7 de febrero de 2016

TROPEL.

07 febrero 2016 
Las pymes petroleras, indignadas porque las dejaron afuera 
Quieren entrar en el preventivo de crisis. Corren tiempos de fuertes ajustes en la industria petrolera.

Corren tiempos de fuertes ajustes en la industria petrolera. 
Cristian Navazo 
navazoc@lmneuquen.com.ar Neuquén.-

La Cámara Empresarial Industrial Petrolera y Afines (CEIPA) se siente discriminada. Una vez más, la entidad que nuclea a unas 60 empresas medianas y pequeñas de la provincia se quedó fuera de la mesa de negociaciones entre los grandes jugadores del negocio, los gremios y la Nación.

"Cada vez que se realizan acuerdos no nos invitan a participar y se toman decisiones que nos perjudican", señaló a LM Neuquén, el presidente de la CEIPA, Marcelo Volonté.

El empresario indicó que si se suma a todas las cámaras que representan a las pymes, sus compañías tienen la misma cantidad de empleados que las grandes empresas de servicio -nucleadas en la CEOPE- que la semana pasada firmaron el pacto mediante el cual el sector entra en preventivo de crisis y se establecerá un plan de suspensiones rotativas.

"Creemos que parte del personal de nuestras empresas debe entrar en el acuerdo, pero nos hemos enterado de las negociaciones sólo por los medios o algunos contactos. Con ese tipo de información no se puede manejar una empresa", indicó Volonté.

Comentó que hay unos 100 puestos de trabajo en riesgo entre las firmas que integran la cámara. Algunos trabajadores ya se quedaron sin empleo, un grupo es sostenido por YPF y otros se encontrarán desempleados cuando regresen de las vacaciones.

"Necesitamos saber cómo se va a implementar el preventivo de crisis, cómo se van a hacer las rotaciones, cuáles van a ser los costos", dijo Volonté.

Además, se quejó de que las operadoras están bajando los contratos antes de la fecha de finalización. "Varias empresas de servicios tienen una deuda importante con el sindicato. Si cae la actividad no la van a poder pagar", advirtió el presidente de CEIPA.

"Es la antesala de los despidos"
La diputada provincial Patricia Jure (FIT) indicó que el acuerdo entre el gremialista Guillermo Pereyra y las petroleras "es una declaración de guerra contra los trabajadores".

"Es falso que se congelarán los despidos por 90 días. Uno de los puntos del acuerdo les concede a las empresas el derecho a realizar suspensiones rotativas en forma masiva, y que esos trabajadores pasen a cobrar el 50% del salario.

Pereyra, el gobierno de Macri y del MPN ocultan lo esencial: que esas suspensiones son la antesala de los despidos", dijo la legisladora.
Fuente:lmNeuquen


DANIEL SCIOLI HABLO DE LA RENOVACION DE AUTORIDADES DEL PJ Y DE LA RUPTURA DEL BLOQUE DE DIPUTADOS DEL FPV
“Hay que hacer todos los esfuerzos por la unidad”
El ex gobernador bonaerense dijo que los peronistas deben mantenerse unidos “en la defensa de los intereses populares”.
Por Nicolás Lantos

Daniel Scioli dijo que “no era el momento” para dividir al bloque de diputados del FpV.
La interna del PJ, atizada esta semana por la convocatoria a elecciones partidarias y la rebelión de una docena de diputados díscolos, tiene en Daniel Scioli una figura de peso. El ex gobernador bonaerense y ex candidato presidencial evita entrar, por ahora, en la danza de nombres que buscan ganar la conducción del justicialismo el próximo 8 de mayo, pero sabe que su nombre es uno de los pocos que podría garantizar la unidad de un espacio aún conmocionado por los coletazos de la derrota electoral.

–¿Qué evaluación hace del encuentro del Consejo Nacional Justicialista que se desarrolló el miércoles?
–Fue una reunión muy buena, conducida por un hombre de la experiencia de Eduardo Fellner, que supo abrir el debate para que se escuche la diversidad que nutre al Partido Justicialista. Hay que vigorizar al partido en función de la agenda social y laboral, y de los desafíos que tenemos de cara al futuro. Hubo dos temas principalmente para rescatar. El respaldo al pedido de los gobernadores por el 15 por ciento de la coparticipación que les corresponde, por un lado, y por el otro, cumplir con la convocatoria a elecciones internas. Pero más allá de eso, rescato que se haya facilitado escuchar a todos los que pidieron la palabra y dieron su visión. Es bueno que haya debate interno y reflexión dentro del peronismo.

–Allí parecieron delinearse dos sectores: uno que plantea la necesidad de oponerse férreamente al gobierno nacional y otro que pide más prudencia, ¿en cuál de las dos se para usted?
–La que tiene que ver con la esencia del justicialismo, que es la defensa del trabajo, de la movilidad social, de la inclusión, del mercado interno, del salario como motor de la economía. Más que las diferencias, rescato los puntos de encuentro, que fueron esos, la preocupación que hay, haciéndose eco de lo que nos transmite la gente, de los despidos en el sector público y en el privado y lo que es pérdida del poder adquisitivo en términos reales, que hace bajar el nivel de vida de los argentinos. En ningún momento nadie propuso no cuidar la gobernabilidad. Pero una de las mejores maneras de hacerlo también es cuidar estos pilares fundamentales, los derechos adquiridos en los últimos años que tienen que ver con el empleo, con haber levantado la persiana de la fábricas, con el consumo interno. Hay que tomar todas las expresiones por la positiva. El pueblo eligió a otro, hay que ser respetuosos de esa decisión, pero hay que defender y contribuir a que las cosas vayan bien.

–¿Qué debe hacer el peronismo en la oposición ante los avances del Gobierno sobre estos derechos adquiridos por la sociedad?
–Marcarle al Gobierno estas cuestiones, que tienen que ver con el gran ordenador social que es el trabajo. Si hay pérdida de puestos de trabajo en distintos sectores, está en la esencia del peronismo defender a esos sectores. Estamos también atentos a que en las paritarias haya una recuperación del poder adquisitivo.

–El Gobierno ya advirtió que la pauta para las negociaciones con los gremios va a estar entre el 20 y el 25 por ciento...
–Hay distintas cuestiones o alternativas que tendrán que resolverse: el tema Ganancias, el 82 por ciento móvil para los jubilados, el reembolso del IVA para los beneficiarios de programas y políticas sociales. Eso contribuiría a aumentar el poder del salario en todos los sectores. Esperemos a ver cómo se desenvuelven las negociaciones paritarias a ver si se puede sostener el poder de compra que es fundamental para dinamizar la economía.

–¿Qué lectura hace de la decisión de doce diputados encabezados por Diego Bossio de abandonar el Frente para la Victoria?
–Yo se los transmití a ellos. A mí me pareció que no era el momento, que había que mantener el espíritu que se había manifestado en San Juan cuando todos los gobernadores dejaron de lado sus diferencias y se pusieron en línea frente a temas de mayor importancia. Ellos finalmente tomaron esta decisión pero, obviamente, yo, como otros, entendemos que hay que hacer todos los esfuerzos para mantener la unidad, a pesar de las diferencias que pudiera haber, porque si hay algo que caracterizó a todo lo que es nuestro espacio es que siempre se nutrió de la diversidad. Nuestro deber es mantener las condiciones para que se siga recreando ese espíritu de unidad, en especial cuando venimos de una elección donde prácticamente la mitad de la Argentina ha optado por un camino que tiene que ver con lo que nosotros proponemos hay que hacer todos los esfuerzos para mantenerse unidos en defensa de los intereses populares, de los trabajadores y de la clase media.

–Juan Manuel Urtubey fue un colaborador muy cercano en su campaña y hoy plantea una postura muy diferente a la suya. ¿Lo sorprende?
–El es el gobernador de Salta reelecto, tiene apoyo institucional, y desde ese rol busca defender los intereses de su provincia de la manera que le parece mejor. Luego, la vida interna del peronismo es importante, los partidos son los pilares de nuestra democracia y deben vitalizarse a través del debate.

–¿Cree que habrá finalmente internas con el voto de los afiliados del PJ o que se alcanzará una salida consensuada?
–Me parece que hay un espíritu de buscar integrar a todos en alguna propuesta de unidad, lo cual tiene sus complejidades también, así que iremos viendo.

–¿A usted le gustaría ser la figura que encabece ese acuerdo de unidad?
–Yo voy a contribuir a la unidad en todos los ámbitos institucionales. La unidad de los intendentes, de los gobernadores, de todos los bloques en el Congreso. Vamos a hacer todos los esfuerzos, de cara a la agenda que tenemos por delante, de defender el nivel de vida, el trabajo, la distribución del ingreso, la clase media, la sustitución de importaciones, el desarrollo de la industria. Hay muchas conversaciones. Dejemos que pasen unos días y que decante todo. Más allá de las figuras lo importante es el espíritu y definir cuáles son los ejes sobre los que se va a mover el partido. Necesitamos que la sociedad argentina vea un peronismo maduro, moderno, renovándose permanentemente en sus ideas, que entusiasme y muestre espíritu frentista de cara al futuro.



CALO HABLO DEL PJ Y CRITICO LA SUBA DE PRECIOS
Peronismo y paritarias
El gremialista se reunirá esta semana con Macri junto a Moyano y Barrionuevo. Reclamó “una malla de contención” para los trabajadores y aseguró que en el PJ “hay un debate abierto”.
Antonio Caló lidera la CGT oficial, encabeza la Unión Obrera Metalúrgica e integra la conducción del PJ.Imagen: Télam
De cara al encuentro que esta semana se producirá entre los principales líderes sindicales y el presidente Mauricio Macri, el secretario general de la CGT, Antonio Caló, reclamó que haya “paritarias libres” y se establezca “una malla de contención” frente a los aumentos de precios. “El Gobierno podría disponer que se otorgue a todos los trabajadores una suma fija mensual de entre 4 y 5 mil pesos por un semestre, y luego habilitar las negociaciones en paritarias”, aseguró el dirigente metalúrgico, quien auguró “un tiempo de unidad del movimiento obrero”. Respecto del PJ y la división que se produjo en el bloque diputados del FpV, Caló sostuvo que “el peronismo está en ebullición y hay un debate abierto”, luego de la derrota en las elecciones nacionales. El gremialista expresó su deseo de que se presenten dos listas para las internas partidarias de mayo.

En un contexto de conflictividad creciente producto de los despidos y la inflación, el líder de la CGT confirmó que esta semana se reunirá con Macri, junto a los referentes de las otras CGT, Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, para hablar de la situación económica y la negociación salarial que está empezando. “Esperemos que antes de ir a la Casa de Gobierno nos juntemos y vayamos con propuestas que beneficien a todos los trabajadores, más allá de las diferencias de matices que podamos tener entre nosotros”, afirmó Caló en alusión a sus pares de las otras centrales obreras. El metalúrgico calificó como “complicada” la actual situación social, producto de los aumentos de tarifas por parte del Gobierno y de los abusos de los grandes empresarios. “Los formadores de precios les están metiendo la mano en el bolsillo a los trabajadores”, afirmó.

Respecto de las miles de personas que se quedaron sin trabajo por las políticas de reducción del Estado y ajuste del gasto público, Caló consideró que son medidas “apresuradas y un poco violentas”. El metalúrgico puso como ejemplo la suba de las tarifas, con la que está de acuerdo, “pero no en esos porcentajes”. Por último, Caló rechazó que el acuerdo salarial se realice por el plazo de un año: “Discutir hoy paritarias por un año es incierto. Nadie nos garantiza que los formadores de precios no aumenten el valor de los productos nuevamente, porque ellos no se comprometen públicamente a decir que no van por más aumentos”, explicó.

De cara al Congreso Nacional de PJ que se realizará en el Estadio de Obras Sanitarias el próximo 24 de febrero, Caló sostuvo que “allí se debatirá todo lo que tenemos que debatir” y luego se llamará a elecciones para mayo. “Que se presenten dos listas y que los compañeros y compañeras elijan a través del voto directo. El que gana conduce y el que pierde acompaña”, propuso el integrante del Consejo Nacional del PJ. El sindicalista evitó criticar a Diego Bossio y al grupo de diputados que se fue del bloque del peronismo. “Cada uno que se haga responsable de sus actos. Yo no califico ni descalifico a los compañeros”, señaló. La última semana Caló había participado de la reunión del Consejo del PJ, en el que se fijó la fecha para el Congreso y se debatió la situación del partido frente al gobierno de Mauricio Macri.



Más críticas para Bossio
El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández calificó al diputado Diego Bossio como “un traidor” por abandonar el bloque del Frente para la Victoria. “Que Diego Bossio, que estuvo cuatro años aplaudiendo hasta lastimarse las manos a Cristina Fernández, cincuenta días después rompa el bloque, porque supuestamente no está de acuerdo con las políticas que nosotros expresamos, es una traición poca veces vista –dijo el ex candidato a gobernador–. Este chico sacó los pies del plato, porque al hacer esta división le ha quitado la mayoría al Frente para la Victoria. No es inocente lo que están haciendo”. Por su parte, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, llamó a “dejar de lado antinomias” internas en el Partido Justicialista “que perjudican gestiones” y consideró que “hay acuerdos que hay que hacer para garantizar gobernabilidad”, aunque en el marco de “una oposición seria y responsable”. Para Bordet, “el mandato que otorgó la ciudadanía” es “un mandato de consenso, de acuerdos y de poder dejar de lado antinomias que perjudican las gestiones”.




EL QUIEBRE LEGISLATIVO DEL FPV ALEJA EL FANTASMA DE LA PRIMERA ALIANZA
El exorcismo
Imagen: Guadalupe Lombardo
A menos de dos meses de andar, la segunda Alianza ha exorcizado el fantasma que impidió que la primera Alianza pasara del segundo año. Cuando aún no se conoce el precio, todas son loas para Frigerio y Monzó, que lograron el big bang del bloque mayoritario en Diputados. Ferroviarios y Mecánicos respaldaron la ruptura. El acuerdo con Moyano que fortalece al gobierno y a la aristocracia obrera.
Por Horacio Verbitsky
El negacionismo es un pecado político mortal. Luego de las elecciones del 14 de octubre de 2001, en las que se le escapó el control de las dos cámaras del Congreso, Fernando de la Rúa dijo que como no había sido candidato no se contaba entre los perdedores. Apenas 58 días después de esa elección ninguneada, el jefe del bloque mayoritario en el Senado, Ramón Puerta, se hizo cargo del Poder Ejecutivo. Así se abrió un periodo de inestabilidad en la que cuatro distintos legisladores rotaron en mandatos interinos. Maurizio Macrì tomó muy en cuenta aquella experiencia y operó con decisión para que no se repitiera. En algún momento se sabrá si mediaron las mismas efectividades conducentes que en 2000 permitieron sancionar la ley de precarización laboral y precipitaron la renuncia del vicepresidente Carlos Alvarez. Por ahora predominan las alabanzas a la muñeca política del ministro de Obras Públicas e Interior, Rogelio Frigerio, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, quienes no provienen del núcleo duro del PRO. Ellos fueron los artífices del desgajamiento del bloque de diputados del Frente para la Victoria. El volumen y la composición de ese magma recién podrán estimarse cuando se enfríe su incandescencia y, además, se sepa si el big bang se replica en el Senado. Gracias a esa operación, el gobierno nacional se ha asegurado la legitimación de sus decretos de necesidad y urgencia, por el método de la omisión, consagrado en una ley reglamentaria de constitucionalidad improbable.

Hecha la ley
El artículo 82 de la Constitución reformada en 1994 dice que “la voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente” en la formación y sanción de las leyes y excluye “la sanción tácita o ficta”. El artículo 99, inciso 3, ubica a los decretos de necesidad y urgencia entre las atribuciones del Poder Ejecutivo en la formación de las leyes. La fórmula desplegada por los constituyentes en ese inciso es un modelo de hipocresía: luego de establecer que “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo” agrega que “podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia”, salvo en materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos y únicamente cuando “circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos” en la propia Constitución. Aún así, la última palabra quedó reservada al Congreso: el gobierno tiene diez días para enviar el decreto a una Comisión Bicameral Permanente, que en otros diez días elevará su dictamen a las dos Cámaras. Pero el reloj reglamentarista se detuvo al día 21. Los senadores y los diputados deberán tratar el dictamen “de inmediato”, es decir sin plazo explícito. En cambio se difirió para una ley la regulación del “trámite y los alcances de la intervención del Congreso”. Esa ley reglamentaria 26.122 recién se sancionó en 2006 y revirtió la prohibición constitucional del artículo 82, ya que sólo el rechazo del decreto por ambas Cámaras “implica su derogación”. Es decir que basta con que una de las Cámaras no se pronuncie para que el decreto inconstitucional parezca legal. Es disparatado que sea más fácil para un gobierno validar un decreto que un proyecto de ley, que requiere la aprobación de ambas Cámaras.

Incongruencias a granel
La solicitud de inconstitucionalidad de la ley que reguló los decretos de necesidad y urgencia tiene un serio inconveniente político para el kirchnerismo y es que su autora fue CFK y la promulgó Néstor Kirchner. Más aún, en 2000, durante el gobierno de la primera Alianza, la propia Cristina había presentado otro proyecto distinto, con un plazo de caducidad de 30 días para su tratamiento por el Congreso, luego del cual el decreto perdía vigencia. Como se trata de política y no de religión, estos antecedentes no podrán congelar una situación insostenible desde el punto de vista constitucional y en todo caso cada uno debería hacerse cargo de sus incongruencias. Esto también vale para el actual oficialismo que en 2010, durante el breve imperio del Grupo Ahhhh, aprobó en la Cámara de Diputados una reforma a la ley de 2006, por la cual perderían su vigencia los decretos que en 60 días no fueran aprobados en forma expresa por la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara. Entre los firmantes del proyecto estuvieron algunas de las más filosas espadas de la segunda Alianza: los ministros Patricia Bullrich, Oscar Aguad, Julio César Martínez y Ricardo Buryaile; los viceministros Adrián Pérez, Silvia Majdalani y Gerardo Milman; la vicegobernadora Laura Montero, los funcionarios Laura Alonso, Miguel Angel Giubergia y Silvana Giudici; el diputado de PRO Christian Gribaudo, sus aliados Margarita Stolbizer, Eduardo Costa, Ricardo Alfonsín, Ricardo Gil Lavedra y Fernando Iglesias, ente otros.

El primer objetivo cumplido por el gobierno es asegurar que sus decretos-leyes no serán derogados por el Congreso, mientras no se modifique ese marco legal, ya sea por una nueva ley o por una decisión judicial. Un segundo propósito, para el cual la ruptura del bloque sentó las condiciones, es negar al Frente para la Victoria la presidencia de comisiones decisivas en la Cámara de Diputados. Aun antes, la Alianza Cambiemos le birló al FpV un asiento en el Consejo de la Magistratura, que corresponde al bloque mayoritario, por medio de una votación en la que se reprodujo el acuerdo antikirchnerista de la segunda vuelta electoral. Ahora se discutirá si los 81 diputados que aún responden al FpV son más o menos que los 90 que suma la segunda Alianza, considerando que llega a ese número sumando los distintos bloques que integran el conglomerado. Pero el hecho político ya se produjo y ahora el gobierno apunta hacia nuevas metas: alcanzar el quórum propio, sumando los 28 votos del Frente Renovador, los presuntos 17 del flamante bloque Justicialista y los que pueda arañar en las tiendas minoritarias siempre ávidas del calor oficial. Lo pondrá a prueba la semana próxima con la convocatoria a sesiones extraordinarias para tratar la derogación de las leyes que impiden ofrecer a los fondos buitre mejores condiciones de las que obtuvieron los acreedores que aceptaron en forma voluntaria las renegociaciones de 2005 y 2010. El gobierno nacional acordó con el juez de Wall Street Thomas Griesa un pago de 6500 millones de dólares a los fondos buitre. Si el FpV no se allana a borrar con el codo todo lo que sostuvo durante más de diez años, Macrì avanzará con un nuevo decreto, cuya viabilidad ya tiene garantizada por la fractura expuesta. Lejos de cerrar el capítulo del default de 2001, este acuerdo puede complicarlo. La derogación de la ley que impedía mejorar la oferta aceptada por el 93 por ciento de los acreedores podrá ser invocada como una violación de aquel contrato y dar lugar a nuevos y más sustanciosos reclamos judiciales.

La máxima
La apuesta de máxima para el gobierno es conseguir la mayoría calificada que requieren determinadas votaciones, como los dos tercios de los senadores presentes para dar acuerdo a los nuevos jueces de la Corte Suprema. Hasta ahora, ni siquiera tiene asegurado el quórum de 37 senadores necesarios para comenzar a sesionar, ya que el bloque del Frente para la Victoria tiene 40 senadores y algunos aliados. Pero no hay que forzar mucho la imaginación para saber que esa primera valla se sorteará sin mayor esfuerzo. Salvo excepciones muy circunscriptas, ni el quórum ni las mayorías se reúnen sumando acuerdos individuales. El único Borocotó que dieron vuelta Kirchner y su operador de entonces, Alberto Fernández, palidece al lado de la docena de émulos que representa Diego Bossio, otra de las hechuras de Cristina que encogieron al primer lavado. No hay razones para sorprenderse: en cuanto fue designado, en esta columna se expuso quién era, su rapidez de manos y la índole de sus relaciones con el Grupo Sophia de Horacio Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti (http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/128109-41125-2009-07-12.html y http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/128473-41280-2009-07-19.html).

Tanto o más importante que la domesticación del minibloque hipersensible al fetiche de la gobernabilidad es que la reunión decisiva se haya realizado en el sindicato de taxistas con la asistencia de los secretarios generales de las uniones de trabajadores mecánicos y ferroviarios. A esto debe sumarse el acuerdo con el sindicalista camionero Hugo Moyano, que Macrì confirmó al diario oficial La Nación, por el cual los aumentos en las negociaciones paritarias oscilarán entre el 20 y el 25 por ciento, cuando hasta la amistosa consultora Standard & Poor’s proyectó la inflación de este año en torno del 35 por ciento y advirtió que “la gradual estabilización de la economía dependerá, en gran medida, de contener los incrementos salariales”, algo que ya había planteado antes de llegar al gobierno Alfonso de Prat Gay. En la misma línea, el director del Banco Provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador, Daniel Arroyo, vaticinó “índices de pobreza más altos” y “un millón y medio de jóvenes fuera de todo, que son una bomba de tiempo”. Para desactivarla, Macrì ofreció compensar la caída salarial mediante la elevación de 15.000 a 30.000 pesos del piso salarial a partir del cual se paga el impuesto a las ganancias, el retoque de las escalas, la eliminación del IVA a los alimentos para los sectores de menores recursos y el reparto de 26.000 millones de pesos del fondo para las obras sociales sindicales.
Los grandes beneficiarios de tal acuerdo serían los trabajadores de la denominada aristocracia obrera. Según las definiciones del Centro de Estudios de la CTA (Cifra), se trata de quienes trabajan en las 15 actividades de mayores salarios, que constituyen “un estrato de la clase trabajadora que tiene un marcado diferencial de salarios respecto al resto del proletariado y pautas de consumo más parecidas a las de los sectores medios de ingresos elevados”. La heterogeneidad en la estructura de la clase trabajadora facilita la tarea divisiva del macrismo. En 2014 el ingreso promedio para las 15 primeras ramas era de 24.466 pesos, el de los trabajadores registrados de 10.895 y el de los no registrados de 3.542 pesos mensuales. Es decir que los salarios de los trabajadores de esas 15 ramas de actividad duplican los del conjunto de los trabajadores registrados, que a su vez son el doble que el promedio de los no registrados.

La rebaja del IVA en alimentos (que Kirchner ya redujo del 21 al 10,5 por ciento) tendría un mayor impacto relativo en los sectores asalariados de bajos ingresos. Pero está por verse si se traslada a los precios de esos productos, dada la estructura oligopólica de la comercialización. La experiencia indica que la mayor parte quedará en el camino, tal como ocurrió con la disminución de las retenciones, que el oligopsonio exportador incorporó sin trasladar a los productores. En cuanto al pago de la deuda de las obras sociales es un negocio e ingreso vital para el “sindicalismo empresario”, concluyen los investigadores de Cifra. Este es el soporte estructural para la recomposición del pacto que a partir de los 90 condujo a la gran crisis de fin de siglo.




El ARoRó de la Corte
Por Horacio Verbitsky


El nombramiento de los jueces supremos Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti por decreto fue un shock que estremeció las propias filas del oficialismo y provocó reacciones adversas de socios seguros, como la UCR, de aliados a regañadientes como Margarita Stolbizer, de oportunistas demagógicos como Sergio Massa e incluso de entusiastas reductores de cabezas kirchneristas como Daniel Sabsay. El presidente del bloque de senadores del FpV, Miguel Pichetto, aprovechó para notificar que si RoRo asumían en comisión podían irse olvidando para siempre del acuerdo en el Senado. Macrì retrocedió, cuidando que se notara lo menos posible. Una vez concluido el escrutinio previsto en el decreto 222 de 2003, y luego del estallido en Diputados, convocó a los senadores a sesiones extraordinarias para el jueves 11. Ese día se elegirán los miembros de la Comisión de 
Acuerdos (que presidiría el senador salteño Rodolfo Urtubey hijo), el viernes 12 se leerían los pliegos en el recinto y el miércoles 16 se realizaría la audiencia pública en el Senado. No es un tema menor, ya que ese tribunal es el último contrapeso capaz de impedir que la fantasía institucional de Macrì se remonte a las alturas como un globo sin vara, como vuelve a hacerlo con esta apresurada convocatoria. Según el reglamento del Senado la comisión debe publicar un anuncio durante dos días en el sitio de Internet, en el Boletín Oficial y en los dos diarios de mayor circulación nacional, 15 días antes de la audiencia. 

Esas dos semanas están previstas para el proceso de consulta, impugnación, observaciones y presentación de las preguntas que los candidatos deben contestar en la audiencia pública. En la primera semana se reciben las observaciones, la Comisión tiene 3 días corridos para analizar su admisibilidad y desestimar las improcedentes y los candidatos otros tres días para responder o aportar prueba. De este modo, el plazo para la presentación de observaciones sería el viernes y la audiencia pública no podría realizarse antes del viernes 29. Esto implica que el cuerpo no podría tratar los pliegos antes de que Macrì inaugure el periodo ordinario de sesiones el 1 de marzo.

Los mensajes de remisión de los pliegos abundan en los pronunciamientos de apoyo y despachan con pocas líneas genéricas las impugnaciones, a diferencia de lo que hicieron durante 12 años Kirchner y CFK, que daban cuenta de las objeciones y las refutaban. La opinión oficial es que ambos postulantes están comprometidos con la Carta Magna, el sistema democrático, los valores republicanos y la defensa de los Derechos Humanos. En cambio, al referirse a las impugnaciones la nota firmada por Macrì y su ministro Germán Garavano afirma “que ninguna de ellas versa sobre las cualidades o condiciones del doctor Rosenkrantz (o Rosatti), no revistiendo ninguna de ellas entidad suficiente para erigirse por encima de las consideraciones en que se apoya la postulación”.

En una entrevista publicada el 24 de enero en este diario, Garavano desdeñó la impugnación del CELS, porque “esto es ideológico”. Subsanado el nombramiento en comisión por el Poder Ejecutivo, subsiste la aceptación que ambos habían hecho de ese procedimiento inconstitucional, que la Corte había fulminado en fallos muy recientes. Las demás objeciones no son ideológicas, sino constitucionales y convencionales. Por ejemplo, Rosatti

- Afirma que se encuentra reconocido constitucionalmente que la vida comienza con la concepción en el vientre materno y que el aborto es inadmisible.

- Confronta con la sentencia de la Corte Suprema en el caso F.A.L. que en 2012 desechó tal interpretación al fallar sobre los abortos no punibles contemplados en el artículo 86 del Código Penal.

- Entiende “constitucionalmente discutibles” las llamadas huelgas “por solidaridad” y las huelgas “políticas o sociales”.

- Sólo reconoce el derecho de huelga a los sindicatos formalmente constituidos, para supuestos de un conflicto laboral concreto y reivindicativo o desconocimiento de un derecho laboral previamente reconocido.

- Deja librada a los jueces la posibilidad discrecional de aplicar o no un tratado internacional de Derechos Humanos ratificado por la Argentina y deliberadamente incorporado a nuestro ordenamiento jurídico constitucional si consideran que se contraponen con los principios de Derecho Público y las normas de la primera parte de la Constitución.

- Niega el carácter vinculante de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde el fallo Giroldi, de 1995, la Corte Suprema interpreta que el artículo 75 inciso 22 de la Constitución, que asigna rango constitucional a los tratados de derechos humanos “en las condiciones de su vigencia” significa que esos tratados deben ser aplicados según la interpretación “de los órganos internacionales competentes, tal y como funcionan en el ámbito internacional”. En cambio Rosatti pretende que “en las condiciones de su vigencia” se refiere a las reservas hechas por el Estado al momento de ratificar un tratado internacional.

Por su parte, Rosenkrantz, abogado de grandes empresas locales y trasnacionales, quien debería excusarse en demasiadas causas importantes,

- Sostiene que el derecho internacional de los derechos humanos carece del mismo “estatus valorativo” de lo que llama “nuestro derecho”, lo contrario a lo que dice el artículo 75 de la Constitución.

- Ha escrito que gran parte de los derechos económicos y sociales –como salud, vivienda, educación– no son exigibles ante los tribunales.

- Sostiene que “la pobreza no es relevante y no puede ser usada como una razón para explicar y justificar la violación de los derechos consecuencia de la regulación del derecho privado”. A su juicio “piquetear una ruta o autopista es un delito” y niega que este tipo de protesta esté protegido por la libertad de expresión, ya que “la posibilidad de que los tribunales realicen decisiones que determinen grandes transferencias de riqueza terminará socavando el poder de los tribunales”.

La Corte Suprema sostiene otros criterios de exigibilidad e interpretación de derechos económicos sociales y culturales, como el principio de progresividad y no regresión. Para el CELS tribunales nacionales y órganos de aplicación de los tratados han refutado en un gran desarrollo doctrinario y jurisprudencial “la pretendida caracterización de los derechos sociales como derechos no exigibles. Además, la oposición a la constitucionalización de los derechos sociales, ignora la larga historia del constitucionalismo social en la Argentina y en la región, y tiende a conferir un estatus normativo inferior a los derechos que protegen a las personas que reclaman por el acceso, alcance y efectividad de derechos sociales”.

Que los senadores del FpV hayan forzado al gobierno a rectificar su procedimiento avasallador no significa que ahora el camino esté allanado. La posibilidad más razonable es que no contribuyan al acuerdo. Pero también se insinúa una transacción política, por la cual volvería a ampliarse la Corte a siete miembros y los dos restantes serían el propio Pichetto o el senador Rodolfo Urtubey hijo y el aliancista Ricardo Gil Lavedra, según la vieja doctrina sobre quien parte y reparte, que carece de reconocimiento constitucional y convencional pero goza de amplia popularidad entre republicanos de todos los pelajes.



Los duros hechos
Por Horacio Verbitsky


En una columna justificatoria de los despidos de colegas en Radio Nacional, Jorge Lanata dijo la semana pasada en el diario Clarín que en el periodismo argentino desaparecieron los hechos, y todo se llenó con interpretaciones. A su juicio, “un sector de la sociedad aceptó la existencia del periodismo militante como una parte de la realidad deseada: todos opinan, todos operan, todos interpretan”. Hasta allí, no queda claro si está hablando de un hecho u ofreciendo su interpretación. Luego de una referencia al Watergate estadounidense, agrega: “Aquí hoy, a un año de los hechos, sentado sobre el cadáver del fiscal, Horacio Verbtisky (sic) aún deja abierta la hipótesis del suicidio del fiscal Alberto Nisman”. El adalid de los hechos no puede escribir bien ni siquiera mi apellido. Mi primera nota después del hallazgo del cuerpo de Nisman se tituló no por casualidad “Los duros hechos”. En esa y en todas las que la siguieron hasta este año, en la columna que me pidió The New York Times y en las entrevistas con la Televisión Pública, Minuto Uno y la BBC me atuve a una constatación fáctica: no hay pruebas irrefutables de que se haya suicidado y menos aún de que lo hayan muerto. Fue Lanata quien a pocas horas del hecho lo calificó al aire como un “asesinato político”, sin otro sustento que sus conveniencias o deseos. Su nota, preparatoria de la nueva marcha en homenaje al fiscal general Natalio Alberto Nisman dentro de once días, es ejemplar: sostiene una hipótesis y la demuestra. Con una salvedad: cuando dice el periodismo, sólo habla de sí mismo.





“El juicio en ausencia de ninguna manera es posible”


EL EX JUEZ DE LA CORTE SUPREMA RAUL ZAFFARONI RECHAZO DURAMENTE EL PROYECTO OFICIAL
Lo considera una legislación “especial”, contraria a nuestro sistema legal e inválida. De hecho, piensa que cambiar tan violentamente nuestra tradición judicial sería “un triunfo de los terroristas”.
Por Raúl Kollmann

El juicio en ausencia no es viable en nuestro sistema judicial. De ninguna manera.” El ex juez de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni, uno de los mayores referentes internacionales en materia de Derecho Penal, respondió en forma categórica a lo que se vendrá como proyecto de ley el próximo mes. El Poder Ejecutivo, con el apoyo de la DAIA, anunció que mandará un texto al Congreso en marzo para que se aplique el juicio en ausencia en el caso del atentado contra la AMIA y en otros casos de delitos de lesa humanidad. El juicio en ausencia, es decir sin la presencia de los acusados, nunca se aplicó en la Argentina, ni siquiera en el caso de los militares que cometieron las más graves violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. La norma, que existe en Francia e Italia, por ejemplo, consiste básicamente en que el Estado le asigna defensores a los acusados y éstos actúan, obviamente sin la designación ni la declaración ni las indicaciones del imputado.

El proyecto de ley está siendo redactado por el flamante titular de la Unidad de Investigación AMIA del Ministerio de Justicia, Mario Cimadevilla. Es muy probable que el texto-base sea el proyecto que presentó la DAIA en 2013, redactado por el actual secretario general de la institución, Santiago Kaplun, y que fue adoptado por la oposición de aquel momento. Hubo un único juez que sugirió la aplicación del juicio en ausencia. En el fallo en que votó por la inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento, el camarista Eduardo Farah lo marcó como una posibilidad, diferenciándose de decenas y decenas de magistrados de todos los niveles que actuaron hasta el momento en juicios como los del atentado o los de derechos humanos. Una de las agrupaciones de familiares de las víctimas de la AMIA, Memoria Activa, se pronunció en contra de la iniciativa, en esencia porque la impresión es que se trata de una forma de cerrar la causa sin que se sepa realmente la verdad.

En la consulta hecha por Página/12 a Zaffaroni, el jurista abordó todos los aspectos de la cuestión.
–¿Cómo ve en general la institución del juicio en ausencia?
–En nuestro derecho no es viable, en modo alguno. La presencia del imputado es una garantía de la defensa, porque es quien conoce mejor que nadie su derecho. Siempre lo hemos interpretado de esta forma. Otras legislaciones parten de criterios diferentes, pero toda nuestra tradición doctrinaria y jurisprudencial rechazó siempre la posibilidad de una condena penal en ausencia.

–¿Nunca se pensó en aplicarlo realmente en la Argentina? ¿Por ejemplo en los juicios por delitos cometidos durante la dictadura?
–Se pensaron siempre muchas cosas, también muchos disparates, pero por suerte no se hicieron.

–¿Es lícito aplicar una reforma procesal como sería esta a un hecho como el del atentado, ocurrido hace 22 años?
–La ley penal no puede ser retroactiva. No me vengan a decir que lo puede ser porque es una ley procesal. La garantía de legalidad de nuestra Constitución, desde 1853, abarca la ley procesal penal: si la ley procesal posterior agrava la situación del imputado, no puede aplicarse retroactivamente. “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso”, dice el artículo 18º que recitamos desde que estudiamos “instrucción cívica. ¿No? Lo que debe estar fundado en ley anterior es el juicio, esto dice la Constitución. Y el juicio se funda tanto en la ley penal como en la procesal. Más aún: muchos autores pensaron que nuestra Constitución de 1853 consagraba la legalidad procesal y la penal sólo por reflejo, porque se inspiraba en la tradición inglesa y no en la fórmula norteamericana. No comparto tanto esta opinión que en definitiva era bastante inconducente, pero lo que queda claro es que la Constitución, en la letra clara del artículo 18º, consagra la legalidad procesal.

–Están los que razonan así: el atentado fue declarado crimen de lesa humanidad por el juez Canicoba Corral. Hoy por hoy no tiene solución. La Justicia argentina no puede indagar a personas en ausencia e Irán no puede extraditar a sus nacionales, los iraníes, porque la ley lo prohíbe. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Hay un camino?
–El único camino es prenderlos en cuanto salgan de Irán y traerlos extraditados del tercer país en que sean detenidos. Hay orden de captura internacional. Lamentablemente, el derecho no puede resolver todos los conflictos, resuelve hasta donde llega su poder, su imperium, más allá no puede, y la solución nunca puede ser romper el derecho, porque de ese modo en lugar de resolver algo se destruye todo. ¿Qué es todo? Justamente nuestra concepción del mundo democrático, nuestros estados de derecho con límites y garantías. Si para combatir el terrorismo nos deslizamos por el camino de las excepcionalidades inquisitoriales, si por excepción aceptamos que está bien ignorar derechos de la defensa y la irretroactividad de la ley, abrimos el camino para terminar aceptando la tortura, la confesión policial, y todas las conquistas de la civilización que fueron obtenidas después de mucha muerte y dolor, como resultado de la experiencia en la lucha contra las fuerzas más oscuras, tenebrosas, corruptas y asesinas de la historia, y terminaremos volviéndonos terroristas. Por ese camino el terrorismo habrá triunfado, habrá logrado su propósito, habrá destruido nuestras propias bases axiológicas, nuestros valores, nuestra convicción de que es posible un mundo respetuoso de la persona y de sus derechos. Nos vamos convirtiendo en nuestros enemigos, nos degradamos, terminamos siendo nada.

–Una última pregunta: creo que en el caso del atentado contra la Embajada de Israel no hubo declaración de crimen de lesa humanidad. ¿Valdría igual el juicio en ausencia? ¿Corresponde?
–No corresponde en ningún caso. El crimen de lesa humanidad no es pretexto para las excepcionalidades. Hemos tenido roces y dificultades con compañeros de los organismos de derechos humanos hasta que comprendieron que a los represores de la dictadura había que juzgarlos por los jueces naturales y con las leyes ordinarias, aunque se escape alguno y aunque eso demore, pero lo comprendieron perfectamente, y así se ha venido haciendo. Cuando se invoca la excepcionalidad, cuando las condenas son pronunciadas sin respeto cuidadoso del derecho de defensa, cuando se imponen por una ley retroactiva, no tienen legitimidad. ¿Quién va a tomar en serio una condena pronunciada en esas condiciones? ¿Queremos hacer un papelón como el de la muerte de Saddam Hussein? Esas cosas no hacen más de que desprestigiar y degradar a la justicia internacional y a los esfuerzos por la vigencia de los Derechos Humanos. En cuanto al caso de la Embajada, si bien no hubo pronunciamiento expreso, se entendió que no habiendo sido esclarecida la autoría, no se puede afirmar que haya sido un crimen de lesa humanidad, pero tampoco lo contrario, por lo cual hasta que no se establezca la verdad no se puede declarar la prescripción, dado que queda abierta la posibilidad de que sea un delito imprescriptible. Esa es la verdadera situación procesal en ese caso: queda abierta la investigación y la posibilidad de que sea imprescriptible”. El plan latente de la administración Macri es realizar un juicio a los iraníes imputados. Sería algo inédito y de enormes repercusiones internacionales, ya que no se trata de enjuiciar sólo a los que tienen órdenes de captura con alertas rojas de Interpol, que son cinco, sino a todos los imputados por Alberto Nisman en la causa, lo que incluye por ejemplo a Alí Akbar Rafsanjani, ex presidente de Irán y hoy una de las máximas figuras religiosas de Irán. Rafsanjani, un moderado, aparece como el sucesor del actual ayatolah Alí Khamenei, la suprema instancia religiosa en el país persa. En el listado figuran también Alí Akbar Velayati, ex canciller de Irán, y dos candidatos presidenciales, Mohsen Rezzai y Alí Fallayan. El dato a tener en cuenta es que la causa ni siquiera está elevada a juicio oral por lo que, en caso de aprobarse el proyecto, habrá que avanzar primero en ese terreno. La fiscalía, ahora a cargo de Sabrina Namer y Roberto Salum, Memoria Activa, la AMIA y la DAIA serían quienes formularían la acusación contra los iraníes, pero hasta el momento el juez Rodolfo Canicoba Corral siempre sostuvo que lo presentado por Nisman fueron hipótesis, más basadas en informes de inteligencia de Estados Unidos e Israel, que en pruebas judiciales.





PROMESA DE UN GENDARME A UN NENE MURGUERO DE LA VILLA 1-11-14
“La próxima vez te reventamos la cabeza”
El impacto público y la iniciativa de la Procuración sobre Violencia Institucional hicieron que el Gobierno al final prometiera investigar el ataque a la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo y determinar responsabilidades y culpas. Los últimos cambios en Gendarmería. La falta de límites. El mirandismo en acción.
Por Martín Granovsky

Un tuit puede hacer temblar a la conducción de la Gendarmería y sacudir al Ministerio de Seguridad. El tuit colgado el lunes 1º de febrero por La Garganta Poderosa (@gargantapodero) cita una frase: “Les pregunté por qué y me dijeron: ‘La próxima te reventamos la cabeza’”. Informa el tuit que se trata de Ariel Sulca, 8 años, dos balazos de goma, y muestra tres fotos de un nenito que mira a cámara y exhibe una cicatriz redonda justo encima de la ceja derecha. Si el disparo le hubiera dado más abajo, adiós ojo.
Ariel es uno de los chicos atacados por una patota de la Gendarmería en la villa 1-11-14 el viernes 29 de enero cuando un patrullero y un camión de la fuerza federal decidieron atravesar la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo como si delante no hubiera habido gente sino aire. El hecho derivó en empujones, amenazas y represión con balazos de goma.

Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, comenzó ignorando la mera existencia del tema pero terminó prometiendo una investigación. La pesquisa incluye las heridas que recibieron dos gendarmes a los que Bullrich sí confortó.

Ante las primeras denuncias intervino la Procuración sobre Violencia Institucional, una de las ramas temáticas de la Procuración. El fiscal Miguel Palazzani acusó a los gendarmes por tentativa de homicidio doloso calificado por abuso de funciones y formalizó una denuncia que quedó en cabeza del juez Guillermo Rongo y del fiscal Carlos Velarde. Al cierre de esta nota ningún funcionario judicial tipificó el Carnaval como asociación ilícita ni acusó a Los auténticos reyes del ritmo de haber cometido delito en murga. En Jujuy son más imaginativos. Y, por cierto, sonaría extraño culpabilizar a una murga.

En los barrios, y más en los barrios humildes, las murgas funcionan como un modo de articulación social que indirectamente confronta con el dominio del espacio público por parte de las bandas. Las Madres del Paco, recibidas por Mauricio Macri hace dos semanas, suelen elogiar este tipo de iniciativas callejeras y colectivas.

La Gendarmería
Una Gendarmería cada vez más presente en la Capital y el conurbano y más ausente de las fronteras, o una Gendarmería cada vez con menos límites a la hora de actuar en la calle, puede convertirse en un problema para la democracia. Incluso puede serlo para un gobierno conservador. Cada vez que una administración norteamericana dio demasiada soga a una agencia de investigaciones o a un organismo de seguridad terminó presa de ellos. Se quedó sin margen de maniobra y sujeta al repudio social a las palizas, los balazos o la violación de la diversidad.

Bullrich tiene un espejo posible en un gobierno que ya integró como secretaria de Políticas Penitenciarias y después como ministra de Trabajo: el de Fernando de la Rúa.
En esa época llegó a los máximos cargos de la Gendarmería un equipo destinado a perdurar. Lo encabezaba el comandante general Hugo Miranda, director de la fuerza. Su ayudante era el comandante Gerardo José Otero. Es el actual número uno.

Miranda sobrevivió al gobierno de De la Rúa pero debió pedir el retiro en 2002 después de un episodio de contrabando. Todo empezó cuando el oficial de medio rango Pablo Silveyra lo denunció ante el juez Rodolfo Canicoba Corral y la investigación avanzó. Silveyra, un entrerriano nacido en 1961, se enteró de una venta ilegal de cigarrillos cuando estaba destinado en Campo de Mayo y se le acercó un gendarme.

–Todos los jefes roban y nadie hace nada –dijo el subordinado.

–Discúlpeme, yo soy jefe y no robo –replicó Silveyra.

–Jefe, acá entran cigarrillos y en lugar de quemarlos todos, los están vendiendo.

A partir de esa charla Silveyra se puso a investigar por su cuenta hasta que tuvo los elementos para una denuncia penal. Determinó que el 3 de abril de 2002 entraron cuatro contenedores con dos mil cajas de cigarrillos de 50 cartones cada una. Unos eran Derby, de fabricación nacional pero en ese momento de venta prohibida en el país. Los otros, Boots, norteamericanos. La Agrupación Unidades Operativas con sede en Campo de Mayo ordenó quemar los cigarrillos. Y los gendarmes quemaron. Pero poquito. Después de la primera voluta de humo el jefe de Unidades Operativas, Jorge Villalba, pidió encargarse él mismo de la tarea. Para eso debía tener a su cargo las 1100 cajas que faltaba destruir. En los días siguientes Silveyra vio salir camiones y también registró que una parte del cargamento quedó en galpones cerrados dentro de Campo de Mayo. En junio, después de un allanamiento, Canicoba procesó a Villalba y a otros cinco gendarmes, Roberto Esper, Fabián Barrandeguy, Julio Arceredillo, Carlos Lazzarini y Mario López.

Duhalde al final relevó a Miranda pero a Silveyra le fue mal. Sufrió una persecución interna con desplazamientos hacia cargos de menor importancia y fue castigado por la Gendarmería luego de su pecado capital: haber denunciado la manipulación de los cigarrillos requisados y su reingreso en el mercado negro directamente a la Justicia y no a la Gendarmería. Silveyra se defendió entonces con el argumento de que un gendarme no es más que un funcionario público y que, en esa condición, debe cumplir con la obligación de denunciar penalmente la sospecha de un delito. Recién con Néstor Kirchner presidente Silveyra fue reincoporado a la Gendarmería y por su cuenta pidió el retiro.

Cadena cortada
La actual cúpula de la Gendarmería, la cúpula mirandista, tiene un origen extraño. Tanto Otero como su número dos Eugenio Sosa habían pasado a retiro durante la gestión del secretario de Seguridad Sergio Berni, que designó a Omar Kanneman como director y a Edgar Carrizo como subdirector en septiembre último.

Bullrich mantuvo a ambos del mismo modo que preservó la cúpula de la Policía Federal. Pero de manera sorpresiva los relevó a fines de diciembre. El dato anómalo para las prácticas comunes en seguridad es que no cortó la cadena de mandos más abajo como se hace habitualmente para designar un nuevo director sino que reconvocó a los mirandistas.
“Debemos reparar una injusticia que cometió Berni”, fue el argumento de Bullrich a un sorprendido Kanneman, quien contó a sus amigos que notó incómoda a la ministra. La especulación es que en rigor quien promovía el relevo era el secretario de Seguridad Eugenio Burzaco.

“Ministra, no importa si yo sigo o no”, dijo en un momento resignado Kanneman. “Pero lo que usted debe preservar por sobre todas las cosas es una de las columnas que sostiene a la institución: el orden jerárquico. Si designa a un hombre que está en disponibilidad y que ya fue sobrepasado por otros oficiales superiores no está contribuyendo a ese orden.”
Un allegado a Kanneman que pidió reserva de su identidad dijo que el mirandismo trabajó sobre Burzaco para lograr los cambios.

Otero fue director de Apoyo Logístico, un puesto clave para la estructura operativa de la Gendarmería.

Sosa estuvo a cargo del Operativo Escudo Frontera Norte, justamente con la misión de custodiar una zona que fue blanco de las críticas de Bullrich cuando era diputada.

De plomo
El mirandismo no debutó con todos los honores en otra de las joyas de la Gendarmería, el Plan Unidad Cinturón Sur que desde julio de 2011 incluye la participación de la Prefectura y de la Gendarmería en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires.

A la Gendarmería le toca justamente el área que abarca la villa 1-11-14, donde atropellaron a la murga y después dispararon.

En Facebook está publicado el relato de Gustavo “Marola” González, el director de la murga. Vale la pena leerlo en detalle porque describe el abuso de poder: “Avanzaron, sin importarles que hubiera menores. Y así fue como lastimaron a los dos primeros nenes, rozándolos con el coche, mientras pasaban de prepo por el medio. Al ver esta reacción de los oficiales, les dije a los chicos de la murga que rápidamente le abrieran paso al patrullero y al camión que lo seguía, pero en cuanto terminaron de pasar, apareció un gendarme desde atrás del camión, conocido en el barrio como ‘El Polaco’, para increparnos directamente: ‘¿Acá son todos guapos?’... A eso, yo mismo le respondí otra vez que había muchas criaturas, que no hiciera nada, pero no terminé de decirlo, cuando ya me había empujado. Y sin esperar que cayera al piso, empezó a tirar con su escopeta, tal como pueden ver en la foto, donde me levantan la remera. Desesperado, mi hijo Jonathan se puso adelante mío. Y le dieron en la pierna, apenas arriba del tobillo, arrancándole la carne con una bala de plomo. Sí, una bala de plomo que seguro era para mí”.
Fuente:Pagina12


Sabbatella, contra Bossio: "Ni Cobos se animó a tanto" 
El desplazado director de la AFSCA y líder de Nuevo Encuentro sostuvo que el alejamiento del diputado Diego Bossio del bloque del Frente para la Victoria es "traición en tiempo récord". 
7 de Febrero de 2016

El desplazado director de la AFSCA y líder de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, sostuvo que el alejamiento del diputado Diego Bossio del bloque del Frente para la Victoria es "traición en tiempo récord" y señaló que "ni (el exvicepresidente Julio) Cobos se animó a tanto tan rápido".

Sabbatella encabezó un nuevo acto de las llamadas "Plazas del Pueblo" en la ciudad rionegrina de Bariloche, donde brindó un discurso que estuvo centrado en la decisión de Bossio, muy criticada por el núcleo duro del kirchnerismo.

"Lo de Bossio es traición en tiempo récord. Ni Cobos se animó a tanto tan rápido", afirmó el desplazado director de la AFSCA, quien subrayó que al extitular de la ANSES "no lo votaron para ser cómplice de las estrategias políticas del macrismo".

En este sentido, agregó: "Si su plan era ayudar al Gobierno de las corporaciones, al Gobierno que devalúa, que baja las retenciones, que abre indiscriminadamente las importaciones, que endeuda al país, que sube las tarifas un 500% y que amenaza a los trabajadores con el desempleo y la baja del salario, tendría que haber sido candidato en la lista de Cambiemos".
Fuente:Mdz



Caló: “Paritarias libres o una suma fija de entre 4 y 5 mil pesos mensuales por un semestre” 
El secretario general de la Confederación General del Trabajo, el metelúrgico Antonio Caló, adelantó su postura ante las negociaciones salariales, mientras entendió que es momento de perseguir la unidad del movimiento obrero organizado.

Antonio Caló, secretario general de la CGT. (Foto: Telam) 
El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Antonio Caló, habló este sábado sobre las paritarias, la reunificación de la central obrera y la interna peronista. El metalúrgico reclamó “una malla de contención” para evitar “el desfasaje de precios de los productos desde su origen hasta las góndolas de los supermercados”, y expresó “la preocupación de los gremios y empresarios industriales por la liberación de licencias para importación”.

En diálogo con la agencia Télam, Caló definió a la actual situación social como “complicada por los aumentos de precios y tarifas”, consideró que “llega el tiempo de unidad en el movimiento obrero”, a la vez, descartó volver a postularse como titular de la CGT.

Al referirse a las paritarias, sostuvo que “tienen que ser libres porque cada gremio sabe lo que tiene que pedir, ya que hay algunos que pueden negociar porcentajes de incremento del 40% y otros que no pueden sacar más del 20%”.

No obstante, consideró que “el Gobierno podría disponer que se otorgue a todos los trabajadores una suma fija mensual de entre 4 y 5.000 pesos por un semestre, y luego habilitar las negociaciones en paritarias”.

“Discutir hoy paritarias por un año es incierto. Nadie nos garantiza que los formadores de precios no aumenten el valor de los productos nuevamente, porque ellos (los empresarios) no se comprometen públicamente a decir que no van por más aumentos”, explicó. En ese sentido, dijo:

“Me llamó la atención que se hayan anunciado rebajas en los medicamentos por un 7%, cuando previamente aumentaron un 40% y ojalá que en el diálogo con el Gobierno podamos coincidir en una solución”.

Tras confirmar que la semana que viene asistirá a la convocatoria del presidente Macri a un encuentro en la Casa de Gobierno junto con los titulares de las otras CGT, Hugo Moyano y José Luis Barrionuevo, y otros gremialistas, el líder metalúrgico Unión Obrera Metalúrgica (UOM) consideró que pueden depositarse algunas “expectativas en el diálogo”. Sobre la posibilidad de realizar un planteo en conjunto las tres CGT, sostuvo:

“Esperemos que antes de ir a la Casa de Gobierno nos juntemos y vayamos con propuestas que beneficien a todos los trabajadores, más allá de las diferencias de matices que podamos tener entre nosotros”.

Acerca de la situación social, señaló que “está complicada para los trabajadores por los aumentos de precios de los productos y las tarifas de luz y gas”.

Agregó su preocupación por el accionar de los formadores de precios y citó que “una empresa como Maxiconsumo tiene 21 productos a 270 pesos, mientras que en un supermercado la misma cantidad de productos de otras marcas cuestan 540 pesos, o sea el doble”.

En ese sentido, recordó que es el “Gobierno quien tiene que controlar esa situación, porque la leche se le pagan 1,50 o 2 pesos a los tamberos y en las góndolas de los supermercados el litro hay que pagarlo 20 o 25 pesos”. Añadió que “eso me llama la atención y la gente lo tiene que saber, porque los formadores de precios le están metiendo la mano en el bolsillo a los trabajadores”.

INTERNA PERONISTA
A la vez, como dirigente del Partido Justicialista (PJ), Caló entendió que el “peronismo está en ebullición y hay debate abierto, más ahora que se perdieron las elecciones nacionales”. Tras señalar que “el PJ es un partido que siempre debate”, se mostró partidario que “todos los peronistas tienen derecho a expresar lo que sienten y la mejor forma de hacerlo es en un Congreso”.

Caló manifestó su deseo de “que se presenten dos listas y que los compañeros y compañeras elijan a través del voto directo. El que gana conduce y el que pierde acompaña”. Respecto al grupo de diputados del Frente para la Victoria (FPV) que se apartaron para fundar un nuevo bloque, explicó:

“Cada uno que se haga responsable de sus actos. Yo no califico ni descalificó a los compañeros”. Finalmente, Caló destacó: “Como titular del gremio metalúrgico quiero que a este Gobierno le vaya bien y creo que al país en su conjunto le conviene que al Gobierno le vaya bien”.



Exceso de sinceramiento 
Por Graciela Moreno y Pablo Galand 
Mil despidos por día. Esa es la cifra récord a la que llegó el gobierno de Mauricio Macri como consecuencia de una política económica que combina achique del gasto público, devaluación, quita de retenciones, alza de precios y consecuente caída de la actividad. De acuerdo con un informe realizado por el Observatorio del Derecho Social de la CTA que conduce Pablo Micheli, desde la asunción del nuevo presidente se produjeron 27.199 despidos en el sector público a nivel nacional, provincial y municipal. En tanto que en el sector privado la pérdida de puestos de trabajo ascendió a 22.709. Por lo tanto, en menos de dos meses de gestión, el modelo productivo propuesto por la Alianza Cambiemos dejó 50.000 trabajadores en la calle.

El discurso oficial asegura que el Estado está sobredimensionado y que, por lo tanto, es necesario deshacerse de la “grasa militante”, tal como lo definió el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay. Pero lo cierto es que el procedimiento puesto en marcha por el macrismo está lejos de ser riguroso y en lo concreto es que se han desmantelado organismos y dependencias, sin tener en cuenta la situación real de los trabajadores ni el daño que puede ocasionar a la población la suspensión de esas actividades. Un ejemplo claro es el caso sucedido en el Ministerio de Salud, donde en el marco de 113 despidos perdieron sus empleos 20 trabajadores del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, lo que representa un tercio del personal afectado a ese programa. Los trabajadores denunciaron que el desmantelamiento de este organismo pone en riesgo “la prevención de embarazos no planificados, el acceso a tratamientos de fertilidad y la distribución de métodos anticonceptivos en todo el país”.

Lo cierto es que, en muchos casos, hay una verdadera persecución por ideología política presunta de cada empleado despedido, y eso es despido discriminatorio por política y es ilegal. Intentan instalar que se trata de “gente contratada que no tienen función”. Lo han dicho las mismas autoridades: “personal nombrado por el gobierno saliente”. En varios casos se está haciendo una cacería de brujas, hasta la flamante directora de Radio Nacional, Ana Gerscherson, reconoció: “Bueno, vos Jorge (Halperín), te revisé el Twitter, y me agrediste”. Al personal le investigan el Facebook, les piden el mail, todo es ilegal y está garantizado por el derecho de intimidad e inviolabilidad de la correspondencia a través de la Constitución Nacional.

Pero no todo está perdido. Los despedidos deben instar la acción judicial, por despido discriminatorio, tal como lo ha dictaminado la jurisprudencia en el fallo de la Sala X de Cámara de Apelaciones del Trabajo de la Nación en fallo Staforini c/Anses por despido discriminatorio. En ese fallo la Alianza había despedido en el 2001 a un gerente de la Anses y en el juicio se logró probar que el despido se debió únicamente a la pertenencia política presunta del gerente por haber sido parte de la gestión del gobierno anterior.

El fallo de Staforini c/Anses sentó un precedente que luego sirvió de antecedente frente al fallo del caso Pellicori contra el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, aún no firme en la Corte Suprema, en que el empleador deberá probar que el despido no obedeció a cuestiones políticas. Lo cual revoluciona la prueba en derecho laboral. “La jurisprudencia avalará los reclamos de los trabajadores despedidos en esta etapa por color político”, opinó la abogada laboralista Valeria Carreras.

En el sector privado también se sienten los estragos de la destrucción de puestos de trabajo. El lunes pasado, 80 operarios fueron despedidos de la metalúrgica Siam, ubicada en Avellaneda. Según los delegados, la intención de la empresa es reducir un 20% el personal de la planta, a partir de la baja en las ventas que viene experimentando desde noviembre del año pasado. La situación de Siam generó preocupación en el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien advirtió que los directivos de la compañía decidieron no invertir en esa planta luego de una reunión que mantuvieron con el Gobierno nacional. Allí plantearon que ante la andanada de electrodomésticos chinos que se prevé con la liberación de importaciones no pueden competir en los precios y prefieren no invertir.

En el sector del comercio también comienzan a golpear los efectos de la caída de la actividad y la consecuente destrucción del empleo. El viernes de la semana pasada cerró la sucursal ubicada en Las Heras y Austria de la cadena de supermercados Disco, dejando en la calle a 60 trabajadores. La misma suerte corrieron 35 empleados de la sucursal de Coto de la ciudad balnearia de Mar del Tuyú. En La Pampa, según el Centro de Empleados de Comercio de Santa Rosa, se registraron 200 despidos en los comercios de esa ciudad, lo que representa el 2% de los empleados registrados. Pero en la organización calculan que el número es mayor, el dato no toma en cuenta a los trabajadores informales. De acuerdo con estimaciones gremiales, la pérdida de empleos en el sector del comercio rondaría los 2.000 casos en los últimos dos meses.

En la industria textil, sector que experimentó una notable recuperación durante los doce años de kirchnerismo, la apertura de las importaciones fomentadas por el actual Gobierno comienza a generar destrucción de los puestos de trabajo. En la textil Felsom fueron suspendidos 60 obreros porque la marca Kevingston dejó de comprarle productos que ahora obtiene a través de la importación.

La construcción es otra de las actividades que tuvo un notable repunte en la larga década kirchnerista y que en los últimos meses sufrió despidos en todo el país, fundamentalmente a partir de la paralización de la obra pública. De acuerdo con números que maneja la Uocra, la organización que conduce Gerardo Martínez, son 25.000 los puestos destruidos en todo el país, a partir de los despidos directos, las suspensiones en el cobro de haberes y las paralizaciones de obras antes de culminar. Con todo, hasta el momento el gremio sólo realizó una marcha frente a la sede porteña del Instituto de la Vivienda. Una modalidad que se replica en otras organizaciones.

Hay otras actividades en las cuales se vienen produciendo conflictos laborales, pero donde se han llegado a acuerdos precarios y que en muchos casos no hacen más que postergar el problema para más adelante. Es el caso, por ejemplo, del sector petrolero, gravemente afectado por la caída del precio internacional del crudo. En las dos principales provincias petroleras se establecieron acuerdos pero sin resolver el conflicto de fondo. En Chubut, se fijó un precio interno para el petróleo que se exporta y las empresas operadoras se comprometieron a no despedir empleados por seis meses. En Neuquén, fueron suspendidos 2.000 trabajadores petroleros durante dos meses, quienes durante ese período recibirán la mitad de sus haberes.

“Cada gremio sabrá hasta dónde arriesgar empleos a cambio de salarios”, atemorizaba a principio de año el ministro Prat Gay. Frente al cuadro de situación, el Gobierno parece estar dispuesto a definir por sí solo la disyuntiva.


Opinión
A probar que son ñoquis 
Por Valeria Carrera / Abogada 
Desde el Gobierno se justifican los masivos despidos bajo el paraguas de “terminar con los ñoquis del Estado nombrados por el anterior gobierno”, lo cual, de ser cierto, yo misma apoyaría. Pero llama la atención que no se haya realizado ni una sola denuncia contra estos 27.199 “ñoquis” por estafa y por malversación de fondos públicos contra aquellos que firmaron sus nombramientos. Vale aclarar que se llama “ñoqui” a aquel que aparece los 29 a buscar la plata pero sin ir el resto del mes a trabajar. Es curioso que en menos de 50 días, el Gobierno haya podido establecer, léase tener presunción fuerte o semiplena prueba, que se trataba, en efecto, de empleados que no iban a trabajar pero cobraban un sueldo. Tampoco ha mediado como previo una acción preliminar en miras de probar dicha acusación. En resumen, el Estado ha quebrantado otro principio fundamental, el de debido proceso. Tal vez haya casos de ñoquis, casi con seguridad, pero no todos y quien fue despedido bajo tal acusación, lo fue sin derecho a defensa. Para empeorar las cosas han referido la mayoría de los empleados públicos despedidos e incluso las autoridades del Gobierno actual que los despidos fueron por ser militantes, por haber sido nombrados por el gobierno anterior, eso es discriminar y está prohibido por la ley.

Tips para despidos
•El empleador tiene el derecho legal de despedir sin causa, debiendo indemnizar al ex empleado. Pero lo que no puede hacer es despedir por ideas políticas, eso es “discriminación”, y deberá probar el que despide, sea el Estado o un privado, que no despidió por motivos políticos.

•El despido debe realizarse por medio fehaciente con indicación de causa. Debe enviarse por telegrama colacionado o carta documento al domicilio del ex empleado que consta en el legajo.

•No produce efectos el “despido verbal”. Si su jefe le dice “está despedido” se debe seguir concurriendo al lugar de trabajo hasta tanto llegue el telegrama de despido formal. Si no se corre el riesgo de no ir a trabajar y ser despedido por abandono de tareas.

•La nueva modalidad desplegada desde diciembre a la fecha desde el Estado ha sido la de impedir el acceso del trabajador al lugar de trabajo. Si esto ocurre, hay que dirigirse en forma inmediata al Correo más cercano y en formulario de Telegrama Laboral que es gratuito enviar a su empleador, sea cual fuere, intimación a que aclare situación laboral y denunciar la negativa de tareas, dando datos precisos y nombre de dos testigos, de ser posible.

•Si usted es empleado bajo la modalidad “fraudulenta” de “contratado” y le informan que no le renuevan el contrato, debe intimar por regularización de relación laboral también por Telegrama Laboral Gratuito.

•Si llega la etapa de la indemnización, antes de cobrar, debe realizar una consulta con un profesional que le revise o calcule el monto que le corresponde cobrar. Asimismo, con la indemnización deben entregarle el certificado de aportes, llamado ART 80 LCT; con este certificado y con el telegrama debe inmediatamente iniciar el trámite ante Anses de seguro de desempleo.

•No debe dar su clave de su email al empleador, nadie tiene derecho a invadir su intimidad y correspondencia. En algún momento, los sindicatos reaccionarán y plantearán una acción de clase, un pedido de revisión de cada caso, un reclamo conjunto ante el Ministerio de Trabajo de cada Jurisdicción

•En algún momento y mediante el pedido de una medida cautelar de no innovar pedida por un gremio o asociación de trabajadores, un juez deberá impedir que siga habiendo despidos.

•Asesoramiento: doctora Valeria Carreras.


Los sindicatos salen del letargo 
Se encendió la luz roja
En repudio a los despidos en el Estado, ATE convocó a un paro el 24 con movilizaciones en todo el país. Piumato los justificó y Moyano llamó a no hacerse el distraído.
Por P.G. 
La oleada de despidos evidenciada en menos de dos meses del nuevo gobierno no afectan únicamente al sector público, sino que también comienza a afectar a los trabajadores de empresas privadas. La delicada situación obligó a los caciques sindicales a tomar nota del asunto, luego de varias semanas en las que se mantuvieron expectantes frente a la política económica del Gobierno. La promesa oficial de liberar y repartir entre los gremios los 26.000 millones de pesos retenidos en el Fondo Solidario de Redistribución –histórico reclamo de la dirigencia sindical al anterior gobierno y que cruzaba a todas las centrales–funcionó como un bálsamo frente a posibles presiones sindicales. Pero lo cierto es que pasó un mes de aquel anuncio y nada llegó hasta el momento a las arcas sindicales. A eso se sumó la meteórica suba de las tarifas de luz y los posibles aumentos en las facturas de gas y en el precio del transporte público. Todas cuestiones que afectan directamente al bolsillo de los trabajadores, en medio de un escenario de suba de precios, fundamentalmente en los alimentos y de retracción del empleo.

“Hay aumentos muy importantes, como los de la electricidad y alimentos que golpean el poder adquisitivo. Acá el piso para empezar a negociar es del 30%”, advirtió el dirigente moyanista Juan Carlos Schmid, titular de la poderosa Confederación de Gremios del Transporte (CATT). No fue el único dirigente de la CGT Azopardo que salió a expresar el descontento por el rumbo adoptado por el Gobierno. El propio Hugo Moyano se vio obligado a correrse del lugar ambiguo que se ubicó desde la llegada del nuevo Presidente a la Rosada. “Será que a (Mauricio) Macri no le caen simpáticos los trabajadores”, disparó el camionero, ante la intención del Gobierno de ponerle un techo a las negociaciones paritarias, en una banda del 20 al 25% de aumento, de acuerdo a la improbable meta de inflación planteada por el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay. Por primera vez Moyano reconoció su preocupación por los despidos que se están produciendo en el sector público, y de paso aprovechó para criticar la inacción de algunos dirigentes gremiales. “Si nos hubiera tocado a nosotros, estaríamos en la calle peleando. Nadie se puede hacer el distraído cuando hay despidos de la forma que está habiendo”, aseguró. El dardo pareció apuntado al titular de la Unión Personal Civil de la Nación, Andrés Rodríguez, el sindicato con mayor representación gremial entre los empleados estatales y que hasta el momento ha tenido una actitud de llamativo silencio ante los despidos en las dependencias oficiales. Moyano y Rodríguez mantienen un histórico encono en la disputa por la conducción del movimiento obrero.

Lo cierto es que la dirigencia sindical no logró generar un criterio unívoco frente a la pérdida de empleo y caída de salario. El judicial Julio Piumato, enrolado en la CGT moyanista, aparece como el dirigente más cercano al Gobierno, adoptando como propio el discurso oficial ante los despidos en el sector público. “Acá hay que distinguir bien entre un trabajador que se despide y un ñoqui, y la mayoría son ñoquis”, aseveró Piumato. Al judicial salieron a cruzarlo casi todos los sindicatos vinculados a la actividad estatal: “Me preocupa que Piumato diga eso porque no es cierto; la figura del ñoqui es el factor que pone el Gobierno como excusa por los ceses en el Estado”, resaltó Pablo Micheli, titular de la CTA autónoma y dirigente de ATE, quien convocó para el 24 de febrero a un paro nacional. 

Desde la CTA oficial, Hugo Yasky aboga por una acción común del fragmentado tablero sindical frente al escenario adverso. Convocó a una Jornada Nacional de Lucha para antes de fin de mes con el resto de las centrales obreras. “Seguimos trabajando con los compañeros del sector liderado por el taxista Omar Viviani, bautizado como Masa y con sindicatos de la CGT. En las provincias como Santa Fe y Mendoza, estamos avanzando en una coordinación”, confió Yasky. La intención del titular de la CTA es relanzar los contactos que se habían iniciado con la CGT que conduce Antonio Caló, para llevar una propuesta en común a la mesa de Diálogo Social que había propuesto el Gobierno y que finalmente fue postergada hasta nuevo aviso.

Pero no todos apuestan a una salida conjunta. Algunos gremios estarían dispuestos a aceptar la propuesta oficial de alzas de hasta un 25%, si a cambio el Gobierno pone en marcha una reforma integral del Impuesto a las Ganancias, otro de los reclamos históricos de la mayoría de la dirigencia sindical. Así lo manifestó el titular del gremio de La Fraternidad, Omar Maturano, quien también integra la CATT. Precisamente, al cierre de esta edición, esta confederación se encontraba reunida con los ministros de Trabajo, Jorge Triacca, y el de Transporte, Guillermo Dietrich. La intención del Gobierno es mantener un buen vínculo con este sector que resulta estratégico por su poder de daño a la hora de llevar adelante alguna medida de fuerza de alcance nacional, tal como lo evidenció el gobierno de Cristina Fernández en el tramo final de su campaña. Además de Ganancias, los dirigentes de la CATT reclamarán que se haga efectiva la prometida devolución de los fondos retenidos a las obras sociales y una suba y universalización de las asignaciones familiares.

De todos modos, el posicionamiento de la CATT es vista con recelo por muchos gremios que se encuentran fuera de esta confederación. Consideran que la estrategia es “elitista” porque la gran mayoría de los asalariados está exento del pago de Ganancias y, por lo tanto, si una porción acepta un aumento del 25% condiciona al resto de las organizaciones. La disputa recién empieza y el desenlace es incierto.
Fuente:Veintitres

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