maquillados con betún, cosa que se hace para camuflarse cuando se está por entrar en combate, pero que a los ojos de la civilidad era algo ridícula”.
Los “carapintada” no están solos. Como respuesta, el gobierno convoca urgente a los generales con mando de tropa, buscando reforzar el apoyo al gobierno que habían ratificado el jueves por la mañana.
“A medida que pasaban las primeras horas del viernes, las circunstancias se iban complicando, no sólo porque la demora en resolver el problema demostraba que la actitud de Barreiro contaba con más simpatizantes de los que primeramente se conocían, sino también porque iba madurando en la población una sensación creciente de que se estaba poniendo en riesgo la estabilidad institucional, y esta vez era claro que los argentinos estaban dispuestos a defenderla a toda costa. Comenzaron a sumarse, en manifestaciones espontáneas, militantes de todos los partidos políticos, artistas, intelectuales, empresarios, sindicalistas y trabajadores, estudiantes y jubilados, familias enteras, todos juntos, en lo que era una masiva expresión ciudadana de defensa de la legalidad constitucional y del principio de la igualdad ante la ley.”
Los generales confirman su subordinación a las autoridades constitucionales y se reúnen para trazar planes respecto de los sublevados. Parece ganada la primera batalla. La calle comienza a hervir.
“En Campo de Mayo las cosas permanecían sin variantes, en una tensa calma. Barreiro había abandonado el regimiento cordobés y huido en dirección norte, con lo que el cuadro en aquella ciudad comenzaba a normalizarse. Quedaba el foco en Campo de Mayo, donde la Escuela de Infantería había sido literalmente rodeada por curiosos, manifestantes espontáneos, periodistas y diferentes personalidades que pretendían dialogar con los oficiales rebeldes con ánimo de forjarse cada uno su propio diagnóstico y eventualmente intervenir en la aventura de disuadir a los amotinados y ganar algunos puntos frente a la sociedad. Luego de alrededor de dos horas de deliberaciones, cumpliendo la directiva del Presidente, los generales dispusieron movilizar efectivos del Segundo Cuerpo hacia Campo de Mayo, a los fines de restablecer el orden en la Escuela de Infantería.”
La intranquilidad crece. La gente se autoconvoca en las inmediaciones de Campo de Mayo. Fuerza Aérea y Armada informan que mantienen el control de sus tropas. Gobierno y rebeldes están en situación de empate. No les será fácil tumbar al gobierno, pero tampoco que se les pueda imponer sanciones.
“La movilización popular en defensa de la democracia servía perfectamente para indicar los límites que le ponía el pueblo al capricho eventual de algunos amotinados y a las especulaciones de los dirigentes políticos proclives a entrar en tratativas personales. Evidentemente, nuestra suerte hubiera sido muy distinta si la gente no se hubiese volcado de esa forma en apoyo de la democracia. Pero al mismo tiempo, esta movilización popular, alentada por los medios de comunicación como una defensa legítima del pueblo a sus derechos que veía en peligro, podía desbordar en algún incidente entre ellos y los sublevados, y entonces el resultado se podría tornar absolutamente imprevisible. Lo cierto es que las consignas eran cada vez más agresivas, y cada minuto que pasaba se palpaba que se agrandaba el riesgo de un enfrentamiento que podía tener derivaciones violentas. Finalmente, la enorme cantidad de gestores voluntarios y oficiosos que intentaban conversar con los amotinados para luego hablar conmigo o con el Presidente y luego volver con ellos, y así sucesivamente, contribuían a generar una enorme confusión”.
El empate virtual se prolonga hasta la mañana del sábado, cuando el coronel Aldo Rico abre la posibilidad de dialogar. Los cinco puntos reclamados por los rebeldes son: “1) pase a retiro del general Ríos Ereñú y nombramiento de otro general elegido dentro de una lista de cinco que presentarían los amotinados; 2) solución política para la revisión de lo actuado en la lucha contra la subversión; 3) cese de la campaña de los medios de comunicación en contra de las Fuerzas Armadas; 4) retrotraer todo con respecto a la situación de los oficiales que habían participado de esta revuelta al día anterior al miércoles previo a Semana Santa; y 5) un aumento del presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas”. Para el gobierno, esos cinco puntos eran impracticables. ¿Qué quedaba?
“En horas de la tarde, el Presidente me encomendó que me hiciera cargo de estas conversaciones: ‘Vos tenés bien en claro lo que yo quiero y lo que no quiero’, me dijo”.
Me pareció que lo más indicado era terminar con los intermediarios y que fuera yo quien tomara contacto directo con Rico y sus allegados, para que tuvieran en claro cuál era la posición del gobierno de boca del principal responsable del área. Me comuniqué con el Presidente, estuvo de acuerdo con mi decisión, se lo hice saber a los allí reunidos y solicité un helicóptero para que me trasladase en ese mismo momento a Campo de Mayo. Así fue, y hacia allá nos dirigimos mi ayudante de campo, el capitán de fragata Olcese, y yo, en un helicóptero de la Fuerza Aérea. En el camino sobrevolamos la Plaza de Mayo, poblada de gran cantidad de gente que deambulaba expectante. Sentía una ligera opresión en el estómago al comprobar la impaciencia de la muchedumbre para que redujéramos rápidamente a los amotinados. Había que terminar cuanto antes con la situación para evitar mayores riesgos.”
Jaunarena aterriza en Campo de Mayo. Todo es confuso. Los uniformes son los mismos y no se distingue a rebeldes de leales. Pide la presencia de Aldo Rico. Rico se presenta acompañado por su segundo, Enrique Venturino.
“Quien llevaba la palabra la mayor parte del tiempo era Rico, que aparentaba estar menos tenso que Venturino, pero era evidente que éste tenía gran influencia sobre él. Luego de una larga introducción en la que Rico me contó todas las postergaciones que habían sufrido como oficiales del Ejército, desde Malvinas en adelante, comenzó a hablarme de cómo siempre habían sido ‘carne de cañón’ de los que denominaban ‘los generales corruptos’ (…) que los jueces, que muchas veces los habían protegido durante el ‘Proceso’, ahora los citaban a juicios que ellos no sabían cómo iban a terminar.”
“Le solicité que me aclarase si con ello estaba solicitando la amnistía. Me contestó que no, que él no pretendía hacer una defensa de los generales golpistas. Sobre el particular le manifesté que él conocía perfectamente que existía la intención del Poder Ejecutivo de enviar una ley al Parlamento que contemplara mejor la situación de los oficiales que durante los episodios de la represión habían cumplido órdenes; que esto ya había sido anunciado días atrás por el Presidente en la localidad de Las Perdices, y que, en lo personal, pensaba que esta situación que ellos habían generado complicaba aún más el trámite legislativo del proyecto, por cuanto todo el mundo lo iba a leer ahora como una imposición de los sublevados, además de la reacción del sentimiento antimilitar que esta actitud había producido en la población, invitándolo a ver la televisión para que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, y que, por otra parte, el Gobierno no iba a dar un solo paso más allá de lo que había anunciado públicamente el Presidente.”
Dos horas interminables. Rico y su gente muestran el cansancio de la vigilia pero no ceden. El Gobierno tampoco.
“Cuando llegué a Balcarce 50 la situación no había variado sustancialmente: una multitud de dirigentes de partidos políticos y entidades representativas ocupaban desordenadamente todos los despachos. No obstante ello, me reuní a solas con Alfonsín, le conté en detalle todo lo que había sucedido, y que al día siguiente a las diez de la mañana Rico me entregaría la unidad formada. Cuando estaba reunido con mis colaboradores en el Ministerio de Defensa esa noche del sábado, me llamó Carlos Becerra, secretario general de la Presidencia, y me dijo que tenía la información de que saldrían grupos armados desde la Escuela de Infantería a cometer algún atentado en algún punto de la ciudad, no descartándose la posibilidad de que fuera atacada la propia Casa de Gobierno.”
Sin dormir, los negociadores de las dos partes pasan mala noche, sin prever que habrá comedidos que van a entorpecer las negociaciones.
“Rico llegó a la sede del Comando nuevamente con un inusual despliegue de custodia con personal armado hasta los dientes. (…) ‘Usted nos engañó –comenzó Rico levantando la voz con tono marcial–. Usted prácticamente en la reunión de anoche nos intimó a que nos rindiésemos, pero luego, durante la noche, nos visitaron otros emisarios que nos dijeron que el Gobierno estaba dispuesto a darnos la amnistía. Usted quiso hacerse el héroe, corriéndonos con la vaina y ocultándonos lo que el Gobierno estaba dispuesto a conceder’, concluyó Rico, mientras su escolta quitaba el seguro a sus armas. ‘¿Pero de dónde sacó semejante disparate?¹, le pregunté. Me replicó que la noche anterior se había acercado hasta ahí el intendente de San Isidro, Melchor Posse, y se lo había hecho saber. Sentí náuseas. Rico había colocado una estocada a la gestión de Defensa en un aspecto que habíamos cuidado especialmente: la intromisión de comedidos en nuestra gestión. ‘Pero, ¿usted alcanza a distinguir la diferencia entre hablar con el ministro de Defensa y con el intendente de San Isidro?’, le contesté.”
“Consciente de que el riesgo de desborde crecía minuto a minuto, y por otra parte, de que el estado de alteración emocional de estos hombres podía derivar en una tragedia de imprevisibles consecuencias, terminé la reunión y me comuniqué con la Casa Rosada. ‘Transmítale al Presidente –le dije al teniente coronel Hang– que Rico resiste porque dice que tiene versiones contradictorias de la posición del Gobierno, y que solicita que el Presidente venga acá y que ratifique lo que yo le he manifestado. Dígale al Presidente que voy para la Casa de Gobierno’. Esas fueron mis palabras en el teléfono inmediatamente antes de regresar en helicóptero hacia el centro de Buenos Aires.”
El helicóptero sobrevuela Plaza de Mayo repleta de gente. La marea humana de pañuelos y estandartes, vista desde arriba, es impresionante.
“Alfonsín terminaba de dirigir su mensaje a la multitud en donde anunciaba que iba a concurrir personalmente a Campo de Mayo en pocos minutos más. (…) Repentinamente, en medio de gente que iba y venía corriendo por los pasillos, el Presidente había desaparecido. (…) Accidentalmente, pasé por la capilla que está en el interior de la Casa Rosada, y pude ver a Alfonsín, solo, rezando. Luego tomó el helicóptero y se dirigió a Campo de Mayo.”
Mientras que el general Ríos Ereñú exigía a los cuadros militares de Campo de Mayo que garantizaran, con su vida, la integridad del presidente, el dirigente radical Jesús Rodríguez trataba de evitar que la gente avanzara sobre la Escuela de Infantería donde estaban los rebeldes.
“Finalmente, llegaron las primeras noticias de que la situación se había solucionado, y que todos los rebeldes habían terminado con la ocupación. La euforia y los abrazos borraron, por un rato, todos los padecimientos de los días anteriores. En Campo de Mayo, la conversación de Alfonsín con Rico no difirió demasiado de la que yo había tenido horas antes. El Presidente rechazó terminantemente siquiera conocer una hipotética lista de sucesores de Ríos Ereñú, y ratificó la intención del Gobierno de no dictar una amnistía aunque sí la de seguir trabajando en el proyecto de ley que contemplaba una mejor situación para los oficiales que habían cumplido órdenes.”
“Cuando volvió Alfonsín a la Casa de Gobierno, venía visiblemente conmovido por la situación límite que había tenido que enfrentar. (…) Este estado anímico prevaleció cuando lanzó su discurso en Plaza de Mayo.”
“Las palabras de Alfonsín desde el balcón eran las de un presidente que había actuado como comandante en jefe en plenitud de sus poderes constitucionales, y las de un líder democrático que había logrado una importante victoria. Desde ese lugar, cuando anunció la rendición de los rebeldes y nombró a algunos de ellos como ‘héroes de Malvinas’, apelaba a un gesto de reconciliación y comprensión tratando de esa manera de que la sociedad tuviera una visión más completa del profundo drama que vivíamos y al cual los hombres de las Fuerzas Armadas no eran ajenos. Luego deseó Felices Pascuas y afirmó: ‘La casa está en orden’, palabras que quedaron inscriptas en la memoria colectiva de manera curiosamente tergiversada, como si el Presidente hubiera pretendido encubrir o negar una situación de desorden irresuelto o un pacto inconfesable”.
Al momento del primer levantamiento carapintada, los sectores beneficiados por la dictadura militar y sus socios, los grandes bancos acreedores, ya habían logrado que el gobierno de Raúl Alfonsín legitimara la espuria deuda externa generada por ellos mismos tras el golpe del 24 de marzo de 1976, con lo cual el Estado Argentino terminaba por aceptar y convalidar una deuda de 46.000 millones de dólares de esa época (65% de nuestro Producto Bruto Interno). Pero el plano de la discusión ya era otro; reconocida la deuda, había que pagarla, y para eso tenían proyectado lo que después se conoció como el Plan Baker. Dicho plan debe su nombre al secretario del Tesoro de Estados Unidos, James Baker, quien presentó en la Asamblea conjunta del FMI y del Banco Mundial, en octubre de 1985, en Seúl, un documento titulado Programa para el Crecimiento Sostenido que básicamente proponía que los deudores debían lograr una tasa más alta de ahorro y de inversión internos a fin de propender al crecimiento sostenido, para lo cual debían continuar aplicando los ajustes de corto plazo indicados por el FMI junto con políticas macroeconómicas aperturistas y de libre mercado, que incluían las privatizaciones de empresas públicas, para que la inversión privada encontrara condiciones propicias.
Ese argumento, conocido hasta el cansancio por nuestro país, impuesto a sangre y fuego por los militares, fue continuado por el Plan Austral dirigido por el equipo de Juan Vital Sourrouille, quien había asumido en el Ministerio de Economía el 19 de febrero de 1985. El citado plan significó una fuerte devaluación inicial, con control de salarios y de precios, y un cambio de moneda (peso por austral). Con fecha 1º de julio de 1985, mediante los Comunicados A-695, A-696, y A-697 del Banco Central se reemplazaron títulos de deuda externa heredados de la dictadura militar, a los que la gestión del primer ministro de Economía de Alfonsín, don Bernardo Grinspun, se negó a reconocer hasta que no se supiera el origen y destino de los fondos, por “Obligaciones de Banco Central de la República Argentina”. Este hecho significó la legitimación de la deuda, reconocido en el libro El manejo de la deuda externa en condiciones de crisis de balanza de pagos, firmado por José Luis Machinea y Fernando Sommer (quienes fueron presidente y director del Banco Central durante la administración del ministro de Economía Sourrouille), donde dicen textualmente: “La reducción de los pasivos externos del sector privado derivó, en la práctica, en la nacionalización de gran parte de esa deuda externa. La deuda externa del sector público, que era del 53% de la deuda total en 1980, se incrementó a 83% en 1985”.
La discusión en los sectores dominantes de nuestra sociedad pasaba a ser qué grado de apertura equilibraba los intereses de los grandes capitales internacionales con los de los industriales y productores locales, y quiénes se iban a beneficiar de las privatizaciones. De allí que, consustanciados con el Plan Austral en un principio y una vez lograda la “estatización” de su deuda externa, se posicionaron en defensa de sus prebendas (promoción industrial, desgravaciones impositivas, créditos blandos por la banca oficial, etc.) y a favor de una política arancelaria que impedía las importaciones que compitieran con su producción, y determinar su participación en el desguace del Estado. En julio de 1987, tres meses después del primer levantamiento carapintada, los ministros de Economía, Juan Sourrouille, y de Obras y Servicios Públicos, Rodolfo Terragno, anunciaron conjuntamente un paquete de medidas para la reforma del sector público, que contemplaba no solo el retiro de muchas de las funciones estatales sino fundamentalmente la participación vía asociación con el capital privado, o directamente la privatización de empresas públicas.
Con respecto a la apertura de nuestra economía, las primeras medidas concretas se tomaron entre febrero y marzo de 1987 e iniciaron la liberalización comercial, que consistían en la progresiva eliminación de productos del “Anexo II” del Decreto N° 4.070/87, que establecía la lista de las posiciones sujetas a autorización previa para su importación, lo que hizo que los sectores del MIN (Movimiento de Industrial Nacional dentro de la Unión Industrial Argentina –UIA–, conformado básicamente por empresarios medios y del interior del país), y otras asociaciones de menor alcance y relevancia efectiva como el CAI (Consejo Argentino de la Industria) y la CGI (Confederación General de la Industria), plantearan su oposición a la reducción de los aranceles y propusieran mejoras en la instrumentación de las medidas antidumping. Pero el resto de las cámaras empresariales, ya sea por su actividad (rural, financiera, construcción, comercio) trataban de mantenerse al margen de lo que creían como inevitable y se preparaban para mejorar en ese contexto su situación. Todas coincidían en que el Gobierno debía tener en cuenta la opinión de las distintas asociaciones empresariales.
En síntesis, la situación económica al momento de la extorsión militar, era de claro triunfo de los sectores más concentrados y principales beneficiados de la “estatización” de la deuda, posicionándose ante el desembarco de capitales internacionales, en el que el gobierno de Alfonsín con Sourrouille como ministro, le eran funcionales en tanto y en cuanto le dieran participación en las decisiones. Pero, al revés de temor del principio del gobierno de Alfonsín con Grinspun en el timonel de la economía, esos sectores concentrados ya no temían la “vuelta al populismo”. Querían, y veían que lograban su objetivo: que el gobierno fuera más útil al capital externo, con el Banco Mundial y el FMI como mascarón de proa.
Aquel temor fundado de la primera etapa del gobierno se iba a disipar con las nuevas orientaciones económicas. Por ende, más allá de que algún sector empresarial, o un grupo de empresarios, pudieran haber estado en contacto o con simpatía por los sublevados en Semana Santa de 1987, lo cierto es que para ellos los militares habían cumplido su papel, y ahora se desentendían de su suerte.
Esto lo refleja mejor que nadie Don Arturo Jauretche cuando afirmaba en 1955, ante un grupo de jóvenes militares: “Ustedes eran oficiales de bajo rango cuando derrocaron a Yrigoyen con Uriburu. Luego Justo los sacó de una patada. Estaban más crecidos cuando Perón los echó por piantavotos y ya eran adultos cuando participaron en el régimen antiperonista y fueron echados por Rojas y Aramburu. Eran jóvenes en una ocasión y hombres adultos en otras, lo que no se puede negar es que boludos fueron siempre”.
El gobierno radical sufrió una fuerte derrota en las elecciones intermedias nacionales de septiembre de 1987, la inflación de ese año según el Indec fue del 131,3%. En abril de 1988, Argentina entró en moratoria del pago de su deuda externa. Todo un cuadro que se fue complicando para derrapar en la hiperdevaluación e hiperinflación de 1989 y la entrega de gobierno en forma anticipada por el presidente Alfonsín. Seguramente, deben haber pesado en el desprestigio del gobierno las asonadas militares de Semana Santa y las posteriores, las conflictivas leyes de obediencia debida y punto final. Pero, desde el punto de vista de la economía, el rumbo se perdió cuando el gobierno aceptó la estafa de la deuda externa, que hipotecaba nuestro destino como Nación y que como toda deuda pública, la paga el pueblo.
Fuente:MiradasalSur
Al finalizar su tarea, el acervo documental quedó en guarda en el ámbito de las distintas modalidades que le sucedieron a la primera Secretaría de Derechos Humanos (luego Dirección, Subsecretaría y nuevamente Secretaría).
La Conadep constituyó cinco comisiones para su trabajo interno. Una de ellas se encargaba de tomar testimonios a las víctimas y familiares de desaparecidos o asesinados. Esos relatos fueron conformando los legajos que servirían en aquel momento de soporte para confeccionar el informe “Nunca Más” y luego el Juicio a las Juntas.
La Conadep realizó inspecciones oculares en lugares que estaban denunciados como centros clandestinos.
Allí iban sus miembros junto a los sobrevivientes, para reconocer a “ojos descubiertos” aquellas particularidades que habían podido reconstruir a través de sus sentidos. La mayoría de ellos por las condiciones de cautiverio no habían podido “ver” la totalidad del lugar, pero la suma de cada uno de sus relatos armó el “rompecabezas”. Las fotos, los planos, los dibujos a mano alzada dan cuenta de esas inspecciones.
Todo ese trabajo marcó un rumbo que fue después replicado, al finalizar la tarea de la Conadep, por los diversos ámbitos del Estado que continuaron esa tarea. Se tomaron y siguen tomándose nuevos testimonios, conformando nuevos legajos, (llamados ahora Legajos SDH), pero con el mismo sentido y objetivo que los legajos Conadep.
Trabajé en la Subsecretaría de DDHH a partir del 2001 con Dolly Scaccheri, quien coordinaba el entonces llamado Archivo Conadep. Encontré un equipo pequeño en número, pero muy grande en el compromiso de hacer “hablar” a esa documentación y de recuperar y preservar esa valiosa prueba documental.
Contaban entonces que cuando Alicia Pierini estuvo al frente de la Subsecretaria de DDHH, encontró todos los legajos arrumbados en una habitación y atados con hilo sisal.
Fue entonces Dolly quien metió mano y transformó el abandono en un área que se ocuparía, en un principio, de certificar las denuncias que allí constaban para que las familias pudieran tramitar la primera ley reparatoria: la Ley 24.321 de Desaparición Forzada y más tarde otras leyes. También sirvió para los reclamos de los sobrevivientes, los presos, asesinados y para ayudar en la búsqueda de niños nacidos en cautiverio y brindar soporte al Equipo Argentino de Antropología Forense.
Así, el archivo conformado por aquella Conadep se transformó en la fuente imprescindible de aquellas primeras reparaciones del Estado... después vendrían otras.
El trabajo de investigación que se hacía en aquel momento era reconstruir la militancia de las víctimas, la organización a la que pertenecían, su grupo, la secuencia de caídas, el centro clandestino en el que habían estado y entonces el circuito represivo. Todo esto a partir de los testimonios de las víctimas: con el legajo en mano, hacíamos anotaciones, pegábamos papeles en las paredes, fichas y memoria, mucha memoria. Por suerte, se había comenzado el trabajo de digitalización de toda esa documentación y la búsqueda y el entrecruzamiento de lo que aparecía en los distintos legajos se vio facilitado. El sistema de búsqueda aportó la posibilidad de empezar a entrecruzar otro tipo de información. Fue un momento de mucha reelaboración y reconstrucción, pero de un trabajo interno que no tenía posibilidad de ser parte de la Justicia, eso tardó unos años en llegar.
Con la derogación de las leyes de impunidad y la creación del Archivo Nacional de la Memoria, el Archivo Conadep pasó a formar parte de él y pasó a llamarse Fondo Documental Conadep-SDH (Secretaría de Derechos Humanos), comenzó una nueva etapa, la política de derechos humanos que inició el gobierno de Néstor Kirchner profundizó el trabajo, se presentaron a testimoniar nuevas víctimas, que hasta ese momento no habían tenido confianza en el Estado para hacerlo, estos nuevos testimonios ayudaron a reconocer otras víctimas de los centros clandestinos que no se tenían identificadas, así como la identificación de represores, esto y todo lo que se había trabajado fue incluido en los juicios, a través de las querellas presentadas por la Secretaria de Derechos Humanos. Y toda esa documentación fue prueba fundamental para los juicios, así como hoy lo sigue siendo.
Coordiné el área a partir del año 2007, y pude acompañar el proceso de conservación y recuperación que se hizo de aquellos históricos legajos, que forman parte de Memoria del Mundo. Debo hacer un alto aquí, para decir que muchos legajos solo conservaban una fotocopia certificada, ya que en el momento del Juicio a las Juntas se envió en original la documentación. Creo que ya estamos en condiciones de invertir la situación y que la Cámara Federal, que tiene a cargo la guarda de aquel juicio histórico, devuelva los originales al Fondo Documental al que pertenecen y que se quede con una copia certificada, si fuera necesario.
En el ámbito de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa existe un Equipo de Trabajo de los Archivos que releva y analiza toda la documentación de valor histórico y/o judicial que se encuentra archivada o custodiada en dependencias de los Estados Mayores Generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, producto de ese trabajo elabora informes que son enviados a la justicia en el marco de los Juicios de Lesa Humanidad.
Este trabajo es de alguna manera complementario de la información de Conadep, es decir, aquellos testimonios hablan de víctimas que fueron sometidas a violaciones, desaparecidas o asesinadas, en un espacio físico, que le correspondía a una zona militar, esa zona militar tenía responsables, con unidades militares, en algunas de ellas funcionaba un Centro Clandestino. Muchos de estos datos ya estaban consignados en esa documentación, y el trabajo de relevamiento ha servido en muchos casos para confirmarlo y en muchos otros para ayudar a comprender responsabilidades; por lo tanto, a la verdad de cada testimonio individual se aporta la verdad global, la metodología de represión, el circuito represivo.
El último hallazgo anunciado por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, en noviembre del año pasado, viene a confirmar muchas circunstancias relatadas en aquellos testimonios, y viene a poner luz en otros: el despojo material de los bienes de muchas víctimas, la persecución de las comisiones internas de las fábricas, los ingenios, empresas intervenidas, y este accionar se aseguró a través de la sanción de nuevas leyes, que fueron cambiando el modelo de país y que prepararon el terreno para lo que sucedió en los ’90, sin duda fue un Proceso de Reorganización, pero donde lo Nacional perdió sentido y valor y entonces también perdimos la esperanza.
Los 11.700 documentos hallados dan cuenta de la preocupación de la Junta Militar por el tema de los desaparecidos, por la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por Papel Prensa, o Austral entre otros, y los debates internos entre las tres Fuerzas en relación con estos temas. Por eso la trascendencia de archivosabiertos.com, de que ésta documentación sea de libre acceso, porque es un derecho de todo argentino a saber lo que nos pasó, porque nos amplía la mirada, el universo y permite comprender qué implica el terrorismo de Estado y qué actores son necesarios para que ocurra un genocidio.
La Ley de Obediencia Debida no fue hija de los “carapintada”
Año 7. Edición número 309. Domingo 20 de Abril de 2014
Por Miradas al Sur
argentina@miradasalsur.com
Año 7. Edición número 309. Domingo 20 de Abril de 2014
Por Miradas al Sur
argentina@miradasalsur.com
Imborrables. Una virtual guerra de caras. Las de los rebeldes, camufladas para el combate, y las de la movilización pupular.
En Semana santa de 1987 los levantamientos militares apuraron lo que estaba decidido. A 25 años del pronunciamiento militar que lideró Aldo Rico, una relectura de las memorias de Horacio Jaunarena arroja luz sobre medidas políticas muy discutidas.
Fue uno de los protagonistas en ese jaque a la democracia que se jugó durante la Semana Santa de 1987. Una semana que quedó estrechamente vinculada con una frase pronunciada a modo de cierre por Raúl Alfonsín: “La casa está en orden”. Horacio Jaunarena era ministro de Defensa del presidente Alfonsín, y estuvo en cada paso de las negociaciones con el sector militar sublevado. Ahora, pasado un cuarto de siglo, Miradas al Sur comparte segmentos de su libro La casa está en orden. Memoria de la transición, publicado en 2011. Paso a paso, su narración reconstruye las horas, los minutos y los diálogos que marcaron un momento crucial para la estabilidad política de Argentina, al tiempo que revela matices poco conocidos, especialmente en lo que hace a la conocida como “Ley de Obediencia Debida”.
“A principios de marzo de 1987 hubo en la residencia presidencial de Olivos una reunión decisiva entre el Presidente, Ríos Ereñú y yo, en la que Ríos Ereñú reiteró lo que ya sabíamos: las dificultades casi insalvables que tenía para seguir conduciendo el Ejército en las condiciones imperantes. (…) En el encuentro en Olivos, Alfonsín enfatizó que pondría todo su empeño en obtener un proyecto que colocara en cauce una situación que se había desbordado absolutamente por encima de las intenciones originales del gobierno. (…) Esta decisión fue transmitida por el Presidente a todo el país en un discurso que dio en la localidad cordobesa de Las Perdices el lunes 23 de marzo de 1987, en el que señaló la necesidad de contemplar la situación de los oficiales que en los episodios de la llamada “lucha antisubversiva´ habían cumplido órdenes emanadas de sus superiores, y anticipó que se iba a actuar en ese sentido”.
“En el marco de intranquilidad creciente que se registraba en el ámbito castrense, sin que se observara que la sociedad advirtiese de manera correlativa la índole de la situación, nos aproximamos a la Semana Santa de 1987. (…) La mecha que encendió el polvorín fue la decisión del mayor Ernesto Barreiro de no presentarse a una citación de la Cámara Federal de Córdoba, y refugiarse en el Regimiento de la XIV Brigada de Infantería Aerotransportada, al mando del teniente coronel Luis Polo. Ello sucedió al filo de la medianoche del 14 de abril.”
En las horas siguientes se dan pasos institucionales, como encuadrar la situación dentro de los marcos exclusivos del Ejército. Corren rumores, como el apoyo de otros cuarteles a los rebeldes.
“Durante la tarde del jueves, Alfonsín habló ante la Asamblea Legislativa reiterando su propósito de defender a rajatabla la autoridad constitucional y advirtió que se estaba asistiendo a un alzamiento contra la democracia. Obtuvo el apoyo unánime de todas las bancadas. Mientras, recibíamos informes de que la situación en Campo de Mayo distaba de ser normal. Grupos de oficiales se estaban presentando espontáneamente en las escuelas militares en actitud de rebeldía, de manera que no me sorprendió cuando se me comunicó que se había sublevado la Escuela de Infantería, estando al frente de ese movimiento el teniente coronel Aldo Rico. En una puesta en escena de carácter cinematográfico, y con la evidente intención de desafiar al gobierno y llamar la atención de la sociedad, el grupo de oficiales amotinados se mostró frente a las cámaras de televisión en ropa de combate y con sus rostros maquillados con betún, cosa que se hace para camuflarse cuando se está por entrar en combate, pero que a los ojos de la civilidad era algo ridícula”.
Los “carapintada” no están solos. Como respuesta, el gobierno convoca urgente a los generales con mando de tropa, buscando reforzar el apoyo al gobierno que habían ratificado el jueves por la mañana.
“A medida que pasaban las primeras horas del viernes, las circunstancias se iban complicando, no sólo porque la demora en resolver el problema demostraba que la actitud de Barreiro contaba con más simpatizantes de los que primeramente se conocían, sino también porque iba madurando en la población una sensación creciente de que se estaba poniendo en riesgo la estabilidad institucional, y esta vez era claro que los argentinos estaban dispuestos a defenderla a toda costa. Comenzaron a sumarse, en manifestaciones espontáneas, militantes de todos los partidos políticos, artistas, intelectuales, empresarios, sindicalistas y trabajadores, estudiantes y jubilados, familias enteras, todos juntos, en lo que era una masiva expresión ciudadana de defensa de la legalidad constitucional y del principio de la igualdad ante la ley.”
Los generales confirman su subordinación a las autoridades constitucionales y se reúnen para trazar planes respecto de los sublevados. Parece ganada la primera batalla. La calle comienza a hervir.
“En Campo de Mayo las cosas permanecían sin variantes, en una tensa calma. Barreiro había abandonado el regimiento cordobés y huido en dirección norte, con lo que el cuadro en aquella ciudad comenzaba a normalizarse. Quedaba el foco en Campo de Mayo, donde la Escuela de Infantería había sido literalmente rodeada por curiosos, manifestantes espontáneos, periodistas y diferentes personalidades que pretendían dialogar con los oficiales rebeldes con ánimo de forjarse cada uno su propio diagnóstico y eventualmente intervenir en la aventura de disuadir a los amotinados y ganar algunos puntos frente a la sociedad. Luego de alrededor de dos horas de deliberaciones, cumpliendo la directiva del Presidente, los generales dispusieron movilizar efectivos del Segundo Cuerpo hacia Campo de Mayo, a los fines de restablecer el orden en la Escuela de Infantería.”
La intranquilidad crece. La gente se autoconvoca en las inmediaciones de Campo de Mayo. Fuerza Aérea y Armada informan que mantienen el control de sus tropas. Gobierno y rebeldes están en situación de empate. No les será fácil tumbar al gobierno, pero tampoco que se les pueda imponer sanciones.
“La movilización popular en defensa de la democracia servía perfectamente para indicar los límites que le ponía el pueblo al capricho eventual de algunos amotinados y a las especulaciones de los dirigentes políticos proclives a entrar en tratativas personales. Evidentemente, nuestra suerte hubiera sido muy distinta si la gente no se hubiese volcado de esa forma en apoyo de la democracia. Pero al mismo tiempo, esta movilización popular, alentada por los medios de comunicación como una defensa legítima del pueblo a sus derechos que veía en peligro, podía desbordar en algún incidente entre ellos y los sublevados, y entonces el resultado se podría tornar absolutamente imprevisible. Lo cierto es que las consignas eran cada vez más agresivas, y cada minuto que pasaba se palpaba que se agrandaba el riesgo de un enfrentamiento que podía tener derivaciones violentas. Finalmente, la enorme cantidad de gestores voluntarios y oficiosos que intentaban conversar con los amotinados para luego hablar conmigo o con el Presidente y luego volver con ellos, y así sucesivamente, contribuían a generar una enorme confusión”.
El empate virtual se prolonga hasta la mañana del sábado, cuando el coronel Aldo Rico abre la posibilidad de dialogar. Los cinco puntos reclamados por los rebeldes son: “1) pase a retiro del general Ríos Ereñú y nombramiento de otro general elegido dentro de una lista de cinco que presentarían los amotinados; 2) solución política para la revisión de lo actuado en la lucha contra la subversión; 3) cese de la campaña de los medios de comunicación en contra de las Fuerzas Armadas; 4) retrotraer todo con respecto a la situación de los oficiales que habían participado de esta revuelta al día anterior al miércoles previo a Semana Santa; y 5) un aumento del presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas”. Para el gobierno, esos cinco puntos eran impracticables. ¿Qué quedaba?
“En horas de la tarde, el Presidente me encomendó que me hiciera cargo de estas conversaciones: ‘Vos tenés bien en claro lo que yo quiero y lo que no quiero’, me dijo”.
Me pareció que lo más indicado era terminar con los intermediarios y que fuera yo quien tomara contacto directo con Rico y sus allegados, para que tuvieran en claro cuál era la posición del gobierno de boca del principal responsable del área. Me comuniqué con el Presidente, estuvo de acuerdo con mi decisión, se lo hice saber a los allí reunidos y solicité un helicóptero para que me trasladase en ese mismo momento a Campo de Mayo. Así fue, y hacia allá nos dirigimos mi ayudante de campo, el capitán de fragata Olcese, y yo, en un helicóptero de la Fuerza Aérea. En el camino sobrevolamos la Plaza de Mayo, poblada de gran cantidad de gente que deambulaba expectante. Sentía una ligera opresión en el estómago al comprobar la impaciencia de la muchedumbre para que redujéramos rápidamente a los amotinados. Había que terminar cuanto antes con la situación para evitar mayores riesgos.”
Jaunarena aterriza en Campo de Mayo. Todo es confuso. Los uniformes son los mismos y no se distingue a rebeldes de leales. Pide la presencia de Aldo Rico. Rico se presenta acompañado por su segundo, Enrique Venturino.
“Quien llevaba la palabra la mayor parte del tiempo era Rico, que aparentaba estar menos tenso que Venturino, pero era evidente que éste tenía gran influencia sobre él. Luego de una larga introducción en la que Rico me contó todas las postergaciones que habían sufrido como oficiales del Ejército, desde Malvinas en adelante, comenzó a hablarme de cómo siempre habían sido ‘carne de cañón’ de los que denominaban ‘los generales corruptos’ (…) que los jueces, que muchas veces los habían protegido durante el ‘Proceso’, ahora los citaban a juicios que ellos no sabían cómo iban a terminar.”
“Le solicité que me aclarase si con ello estaba solicitando la amnistía. Me contestó que no, que él no pretendía hacer una defensa de los generales golpistas. Sobre el particular le manifesté que él conocía perfectamente que existía la intención del Poder Ejecutivo de enviar una ley al Parlamento que contemplara mejor la situación de los oficiales que durante los episodios de la represión habían cumplido órdenes; que esto ya había sido anunciado días atrás por el Presidente en la localidad de Las Perdices, y que, en lo personal, pensaba que esta situación que ellos habían generado complicaba aún más el trámite legislativo del proyecto, por cuanto todo el mundo lo iba a leer ahora como una imposición de los sublevados, además de la reacción del sentimiento antimilitar que esta actitud había producido en la población, invitándolo a ver la televisión para que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, y que, por otra parte, el Gobierno no iba a dar un solo paso más allá de lo que había anunciado públicamente el Presidente.”
Dos horas interminables. Rico y su gente muestran el cansancio de la vigilia pero no ceden. El Gobierno tampoco.
“Cuando llegué a Balcarce 50 la situación no había variado sustancialmente: una multitud de dirigentes de partidos políticos y entidades representativas ocupaban desordenadamente todos los despachos. No obstante ello, me reuní a solas con Alfonsín, le conté en detalle todo lo que había sucedido, y que al día siguiente a las diez de la mañana Rico me entregaría la unidad formada. Cuando estaba reunido con mis colaboradores en el Ministerio de Defensa esa noche del sábado, me llamó Carlos Becerra, secretario general de la Presidencia, y me dijo que tenía la información de que saldrían grupos armados desde la Escuela de Infantería a cometer algún atentado en algún punto de la ciudad, no descartándose la posibilidad de que fuera atacada la propia Casa de Gobierno.”
Sin dormir, los negociadores de las dos partes pasan mala noche, sin prever que habrá comedidos que van a entorpecer las negociaciones.
“Rico llegó a la sede del Comando nuevamente con un inusual despliegue de custodia con personal armado hasta los dientes. (…) ‘Usted nos engañó –comenzó Rico levantando la voz con tono marcial–. Usted prácticamente en la reunión de anoche nos intimó a que nos rindiésemos, pero luego, durante la noche, nos visitaron otros emisarios que nos dijeron que el Gobierno estaba dispuesto a darnos la amnistía. Usted quiso hacerse el héroe, corriéndonos con la vaina y ocultándonos lo que el Gobierno estaba dispuesto a conceder’, concluyó Rico, mientras su escolta quitaba el seguro a sus armas. ‘¿Pero de dónde sacó semejante disparate?¹, le pregunté. Me replicó que la noche anterior se había acercado hasta ahí el intendente de San Isidro, Melchor Posse, y se lo había hecho saber. Sentí náuseas. Rico había colocado una estocada a la gestión de Defensa en un aspecto que habíamos cuidado especialmente: la intromisión de comedidos en nuestra gestión. ‘Pero, ¿usted alcanza a distinguir la diferencia entre hablar con el ministro de Defensa y con el intendente de San Isidro?’, le contesté.”
“Consciente de que el riesgo de desborde crecía minuto a minuto, y por otra parte, de que el estado de alteración emocional de estos hombres podía derivar en una tragedia de imprevisibles consecuencias, terminé la reunión y me comuniqué con la Casa Rosada. ‘Transmítale al Presidente –le dije al teniente coronel Hang– que Rico resiste porque dice que tiene versiones contradictorias de la posición del Gobierno, y que solicita que el Presidente venga acá y que ratifique lo que yo le he manifestado. Dígale al Presidente que voy para la Casa de Gobierno’. Esas fueron mis palabras en el teléfono inmediatamente antes de regresar en helicóptero hacia el centro de Buenos Aires.”
El helicóptero sobrevuela Plaza de Mayo repleta de gente. La marea humana de pañuelos y estandartes, vista desde arriba, es impresionante.
“Alfonsín terminaba de dirigir su mensaje a la multitud en donde anunciaba que iba a concurrir personalmente a Campo de Mayo en pocos minutos más. (…) Repentinamente, en medio de gente que iba y venía corriendo por los pasillos, el Presidente había desaparecido. (…) Accidentalmente, pasé por la capilla que está en el interior de la Casa Rosada, y pude ver a Alfonsín, solo, rezando. Luego tomó el helicóptero y se dirigió a Campo de Mayo.”
Mientras que el general Ríos Ereñú exigía a los cuadros militares de Campo de Mayo que garantizaran, con su vida, la integridad del presidente, el dirigente radical Jesús Rodríguez trataba de evitar que la gente avanzara sobre la Escuela de Infantería donde estaban los rebeldes.
“Finalmente, llegaron las primeras noticias de que la situación se había solucionado, y que todos los rebeldes habían terminado con la ocupación. La euforia y los abrazos borraron, por un rato, todos los padecimientos de los días anteriores. En Campo de Mayo, la conversación de Alfonsín con Rico no difirió demasiado de la que yo había tenido horas antes. El Presidente rechazó terminantemente siquiera conocer una hipotética lista de sucesores de Ríos Ereñú, y ratificó la intención del Gobierno de no dictar una amnistía aunque sí la de seguir trabajando en el proyecto de ley que contemplaba una mejor situación para los oficiales que habían cumplido órdenes.”
“Cuando volvió Alfonsín a la Casa de Gobierno, venía visiblemente conmovido por la situación límite que había tenido que enfrentar. (…) Este estado anímico prevaleció cuando lanzó su discurso en Plaza de Mayo.”
“Las palabras de Alfonsín desde el balcón eran las de un presidente que había actuado como comandante en jefe en plenitud de sus poderes constitucionales, y las de un líder democrático que había logrado una importante victoria. Desde ese lugar, cuando anunció la rendición de los rebeldes y nombró a algunos de ellos como ‘héroes de Malvinas’, apelaba a un gesto de reconciliación y comprensión tratando de esa manera de que la sociedad tuviera una visión más completa del profundo drama que vivíamos y al cual los hombres de las Fuerzas Armadas no eran ajenos. Luego deseó Felices Pascuas y afirmó: ‘La casa está en orden’, palabras que quedaron inscriptas en la memoria colectiva de manera curiosamente tergiversada, como si el Presidente hubiera pretendido encubrir o negar una situación de desorden irresuelto o un pacto inconfesable”.
El marco económico de la Semana Santa de 1987
Año 7. Edición número 309. Domingo 20 de Abril de 2014
Por Horacio Rovelli Economista - UBA
mundo@miradasalsur.com
Año 7. Edición número 309. Domingo 20 de Abril de 2014
Por Horacio Rovelli Economista - UBA
mundo@miradasalsur.com
Ministros: Juan Vital Sourrouille reemplazó en 1985 a Bernardo Grinspun en economía.
Ese argumento, conocido hasta el cansancio por nuestro país, impuesto a sangre y fuego por los militares, fue continuado por el Plan Austral dirigido por el equipo de Juan Vital Sourrouille, quien había asumido en el Ministerio de Economía el 19 de febrero de 1985. El citado plan significó una fuerte devaluación inicial, con control de salarios y de precios, y un cambio de moneda (peso por austral). Con fecha 1º de julio de 1985, mediante los Comunicados A-695, A-696, y A-697 del Banco Central se reemplazaron títulos de deuda externa heredados de la dictadura militar, a los que la gestión del primer ministro de Economía de Alfonsín, don Bernardo Grinspun, se negó a reconocer hasta que no se supiera el origen y destino de los fondos, por “Obligaciones de Banco Central de la República Argentina”. Este hecho significó la legitimación de la deuda, reconocido en el libro El manejo de la deuda externa en condiciones de crisis de balanza de pagos, firmado por José Luis Machinea y Fernando Sommer (quienes fueron presidente y director del Banco Central durante la administración del ministro de Economía Sourrouille), donde dicen textualmente: “La reducción de los pasivos externos del sector privado derivó, en la práctica, en la nacionalización de gran parte de esa deuda externa. La deuda externa del sector público, que era del 53% de la deuda total en 1980, se incrementó a 83% en 1985”.
La discusión en los sectores dominantes de nuestra sociedad pasaba a ser qué grado de apertura equilibraba los intereses de los grandes capitales internacionales con los de los industriales y productores locales, y quiénes se iban a beneficiar de las privatizaciones. De allí que, consustanciados con el Plan Austral en un principio y una vez lograda la “estatización” de su deuda externa, se posicionaron en defensa de sus prebendas (promoción industrial, desgravaciones impositivas, créditos blandos por la banca oficial, etc.) y a favor de una política arancelaria que impedía las importaciones que compitieran con su producción, y determinar su participación en el desguace del Estado. En julio de 1987, tres meses después del primer levantamiento carapintada, los ministros de Economía, Juan Sourrouille, y de Obras y Servicios Públicos, Rodolfo Terragno, anunciaron conjuntamente un paquete de medidas para la reforma del sector público, que contemplaba no solo el retiro de muchas de las funciones estatales sino fundamentalmente la participación vía asociación con el capital privado, o directamente la privatización de empresas públicas.
Con respecto a la apertura de nuestra economía, las primeras medidas concretas se tomaron entre febrero y marzo de 1987 e iniciaron la liberalización comercial, que consistían en la progresiva eliminación de productos del “Anexo II” del Decreto N° 4.070/87, que establecía la lista de las posiciones sujetas a autorización previa para su importación, lo que hizo que los sectores del MIN (Movimiento de Industrial Nacional dentro de la Unión Industrial Argentina –UIA–, conformado básicamente por empresarios medios y del interior del país), y otras asociaciones de menor alcance y relevancia efectiva como el CAI (Consejo Argentino de la Industria) y la CGI (Confederación General de la Industria), plantearan su oposición a la reducción de los aranceles y propusieran mejoras en la instrumentación de las medidas antidumping. Pero el resto de las cámaras empresariales, ya sea por su actividad (rural, financiera, construcción, comercio) trataban de mantenerse al margen de lo que creían como inevitable y se preparaban para mejorar en ese contexto su situación. Todas coincidían en que el Gobierno debía tener en cuenta la opinión de las distintas asociaciones empresariales.
En síntesis, la situación económica al momento de la extorsión militar, era de claro triunfo de los sectores más concentrados y principales beneficiados de la “estatización” de la deuda, posicionándose ante el desembarco de capitales internacionales, en el que el gobierno de Alfonsín con Sourrouille como ministro, le eran funcionales en tanto y en cuanto le dieran participación en las decisiones. Pero, al revés de temor del principio del gobierno de Alfonsín con Grinspun en el timonel de la economía, esos sectores concentrados ya no temían la “vuelta al populismo”. Querían, y veían que lograban su objetivo: que el gobierno fuera más útil al capital externo, con el Banco Mundial y el FMI como mascarón de proa.
Aquel temor fundado de la primera etapa del gobierno se iba a disipar con las nuevas orientaciones económicas. Por ende, más allá de que algún sector empresarial, o un grupo de empresarios, pudieran haber estado en contacto o con simpatía por los sublevados en Semana Santa de 1987, lo cierto es que para ellos los militares habían cumplido su papel, y ahora se desentendían de su suerte.
Esto lo refleja mejor que nadie Don Arturo Jauretche cuando afirmaba en 1955, ante un grupo de jóvenes militares: “Ustedes eran oficiales de bajo rango cuando derrocaron a Yrigoyen con Uriburu. Luego Justo los sacó de una patada. Estaban más crecidos cuando Perón los echó por piantavotos y ya eran adultos cuando participaron en el régimen antiperonista y fueron echados por Rojas y Aramburu. Eran jóvenes en una ocasión y hombres adultos en otras, lo que no se puede negar es que boludos fueron siempre”.
El gobierno radical sufrió una fuerte derrota en las elecciones intermedias nacionales de septiembre de 1987, la inflación de ese año según el Indec fue del 131,3%. En abril de 1988, Argentina entró en moratoria del pago de su deuda externa. Todo un cuadro que se fue complicando para derrapar en la hiperdevaluación e hiperinflación de 1989 y la entrega de gobierno en forma anticipada por el presidente Alfonsín. Seguramente, deben haber pesado en el desprestigio del gobierno las asonadas militares de Semana Santa y las posteriores, las conflictivas leyes de obediencia debida y punto final. Pero, desde el punto de vista de la economía, el rumbo se perdió cuando el gobierno aceptó la estafa de la deuda externa, que hipotecaba nuestro destino como Nación y que como toda deuda pública, la paga el pueblo.
Fuente:MiradasalSur
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