Por Alfonso de Villalobos, Resumen Latinoamericano /Tiempo Argentino, 20 enero 2019
Los empleadores de la industria representan el 9,5% del total, cuando en 2003 eran el 11 por ciento. Desde 2015 se dieron de baja 2871 firmas. Sin señales de que la tendencia se revierta.
Un reguero de fábricas ocupadas y acampes de trabajadores en las puertas se están dando por estos días a lo largo y ancho del país con epicentro en el Conurbano bonaerense.
La textil Sportech, ubicada en el partido de San Martín, se encuentra ocupada luego de que sus dueños, que producen para marcas como Nike, Puma y Adidas, decidieran otorgar vacaciones obligatorias a todo el personal sin haber pagado el sueldo de diciembre ni el aguinaldo, ni el bono de fin de año. Los 120 trabajadores temen que las licencias sean la excusa para que los empresarios vacíen el establecimiento y desaparezcan.
La aceitera de capitales chinos Cofco, ex Nidera, anunció días atrás el cierre de la planta que tiene emplazada en Valentín Alsina y el despido de sus 200 trabajadores que acampan en las puertas de la planta para tratar de impedirlo. Cofco, la segunda productora de alimentos a escala mundial, anunció que buscará especializarse en la exportación de granos, dejando de lado la agregación de valor a través de su manufactura y conversión a aceite.
La fábrica de motores para maquinaria agrícola Deutz anunció el cierre paulatino de sus plantas ubicadas en las localidades de Haedo y General Rodríguez. La primera cerrará a fin de enero, dejando 70 operarios en la calle y la segunda en mayo, aunque sus 120 trabajadores se encuentran suspendidos hace ya varios meses y la planta está parada. La compañía alemana llegó al país hace 134 años.
La textil Color Pool cerró sus puertas en forma intempestiva el 3 de enero, dejando librados a su suerte a los 72 trabajadores que se reparten entre su planta en Pilar y las oficinas administrativas en el barrio porteño de La Paternal. La UOM denunció que la planta que la empresa Zanella tiene en Mar del Plata va camino al cierre y que está pagando el 55% del salario a sus trabajadores. La fábrica de galletitas Emery también adeuda salarios y aguinaldo a sus 120 trabajadores y los empleados denuncian que están despidiendo sin indemnización a trabajadores con 22 años de antigüedad para forzar un cierre.
La gráfica Interpack se encuentra en conflicto con un acampe en la puerta desde hace más de un mes y sus delegados denuncian que los once despidos que desataron el conflicto son la antesala de una vaciamiento provocado con el propósito de redirigir la producción a otras plantas situadas en Brasil y Chile. Pilkinton, multinacional del vidrio, atraviesa un conflicto por despidos antisindicales.
Estos son apenas algunos casos recientes de un proceso que se ha venido profundizando en el último año al calor de la política de apertura comercial, la devaluación, la recesión, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y la consecuente caída del consumo y el mercado interno.
Datos oficiales
Según los informes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que publica la AFIP, al mes de octubre de este año (último dato disponible) existían en la Argentina 559.244 empleadores registrados (empresas), de los cuales 53.405 corresponden a la industria manufacturera. Un año antes, en octubre de 2017, las industrias manufactureras registradas eran 54.733. En apenas un año, cerraron 1328 firmas industriales que se suman a las 822 que cesaron de operar durante el año anterior y las 721 que lo hicieron entre octubre de 2015 y el mismo mes de 2016. Desde que asumió el gobierno actual y sólo hasta octubre de 2018 (los casos mencionados al principio de esta nota no forman parte de ese registro), se contabiliza el cierre en forma neta de 2871 firmas industriales.
Las más de 1300 firmas industriales que cerraron en un solo año forman parte de las 6951 empresas que tramitaron su baja en la AFIP en el mismo período.
El número, sin embargo, no llega a registrar la magnitud del fenómeno, puesto que sólo incluye aquellas compañías que hayan dejado de operar y no aquellas que, en el contexto de una política de achique, pudieran haber cerrado un establecimiento para derivar su producción a otros.
De hecho, mientras que esos cierres equivalen al 2,43% de las firmas existentes, cuando se analizan los puestos de trabajo del mismo segmento, la reducción se eleva hasta un 3,04% del total.
Para encontrar un año con un cierre de empresas de magnitud semejante hay que recalar en 2014 cuando, al igual que en 2018, se produjo una fuerte devaluación de la moneda nacional que, a su turno, redundó en una caída del PBI del 2,5 por ciento.
Entre octubre de 2013 y octubre de 2014 cerraron 1186 firmas industriales. Con todo, para hallar un entramado industrial equivalente al que existe en la actualidad, es necesario recalar hasta el mes de octubre de 2007, cuando existían 53.481 firmas industriales registradas aunque, claro, con una tendencia inversa en la medida en que durante ese año se dieron de alta 2716 firmas. En 2003 existían 40.292 empresas y fue durante el año posterior cuando más firmas industriales se crearon, con 4241.
Primarización y servicios
Si bien es cierto que la destrucción de plantas fabriles se da en un contexto de cierres generalizados (fueron casi 7000 las firmas que cesaron de operar en un año) el fenómeno se acentúa marcadamente en la industria.
De hecho, en octubre de 2018, las manufactureras pasaron a representar el 9,55% del total de compañías, profundizando una tendencia persistente en la pérdida de participación de la industria sobre el total de empleadores. En 2003, fecha desde la cual están disponibles los datos oficiales del SIPA, los empleadores industriales representaban el 11,52 por ciento. Ese porcentaje no cesó de reducirse en ninguno de los 15 años que siguieron. La participación del empleo fabril sobre el total pasó del 18,41% en 2003 hasta un 14,53 en octubre de 2018.
Futuro sombrío
Los datos disponibles, está dicho, datan de octubre. Pero en noviembre, según el Estimador Mensual Industrial del Indec, el sector retrocedió un 13,5% con relación a un año atrás.
Para la Unión Industrial Argentina, la salida a esta situación pasa por acelerar la reforma laboral, con el propósito de mejorar la competitividad sobre la base de la reducción de los costos laborales. Del otro lado, crece el número de trabajadores que ocupan plantas y defienden sus puestos de trabajo, sus salarios y sus convenios. «
Los asalariados, verdaderos perdedores
El impacto de la recesión no afectó a todas las clases sociales de la misma manera. Según datos publicados la semana pasada por el Indec, en apenas un año, los asalariados en general perdieron cinco puntos de participación en los ingresos de la economía nacional mientras que, del otro lado, los empresarios incrementaron en igual cuantía su participación.
Es que, en el tercer trimestre de 2018, las remuneraciones al trabajo asalariado representaron el 45,9% de los ingresos cuando un año antes llegaban al 50,6.
Mientras la generación de ingresos total quedó 4,4 puntos por detrás de la inflación, las retribuciones al trabajo asalariado se situaron 17 puntos por debajo y los excedentes de explotación brutos la superaron en 12 puntos.
Para el caso de la industria manufacturera, golpeada en forma particular por la crisis, al contrario de lo que podría esperarse, y según el mismo informe del Indec, esa polarización se ha visto acentuada.
En ese segmento, durante el tercer trimestre de 2018, las remuneraciones representaron el 39,4% del valor agregado bruto mientras que los excedentes de explotación llegaron a un 45,6.
Pero, además, hace un año, la relación era exactamente la inversa en la medida en que las remuneraciones al trabajo asalariado explicaban un 46% del valor agregado bruto mientras que el excedente de explotación representaba el 39,9.
Para que eso ocurriera, mientras el valor agregado creció un 39% (con una inflación en el período del 40,5%), las remuneraciones al trabajo asalariado lo hicieron en apenas un 19% a la vez que los excedentes de explotación crecieron un 58 por ciento.
Los gremios combativos ante la ausencia de la central obrera
Luchar sin fracturar a la CGT
El triunfo de los gremios de pilotos generó en el Frente Sindical la idea de explorar una nueva estrategia para superar la falta de voluntad de la CGT. Quieren convocar a un paro desde la Federación Internacional del Transporte.
Por Felipe Yapur
La intención es demostrar que se puede convocar a un paro nacional sin depender de la CGT.
El conflicto de los pilotos, que derivó en la derogación de la resolución que permitía la habilitación express de licencias a pilotos extranjeros, probó que es posible derrotar desde una posición de fuerza una de las tantas maniobras que lleva adelante el Gobierno, en su intento por flexibilizar la relaciones laborales. Al mismo tiempo, este triunfo de los pilotos dio origen a una nueva estrategia sindical con la que se buscará superar el dique de contención en el que se transformó la CGT en lo que respecta a la elaboración de un plan de lucha que confronte el modelo macrista. La idea no pretende desplazar a la central obrera ni construir una nueva sino más bien ocupar los espacios abandonados o descuidados por ésta porque consideran que no es posible dejar librado a la suerte electoral el futuro de los derechos laborales.
La idea surgió en la madrugada del viernes mientras se desarrollaban la febriles negociaciones entre los gremios de pilotos y el Gobierno que buscaba con desesperación evitar el paro que se había producido fruto de un intento del oficialismo por quebrar el poder sindical en las empresas aeronáutica. Mientras los llamados iban y venían entre funcionarios y sindicalistas llegó un mensaje de solidaridad de Pablo Moyano al celular del titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró. Eso disparó una conversación donde poco a poco se fue evaluando la forma de superar la mansedumbre de la CGT que en estos últimos meses mantuvo un estruendoso silencio frente las consecuencias del programa económico del gobierno de Macri.
La idea cobró fuerza una vez que los dirigentes sindicales tomaron conciencia de que el triunfo que alcanzado por los pilotos surgió de la mezcla perfecta entre negociación y firmeza como fue sostener el paro a pesar de que tenían todo el aparato mediático amigo de la Casa Rosada en su contra y obligaron a que el Ministerio de Transporte, que dirige Guillermo Dietrich, no tenga más remedio que derogar una resolución que iba en contra de los derechos de los trabajadores aeronáuticos. Entendieron los gremialistas que estaban frente a un triunfo político sindical que no debía desperdiciarse y mucho menos dejar que se pierda entre el cúmulo de noticias que suele imponer el Gobierno como táctica distractiva.
Entonces, y por recomendación de un asesor de Biró, decidieron aprovechar aquellas organizaciones sindicales supranacionales que los dirigentes argentinos de los gremios del transporte integran como es la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF en inglés) donde Pablo Moyano es uno de los vicepresidentes del comité mundial. En esa organización también participan Biró y Edgardo Llano de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) e incluso también hay dirigentes del gremio ferroviario de La Fraternidad que ocupan secretarías en las oficinas regionales de la ITF.
El objetivo parece sencillo: confrontar con mayor firmeza al gobierno de Cambiemos y desde la ITF trabajar para convocar a un paro general que puede ser de los gremios el transporte que también contará con aquellas organizaciones sindicales que integran el Frente Sindical para el Modelo Nacional más las dos CTA, un cúmulo de organizaciones sociales con las que han tejido alianzas y también a la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que dirige Juan Carlos Schmid quien supo llegar al triunvirato por ser parte de las filas del moyanismo, conjunto con el que pese a las diferencias no ha roto del todo los vínculos.
La incógnita a develar es si con estos gremios es suficiente como para lanzar un paro general en los próximos dos meses donde la ITF haga las veces de paraguas protector en el momento del llamado a la medida de fuerza nacional. Por otra parte y en caso de que fuera exitoso este armado y se supere el muro de la CGT, es probable que surja un nuevo actor dentro del universo sindical. Si bien es demasiado temprano, lo cierto es que entre los que participan de esta idea tienen clara la necesidad de otorgarle a la mayor central obrera de Latinoamérica un nuevo perfil y rol dentro de la política argentina. Esto es qué hacer con los sectores que conducen en la actualidad la CGT, los sectores conocidos como gordos e independientes. Si no aplican aquello de “la unidad aunque duela” es probable que haya más de una central obrera. El resultado de la puesta en práctica de este lema en la compulsa electoral de este año bien puede servir como ejemplo o prueba piloto para la irrefrenable disputa interna de la CGT.
De todas formas la derrota política del Gobierno ante los pilotos, aunque no sea más que un fracaso puntual o una batalla perdida, provocó algunas reacciones en el mundo sindical tradicional. Por caso, en las últimas horas los dos integrantes del secretariado general de la CGT, Carlos Acuña y Héctor Daer, salieron por separado a hablar de resistencia a una reforma laboral y a la posibilidad latente de recurrir a la huelga general. En 2018 ante las presiones internas el entonces triunvirato lanzó un par de paros generales con los que consiguieron el oxígeno necesario para mantenerse al frente de la central obrera. El tercero se diluyó tras el acuerdo del bono de cinco mil pesos. Pero esas bocanadas de aire fresco no morigeraron la crisis que atraviesa a la CGT donde sus integrantes imaginaron un 2019 dedicado casi de manera exclusiva a la participación del armado electoral del peronismo mientras cada sindicato defiende su territorio con más o menos suerte. Prueba de ello es la ausencia de solidaridad pública de la CGT con los gremios que en estos últimos dos meses estuvieron en conflicto. Pero ninguno de los que está al frente de los sindicatos y/o la CGT llegó al mundo hace pocos días por lo que son ávidos lectores de la realidad política y como tal es probable que incrementen el umbral del dolor para lanzarse a trabajar en eso que llaman unidad.
“Pagá lo que firmaste”: el reclamo de los trabajadores de Diario Popular
@trabajadorpopu
“Se abonará, en atención a la crisis de la actividad que manifiesta el sector empresario, en 4 (cuatro) cuotas mnesuales y consecutivas de $ 1.250 (Pesos Mil Doscientos cincuenta) cada una conjuntamente con loa haberes de los meses de Noviembre y Diciembre 2018, Enero y Febrero 2019”, dice el texto firmado por las partes y que difundieron los trabajadores desde su cuenta de Twitter.
Shell suspendió a un empleado por aportar un dato clave en la desaparición de Agustina
La empresa le envió un aviso de posible despido por mostrar a la familia los últimos registros de la chica asesinada en Esperanza, Santa Fe, cuando todavía no había sido hallado su cuerpo
Fue así que ingresó a la oficina de un superior y le mostró el registro fílmico a la familia, y lograron ubicar a Agustina en los momentos previos a su muerte. En la semana, sin embargo, notó un trato hostil en su lugar de trabajo.
“Sentía un ambiente raro hasta que pregunto qué había pasado. Ahí me dicen que violé las normas, que no tenía por qué ayudar. Nunca había tenido que pedir permiso para ingresar a la oficina. Era una situación en que segundos pueden cambiar las cosas”, defendió el muchacho.
De todas formas, sus superiores le indicaron que “tendría que haber sido frío” ya que “en ese momento no iba a solucionar nada porque a esa hora la chica ya estaba muerta”.
“Ahí me di cuenta la persona con la que estaba tratando. Yo tengo una hija y una hermana de la misma edad de Agustina y uno se pone en la piel de la familia”, sostuvo. El miércoles Ezequiel recibió “un telegrama de suspensión de cinco días sin goce de sueldo y un aviso por posible futuro despido, solamente por prestar ayuda”.
A pesar de que su accionar fue el correcto y ayudó a esclarecer el femicidio, el empleado se defendió: “No le causé ningún daño a la empresa, no me entra en la cabeza ni la situación ni la suspensión. Era una situación extrema y en lo único que pensé fue en dar una mano”, remarcó.
Mendoza: enero caliente por el “boletazo” y el nuevo sistema de transporte público
El pasado jueves 17, en las calles de la ciudad de Mendoza se realizó la quinta manifestación en lo que va de 2019, contra el brutal aumento del boleto y el nuevo sistema de transporte público (Mendotran), que restringe el servicio para gran parte de la población trabajadora, estudiantes y jubilados/as. Por ANRed
El nuevo año arrancó con una fuerte conflictividad en la provincia de Mendoza. El gobierno de Alfredo Cornejo, con Natalio Mema –titular de la Secretaría de Servicios Públicos de la provincia- generaron un enorme problema para la población: la anulación de todo el sistema transporte en el Gran Mendoza (conglomerado que agrupa en la actualidad alrededor de 1.200.000 personas) y la puesta en funcionamiento de uno nuevo para la provincia llamado Mendotran, pero instalado hace tiempo en otras ciudades como Santiago de Chile.
Sumado a esto, -y para no desentonar con las costumbres de las gestiones provinciales- como todo principio de año, este 2019 se estrenó con un aumento en el precio del boleto interurbano que pasó de 11 a 18 pesos, lo que representa un aumento del 63%. En los departamentos alejados de la zona metropolitana como el Valle de Uco, el aumento para los servicios de media distancia alcanza el 45%, cifra que implica el 30% de los ingresos para quienes cobran el salario mínimo vital y móvil. Con los sucesivos incrementos durante la gestión de Alfredo Cornejo (UCR-Cambiemos), el aumento del valor del colectivo ha sido de más de 200%.
Como todo ajuste contra el pueblo trabajador, el mismo beneficia a las empresas concesionarias-privadas que brindan ahora un peor servicio y encima más caro. Desde el 2 de enero, día de su implementación, el flamante sistema Mendotran trajo innumerables complicaciones. Todo cambió: el color y número de las unidades, los recorridos, se incluyeron nuevos trazos, cambios de paradas y de distancias para acceder a los ómnibus. Pero no se trató de modificaciones informadas con anterioridad lo que, sumado a la falta de señalización en las paradas y la desinformación del propio cuerpo de choferes, produjo el desconcierto e indignación de la población a la hora de salir a sus trabajos y obligaciones. En algunos barrios implicó tener que caminar cuadras interminables para abordar un colectivo; para muchos/as las demoras se tradujeron en la pérdida del presentismo en el trabajo.
Sin embargo, el sistema no modificó en absoluto a sus responsables privados agrupados en AUTAM (Asociación Unida Transporte Automotor Mendoza): Pensalfine, Estoco, Marchetta, Elmelaj, Gasque y Croceri son los apellidos de los principales empresarios que desde hace 25 años están detrás del millonario negocio del transporte público en Mendoza. Por su parte, el diseño del polémico sistema, apodado irónicamente por la población como “Mendotransa” o “Mendotrump”, fue realizado por una consultora española cuyos servicios fueron contratados sin licitación alguna y le implicaron al Estado provincial la suma de 450.000 dólares.
Podemos resumir al Mendotran con una sola palabra: violencia. Su implementación es la consagración de una suma de factores: improvisación, indiferencia hacia el pueblo trabajador que usa cotidianamente el sistema, atropello a la personas con capacidades reducidas o discapacidad, desconocimiento total de las necesidades del pueblo y para culminar una insensibilidad absoluta hacia las protestas y muestras de rechazo del pueblo.
Es necesario destacar cómo el gobierno provincial de Cambiemos creó en su imaginario un estereotipo de ciudadano que se acoplaría rápidamente a tamaña mutación del servicio: el perfil de una persona joven con acceso a internet y con habilidad para manejarse en las burdas aplicaciones creadas al efecto, que, para variar, son imprecisas. Con esto, excluyeron a miles de mendocinos/as que por distintos factores, como pueden ser la edad (adultos/as mayores), la ausencia de telefonía celular, la falta de accesibilidad a internet, etc. quedaron fuera del juego del Mendotran.
La combinación de la suba del boleto y la implementación del nuevo sistema generó una enorme movilización por abajo, que permitió catalizar la enorme bronca y dolor que implican los sucedáneos ajustes del gobierno de Cambiemos a nivel nacional y provincial. Movilizaciones en las céntricas calles mendocinas y también en las distintas barriadas del Gran Mendoza, departamentos del Este provincial y del del Valle de Uco, piquetes autoconvocados y también organizados, llamadas a la desobediencia civil a través del no pago del boleto fueron parte del repertorio de lucha del pueblo trabajador que obligó al gobierno a realizar improvisadamente algunas modificaciones, retornando a recorridos anteriores en algunas zonas.
Desde el 2 de enero a la fecha se han realizado cinco movilizaciones multitudinarias en el centro de la ciudad,convocadas por distintos sectores de la sociedad como estudiantes, sindicatos, jubilados/as, vecinos/as autoconvocados/as, partidos políticos de izquierda, asambleas socioambientales y otras organizaciones sociales. Las distintas convocatorias sumaron más de 20 mil marchantes en pleno enero, y fueron enormemente apoyadas al caminar por la ciudad por transeúntes que acompañaban aplaudiendo y automovilistas con sus bocinas. Hasta los mismos choferes de los colectivos mostraban su apoyo al transitar de la movilización.
La respuesta del gobierno provincial fue la soberbia y la represión. En el Departamento de Las Heras, vecinos/as autoconvocados/as soportaron la represión del estado policial, que detuvo e imputó a tres personas que habían salido a reclamar por la pérdida de recorridos. Guaymallén, el departamento más poblado del conurbano mendocino, contó con varias medidas de acciones directa por parte de habitantes de la zona, terminando una de ellas con una fuerte represión policial donde varias mujeres y hasta una niña de 3 años terminaron heridas por balas de gomas de la Policía de Mendoza.
El broche de oro de la represión estatal fue la presencia de hasta dos policías por colectivo al momento en que la consigna de “No pagar el boleto” comenzó a ganar popularidad. La ecuación no es tan complicada: cuando fuese necesario el gobierno mendocino, a través de la policía provincial, reprimiría abiertamente como fueron los casos de Las Heras y Guaymallén. Y cuando fuese necesario apelaría a la represión preventiva para no dejar fluir la resistencia abierta de la sociedad frente a este enorme atropello. Garantía última de la ganancia empresaria, la represión es decisión política de un gobierno que quizás tema se replique en estas tierras el ejemplo chileno: la evasión (no pago del boleto) alcanza entre el 25 y el 30% de la población usuaria del “Transantiago”; primo hermano de Mendotran con más de una década de implementación en el país trasandino. Aunque de la mano de sus gobiernos, de Pinochet en adelante, el Estado chileno se haya convertido en el alumno prodigio del neoliberalismo en la región, no logra acallar la combatividad de un pueblo que reaparece como el viejo topo en las alamedas santiaguinas, en los puertos y carreteras desde Arica hasta el Wallmapu, desafíando la lógica capitalista del despojo y la explotación.
El rol del Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza (Sipemom), con Rodolfo Calcagni a la cabeza ha sido por demás funcional al gobierno provincial. Los choferes son enormemente perjudicados por estas medidas, desde el estrés generado a partir de los nuevos recorridos, hasta tener que habitar nuevas e improvisadas “terminales” de ómnibus en descampados o plazas, sin siquiera tener baños ni un espacio adecuado para descansar entre turno y turno de los interminables nuevos recorridos trazados por funcionarios que nunca han pisado un colectivo en su vida.
Lejos de funcionarios y empresarios, el termómetro social de la Provincia arroja cifras preocupantes: la desocupación supera el 6%, la pobreza afecta al 27% de la población, los salarios sólo han subido un magro 25% que se desvanece cada día con la inflación, que en 2018 llegó al 47,6%, siendo la cifra más alta de las últimas tres décadas. En este contexto, el Mendotran y el boletazo implican una enorme provocación para la población trabajadora, jubilada y para el estudiantado que ve restringido aún más el acceso a la educación, amenazado por recortes presupuestarios y cierre de carreras en el nivel superior.
El pueblo sigue en las calles luchando contra este enorme saqueo del gobierno, sus empresarios amigos y la complicidad de ciertos sectores políticos y sindicales que están dispuestos a ir por todos los derechos del pueblo en este nuevo capítulo de entrega al FMI y el capital financiero internacional. Enero seguirá caliente en la provincia cuyana y el próximo jueves se reeditará la convocatoria en las calles para decir: “No al Mendotran, no al ajuste y al saqueo, no a la baja de edad de punibilidad, Sí al boleto gratuito para estudiantes y jubilados/as”.
Tarifazo y unidad: la protesta en la calle marca el termómetro social
Comienza a configurarse una masa crítica que reclama una posición unificada contra el neoliberalismo.
No al tarifazo
La lentitud para lograr un acuerdo entre los dirigentes con el objetivo de derrotar en las urnas al neoliberalismo, se contrapone a una unidad que surge en la calle, desde abajo, politiza lo social y dice “No” al tarifazo, que debe ser leído como “No” al neoliberalismo.
Las encuestadoras miden intención de votos, imagen de candidatos, etc. Sin embargo, no hay mejor método que el “termómetro” de la calle para diagnosticar el ánimo social. Como se evidencia en este enero “caliente”, con la expresión de intenso malestar en la multitudinaria marcha convocada por las CTA, los camioneros, otras organizaciones sindicales y los movimientos sociales.
La movilización culminó con un acto en Plaza Congreso, donde se leyó un documento de rechazo al tarifazo, acción que se repetirá todos los jueves en distintas ciudades del país. Según afirman Yasky y Pablo Moyano, es probable que esta marcha sea la antesala de un inminente paro nacional.
Otro ejemplo fue el ruidazo contra el tarifazo, autoconvocado desde las redes sociales. La gente salió a la calle para quejarse, con palmas, ollas, cantos y consignas, en las esquinas y plazas de todo el país. Como dato novedoso, se advierte que comienza a participar activamente un sector afectado y enojado por la situación económica, que incluye gente que reconoce públicamente haberse equivocado al votar a Cambiemos. Todo indica que su comportamiento será de mucha gravitación en las elecciones nacionales
Las manifestaciones de rechazo al tarifazo se van articulando en la calle y en la acción política, funcionando, como dijimos, de termómetro que mide el ánimo social, pero sobre todo dan cuenta de la fundación de una unidad plebeya aún sin representación.
Politización de lo social
Desde “el subsuelo de la patria sublevado”, hermanadxs en el mismo grito, crece en la acción política una base social que demanda unidad para vencer en las urnas a este gobierno neoliberal. La calle plantea un límite, configura la frontera antagónica que expresa el conflicto político actual: dos modelos de país, democracia nacional-popular o neoliberalismo, es lo que está en disputa.
Hasta hace poco tiempo muchos afirmaban que “no hay reacción popular”. ¿Se puede empujar al sujeto a posicionarse contra el neoliberalismo, obligarlo a participar en una experiencia colectiva y forzarlo a que haga política? La respuesta negativa es obvia. La politización tiene su propia temporalidad y se fundamenta en la experiencia. La etimología de experiencia se relaciona con el acto de atravesar, el prefijo ex (separación del interior) y la raíz peri del verbo (ensayar, probar). Esto significa que la política no es sólo ideacional o racional, sino que se siente en el cuerpo singular y social, se atraviesa en un proceso vivencial compartido y solidario que siempre es con otros y en la calle. La solidaridad implica la percepción de la continuidad de los cuerpos y la inmediata comprensión de que mis faltas se articulan con las del otro y otra, eso funda un lazo y una posición común de empoderamiento. Judith Butler afirmó en su libro Cuerpos aliados y lucha política (2017) que la reunión de cuerpos pone en juego significados políticos, más allá del discurso.
La politización de lo social comienza a interrumpir la posición de espera, sacrificio e impotencia, que instaló en el sentido común el Gobierno de Cambiemos desde que asumió, y funda un escenario que engendra una nueva distribución de fuerzas. En el 2015, una subjetividad débil y resignada repetía al unísono el slogan “hay que darles tiempo”. Luego aconteció la sorpresa, la constatación defraudada, el desánimo paralizante que se tradujo como escepticismo: “son todos iguales” afirmaba el coro. Finalmente, siguió el duelo por una prometida revolución de la alegría que, a pesar del paso de los semestres, no sucedía.
El punto débil del poder reside en la experiencia de empoderamiento que surge de la politización de lo social, se fundamenta en la voluntad popular y presenta a la solidaridad como condición. Dicho de otro modo, hay un cuerpo singular y social que no es completamente reductible a la Matrix y a la violenta penetración que actúa sobre la subjetividad, que no está sometido a la anestesia total, sino que siente, sufre y palpita.
La solidaridad de los cuerpos y la organización constituyen una posible salida al hechizo de imposición neoliberal. Llegó la oportunidad de la convergencia en un nombre propio que represente la unidad, capaz de escuchar los ruidos de la calle, que organice la lucha política y conduzca hacia el cambio de rumbo.
La Asamblea de Trabajadoras de prensa ratificó su respaldo a la delegada Paula Sabatés
La actividad de la que además participaron mujeres de colectivas diversas representó la consolidación de un espacio que aborda las múltiples problemáticas que padecen las trabajadoras de prensa.
La propia delegada de Página 12, dejada sin trabajo en la AM750 como represalia a su actividad sindical precisó que la intención es luchar contra la precarización de las compañeras y fortalecer la presencia feminista en los espacios periodísticos de los medios de comunicación.
El grupo Octubre, que preside el secretario General de los encargados de edificios, Víctor Santa María, adeuda a las y los trabajadores del diario Página 12 el incremento salarial correspondiente a la paritaria acordada para el año 2018, que finalizó con una inflación del 48%.
Misiones le dice ‘no’ a los transgénicos
El Gobierno busca desarrollar el maíz transgénico en Corrientes y Misiones. ATE alerta sobre la pérdida de biodiversidad y soberanía alimentaria.
La sede del Consejo Directivo Provincial de ATE, fue en la jornada del jueves 17 de enero, epicentro de un nuevo encuentro del Colectivo No a los Transgénicos en Misiones. Por el sindicato, participaron del encuentro, el secretario de organización del CDP, Ismael Benítez, y el delegado en el sector guardaparques, Diego Ciarmiello.
Este espacio viene objetando fuertemente y concientizando a la sociedad acerca de las consecuencias nefastas que acarrearía para la provincia la instauración del maíz transgénico a gran escala en la provincia que recientemente fue declarada Capital Nacional de la Biodiversidad.
La polémica se instaló en Misiones a partir del anuncio que – en diciembre- efectuó la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial dependiente de la Secretaría de Agroindustria de la Nación, acerca de un convenio con la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar), para desarrollar el cultivo de maíz transgénico, de alta productividad en Misiones y Corrientes, con el objetivo “de producir y exportar -desde estos territorios- más de 1.000.000 de toneladas” al Brasil. Posteriormente, funcionarios nacionales de los programas y proyectos de Agricultura Familiar iniciaron presentaciones en la localidad misionera de Puerto Rico para el desarrollo del cultivo de maíz con semillas transgénicas; y en la ciudad de San Antonio se iniciaron ensayos de siembra en chacras de pequeños productores, en el marco del acuerdo de MAIZAR y Agricultura de la Nación.
“Las semillas son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad”, aseguró Diego Ciarmiello, integrante del Frente Ciudadano Ambiental Capuera. Por lo tanto, deben continuar en manos de los agricultores y “no de las grandes corporaciones”, agregó en declaraciones a LT 4.
“Esta política del gobierno nacional atenta con las políticas del gobierno provincial que fueron construidas hace décadas. Porque el maíz transgénico es una amenaza a la biodiversidad, a la soberanía alimentaria. Al igual que la soja transgénica, las experiencias han sido denunciadas por los propios campesinos, y los integrantes de los pueblos originarios. El maíz transgénico contamina al maíz tradicional, en corto plazo. No hay garantías que el producto transgénico no tenga impactos sobre la salud, frente a la falta de información y a lo ocurrido en otros países, estamos en alerta”, expresó el delegado de ATE, Diego Ciarmiello.
“Se necesita una diversidad de semillas en manos de millones productores”, dijo para acotar que “es la que ya alimenta a los más pobres. Es un juego macabro, el productor acepta porque se están promocionando y subsidiando e impulsando este tipo de maíz. Alrededor 250 mil de maíz transgénico, en una provincia donde queda un millón de hectáreas de monte, es altamente preocupante. Muy rápidamente va a desparecer el maíz criollo y las prácticas milenarias y centenarias que son el patrimonio de las comunidades originarias y de nuestros productores, que se verán obligados a plantar estas semillas”.
El colectivo de movimientos, redes y organizaciones NO a los Transgénicos en Misiones solicitó a la ministra de Agricultura Familiar de Misiones, Marta Ferreira, que el Gobierno provincial no permita la ejecución del convenio que firmaron la Secretaría de Agroindustria de la Nación y Maizar que establece sembrar maíz transgénico en este territorio. Además se instrumentó una campaña, que se puede visualizar y apoyar ingresando a:
Prensa ATE Misiones
La industria perdió casi 116 mil empleos desde el inicio de la gestión de Macri
La estadística de la Secretaría de Trabajo registró 1.141.447 asalariados en octubre pasado. Acumuló siete meses consecutivos de caída en los puestos de trabajo.
En octubre pasado, 1.141.447 asalariados se desempeñaban en la industria manufacturera privada. La Secretaría de Trabajo publicó el dato a fines de diciembre, sobre el filo del fin de año. Quizá por eso no tuvo mucho eco. Lo cierto es que es la cifra más baja desde enero de 2009, que es la fecha más antigua de las estadísticas públicas que exhibe la cartera laboral. En el primer mes de se año, la cantidad de asalariados industriales registrados era de 1.181.853.
Los números de la serie estadística de los trabajadores asalariados del sector privado permiten diversas lecturas. Una es que en el transcurso del año que va de octubre de 2017 a octubre de 2018 los registros perdieron a 49.465 asalariados en la industria.
Las diferencias son más profundas en la comparación entre octubre de 2018 y el mismo mes de 2015, cuando en la industria ya se sentía la restricción de dólares producto del cepo y el bloqueo de dólares impuesto a la Argentina por los mercados internacionales de deuda por el conflicto legal con los fondos buitre. suman 115.941 asalariados menos en tres años.
La cantidad de asalariados industriales del sector privado baja de manera constante desde marzo pasado, cuando había 1.193.398. Es decir, a octubre la estadística acumuló siete meses consecutivos de caída. En ese derrape perdieron sus empleos 51.951 asalariados industriales.
La secuencia de siete meses consecutivos de caída es la segunda más larga de la estadística pública de la Secretaría de Trabajo. La mayor es una de diez meses corridos, que va desde abril de 2016 hasta enero de 2017, es decir, durante la profunda recesión que siguió a la devaluación del peso apenas asumió Mauricio Macri la presidencia.
La secuencia que muestra la estadística laboral se condice con los pequeños ciclos económicos que manifestó la economía de Cambiemos en estos tres años. Mientras que el año 2016 estuvo marcado por la recesión, 2017 marcó un cambio por la fuerte inversión pública que aplicó el gobierno nacional por todo el país como parte de su estrategia electoral de cara a las legislativas de ese año. La devaluación del peso volvió a convertirse en la señal de largada de una nueva recesión en 2018, cuyo arranque se dio ya en diciembre de 2017 y que quedó formalizada con la recordada conferencia de prensa de los cuatro máximos funcionarios del área económica (Nicolás Dujovne, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Marcos Peña).
Con todo, la volatilidad del empleo industrial es un signo de estos tiempos. El pico se dio en marzo de 2013, con 1.271.976 asalariados registrados en ese sector, es decir, poco más de 90 mil más que en enero de 2009. Pero a partir de ese momento se inicia, con altibajos, una tendencia al declive en el empleo industrial que se acentúa con el actual gobierno pero que ya estaba presente antes.
La preocupación entre quienes siguen el derrotero de la industria es que estos movimientos en el empleo no están vinculados a la reconversión tecnológica industrial o a las mejoras estructurales que podrían resultar en que menos obreros producen más bienes. La brusca caída de la inversión (ver página 8) demuestra que ese no es un vector de cambio. Los datos de la caída de la producción industrial también corroboran esta situación.
El empleo en la industria no crecerá. El 30% de los dueños de empresas aseguraron en una encuesta del Indec que reducirán sus planteles mientras que apenas el 7% prevé algún incremento. Es decir, seguirán descargando el peso de la crisis industrial en las espaldas de los asalariados, los que se quedarán sin empleo.
Envío:RL
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