EL REY MOMO
Desde que recuperó el control del Renatea, el organismo encargado de fiscalizar las condiciones de trabajo en el agro, el Momo Venegas se dedicó a desmantelar todo lo avanzado en los últimos dos años en materia de blanqueo de los trabajadores y de denuncias por trata de personas y explotación laboral. Con 600 despidos en carpeta, sólo quedarán en pie las áreas que le aseguran negocios
Entre 2013 y 2015, el Renatea realizó denuncias penales que involucraron a más de 1000 víctimas de casos de trata laboral. También registraron como peones rurales a más de 120.000 trabajadores e inscribieron a 9500 nuevos empleadores. El dato más impactante que da cuenta de lo que hizo el Renatea y no hacía Venegas es que del total de peones que figuraban en el Renatre hacia fines de 2011, sólo el 42 por ciento tenía aportes registrados por la AFIP. Actualmente, la ecuación es del 84 por ciento.
Si bien este dato habla de la inacción del Momo, hay otro que permite cerrar el cuadro de la connivencia con las empresas agropecuarias: Al 31 de diciembre de 2011, el Renatre tenía una deuda por contribuciones sin “certificado de deuda” emitido por un total de 49 millones de pesos. De ese total, la Sigen descubrió que el organismo no había hecho ningún tipo de gestión para cobrar un total de 38,7 millones de pesos adeudados por las empresas, mientras que las deudas por fiscalización ascendían a 14 millones de pesos.
El proceso de desmantelamiento que llevarán adelante Ayala y Bazán había sido incluido en la plataforma electoral de Cambiemos. El fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró la inconstitucionalidad del organismo le dio otro impulso, que ahora fue ratificado por los propios funcionarios macristas.
“Si bien seguimos bajo la órbita del Estado, nuestro compromiso es respetar el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucionales los dos artículos de la ley de Trabajo Agrario, que crearon este organismo, y ordenó a la Cámara a dictar un nuevo fallo que habilite la vuelta del Renatre. Estamos tratando de volver al estado anterior. Hoy son casi 900 empleados, con un fuerte contenido político. Se triplicó el personal”, sostuvo Ramón Ayala, subdirector del organismo.
En 2005, Ayala estuvo preso por una denuncia de abuso sexual. En ese mismo año intentó acceder a la legislatura bonaerense por el duhaldismo, y es un histórico de la Uatre y el Renatre. Por su cargo en el sindicato y en el registro, en 2011 recibió una retribución bruta sumado a viáticos por 606.564 pesos, recursos volcados a la estructura política de Venegas.
Tanto Bazán como Ayala informaron que cuando ellos dejaron el organismo había 300 empleados y que ahora llegaban a los 900. El director del organismo ya le adelantó a los trabajadores que se desempeñan en el edificio central del Renatea, ubicado en la calle San Martín de la Ciudad de Buenos Aires, que echarán a 600 personas. El incremento de personal en todas las provincias obedece a una razón: durante la gestión del Momo Venegas, todo era tercerizado a sociedades anónimas, tanto la fiscalización, la cobranza de multas, como la capacitación. Cuando el Estado recuperó su potestad de fiscalizar, cambió una lógica de connivencia entre los dirigentes de la Uatre y las entidades agropecuarias con los empresarios a los que supuestamente debían controlar.
La ruptura de este vínculo queda plasmada cuando son analizados los resultados del Renatea entre 2012 y 2015, en particular en el capítulo vinculado al trabajo infantil y la trata laboral. Durante la gestión de Venegas no existieron denuncias sobre estos aspectos, que sin dudas ocurrían en distintos campos de la Argentina. Desde su creación hasta 2014, la cantidad de denuncias penales realizadas por el organismo implicaron 746 víctimas potenciales de trata laboral, distribuidas en 16 expedientes que tramitan en juzgados federales. Una de ellas involucra a 40 víctimas halladas en un campo propiedad de Ramón Puerta, futuro embajador en España.
Las 16 denuncias penales corresponden a casos de la ciudad de Concordia (Entre Ríos) con 120 presuntas víctimas de trata laboral; en Areco (provincia de Buenos Aires), se rescataron 106 personas, mientras que en el resto de la provincia de Buenos Aires fueron 145. Los casos en Corrientes fueron 224. Le siguió San Juan, con 45 víctimas. En Misiones hubo 32 víctimas, a las que luego se sumaron las del caso Puerta, seguido por Córdoba (32), Salta (18), Santiago del Estero (17) y Santa Fe (7). En 2008 se dictó la Ley 26.364 que tipificó la trata de personas como delito federal.
Hacia el cierre de 2015, el total de víctimas rescatadas de distintos campos ascendían a 1000. Del total de casos de trata con fines de explotación laboral en la Argentina, el 90 por ciento fueron identificados en actividades agrícolas y de fabricación de productos textiles. A estos guarismos hay que agregarle los 50 menores de edad rescatados.
La nueva gestión del Renatea, que espera devolverle el organismo a la Uatre y las patronales agrarias, anunció entre sus trabajadores que sólo se ocuparán del seguro de desempleo, que puede mover 15 millones de pesos al mes. Cualquier otra actividad que no haya estado contemplada en el viejo Renatre será dada de baja. El primer ejemplo fue el área de investigaciones estadísticas, ya desmantelada. También desactivarán cualquier trabajo conjunto con el Ministerio Público Fiscal para denunciar casos de trata. En lo que va de la nueva gestión, no se realizaron fiscalizaciones. Los trabajadores de las distintas delegaciones no reciben ningún tipo de directiva.
Más grave aun es el hecho de que muchos peones rurales que habían quebrado la barrera del miedo para denunciar a sus empleadores, dejaron de recurrir a las oficinas del Renatea porque saben que las cosas cambiaron. El Momo hacía del Renatre su caja para volcar recursos a la estructura política montada desde el gremio. En 2011, último año de gestión del Momo, el Renatre recibió ingresos correspondiente a los aportes de los trabajadores (Código 97 según AFIP) por 156,3 millones de pesos, que sumado a otros ingresos totalizaba una caja de 183 millones de pesos. De ese total, 97,9 millones correspondían a un fondo de reserva colocado en un plazo fijo. De los restantes 85,1 millones de pesos que manejaba el sindicalista junto a las patronales agropecuarias, 29 millones de pesos correspondían al rubro sueldos de los principales directivos del Renatre.
Los críticos del Momo Venegas sostienen que la inmensa masa de recursos puesta en los bolsillos de los dirigentes debía complementarse con el ocultamiento del trabajo no registrado y las condiciones de vida infrahumanas de muchos peones rurales. Para ello, el Momo tercerizó en Gregard SA la fiscalización en los campos. Sólo en 2010 y 2011, el Renatre le pagó a esta sociedad un total de 10 millones de pesos. Es decir, Venegas distribuía recursos entre sus directivos, tercerizaba a empresas privadas la fiscalización y no cobraba las supuestas multas a los empresarios.
Uno de los primeros en oficiar de anfitrión ante las nuevas autoridades del Renatea fue el secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci. Sobre Ayala y Bazán, manifestó: “Ellos tienen a su cargo importantes tareas para que esta institución vuelva a pertenecer a sus legítimos dueños, los trabajadores del campo y los empresarios que han colaborado a realizar esta tarea”. La primera señal de las declaraciones de este funcionario es que las empresas, que son los sujetos controlados, formarán parte nuevamente del registro.
Las charlas ocurrieron antes de las fiestas de Navidad. En una de las reuniones se presentaron todas las líneas de gerentes y subgerentes, en la que habló Alberto Brondo, designado gerente de Gestión y Políticas Públicas Territoriales. El no sólo explicitó que desmantelarán el Renatea sino que ratificó que los peones que estén en la informalidad quedarán en un segundo plano. “Nosotros atendemos a trabajadores rurales. A partir de ahora, no me interesa como fue antes. Somos agentes de este organismo que se llama Renatea y pasará a llamarse Renatre. El registro se compone de una faz registral, la registración del trabajador para que pueda tener todos los beneficios. Vamos a defender exclusivamente a aquel que esté inscripto, formalizado y luego veremos de ocuparnos de aquel que no está registrado. Dejaremos para después, a través de los planes, a aquellos que no estén registrados”, admitió Bronco.
El Renatre pagó 29 millones de pesos en sueldos en 2011, su último año de existencia. El propio Venegas llegó a cobrar aquel año un haber bruto total de 458.915 pesos, sumado a otros 339.435 pesos como viáticos remunerativos. En total, fueron 798.350 pesos obtenidos del Renatre que puso al servicio de su proyecto político. Ese año, Venegas también cobró 346.669 pesos como titular de la Uatre y otros 340.645 pesos como responsable de la obra social del gremio (Osprera). Esos 29 millones de pesos de sueldos se repartían entre los cuatro directores por la Uatre, más otros cuatro por cada una de las patronales agropecuarias, más los responsables de cada seccional, quienes tributaban a cada una de las organizaciones que formaban parte del registro, ya sea el gremio o las entidades de la Mesa de Enlace.
Las palabras de Ayala, luego de aplacada su algarabía inicial, son reveladoras. “Voy a repetir una frase de nuestro conductor, y secretario general (Venegas) que dice: Acá, como en la Uatre, todos los que cobramos un sueldo de los tres organismos (Uatre, Renatre y la obra social Osprera) lo hacemos gracias al aporte de todos los trabajadores rurales. Los que no estén comprometidos con nuestra causa, no van a tener lugar acá”, sentenció Ayala. Y concluyó: “No vamos a hacer ninguna caza de brujas, venimos simplemente a hacernos cargo de un organismos que nos fue usurpado por el gobierno saliente. Hoy la justicia ha hecho justicia devolviéndonos lo que nos pertenece”.
Por último, Ranulfo Bazán confirmó que el mandato de Macri fue que el organismo deje de depender presupuestariamente del Estado nacional y aseguró que echarán trabajadores: “Cumpliremos con el mandato en relación a la rendición de cuentas por algunos abusos de incorporaciones. El gobierno ha dicho que no convalidará las incorporaciones de último momento. Haremos una revisión completa de la planta de personal”.
Por Sebastián Premici
“La labor de los inspectores es crucial al momento de detectar hechos y víctimas de trabajo forzoso, reducción a la servidumbre u otra condición análoga a ésta. Porque en la inmensa mayoría de las veces esas relaciones ilícitas se producen puertas o tranqueras adentro”, indicó la Protex.
“Es universalmente conocido que el sector de la agricultura constituye uno de los mercados más sensibles a la trata, explotación de personas y trabajo forzoso. Como respuesta a este escenario desarrollamos algunas sinergias”, sostuvo el organismo que depende del Ministerio Público Fiscal. Como parte de esa labor conjunta se institucionalizó un mecanismo de comunicación para fiscalizaciones programadas, lo que permitió el abordaje territorial de esta problemática. También se avanzó en la colaboración en jornadas o campañas de registración e información hacia trabajadores rurales, como una faceta preventiva de la explotación. Y en conjunto, ambos organismos realizaron investigaciones preliminares a partir del cumplimiento del Poder de Policía del Trabajo de los inspectores de Renatea. A partir de estos trabajos de investigación, la Protex lleva adelante 23 causas federales por trata laboral. A modo de resumen, Página/12 da cuenta de algunos procedimientos:
- 1479/15: (Fiscalnet 112206/ 2014). Caso de trata con fin de explotación laboral en Las Tinajas, Santiago del Estero. Renatea colaboró con el envío de antecedentes sobre denuncias e inspecciones en el lugar. La Investigación se remitió a la Fiscalía Federal de Santiago del Estero.
- 1862/15: Se inició a partir de actuaciones remitidas por la Fundación María de los Ángeles (Formulario nro. 0218) en las que se puso en conocimiento una situación de explotación laboral acontecida en tres quintas ubicadas en la localidad de Abasto, Partido de La Plata. El Renatea realizó la fiscalización de los tres predios remitiendo un informe con una detallada descripción y documentación fotográfica de las quintas.
- 12/14: Fiscalía Federal de Posadas autos nro. 6070/2014. El expediente tuvo su inicio con la denuncia efectuada por la Delegación Posadas del Renatea en virtud de la inspección realizada el 30 de enero de 2014 en un predio rural ubicado en Garupá, Misiones. Se identificaron más de 60 trabajadores en condiciones de explotación (Caso Ramón Puerta).
Los argumentos del oficialismo
–¿Qué balance hace de la primera reunión de la paritaria?
–Primero, que la negociación debió haber empezado en enero. Las primeras propuestas de los gobiernos siempre son bajas pero en este caso además de insuficiente (por el porcentaje) es inconsistente por la forma de pago: 4 por ciento en enero y 6 por ciento en marzo significan 434 pesos hasta agosto, cuando pasarían a 610 pesos más un plus que llevarían el porcentaje el 23,6. Si la boleta de luz va a venir con aumentos del 500 o 600 por ciento y el aumento es de 400 pesos la oferta es inconsistente. Y es insuficiente porque no recupera el poder adquisitivo del salario. El Gobierno se tiene que dar cuenta de esa realidad. Entiendo que pretenden establecer un techo del 25 por ciento y más allá de que (el jefe de gabinete) Marcos Peña lo desestimó a nosotros nos dicen que la pauta de Economía es que no pueden superar el 25 por ciento.
–Lleva años negociando paritarias con gobiernos peronistas. ¿Encuentra diferencia en los nuevos interlocutores?
–No, en términos de negociaciones todos los gobiernos cuando asumen intentan tener diálogo con los docentes. En particular en esta gestión tanto la Dirección General de Cultura y Educación como el ministerio tienen predisposición al diálogo, que de alguna manera se contradice con las propuestas que hacen en materia económica. Han dicho que la educación y los docentes son prioridad pero estas propuestas no demuestran lo expresado en campaña. Ahí vemos que se plantea una negociación compleja, seguramente por las pautas que establece la estrategia política del gobierno nacional. Eso le da mayor complejidad a la discusión.
–El Gobierno instaló como parámetros aumentos del 20 al 25 por ciento, lejos de las expectativas de los sindicatos. ¿Qué escenario imagina para el mediano plazo teniendo en cuenta que la paritaria docente suele convertirse en referencia?
–Nosotros estamos pensando en el 12 de febrero (la segunda reunión) más que en el 29 (cuando deben comenzar las clases) y esperamos que presenten una propuesta consistente. Es clave que el gobierno entienda que tiene que priorizar la educación pública y que el salario docente se debe tomar seriamente, como los salarios de todos los trabajadores. Si el gobierno dice priorizar a los docentes y está en búsqueda de una educación de calidad lo primero debe ser el reconocimietno salarial por la tarea. En ese punto el escenario que pensamos debería ser de razonabilidad, de racionalidad, que permita avanzar en la negociación colectiva. Obviamente si el Gobierno persiste en una propuesta que implica la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y de los docentes en particular, eso hacia adelante significará un escenario de conflicto.
–Uno de los sellos distintivos de la gestión Macri son los despidos de empleados públicos. ¿Teme por el gremio docente?
–Ante todo rechazamos en forma categórica los despidos de empleados públicos y la adjetivación de “ñoquis” porque bajo el argumento de que “no quieren ñoquis” buscan producir un fuerte ajuste en el Estado. En provincia de Buenos Aires, más allá de algunas dependencias, no se dio en forma tan masiva como en Nación. En el caso de los docentes hace tres años logramos en paritarias la estabilidad de 370 mil docentes en todo el país. Han quedado afuera, como precarizados en algunas provincias, docentes de los programas socioeducativos que sostiene el Ministerio de Educación de la Nación, como el plan Fines, las orquestas juveniles, el programa de formación docente, entre otros. Le planteamos como prioridad al gobierno nacional que estos programas continúen y (el ministro Esteban) Bullrich garantizó que iban a continuar. Por supuesto aspiramos a poder avanzar en la estabilidad y en la paritaria actual vamos a reclamar que los aumentos se trasladan a estos programas.
–El viernes, cuando se concrete la segunda reunión, van a faltar sólo 17 días para el inicio de clases. ¿Es optimista en llegar a un acuerdo antes de esa fecha?
–Más que optimista soy prudente en imaginar escenarios. Prefiero la prudencia porque creo que hay gran expectativa del conjunto de la sociedad para que se inicie el ciclo lectivo, todos los papás lo quieren. Pero también saben de los aumentos, saben que la pérdida del poder adquisitivo no es del 20 por ciento y que los docentes necesitamos salarios justos. Estamos poniendo la mejor predisposición al diálogo para resolver esta situación en la mesa de paritarias. Es más, venimos reclamando desde diciembre, con la debida antelación. Para que no haya un escenario de conflicto hace falta decisión política. Así como no han tenido reparos en tomar decisiones políticas como la devaluación, la quita de retenciones (que no benefició sólo a pequeños productores sino a los sectores más concentrados), los aumentos de combustibles (cuando el precio del barril de petróleo baja a nivel mundial acá lo aumentan), aumentos de tarifas de entre un 500 y un 700 por ciento para una gran fraja de la población, y están pendientes aumentos del transporte público y gas, entonces de ninguna manera el gobierno puede pedirle a los docentes que con 400 pesos en marzo hagamos frente a todas estas obligaciones. Porque tenemos familias y debemos sostener las cuentas como todo trabajador. En el caso mío y de muchísimos docentes mandamos a nuestros chicos a la escuela pública. Tengo cuatro hijos, una nena que empieza el jardín y me encantaría que el 29 empiecen las clases. Pero también que el gobierno sea consciente de la situación de los trabajadores de la educación a partir de las medidas que tomaron y den respuestas positivas.
–Le iba a preguntar justamente sobre su balance de las primeras medidas del Gobierno, pero es claro que es negativo.
–Es que bajo el argumento del reordenamiento han hecho una fenomenal transferencia de recursos a los sectores más concentrados de la economía en perjuicio de los trabajadores. Si no hay paritarias libres, si intentan poner un techo y perdemos poder adquisitivo van a perjudicar también a las pequeñas y medianas industrias ya que eso deriva en caída del consumo, parate de la producción, suspensiones y despidos no sólo en el sector estatal sino también en el privado. Es un camino que lleva a enfriar la economía y de alguna manera a avalar la estrategia de Prat-Gay cuando plantea que los sindicatos saben dónde aprieta el zapato, si defienden puestos o salarios, en función de que si hay un ejército de desocupados se sabe que la discusión salarial va a la baja. Muchas veces las patronales extorsionan con esas palabras del ministro, “aumentos o despidos”, y no estamos dispuestos a que esto vuelva a suceder en el país porque acá algunos viven bien y la mayoría mal.
–Como dirigente de la CTA, ¿piensa que es posible un mayor acercamiento entre las centrales sindicales en este escenario?
–Creo que sí y propicio la unidad del movimiento obrero. Como CTA de los Trabajadores estamos absolutamente predispuestos y generando estrategias para acercar a las diferentes expresiones del movimiento obrero. Cuando se llevan adelante políticas que afectan los ingresos de los trabajadores, lo más inteligente y lo más correcto es unir fuerzas en función de defender los intereses de la clase trabajadora. No hay posibilidad de defender a los trabajadores si no se avanza en niveles de unidad y organización, por eso es clave un acercamiento entre las centrales. Esto no quiere decir que de un día para el otro se van a fusionar, porque hay diferentes expresiones, diferentes trayectorias, eso hay que entenderlo, pero creo que tenemos que ponernos de acuerdo en lo básico: defender el trabajo de los argentinos, los salarios y la continuidad de políticas públicas que vayan en el sentido de terminar con la pobreza y la indigencia y tener un país con una justa distribución de la riqueza, no con más concentración en algunos sectores en detrimento del conjunto de la sociedad.
–Usted estuvo en Jujuy tras la detención de Milagro Sala para denunciar la criminalización de la protesta y antes en La Plata repudiando la represión a los municipales. ¿Cómo imagina la respuesta del gobierno ante un escenario de movilizaciones y reclamos crecientes?
–¿Cómo debería ser la respuesta del gobierno? Debería aceptar que las organizaciones sociales, sindicales y diferentes instituciones tenemos derechos legítimos a la protesta y a la huelga cuando hay políticas que afectan los intereses del conjunto. ¿Cómo la imagino? Lamentablemente no son para nada alentadoras las respuestas que han dado primero con Cresta Roja, con represión. Con Milagro Sala, un encarcelamiento por montar un campamento y una acusación de tumulto e instigación al delito. En Río Negro, con la detención de compañeros de la CTA autónoma Y en La Plata, cuando los trabajadores salieron a reclamar por 4500 despidos y los reprimieron brutalmente. El gobierno tiene que aceptar el juego democrático en cuanto a que la protesta es legítima y el derecho de huelga es constitucional. ¿Cómo lo imagino? Lamentablemente en una estrategia de criminalizar la protesta social, demonizar a los dirigentes que salen a pelear, mentir sobre esos dirigentes, tratar de deslegitimarlos, reprimirlos y encarcelarlos. El gobierno está tomando una línea peligrosa, que no es democrática y que está a tiempo de revertir. Es uno de los temas que las centrales sindicales deberían hablar con el gobierno: los despidos, cómo se sostiene el trabajo, como se recupera el poder adquisitivo, y plantear que no se pude criminalizar la protesta social, que es un derecho de los trabajadores, de los movimientos sociales y de los ciudadanos.
EL MINISTRO DEL INTERIOR DIO A ENTENDER QUE PODRIA HABER MAS DESPIDOS
Por Sebastián Premici
Desde que recuperó el control del Renatea, el organismo encargado de fiscalizar las condiciones de trabajo en el agro, el Momo Venegas se dedicó a desmantelar todo lo avanzado en los últimos dos años en materia de blanqueo de los trabajadores y de denuncias por trata de personas y explotación laboral. Con 600 despidos en carpeta, sólo quedarán en pie las áreas que le aseguran negocios
EL PLAN DE GERONIMO VENEGAS PARA DISOLVER EL RENATEA Y REINSTAURAR EL VIEJO RENATRE
Con el Momo a la cabeza del desmantelamiento
Las nuevas autoridades del Registro de Trabajadores Agrarios avisaron que cerrarán áreas y echarán a 600 personas. Además, dejarán de prestar colaboración con el Ministerio Público Fiscal en las denuncias por casos de trata y trabajo infantil.
Por Sebastián Premici
Por Sebastián Premici
Los hombres de Venegas prometen arrasar con todo en el Renatea gracias al respaldo incondicional de Macri.Imagen: DyN
Las nuevas autoridades del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea), Ramón Ayala y Ranulfo Bazán, que operan bajo las órdenes de Gerónimo “Momo” Venegas, decidieron frenar las áreas clave del organismo: la fiscalización en el territorio, la registración, y las denuncias por casos de trata y explotación laboral. El plan de Venegas es volver al viejo registro (Renatre), un organismo manejado por la Uatre y las patronales agropecuarias como la Sociedad Rural, CRA, Coninagro y FAA. Dentro de este plan de desmantelamiento, las nuevas autoridades ya avisaron que echarán a 600 personas dedicadas a trabajar en el territorio. Además, dejarán de prestar colaboración con el Ministerio Público Fiscal en las denuncias por casos de trata y trabajo infantil
Las nuevas autoridades del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea), Ramón Ayala y Ranulfo Bazán, que operan bajo las órdenes de Gerónimo “Momo” Venegas, decidieron frenar las áreas clave del organismo: la fiscalización en el territorio, la registración, y las denuncias por casos de trata y explotación laboral. El plan de Venegas es volver al viejo registro (Renatre), un organismo manejado por la Uatre y las patronales agropecuarias como la Sociedad Rural, CRA, Coninagro y FAA. Dentro de este plan de desmantelamiento, las nuevas autoridades ya avisaron que echarán a 600 personas dedicadas a trabajar en el territorio. Además, dejarán de prestar colaboración con el Ministerio Público Fiscal en las denuncias por casos de trata y trabajo infantil
El organismo ya despidió a 30 personas y disolvió el área dedicada a las investigaciones económicas y sociales vinculadas a la vida rural. Las capacitaciones volverán a tercerizarse a la Uatre. El organismo sólo manejará el seguro por desempleo, es decir, la caja con la que el Momo Venegas financió parte de su estructura política.
Entre 2013 y 2015, el Renatea realizó denuncias penales que involucraron a más de 1000 víctimas de casos de trata laboral. También registraron como peones rurales a más de 120.000 trabajadores e inscribieron a 9500 nuevos empleadores. El dato más impactante que da cuenta de lo que hizo el Renatea y no hacía Venegas es que del total de peones que figuraban en el Renatre hacia fines de 2011, sólo el 42 por ciento tenía aportes registrados por la AFIP. Actualmente, la ecuación es del 84 por ciento.
Si bien este dato habla de la inacción del Momo, hay otro que permite cerrar el cuadro de la connivencia con las empresas agropecuarias: Al 31 de diciembre de 2011, el Renatre tenía una deuda por contribuciones sin “certificado de deuda” emitido por un total de 49 millones de pesos. De ese total, la Sigen descubrió que el organismo no había hecho ningún tipo de gestión para cobrar un total de 38,7 millones de pesos adeudados por las empresas, mientras que las deudas por fiscalización ascendían a 14 millones de pesos.
El proceso de desmantelamiento que llevarán adelante Ayala y Bazán había sido incluido en la plataforma electoral de Cambiemos. El fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró la inconstitucionalidad del organismo le dio otro impulso, que ahora fue ratificado por los propios funcionarios macristas.
“Si bien seguimos bajo la órbita del Estado, nuestro compromiso es respetar el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucionales los dos artículos de la ley de Trabajo Agrario, que crearon este organismo, y ordenó a la Cámara a dictar un nuevo fallo que habilite la vuelta del Renatre. Estamos tratando de volver al estado anterior. Hoy son casi 900 empleados, con un fuerte contenido político. Se triplicó el personal”, sostuvo Ramón Ayala, subdirector del organismo.
En 2005, Ayala estuvo preso por una denuncia de abuso sexual. En ese mismo año intentó acceder a la legislatura bonaerense por el duhaldismo, y es un histórico de la Uatre y el Renatre. Por su cargo en el sindicato y en el registro, en 2011 recibió una retribución bruta sumado a viáticos por 606.564 pesos, recursos volcados a la estructura política de Venegas.
Tanto Bazán como Ayala informaron que cuando ellos dejaron el organismo había 300 empleados y que ahora llegaban a los 900. El director del organismo ya le adelantó a los trabajadores que se desempeñan en el edificio central del Renatea, ubicado en la calle San Martín de la Ciudad de Buenos Aires, que echarán a 600 personas. El incremento de personal en todas las provincias obedece a una razón: durante la gestión del Momo Venegas, todo era tercerizado a sociedades anónimas, tanto la fiscalización, la cobranza de multas, como la capacitación. Cuando el Estado recuperó su potestad de fiscalizar, cambió una lógica de connivencia entre los dirigentes de la Uatre y las entidades agropecuarias con los empresarios a los que supuestamente debían controlar.
La ruptura de este vínculo queda plasmada cuando son analizados los resultados del Renatea entre 2012 y 2015, en particular en el capítulo vinculado al trabajo infantil y la trata laboral. Durante la gestión de Venegas no existieron denuncias sobre estos aspectos, que sin dudas ocurrían en distintos campos de la Argentina. Desde su creación hasta 2014, la cantidad de denuncias penales realizadas por el organismo implicaron 746 víctimas potenciales de trata laboral, distribuidas en 16 expedientes que tramitan en juzgados federales. Una de ellas involucra a 40 víctimas halladas en un campo propiedad de Ramón Puerta, futuro embajador en España.
Las 16 denuncias penales corresponden a casos de la ciudad de Concordia (Entre Ríos) con 120 presuntas víctimas de trata laboral; en Areco (provincia de Buenos Aires), se rescataron 106 personas, mientras que en el resto de la provincia de Buenos Aires fueron 145. Los casos en Corrientes fueron 224. Le siguió San Juan, con 45 víctimas. En Misiones hubo 32 víctimas, a las que luego se sumaron las del caso Puerta, seguido por Córdoba (32), Salta (18), Santiago del Estero (17) y Santa Fe (7). En 2008 se dictó la Ley 26.364 que tipificó la trata de personas como delito federal.
Hacia el cierre de 2015, el total de víctimas rescatadas de distintos campos ascendían a 1000. Del total de casos de trata con fines de explotación laboral en la Argentina, el 90 por ciento fueron identificados en actividades agrícolas y de fabricación de productos textiles. A estos guarismos hay que agregarle los 50 menores de edad rescatados.
La nueva gestión del Renatea, que espera devolverle el organismo a la Uatre y las patronales agrarias, anunció entre sus trabajadores que sólo se ocuparán del seguro de desempleo, que puede mover 15 millones de pesos al mes. Cualquier otra actividad que no haya estado contemplada en el viejo Renatre será dada de baja. El primer ejemplo fue el área de investigaciones estadísticas, ya desmantelada. También desactivarán cualquier trabajo conjunto con el Ministerio Público Fiscal para denunciar casos de trata. En lo que va de la nueva gestión, no se realizaron fiscalizaciones. Los trabajadores de las distintas delegaciones no reciben ningún tipo de directiva.
Más grave aun es el hecho de que muchos peones rurales que habían quebrado la barrera del miedo para denunciar a sus empleadores, dejaron de recurrir a las oficinas del Renatea porque saben que las cosas cambiaron. El Momo hacía del Renatre su caja para volcar recursos a la estructura política montada desde el gremio. En 2011, último año de gestión del Momo, el Renatre recibió ingresos correspondiente a los aportes de los trabajadores (Código 97 según AFIP) por 156,3 millones de pesos, que sumado a otros ingresos totalizaba una caja de 183 millones de pesos. De ese total, 97,9 millones correspondían a un fondo de reserva colocado en un plazo fijo. De los restantes 85,1 millones de pesos que manejaba el sindicalista junto a las patronales agropecuarias, 29 millones de pesos correspondían al rubro sueldos de los principales directivos del Renatre.
Los críticos del Momo Venegas sostienen que la inmensa masa de recursos puesta en los bolsillos de los dirigentes debía complementarse con el ocultamiento del trabajo no registrado y las condiciones de vida infrahumanas de muchos peones rurales. Para ello, el Momo tercerizó en Gregard SA la fiscalización en los campos. Sólo en 2010 y 2011, el Renatre le pagó a esta sociedad un total de 10 millones de pesos. Es decir, Venegas distribuía recursos entre sus directivos, tercerizaba a empresas privadas la fiscalización y no cobraba las supuestas multas a los empresarios.
QUE LE DIJERON LOS DELEGADOS DE VENEGAS AL PERSONAL DEL RENATEA
Cómo fue el desembarco
“Recuperamos lo que es nuestro”, gritaba Ramón Ayala, un histórico de la Uatre, el día que volvió a ingresar al edificio donde funciona el Renatea. “Los que no estén comprometidos con nuestra causa, no van a tener lugar acá”, sentenció.
Por Sebastián Premici
Por Sebastián Premici
Muchas delegaciones del interior del Renatea comenzarán a ser cerradas.
El subdirector del Renatea, Ramón Ayala, pisó nuevamente el organismo el pasado 22 de diciembre. “Recuperamos lo que es nuestro”, gritaba el histórico de la Uatre. Las nuevas autoridades no disimularon ni un segundo sus verdaderas intenciones, en parte porque ya habían sido legitimados por Mauricio Macri y la Corte Suprema de Justicia. Los cambios que se vienen fueron explicados por ellos mismos, en distintos encuentros con los trabajadores de la sede central del organismo. Página/12 accedió a los audios de esos encuentros que ratifican el futuro desmantelamiento del organismo, tal cual fue concebido desde 2012.
El subdirector del Renatea, Ramón Ayala, pisó nuevamente el organismo el pasado 22 de diciembre. “Recuperamos lo que es nuestro”, gritaba el histórico de la Uatre. Las nuevas autoridades no disimularon ni un segundo sus verdaderas intenciones, en parte porque ya habían sido legitimados por Mauricio Macri y la Corte Suprema de Justicia. Los cambios que se vienen fueron explicados por ellos mismos, en distintos encuentros con los trabajadores de la sede central del organismo. Página/12 accedió a los audios de esos encuentros que ratifican el futuro desmantelamiento del organismo, tal cual fue concebido desde 2012.
Uno de los primeros en oficiar de anfitrión ante las nuevas autoridades del Renatea fue el secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci. Sobre Ayala y Bazán, manifestó: “Ellos tienen a su cargo importantes tareas para que esta institución vuelva a pertenecer a sus legítimos dueños, los trabajadores del campo y los empresarios que han colaborado a realizar esta tarea”. La primera señal de las declaraciones de este funcionario es que las empresas, que son los sujetos controlados, formarán parte nuevamente del registro.
Las charlas ocurrieron antes de las fiestas de Navidad. En una de las reuniones se presentaron todas las líneas de gerentes y subgerentes, en la que habló Alberto Brondo, designado gerente de Gestión y Políticas Públicas Territoriales. El no sólo explicitó que desmantelarán el Renatea sino que ratificó que los peones que estén en la informalidad quedarán en un segundo plano. “Nosotros atendemos a trabajadores rurales. A partir de ahora, no me interesa como fue antes. Somos agentes de este organismo que se llama Renatea y pasará a llamarse Renatre. El registro se compone de una faz registral, la registración del trabajador para que pueda tener todos los beneficios. Vamos a defender exclusivamente a aquel que esté inscripto, formalizado y luego veremos de ocuparnos de aquel que no está registrado. Dejaremos para después, a través de los planes, a aquellos que no estén registrados”, admitió Bronco.
El Renatre pagó 29 millones de pesos en sueldos en 2011, su último año de existencia. El propio Venegas llegó a cobrar aquel año un haber bruto total de 458.915 pesos, sumado a otros 339.435 pesos como viáticos remunerativos. En total, fueron 798.350 pesos obtenidos del Renatre que puso al servicio de su proyecto político. Ese año, Venegas también cobró 346.669 pesos como titular de la Uatre y otros 340.645 pesos como responsable de la obra social del gremio (Osprera). Esos 29 millones de pesos de sueldos se repartían entre los cuatro directores por la Uatre, más otros cuatro por cada una de las patronales agropecuarias, más los responsables de cada seccional, quienes tributaban a cada una de las organizaciones que formaban parte del registro, ya sea el gremio o las entidades de la Mesa de Enlace.
Las palabras de Ayala, luego de aplacada su algarabía inicial, son reveladoras. “Voy a repetir una frase de nuestro conductor, y secretario general (Venegas) que dice: Acá, como en la Uatre, todos los que cobramos un sueldo de los tres organismos (Uatre, Renatre y la obra social Osprera) lo hacemos gracias al aporte de todos los trabajadores rurales. Los que no estén comprometidos con nuestra causa, no van a tener lugar acá”, sentenció Ayala. Y concluyó: “No vamos a hacer ninguna caza de brujas, venimos simplemente a hacernos cargo de un organismos que nos fue usurpado por el gobierno saliente. Hoy la justicia ha hecho justicia devolviéndonos lo que nos pertenece”.
Por último, Ranulfo Bazán confirmó que el mandato de Macri fue que el organismo deje de depender presupuestariamente del Estado nacional y aseguró que echarán trabajadores: “Cumpliremos con el mandato en relación a la rendición de cuentas por algunos abusos de incorporaciones. El gobierno ha dicho que no convalidará las incorporaciones de último momento. Haremos una revisión completa de la planta de personal”.
ALGUNAS DENUNCIAS DEL RENATEA
Los casos de trata laboralPor Sebastián Premici
El informe titulado “Trata Laboral en la Argentina” producido en 2014 por la Procuraduría contra la trata de personas y explotación laboral (Protex) indicó que un 28,5 por ciento de los casos iniciados en el sistema federal argentino por trata de personas con fin de explotación laboral corresponde a la agricultura. Según el Ministerio de Trabajo, entre el sector agropecuario y el textil se explica el 90 por ciento de los casos de explotación laboral en el país. La cooperación entre el Renatea y la Protex fue fundamental para llevar adelante procedimientos que permitieron rescatar 1000 potenciales víctimas de trata, y cincuenta menores de edad.
“La labor de los inspectores es crucial al momento de detectar hechos y víctimas de trabajo forzoso, reducción a la servidumbre u otra condición análoga a ésta. Porque en la inmensa mayoría de las veces esas relaciones ilícitas se producen puertas o tranqueras adentro”, indicó la Protex.
“Es universalmente conocido que el sector de la agricultura constituye uno de los mercados más sensibles a la trata, explotación de personas y trabajo forzoso. Como respuesta a este escenario desarrollamos algunas sinergias”, sostuvo el organismo que depende del Ministerio Público Fiscal. Como parte de esa labor conjunta se institucionalizó un mecanismo de comunicación para fiscalizaciones programadas, lo que permitió el abordaje territorial de esta problemática. También se avanzó en la colaboración en jornadas o campañas de registración e información hacia trabajadores rurales, como una faceta preventiva de la explotación. Y en conjunto, ambos organismos realizaron investigaciones preliminares a partir del cumplimiento del Poder de Policía del Trabajo de los inspectores de Renatea. A partir de estos trabajos de investigación, la Protex lleva adelante 23 causas federales por trata laboral. A modo de resumen, Página/12 da cuenta de algunos procedimientos:
- 1479/15: (Fiscalnet 112206/ 2014). Caso de trata con fin de explotación laboral en Las Tinajas, Santiago del Estero. Renatea colaboró con el envío de antecedentes sobre denuncias e inspecciones en el lugar. La Investigación se remitió a la Fiscalía Federal de Santiago del Estero.
- 1862/15: Se inició a partir de actuaciones remitidas por la Fundación María de los Ángeles (Formulario nro. 0218) en las que se puso en conocimiento una situación de explotación laboral acontecida en tres quintas ubicadas en la localidad de Abasto, Partido de La Plata. El Renatea realizó la fiscalización de los tres predios remitiendo un informe con una detallada descripción y documentación fotográfica de las quintas.
- 12/14: Fiscalía Federal de Posadas autos nro. 6070/2014. El expediente tuvo su inicio con la denuncia efectuada por la Delegación Posadas del Renatea en virtud de la inspección realizada el 30 de enero de 2014 en un predio rural ubicado en Garupá, Misiones. Se identificaron más de 60 trabajadores en condiciones de explotación (Caso Ramón Puerta).
Los argumentos del oficialismo
Para justificar el desmantelamiento, la nueva conducción del Renatea emitió un comunidado donde informó que el organismo “no realizó concurso alguno para más de 500 empleados incorporados a su planta de personal, ni tampoco logró la ejecución efectiva de centenares de denuncias legales, efectuadas por trabajo no registrado de trabajadores rurales”. Así lo informó la gerente Legal, Técnica y Administrativa del Renatea, Erica Utrera, a cargo del área en la gestión encabezada por el director del Registro, Ranulfo Bazán. Utrera sostuvo que “ninguna de las actuaciones judiciales iniciadas por el Renatea por trabajo no registrado de trabajadores rurales en todo el país, fue ejecutada en sus cuatro años de existencia. Los únicos juicios de cumplimiento efectivo por trabajo no registrado en la actualidad, corresponden a presentaciones realizadas por el Renatre histórico”.
EL TITULAR DE SUTEBA, ROBERTO BARADEL, HACE SU BALANCE LUEGO DE LA PRIMERA REUNION POR LAS PARITARIAS
“Esperamos una propuesta consistente”
El representante de los docentes bonaerenses advierte sobre la posibilidad de un escenario de conflicto luego del rechazo a la primera oferta del gobierno de María Eugenia Vidal. Los despidos y la criminalización de la protesta.
“El Gobierno hizo una fenomenal transferencia de recursos a los sectores más concentrados”, dice Baradel.Imagen: DyN
“Para que no haya un escenario de conflicto hace falta decisión política”, advierte el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, luego de rechazar el 23,6 por ciento de aumento que el gobierno de María Eugenia Vidal ofreció en la primera reunión de la paritaria docente bonaerense. Miembro de la junta ejecutiva de Ctera nacional, Baradel repudia los despidos de estatales, destaca que “bajo el argumento del reordenamiento el gobierno ha hecho una fenomenal transferencia de recursos a los sectores más concentrados de la economía”, señala que “como CTA de los Trabajadores estamos absolutamente predispuestos y generando estrategias para acercar a las diferentes expresiones del movimiento obrero” y manifiesta su preocupación por lo que advierte como “una estrategia (de la gestión Cambiemos) de criminalizar la protesta social, demonizar a los dirigentes que salen a pelear y luchar ante el conjunto de la sociedad, mentir para tratar de deslegitimarlos, reprimirlos y encarcelarlos”. “Creo que el gobierno está tomando una línea absolutamente peligrosa, que no es democrática y que está a tiempo de revertir”, dice.
“Para que no haya un escenario de conflicto hace falta decisión política”, advierte el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, luego de rechazar el 23,6 por ciento de aumento que el gobierno de María Eugenia Vidal ofreció en la primera reunión de la paritaria docente bonaerense. Miembro de la junta ejecutiva de Ctera nacional, Baradel repudia los despidos de estatales, destaca que “bajo el argumento del reordenamiento el gobierno ha hecho una fenomenal transferencia de recursos a los sectores más concentrados de la economía”, señala que “como CTA de los Trabajadores estamos absolutamente predispuestos y generando estrategias para acercar a las diferentes expresiones del movimiento obrero” y manifiesta su preocupación por lo que advierte como “una estrategia (de la gestión Cambiemos) de criminalizar la protesta social, demonizar a los dirigentes que salen a pelear y luchar ante el conjunto de la sociedad, mentir para tratar de deslegitimarlos, reprimirlos y encarcelarlos”. “Creo que el gobierno está tomando una línea absolutamente peligrosa, que no es democrática y que está a tiempo de revertir”, dice.
–¿Qué balance hace de la primera reunión de la paritaria?
–Primero, que la negociación debió haber empezado en enero. Las primeras propuestas de los gobiernos siempre son bajas pero en este caso además de insuficiente (por el porcentaje) es inconsistente por la forma de pago: 4 por ciento en enero y 6 por ciento en marzo significan 434 pesos hasta agosto, cuando pasarían a 610 pesos más un plus que llevarían el porcentaje el 23,6. Si la boleta de luz va a venir con aumentos del 500 o 600 por ciento y el aumento es de 400 pesos la oferta es inconsistente. Y es insuficiente porque no recupera el poder adquisitivo del salario. El Gobierno se tiene que dar cuenta de esa realidad. Entiendo que pretenden establecer un techo del 25 por ciento y más allá de que (el jefe de gabinete) Marcos Peña lo desestimó a nosotros nos dicen que la pauta de Economía es que no pueden superar el 25 por ciento.
–Lleva años negociando paritarias con gobiernos peronistas. ¿Encuentra diferencia en los nuevos interlocutores?
–No, en términos de negociaciones todos los gobiernos cuando asumen intentan tener diálogo con los docentes. En particular en esta gestión tanto la Dirección General de Cultura y Educación como el ministerio tienen predisposición al diálogo, que de alguna manera se contradice con las propuestas que hacen en materia económica. Han dicho que la educación y los docentes son prioridad pero estas propuestas no demuestran lo expresado en campaña. Ahí vemos que se plantea una negociación compleja, seguramente por las pautas que establece la estrategia política del gobierno nacional. Eso le da mayor complejidad a la discusión.
–El Gobierno instaló como parámetros aumentos del 20 al 25 por ciento, lejos de las expectativas de los sindicatos. ¿Qué escenario imagina para el mediano plazo teniendo en cuenta que la paritaria docente suele convertirse en referencia?
–Nosotros estamos pensando en el 12 de febrero (la segunda reunión) más que en el 29 (cuando deben comenzar las clases) y esperamos que presenten una propuesta consistente. Es clave que el gobierno entienda que tiene que priorizar la educación pública y que el salario docente se debe tomar seriamente, como los salarios de todos los trabajadores. Si el gobierno dice priorizar a los docentes y está en búsqueda de una educación de calidad lo primero debe ser el reconocimietno salarial por la tarea. En ese punto el escenario que pensamos debería ser de razonabilidad, de racionalidad, que permita avanzar en la negociación colectiva. Obviamente si el Gobierno persiste en una propuesta que implica la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y de los docentes en particular, eso hacia adelante significará un escenario de conflicto.
–Uno de los sellos distintivos de la gestión Macri son los despidos de empleados públicos. ¿Teme por el gremio docente?
–Ante todo rechazamos en forma categórica los despidos de empleados públicos y la adjetivación de “ñoquis” porque bajo el argumento de que “no quieren ñoquis” buscan producir un fuerte ajuste en el Estado. En provincia de Buenos Aires, más allá de algunas dependencias, no se dio en forma tan masiva como en Nación. En el caso de los docentes hace tres años logramos en paritarias la estabilidad de 370 mil docentes en todo el país. Han quedado afuera, como precarizados en algunas provincias, docentes de los programas socioeducativos que sostiene el Ministerio de Educación de la Nación, como el plan Fines, las orquestas juveniles, el programa de formación docente, entre otros. Le planteamos como prioridad al gobierno nacional que estos programas continúen y (el ministro Esteban) Bullrich garantizó que iban a continuar. Por supuesto aspiramos a poder avanzar en la estabilidad y en la paritaria actual vamos a reclamar que los aumentos se trasladan a estos programas.
–El viernes, cuando se concrete la segunda reunión, van a faltar sólo 17 días para el inicio de clases. ¿Es optimista en llegar a un acuerdo antes de esa fecha?
–Más que optimista soy prudente en imaginar escenarios. Prefiero la prudencia porque creo que hay gran expectativa del conjunto de la sociedad para que se inicie el ciclo lectivo, todos los papás lo quieren. Pero también saben de los aumentos, saben que la pérdida del poder adquisitivo no es del 20 por ciento y que los docentes necesitamos salarios justos. Estamos poniendo la mejor predisposición al diálogo para resolver esta situación en la mesa de paritarias. Es más, venimos reclamando desde diciembre, con la debida antelación. Para que no haya un escenario de conflicto hace falta decisión política. Así como no han tenido reparos en tomar decisiones políticas como la devaluación, la quita de retenciones (que no benefició sólo a pequeños productores sino a los sectores más concentrados), los aumentos de combustibles (cuando el precio del barril de petróleo baja a nivel mundial acá lo aumentan), aumentos de tarifas de entre un 500 y un 700 por ciento para una gran fraja de la población, y están pendientes aumentos del transporte público y gas, entonces de ninguna manera el gobierno puede pedirle a los docentes que con 400 pesos en marzo hagamos frente a todas estas obligaciones. Porque tenemos familias y debemos sostener las cuentas como todo trabajador. En el caso mío y de muchísimos docentes mandamos a nuestros chicos a la escuela pública. Tengo cuatro hijos, una nena que empieza el jardín y me encantaría que el 29 empiecen las clases. Pero también que el gobierno sea consciente de la situación de los trabajadores de la educación a partir de las medidas que tomaron y den respuestas positivas.
–Le iba a preguntar justamente sobre su balance de las primeras medidas del Gobierno, pero es claro que es negativo.
–Es que bajo el argumento del reordenamiento han hecho una fenomenal transferencia de recursos a los sectores más concentrados de la economía en perjuicio de los trabajadores. Si no hay paritarias libres, si intentan poner un techo y perdemos poder adquisitivo van a perjudicar también a las pequeñas y medianas industrias ya que eso deriva en caída del consumo, parate de la producción, suspensiones y despidos no sólo en el sector estatal sino también en el privado. Es un camino que lleva a enfriar la economía y de alguna manera a avalar la estrategia de Prat-Gay cuando plantea que los sindicatos saben dónde aprieta el zapato, si defienden puestos o salarios, en función de que si hay un ejército de desocupados se sabe que la discusión salarial va a la baja. Muchas veces las patronales extorsionan con esas palabras del ministro, “aumentos o despidos”, y no estamos dispuestos a que esto vuelva a suceder en el país porque acá algunos viven bien y la mayoría mal.
–Como dirigente de la CTA, ¿piensa que es posible un mayor acercamiento entre las centrales sindicales en este escenario?
–Creo que sí y propicio la unidad del movimiento obrero. Como CTA de los Trabajadores estamos absolutamente predispuestos y generando estrategias para acercar a las diferentes expresiones del movimiento obrero. Cuando se llevan adelante políticas que afectan los ingresos de los trabajadores, lo más inteligente y lo más correcto es unir fuerzas en función de defender los intereses de la clase trabajadora. No hay posibilidad de defender a los trabajadores si no se avanza en niveles de unidad y organización, por eso es clave un acercamiento entre las centrales. Esto no quiere decir que de un día para el otro se van a fusionar, porque hay diferentes expresiones, diferentes trayectorias, eso hay que entenderlo, pero creo que tenemos que ponernos de acuerdo en lo básico: defender el trabajo de los argentinos, los salarios y la continuidad de políticas públicas que vayan en el sentido de terminar con la pobreza y la indigencia y tener un país con una justa distribución de la riqueza, no con más concentración en algunos sectores en detrimento del conjunto de la sociedad.
–Usted estuvo en Jujuy tras la detención de Milagro Sala para denunciar la criminalización de la protesta y antes en La Plata repudiando la represión a los municipales. ¿Cómo imagina la respuesta del gobierno ante un escenario de movilizaciones y reclamos crecientes?
–¿Cómo debería ser la respuesta del gobierno? Debería aceptar que las organizaciones sociales, sindicales y diferentes instituciones tenemos derechos legítimos a la protesta y a la huelga cuando hay políticas que afectan los intereses del conjunto. ¿Cómo la imagino? Lamentablemente no son para nada alentadoras las respuestas que han dado primero con Cresta Roja, con represión. Con Milagro Sala, un encarcelamiento por montar un campamento y una acusación de tumulto e instigación al delito. En Río Negro, con la detención de compañeros de la CTA autónoma Y en La Plata, cuando los trabajadores salieron a reclamar por 4500 despidos y los reprimieron brutalmente. El gobierno tiene que aceptar el juego democrático en cuanto a que la protesta es legítima y el derecho de huelga es constitucional. ¿Cómo lo imagino? Lamentablemente en una estrategia de criminalizar la protesta social, demonizar a los dirigentes que salen a pelear, mentir sobre esos dirigentes, tratar de deslegitimarlos, reprimirlos y encarcelarlos. El gobierno está tomando una línea peligrosa, que no es democrática y que está a tiempo de revertir. Es uno de los temas que las centrales sindicales deberían hablar con el gobierno: los despidos, cómo se sostiene el trabajo, como se recupera el poder adquisitivo, y plantear que no se pude criminalizar la protesta social, que es un derecho de los trabajadores, de los movimientos sociales y de los ciudadanos.
EL MINISTRO DEL INTERIOR DIO A ENTENDER QUE PODRIA HABER MAS DESPIDOS
Una lista negra que no acaba
Rogelio Frigerio advirtió que se encontraron con “más de 70 mil contratos basura” en el Estado. ATE ratificó ayer el paro nacional con movilizaciones lanzado para el 24 de febrero que sumó a la CTA provincia.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el gobernador jujeño Gerardo Morales durante el fin de semana.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró que “la gente” votó a Cambiemos “para poner el Estado en pie”, y a continuación dio a entender que puede haber todavía más despidos en la administración pública, ya que sostuvo que se encontraron con “más de 70 mil contratos basura”. Mientras el funcionario defendía así la política de cesantías masivas del Ejecutivo, la Asociación de Trabajadores del Estado ratificó el paro nacional para el próximo 24 de febrero. “Tenemos contabilizados 20 mil despedidos, de los que se pudieron revertir 5 mil”, señaló Hugo Godoy. El secretario general de ATE agregó que esto indica que “las reincorporaciones son posibles si nos plantamos” para evitar que se desmantelen programas.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró que “la gente” votó a Cambiemos “para poner el Estado en pie”, y a continuación dio a entender que puede haber todavía más despidos en la administración pública, ya que sostuvo que se encontraron con “más de 70 mil contratos basura”. Mientras el funcionario defendía así la política de cesantías masivas del Ejecutivo, la Asociación de Trabajadores del Estado ratificó el paro nacional para el próximo 24 de febrero. “Tenemos contabilizados 20 mil despedidos, de los que se pudieron revertir 5 mil”, señaló Hugo Godoy. El secretario general de ATE agregó que esto indica que “las reincorporaciones son posibles si nos plantamos” para evitar que se desmantelen programas.
Frigerio, como si fuera parte de otro gobierno y no del que está despidiendo a miles de estatales, acusó de haber dejado como herencia “un Estado desmantelado” al kirchnerismo. “Lo que hemos encontrado son más de 70 mil contratos basura. Trabajadores que tenían contratos que no son los contratos que nosotros entendemos que tienen que tener”, declaró.
Con el mismo de recurso de cambiar el sentido de las palabras, el ministro aseguró: “Necesitamos un estado fuerte, activo” y advirtió que “con los contratos basura, por la calidad del contrato que había en el Estado, eso no se puede lograr”. “Heredamos un estado quebrado desde el punto de vista fiscal y financiero, pero sobre todo un estado desmantelado. Necesitamos un Estado fuerte, activo”, enfatizó. “Con los contratos basuras, por la calidad del contrato que había en el estado, eso no se puede lograr.”
Por otra parte, negó que desde la Casa Rosada se busque poner un techo a las paritarias, y anticipó que si la inflación supera el 25 por ciento anual “tendremos que revisar la cosa, porque la restricción es que no haya pérdida de poder del salario”. Frigerio sostuvo que durante el mes de enero “hubo menos inflación que en diciembre”, por lo que reclamó “un voto de confianza”.
ATE realizará un paro nacional el próximo miércoles 24 de febrero, con movilizaciones en todo el país en contra de los despidos. La medida sumó ayer a la CTA provincia, que en un plenario de secretarios generales encabezado por el docente Rodolfo Baradel votó participar de la Jornada Nacional de Protesta en unidad de acción con otras organizaciones, que la CTA a nivel nacional definirá el 11 de febrero pero que tiene como fecha más que posible el 24. Los líderes de las dos CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli, se encaminan a trabajar en unidad de acción y realizar una jornada nacional de protesta conjunta, en la que también confluirían otros movimientos sociales.
A su vez, algunas regionales de la CGT, como es el caso de Córdoba, se declararon en estado de “alerta, movilización y conflicto” por los despidos. La regional anunció que es miércoles presentará un documento con un “análisis de situación” y un plan de lucha.
El secretario de prensa de la CGT Córdoba, Gustavo Rossi, explicó que “la realidad supera toda posibilidad que el gobierno pueda argumentar”. “De noviembre a hoy el aumento indiscriminado de precios ha sido de entre el 30 y 35 por ciento. A eso le tenemos que sumar la devaluación de un 40 por ciento”, dijo el dirigente, que rechazó así además las estimaciones del macrismo sobre un 25 por ciento de inflación anual. “Nosotros ya estamos emitiendo un documento y hablando de un plan de lucha concreto”, advirtió. Según el segundo informe sobre los despidos del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, la ofensiva contra los trabajadores se ha profundizado en el mes de enero, sumando a las cesantías “amenazas generalizadas de despidos y un creciente uso de la fuerza pública contra dirigentes de organizaciones sindicales y sociales”. Los investigadores apuntaron que “la precariedad contractual, que ha alcanzado a miles de trabajadores durante los últimos años, ha facilitado significativamente la tarea de los nuevos funcionarios de turno, que en muchos casos se han limitado a no renovar contratos temporales”. Por esto la gran mayoría de los alcanzados por los despidos han sido los que estaban en una situación de mayor vulnerabilidad, como integrantes de cooperativas, estatales a los que se pagaba como monotributistas y miembros de plantas transitorias.
Acusan al gobernador Morales de manejar "un laboratorio del ajuste"
Domingo 07 de Febrero
Lo afirmó a Rock&Pop la ex candidata a gobernadora jujeña, Natalia Morales, que fue despedida de la Secretaría de Agricultura Familiar.
La ex candidata a gobernadora de Jujuy por el Frente de Izquierda, Natalia Morales, habló con Rock&Pop sobre su despido de la Secretaría de Agricultura Familiar, en la que trabajaba hace once años y que depende del Ministerio de Agroindustria de la Nación.
Al referirse a los despidos en el estado jujeño, Morales sostuvo que “los informaron de manera brutal: a algunos les mandaron mails, que de hecho llegaban a todos los trabajadores, diciendo que les rescindían el contrato”.
“Si a mí que soy dirigente de un partido, que fui candidata, que fui delegada gremial y sigo con fueros gremiales, me despiden, ¿qué les queda al resto de mis compañeros?
Es un mensaje para el resto de los trabajadores, no solamente de disciplinamiento, sino de que no haya ningún tipo de oposición ni trabajadores que puedan denunciar las condiciones de trabajo y el vaciamiento en Agricultura Familiar", agregó.
A su vez, la dirigente del PTS en el Frente de Izquierda acusó al gobernador Gerardo Morales y afirmó que “Jujuy está siendo un laboratorio en cuanto al ajuste y la criminalización de la protesta.
Más allá de las diferencias políticas y metodológicas, seguimos exigiendo la libertad de Milagro Sala porque entendemos que es un avasallamiento a los derechos democráticos más elementales”.
“Sabíamos que si ella sigue detenida iban a ir por más: mi despido y el de mis compañeros está enmarcado en esa situación”, sostuvo Morales y planteó que “somos hijos de la precarización laboral. Si nos despiden de manera tan brutal es porque la precarización laboral la venimos arrastrando de los doce años de kirchnerismo”.
“Jujuy está siendo un laboratorio en cuanto al ajuste y la criminalización de la protesta" Finalmente, la dirigente consideró que “es muy claro que expresa no solo las políticas de ajuste que se están dando a nivel nacional y en la provincia también, sino el avance de los despidos por persecución política e ideológica”.
“Fui candidata a gobernadora de Jujuy, y como Frente de Izquierda salimos tercera fuerza. Saben que somos una oposición clara como alternativa de los trabajadores y demás sectores populares, tanto del Gobierno de Cambiemos como del de Fellner del PJ”, concluyó.
Fuente:InfoNews
EL PROGRESIVO DESMANTELAMIENTO DE LOS ESPACIOS PARA LA MEMORIA QUE FUNCIONAN EN EL PREDIO DE LA EX ESMA
Unos despidos con segundas intenciones
Tres espacios que funcionan en la ex ESMA sufrieron el ajuste: el Archivo Nacional de la Memoria, el Espacio Cultural Nuestros Hijos y el Museo Malvinas. Denuncian un “vaciamiento” de las políticas de Verdad, Memoria y Justicia.
Por Ailín Bullentini
Por Ailín Bullentini
El miércoles pasado los estatales de ATE cortaron Avenida del Libertador frente a la ex ESMA para protestar por los despidos.Imagen: Jorge Larrosa
Enero fue un mes complicado para los trabajadores estatales y aquellos que se desempeñan en el Espacio para la Memoria que funciona en donde tuvo lugar el mayor centro clandestino de tortura de la última dictadura cívico-militar no lo vivieron de manera diferente. De repente, los convenios forjados con diferentes carteras del Ejecutivo nacional que nutrían el funcionamiento del Espacio Cultural Nuestros Hijos (Ecunhi), de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, se diluyeron de un día para el otro. Luego, 12 trabajadores del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur encontraron sus nombres en la primera lista de despedidos que, de manera informal, presentó el Ministerio de Cultura. El mismo hallazgo experimentaron 17 empleados de la Secretaría de Derechos Humanos, pero en la cartera de Justicia. La alarma comenzó a sonar enseguida y despertó a casi todos los trabajadores estatales que desempeñan tareas en la ex ESMA: temen que el “plan económico de desguace y desplazamiento” –como lo definen– continúe y provoque un “vaciamiento” en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que se hacen carne a diario en ese predio ganado al olvido.
Enero fue un mes complicado para los trabajadores estatales y aquellos que se desempeñan en el Espacio para la Memoria que funciona en donde tuvo lugar el mayor centro clandestino de tortura de la última dictadura cívico-militar no lo vivieron de manera diferente. De repente, los convenios forjados con diferentes carteras del Ejecutivo nacional que nutrían el funcionamiento del Espacio Cultural Nuestros Hijos (Ecunhi), de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, se diluyeron de un día para el otro. Luego, 12 trabajadores del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur encontraron sus nombres en la primera lista de despedidos que, de manera informal, presentó el Ministerio de Cultura. El mismo hallazgo experimentaron 17 empleados de la Secretaría de Derechos Humanos, pero en la cartera de Justicia. La alarma comenzó a sonar enseguida y despertó a casi todos los trabajadores estatales que desempeñan tareas en la ex ESMA: temen que el “plan económico de desguace y desplazamiento” –como lo definen– continúe y provoque un “vaciamiento” en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que se hacen carne a diario en ese predio ganado al olvido.
En esto coinciden desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que organizó dos cortes parciales de tránsito sobre la avenida del Libertador en lo que va de 2016 y desde el directorio de organismos de derechos humanos del espacio, que rechazó públicamente no solo los despidos que sucedieron en ese predio sino en todos los ámbitos de gobierno y reconocieron el “miedo a que den vuelta todo”.
“Ni ñoquis ni vagos, trabajadores del Estado”, advierte un cartel de ATE desde la puerta de ingreso principal al Espacio para la Memoria que reconvirtió en vida la carga de tortura, desapariciones y asesinatos que la última dictadura había instalado en la ex ESMA.
“Entendemos que la situación de despidos generalizada en todo el Estado se enmarca dentro de un plan económico que tiene su brazo ejecutor en el Ministerio de Modernización y que busca desguazar, desplazar hasta achicar al máximo”, explicó De los Santos. El miércoles pasado, estatales del predio cortaron la Avenida del Libertador y el jueves se sumaron a la movilización que el gremio organizó hacia el Ministerio de Modernización. “La señal de alarma suena más fuerte en áreas sensibles como la de las políticas de memoria, verdad y justicia en las que el achique del Estado anuló políticas importantes como el acompañamiento de los juicios. Lo que sucede en el espacio es una muestra más”, concluyó.
Desde los organismos de derechos humanos consideraron “aberrante” la situación. “Las políticas de Memoria, Verdad y Justicia ha sido una demanda planteada por el movimiento de derechos humanos a todos los gobiernos constitucionales, que se ha consolidado a lo largo de los años gracias al esfuerzo colectivo de la sociedad civil, del Estado y de instituciones internacionales y regionales”, postularon en un comunicado que consensuaron el viernes y en el que entendieron que el desarrollo de los juicios contra los genocidas, el acompañamiento psicosocial a las víctimas del terrorismo de Estado, la búsqueda y desclasificación de archivos, la creación de Espacios de Memoria y preservación de Sitios en todo el país, la educación en memoria y en derechos humanos, en tanto “políticas que han fortalecido la construcción democrática de Argentina y la han convertido en un ejemplo para el mundo”, fue “posible también por el compromiso de miles de trabajadores que hoy temen por su continuidad laboral y son descalificados por el solo hecho de ser trabajadores estatales”. En ese sentido, exigieron “sostener las políticas de Memoria, Verdad y Justicia” y “respetar a los trabajadores que las sustentan con su compromiso cotidiano”.
De los 13 espacios que funcionan en la ex ESMA –la Casa de la Militancia, la Casa por la Identidad, el Canal Encuentro y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, entre varios otros–, ya tres han sufrido recortes en sus plantas de empleados o en los recursos que los mantienen activos: el Archivo Nacional de la Memoria, el Espacio Cultural Nuestros Hijos y el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. También han sido despedidos hombres y mujeres que mantenían la limpieza del lugar, personal de maestranza y administrativo. En total, los despidos llegan a 100.
“El Gobierno de (Mauricio Macri) juega con la ambigüedad”, postuló Daniel Tarnopolsky, representante de la organización Buena Memoria en el directorio del espacio. “El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj dejó en claro que las políticas de memoria, verdad y justicia iban a sostenerse, pero con su palabra coexisten las aberraciones de (el secretario de Cultura porteño, Darío) Lopérfido y la negativa del ministro de Salud (Jorge Lemus) a llamar a un hospital Laura Bonaparte. Así que no sabemos hasta dónde van a avanzar para tirar todo lo hecho por la borda y uno siempre está con mucho miedo de que den vuelta todo”, remarcó. “Es aberrante el vaciamiento. Están desarmando estructuras completas en todo tipo de instituciones, quieren borrar de un plumazo 12 años de políticas”, sostuvo Tarnopolsky. “Lo peor que nosotros no tenemos herramientas jurídicas para evitar que esto siga”, confesó, más allá de las reuniones y pedidos realizados a diferentes funcionarios, como Avruj y el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Por eso, celebró “el accionar de algunos sindicatos” que “comenzaron a movilizarse y a los que acompañaremos”.
ECuNHi
El Espacio Cultural Nuestros Hijos, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, fue la primera presencia de organismos de derechos humanos en la ex ESMA. Si bien no depende directamente del Estado, todo lo que sucedía allí adentro tenía que ver con diferentes áreas del ámbito público. Las actividades pedagógicas, como las visitas de los colegios, los seminarios, los cursos y las capacitaciones; las artísticas, como los ciclos de cine, teatro, danza y exposiciones de artes visuales; la administración del espacio, la limpieza e incluso la comunicación dependían de convenios que la dirección del Ecunhi había logrado con diferentes ministerios, como los de Cultura, De- sarrollo Social, Educación y Trabajo. “No contamos con el apoyo de esta nueva gestión. Los convenios se cayeron y nos encontramos en una situación más que compleja”, explicó la directora pedagógica del sitio, Verónica Parodi.
Desde que empezó el año, las personas que hacían funcionar el Ecunhi no cobran. Son 35 trabajadores administrativos –en ese grupo están incluidos los de producción, prensa, recepción, administración e incluso mantenimiento– y otro tanto quienes se desempeñaban como talleristas que perdieron los ingresos con los que contaban por su desempeño en el espacio de las Madres. Para muchos de ellos, era su único ingreso. “Cuando (el secretario de Derechos Humanos, Claudio) Avruj recorrió el espacio aseguró que todas las instituciones iban a seguir funcionando, pero acá estamos”, apuntó Parodi. Entienden que los convenios con el ECuNHi se “cayeron” ya que los fondos no están. Los trabajadores cuentan con las carpetas que describen a cada uno de los proyectos listas para ser presentadas ante las áreas que los mantenían activos, pero no encuentran puertas abiertas. “No hay nuevo interés en recibirnos, ni en que todo siga como estaba. Lo vemos no solo por los convenios del Ecunhi, sino por los despidos que están sucediendo en otros sitios. Avanzan con un cinismo y desparpajo muy doloroso”, amplió Parodi, quien, en ese marco, añadió: “Las Madres de Plaza de Mayo ya lo dejaron claro: se sienten en la vereda de enfrente de este gobierno, nosotros también lo estamos”. Pese a la falta de pago, los trabajadores del Ecunhi no abandonaron el lugar. “Vamos a mantenerlo vivo militando nuestra permanencia aquí. trataremos de sostener las actividades”, aseguró su directora pedagógica.
Museo Malvinas
Entre las 494 personas despedidas la semana pasada por el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, hubo 12 trabajadores y trabajadoras del Museo Malvinas que funciona en la ex ESMA. Se enteraron, como la mayoría de los nuevos desempleados, porque encontraron sus nombres en la lista que tenían los encargados de seguridad en la entrada del ministerio. “Es el 25 por ciento de la planta total del museo”, que hasta entonces contaba con 54 empleados contó Julieta Mayor, delegada de la ATE.
Para Mayor, que los despidos hayan llegado al museo “con lo que significa esa asignatura en la historia del país tiene que ver con una postura política clara respecto del tema”. Los que continúan en sus puestos aún no saben a quién responder ya que la cartera cultural aún no designó a un director para la institución. Los 12 despedidos son personas con las que el Estado formalizó su vínculo laboral durante 2015 y se desempeñaban en las áreas de Museología, Multimedia, Educación, Investigación, Informática, Administración y Primeros Auxilios. El museo abrió sus puertas a mediados de 2014 y, desde entonces, recibió más de 700 mil visitas. “Acá todos trabajamos. Si el objetivo del gobierno es deshacerse de ñoquis, tiene maneras rápidas y fehacientes de verificar quién trabaja y quién no. Lo que buscan en realidad es desguazar el Estado”, sostuvo Mayor.
Secretaría
En el Ministerio de Justicia también fueron despedidas más de 400 personas. De ellas, unas 50 se desempeñaban en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos: 17 cumplían funciones en la ex ESMA. Eran trabajadores de la Dirección de Gestión de la Información del Archivo de la Memoria, de la recepción de la nueva oficina de la Secretaría, que se instaló en la ex ESMA el año pasado, de limpieza y mantenimiento del Sitio de la Memoria que funciona en lo que fue el casino de oficiales del predio. “Han despedido personal que se necesita para mantener en funcionamiento las instituciones del espacio”, aseguró Romina Chiesa, delegada de ATE en la secretaría.
Además del recorte ya aplicado, los trabajadores están alerta por “lo que se viene en marzo”. “El otro día (por el martes pasado, el jefe de gabinete, Marcos) Peña habló de un proceso de organización que implica lisa y llanamente el achicamiento del Estado. Ni (los ex presidentes Raúl) Alfonsín, (Carlos) Menem, (Fernando) De la Rúa o (Néstor) Kirchner se han desecho de empleados estatales como lo está haciendo (Mauricio) Macri. Esto es despido masivo: 25 mil despidos para marzo que se suman a los que ya sucedieron. Es una política de reducción del Estado que impacta directamente en el vaciamiento de políticas públicas”, puntualizó Chiesa.
La mayoría de los trabajadores y trabajadoras que aún se desempeñan en las diferentes instituciones que funcionan en el Espacio para la Memoria no se encuentra tranquila: a muchos de ellos les renovaron contrato bajo el artículo 9 del anexo de la Ley 25.164 –la ley marco de regulación del empleo público–, pero sólo por tres meses. Los contratos vencen el 31 de marzo. El vínculo entre ese dato y la confesión de Peña no permite vislumbrar un buen horizonte.
Las cooperativas
Un grupo de cooperativistas que se desempeñan en la puesta en valor de los edificios de la ex ESMA también participaron de la jornada de protesta de la semana pasada. El “parche” que la administración macrista puso a la inminente suspensión de sus tareas en el predio –son 130 cooperativas que nuclean a 1400 hombres y mujeres– consistió en un contrato provisorio por tres meses que también vence el 31 de marzo. “Nos prometieron que en estos días funcionarios de Desarrollo Social iban a venir a hablarnos de nuestra situación. Nosotros exigimos seguir trabajando”, apuntó Graciela, una cooperativista. Hasta el mediodía, que salió con la bandera que los identifica a la calle, había estado descargando bolsas de arena en la puerta de uno de los edificios a refaccionar. Néstor, un compañero suyo, completa la idea: “También queremos que nos respondan por un aumento en el pago que le pedimos hace mucho a la administración anterior. Cobramos 2600 pesos por dos jornadas de trabajo a la semana. No podemos quedarnos sin trabajo”.
“No hay despidos masivos”
El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, descartó que los despidos que el Gobierno aplicó en las instituciones y los espacios públicos dedicados a las políticas de derechos humanos sean masivos. “No hay despidos masivos. Cayeron gran cantidad de contratos de julio del 2015 y ahora se están analizando las plantillas de personal”, admitió en una entrevista en la que citó los dos argumentos que desde el Gobierno sostienen para justificar el achicamiento generalizado en la planta de empleados públicos: “Detectamos por el relato del personal que hay mucha gente que no viene o no puede justificar el rol para el que está contratada. También hay muchos que llegaron en comisión y no sabemos con qué tarea”, sostuvo. En tanto, aseguró que el Gobierno “no va a dar marcha atrás” en la política de derechos humanos y descartó que haber recibido a familiares de víctimas del terrorismo en los años 70 implique reinstalar la teoría de “los dos demonios”, equiparando a las acciones de las agrupaciones políticas setentistas con el terrorismo de Estado.
QUIEREN ECHAR AL MOVIMIENTO MEMORIA Y ORGANIZACION DEL PREDIO
“No vamos a abandonar”
El grupo compuesto por 50 artistas trabaja en un taller en la ex ESMA en el Monumento a la Mujer Originaria, para el que 200 mil personas ya donaron llaves. Avruj les avisó que debían desalojar.
El escultor Andrés Zerneri, impulsor y realizador del proyecto que busca homenajear a los pueblos originarios.Imagen: Pablo Piovano
El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, instó al Movimiento Memoria y Organización a abandonar el taller de la ex ESMA donde el grupo trabaja en el Monumento a la Mujer Originaria. El proyecto, que fue declarado de interés cultural por la presidencia del Senado y de interés cultural y social por la Legislatura porteña, es una iniciativa colectiva que busca homenajear a los pueblos originarios a partir de la construcción de la estatua más grande de América, realizada con llaves y otros objetos de bronce donados.
El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, instó al Movimiento Memoria y Organización a abandonar el taller de la ex ESMA donde el grupo trabaja en el Monumento a la Mujer Originaria. El proyecto, que fue declarado de interés cultural por la presidencia del Senado y de interés cultural y social por la Legislatura porteña, es una iniciativa colectiva que busca homenajear a los pueblos originarios a partir de la construcción de la estatua más grande de América, realizada con llaves y otros objetos de bronce donados.
“Lejos de estar dispuestos a abandonar el predio, estamos esperando que la nueva gestión se haga cargo de nosotros, que nos cuente como un organismo más que comprende a los pueblos originarios”, sostuvo a Página/12 el escultor Andrés Zerneri, realizador del monumento e impulsor del proyecto junto al historiador Osvaldo Bayer. Para Zerneri, “la nueva gestión no puede desoír a 200 mil personas que colaboraron con sus donaciones” ya que “se trata de un hecho político y multisectorial y no simplemente una cuestión performática”.
Hasta hace 5 años, el galpón donde funcionaba Talleres Básicos, en la ex Escuela Mecánica de la Armada, era un depósito. Hoy lo ocupan 50 artistas, entre los que se cuenta Zerneri, que colaboran en el monumento. “Nos lo cedieron para almacenar el bronce y trabajar en la estatua, hoy somos un grupo de personas trabajando en el proyecto, ninguno de los cuales utiliza el lugar para actividades personales”, cuenta el escultor, que a fines de diciembre fue notificado de manera informal por el propio Avruj sobre la necesidad de desocupar el espacio que Memoria y Organización utiliza en el predio. “Este lugar se usa para avanzar con una iniciativa colectiva y no como atelier personal. Tampoco hay en juego puestos de trabajo porque nadie percibe una ganancia por esta labor y nunca recibimos ni solicitamos un subsidio por ella. De hecho, la estatua va a ser donada a la Ciudad de Buenos Aires”, añadió Zerneri.
En diálogo con este diario, el escultor explicó que la iniciativa “es un homenaje pero también una estrategia de comunicación para dirigirnos a los que ignoran la historia de los pueblos originarios en Argentina”. En ese sentido, Zerneri señaló que “es importante entender que el alcance de las discusiones en torno a los Derechos Humanos no agotan en las prácticas de la última dictadura”. “En este lugar se practicaron la tortura y las más grandes aberraciones humanas, mismas prácticas a las que se sometieron a los pueblos originarios, a los que también se los quiso exterminar”, añadió. En relación a la consideración del titular de la cartera de Derechos Humanos que manifestó que el proyecto “no es del ámbito” para tener un espacio en la ex ESMA, Zerneri declaró que “es una perspectiva totalmente distinta a la que tenemos nosotros, que creemos que lo que sucede a los pueblos originarios nos pasa como sociedad tengas o no en tu carga genética sangre originaria”.
En el lugar que hoy trabaja el equipo de MMO, además de almacenar los objetos de bronce donados, se llevan a cabo actividades relacionadas a los pueblos originarios, como talleres y charlas. “También hemos usado este espacio para reunirnos con miembros de comunidades indígenas para discutir sobre las características que tendrá la estatua”, señaló el escultor, que adelantó que “tal como surgió de esas discusiones, la estatua medirá 10 metros y será una mujer bella de 80 años”. El monumento, para el que ya se consiguió más del 95 por ciento del bronce necesario, contó con el apoyo de personalidades de la política, como los presidentes Evo Morales y Rafael Correa y de la cultura, como Eduardo Galeano. “La respuesta que tuvimos de músicos, actores, escritores y otros personajes reconocidos nos permitió llegar a muchísimas personas que sentimos que con sus donaciones nos dieron un voto de confianza”, explicó.
“Queremos avisarles a los que donaron llaves para este fin, a todos los sindicatos, organismos, partidos políticos, comunidades de pueblos originarios, instituciones y colegios, que bajo ninguna circunstancia nos iremos de este lugar hasta terminar nuestra tarea”, señaló el movimiento a través de un comunicado. Además, en el parte explicaron que “no es sólo una escultura o un homenaje a los Pueblos Originarios, es una expresión política que se manifiesta desde el arte y un apoyo a los más de 500 años de resistencia indígena”. “Ojalá las nuevas autoridades de la exEsma lo entiendan así, caso contrario se toparán con una organización que no dará ni un solo paso al costado”, añadieron.
El próximo domingo 20 de marzo, MMO llevará a cabo un festival en el predio Espacio Memoria y Derechos Humanos. “De cara al 24 de marzo organizamos Kimún, que significa memoria en mapuche, una palabra con una carga muy fuerte dicha en este lugar, que vincula a los desaparecidos de la dictadura con los primeros desaparecidos de nuestra historia, los pueblos originarios”.
Informe: Paz Azcárate.
Fuente:Pagina12
07.02.2016
Además habló sobre los despidos en su cartera
Desde el Gobierno afirmaron que no van a dar "marcha atrás" en las políticas de derechos humanos
Se trata del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien descartó que desde Cambiemos se quiera reinstalar la teoría de "los dos demonios" y sostuvo que "los derechos humanos son una política de Estado".
El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, mantuvo una entrevista con Télam en la que descartó que haber recibido a familiares de víctimas del terrorismo en los años setenta implique reinstalar la teoría de "los dos demonios", equiparando a las acciones guerrilleras con el terrorismo de Estado, y sostuvo que las políticas sobre derechos humanos heredadas del kirchnerismo son "políticas de Estado".
"No hay ninguna posibilidad de regreso a esa teoría (la de "los dos demonios") porque para el gobierno está perfectamente claro que el que violenta los derechos humanos es siempre el Estado, que es el encargado de protegerlos", sostuvo el funcionario macrista. Sobre la polémica instalada por el ministro de Cultura porteño, Darío Loperfido, quien cuestionó la cifra de desaparecidos durante la última dictadura civico-militar al afirmar que "en Argentina no hubo 30 mil desaparecidos, se arregló ese número en una mesa cerrada", Avruj se distanció del otro funcionario de Cambiemos. "Mil, 10 mil o 30 mil sería lo mismo.
Se puede admitir que en la base de datos del Estado contiene 10 mil denuncias, pero sabemos que hay casos que no fueron denunciados y otros que nos se conooen. Pero el número de 30 mil es emblemático y discutirlo es banalizar el terrible daño que el terrorismo de estado nos causó", sostuvo.
Al ser consultado sobre si desde Cambiemos quieren desarticular la política de derechos humanos heredada por el kirchnerismo, sostuvo: "El Gobierno no va a dar marcha atrás en eso y ya ha dado muchos signos de continuidad porque se trata de políticas de Estado. Para empezar van a continuar los juicios por crímenes por de lesa humanidad y el Estado seguirá siendo querellante".
Además, aseguró que mantendrán "los programas de Verdad y Justicia muy centrados en el aspecto educativo a través del Archivo Nacional de la Memoria" y que "hay proyectos como el de Abuelas" que ponderan mucho, por lo que seguirán "dándole el mayor apoyo, en términos económicos incluso".
Sin embargo, declaró que para el Gobierno "los organismos deben ser autónomos, independientes del Estado" y que "hay que escucharlos pero no cooptarlos". "Nosotros creemos que hubo una fusión y eso es incluso una polémica dentro de los mismos organismos", añadió Sobre las denuncias de numerosos despidos en su cartera, Avruj respondió:
"No hay despidos masivos. Cayeron gran cantidad de contratos de julio del 2015 y ahora se están analizando las plantillas de personal. Detectamos por el relato del personal que hay mucha gente que no viene o no puede justificar el rol para el que está contratada. También hay muchos que llegaron en comisión y no sabemos con qué tarea".
Fuente:PoliticaArgentina
SANTA FE - PARITARIAS
LOS MUNICIPALES NO SE BAJAN DEL 40%.
"La provincia tiene una doble vara"
El secretario general de los Trabajadores Municipales de Rosario, Antonio Ratner, reclamó ayer un aumento salarial del 40 por ciento "para sentarse a discutir" y dijo que rige una "doble vara" en la administración provincial. Remarcó que mientras desde la Casa Gris advierten incertidumbre con respecto al procesos inflacionario a la hora de fijar un porcentaje de aumento salarial, "para fijar tarifas e impuestos parece que hay claridad".
"No comparto que los números están confusos cuando se aplica a la luz sobre un 27 por ciento un 48 por ciento más, un 48 por ciento al agua, un 50 por ciento al presupuesto, un 50 por ciento al inmobiliario, a la patente", en declaraciones a La Ocho, y advirtió que "para un lado los números están confusos a la hora de discutir sueldos, pero a la hora de fijar tarifas e impuesto parece que hay claridad".
Ratner consideró que "lo triste de todo esto es que no tenemos defensa ante tamaños ajustes. Hablo de la población en general, de ver como se puede frenar este aumento". Subrayó que a la par de los aumentos de precios en la canasta familiar, "los impuestos, siempre con la excusa de la actualización, se suben en forma exorbitante". Y agregó que "hoy el precio de los servicios, tarifas e impuestos obligan a consumir menos".
Para Ratner "no está la misma vara" cuando "para discutir salarios hay que esperar porque dicen que está confuso, pero para fijar tarifas parece que esta todo claro". El miércoles próximo es la fecha fijada por la provincia para el inicio de la discusión paritaria. Desde los gremios docentes y estatales reclaman un aumento de entre el 35 y el 40 por ciento. Para el gobernador Miguel Lifschitz, un aumento del 40 por cienro "es inmanejable".
En el caso de los municipales, la provincia convocó para el miércoles a intendentes y presidentes de comunas, a fin de designar la representación paritaria. Ese día se reunirán también los secretarios generales de los gremios municipales para evaluar los plazos de negociación y el reclamo de recomposición salarial.
Fuente:Rosario12
Multisectorial santafesina con los tapones de punta
06/02/2016
En la capital de la provincia, la CGT y la CTA, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales se pronunciaron contra el ajuste y “en defensa de cada conquista”.
En la capital de la provincia también resuenan los reclamos “frente a las políticas de ajuste y la criminalización de la protesta social” y al mismo tiempo el compromiso de “defensa de cada conquista, en particular las vinculadas a todo lo construido por Memoria, Verdad y Justicia”.
Así lo expresó a través de un documento la Multisectorial Social y Sindical de Santa Fe, que nuclea a organismos de derechos humanos, CTA, CGT y sus sindicatos y organizaciones sociales.
El pronunciamiento fue difundido este viernes 5 de febrero en la sede de Amsafé. Y tras la conferencia de prensa para presentar el documento hubo una marcha y posterior concentración en las puertas del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, donde este mismo viernes se reanudaron las audiencias de la denominada “Megacausa de Santa Fe”.
“Trabajadores y trabajadoras organizados en el marco de CGT y CTA Regional Santa fe, junto a organizaciones de derechos humanos, de defensa del ambiente, de género, de la economía social, territoriales, sociales y otras, nos constituimos en Multisectorial Sindical y Social de Santa Fe y señalamos que las políticas del gobierno de la coalición de derecha (Pro-Radical-Aliados), rompe cualquier posibilidad de consensos en aspectos centrales”, se manifestó.
Después, se repudió la “pérdida de puestos de trabajo” y se señaló que “la quita de retenciones a los grandes empresarios industriales y sojeros agro-exportadores y el aumento del valor del dólar, achica los recursos del estado y ajusta en políticas sociales, previsionales (AUH y Jubilados), educativas, de salud, de obra pública, entre otras, transfiriendo recursos desde sectores populares a sectores concentrados”.
“Si bien la reducción de fuentes de financiamiento del Estado pretende ser reemplazada por préstamos del sistema financiero internacional, luego se pagará con achicamiento del Estado y pérdidas de empleo, soberanía y perspectivas profesionales de una nueva generación, que a diferencia de los 90, ya no tendrá las puertas abiertas en el viejo continente”, se expresó también en el documento.
“Estamos sufriendo las cesantías por discriminación política en diversos organismos públicos, que se disfrazan de eliminación de ñoquis o grasa militante que ya ascienden a más de 25.000 puestos de trabajo”, se subrayó después.
“A la vez este enfriamiento de la economía afecta al comercio, los servicios y hasta la economía informal donde es incontable la caída de puestos de trabajo. A nivel local, esto se expresó en despidos de Sol, Curtiembre Sadesa, Frigorífico Frideco de Totoras, entre otros.
Estamos padeciendo las inundaciones en el hogar de los trabajadores, producto del modelo de apropiación y concentración de las tierras rurales y urbanas, que priorizan el negocio inmobiliario por sobre obras públicas que garanticen calidad de vida de sectores populares”, sostuvo la Multisectorial santafesina.
Otro de los puntos abordados fue la discusión salarial en este nuevo marco, ante la que se sentó postura en el siguiente párrafo: “La apertura de importaciones de productos que compiten con la industria nacional y la paralización de la obra pública y los despidos, se vuelven a utilizar como herramientas de chantaje para conducir a los trabajadores a paritarias amañadas. Baja de retenciones, liberación de exportaciones y eliminación de subsidios, generan pérdida del poder adquisitivo a través de los aumentos exorbitantes del precio de la carne, alimentos básicos y de las tarifas de los servicios; todo lo cual producirá nuevos incrementos de precios, que también reducen el consumo y por lo tanto achican la producción, el mercado interno y deterioran la calidad de vida. Los topes entre un 20 y un 25 por ciento que se pretenden aplicar a las paritarias, están lejos de compensar la pérdida del poder adquisitivo del salario. Más grave aún es el anunciado 15 por ciento a los jubilados, sin cumplir los compromisos sobre impuesto a las Ganancias”.
En cuanto a la “criminalización de la protesta e impunidad”, se destacó que “estas políticas de la ortodoxia económica solo cierran con represión. Así ocurrió con trabajadores de Cresta Roja, Municipales La Plata, ATE Río Negro, Murga del barrio bajo Flores y con el más resonante encarcelamiento de Milagro Sala”.
“Para reprimir la protesta social se designa en la Secretaría de Seguridad al defensor de Galtieri, quien se ha expresado contrario a políticas de derechos humanos y a Sebastián Montenotte, ex funcionario de (el intendente santafesino José) Corral, recordado por la represión al Birri, Playa Norte y Bajo Judiciales. La Policía Federal y la Gendarmería serán manejadas por quienes se entrenan para tirar gases y balas de goma a los trabajadores en las calles. Al mismo tiempo, policías jubilados y militares retirados que actuaron en la dictadura, están ingresando a la Agencia Federal de Inteligencia”, añadieron.
“En ese contexto y como parte del abandono de las políticas de Estado en materia de derechos humanos, están vaciando las estructuras que se han construido para avanzar en Memoria, Verdad y Justicia, para frenar los juicios de lesa humanidad y la recuperación de los nietos apropiados, y fundamentalmente, para evitar determinar la connivencia empresaria con el régimen de facto entre 1976 y 1983 de los dueños y directivos de empresas como Ledesma, Papel Prensa, Loma Negra, Ford, Mercedes, Acindar, Astarsa, Fiat, Techint, Bridas, Pérez Compac, Alpargatas, Celulosa, la Sociedad Macri (Socma).
Otro de los cuestionamientos al gobierno de Mauricio Macri pasó por su política respecto de la Ley de Medios: “Los trabajadores necesitamos tener cada vez más diversidad de voces locales en los medios de comunicación. Sin diversidad no hay pluralidad. Sin suficientes voces locales no hay suficiente información sobre nuestros problemas ni espacio para los trabajadores, realizadores y artistas santafesinos. La política del gobierno nacional va en el sentido contrario. Es evidente que desde su llegada la diversidad de visiones, especialmente en los medios nacionales ha disminuido. Los cambios introducidos en la Ley de Medios por la vía de decretos presidenciales ilegales también apuntan en el sentido del retroceso. Menos voces locales, y más concentración en pocos grandes medios será el resultado. De este modo se favorece a un reducido grupo de grandes empresas disminuyendo la diversidad y el espacio para los contenidos locales. En cambio se perjudica a los trabajadores y al pueblo”.
Tras los enumeración de señalamientos, desde la Multisectorial Sindical y Social de Santa Fe se asumió el compromiso de mantener el “estado de alerta y movilización, luchar contra el ajuste, la desocupación y la represión y generar estrategias conjuntas para no retroceder en ningún derecho conquistado”.
Fuente: El Eslabón.
Fuente:RedaccionRosario
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