TUCUMÁN: HARÁN UNA LISTA DE DOCENTES COLABORACIONISTAS.

Tucumán: harán una lista de docentes colaboracionistas 
Tucuman. Corresponsal - 17/04/14 
Con 27 años de retraso, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) –que renovará sus autoridades y festejará su centenario el mes que viene– “se encaminará a saldar una deuda histórica” y dará cumplimiento a una resolución de 1.987 por la cual se había comprometido a elaborar una lista de docentes que ocuparon en ella puestos jerárquicos durante la última dictadura.

Así lo decidió este martes su Consejo Superior a raíz del debate originado por una denuncia de Bernardo Lobo Bugeau, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, quien pidió juicio académico para dos profesores de la Facultad de Derecho: Miguel Marcotullio y Bernardo Carlino.

Se trata de los actuales vicedecano y secretario de Política Administrativa de esa unidad académica. El segundo es además síndico del Canal 10 de televisión local, dos tercios del cual pertenecen a la UNT. Según el denunciante, en la dictadura Marcotullio fue secretario Académico de Derecho y Carlino decano de la Facultad de Ciencias Económicas.

En esa época se habrían producido persecución de la actividad política y gremial, desapariciones de miembros de la comunidad universitaria y quemas de libros, entre otros hechos condenables. Conforme a lo dispuesto ahora por el Consejo Superior, la confección de la nómina de colaboradores de la dictadura será previa a la sustanciación de juicios académicos por sus conductas de entonces.

Se incluirá, en particular, a los “autores, partícipes necesarios o que hubiesen prestado consentimiento necesario para la ejecución de cesantías de personal docente y no docente, así como expulsiones de estudiantes”.

El texto aprobado reafirma “el compromiso histórico de la UNT con la defensa de los derechos humanos y la revisión de lo acontecido en su seno durante la dictadura militar”.

Advierte, sin embargo, que ese compromiso “debe entenderse en armonía con el estricto respeto de las garantías constitucionales, el debido proceso y la preservación del principio de presunción de inocencia de los profesores denunciados y de los miembros de la comunidad universitaria”.
Fuente:Clarin
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