Gendarmería desaloja violentamente el vicerrectorado de la Universidad de Río Negro
Alrededor de 120 efectivos de la Gendarmería Nacional ingresaron esta mañana a la sede del vicerrectorado de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), ubicado en General Roca (Fiske Menuco), y desalojó con balas de goma y gases lacrimógenos a estudiantes y profesores que realizaban una toma. Hasta el momento hay 11 personas detenidas dentro del vice rectorado. Señalan como responsable de la orden de desalojo al juez federal Hugo Greca. El conflicto ya lleva tres meses. Ampliaremos. Por ANRed.
Los efectivos de la Gendarmería ingresaron por la mañana al predio educativo ubicado en Isidro Lobo y Belgrano, donde estudiantes y profesores mantenían una toma pacífica de la sede del virrectorado de la UNRN, en un conflicto que ya lleva tres meses de duración. La Gendarmería desalojó violentamente con balas de gomas, gases lacrimógenos y camiones hidrantes el lugar. Señalan como responsable de la orden de desalojo al juez federal Hugo Greca. Hasta el momento, hay 11 personas detenidas: María José Urruchua, Victoria y Virginia Naffa, Gloria Rojas, Samara Martin Coen, Manuela Farías, Lucas Pinos, Malen Iraola, Fernando Larrubia, Santiago Villegas y Pablo Sarte.
La Ley de Educación Superior Nº 24.521 establece una serie de derechos y obligaciones sobre los establecimientos educativos universitarios y no universitarios. En su artículo Nº 31 deja establecido que las fuerzas de seguridad no pueden ingresar a las universidades nacionales sin una orden de un juez.
“La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”, sostiene la ley.
Compartimos videos de Radio Antena Libre, desde la sede del vicerrectorado de la UNRN en Fiske Menuco, donde organizaciones estudiantiles, docentes, sociales y sindicales convocaron al lugar para brindar solidaridad y exigir la libertación de las personas detenidas.
Otro crimen social: una nena de 11 años murió en incendio de taller textil
Mariana vivía junto a su familia en una casa-taller de Mataderos. Otro crimen social del Estado y la industria que impulsa Juliana Awada. Ni una muerte más por talleres clandestinos.
Ulises Valdez
Este domingo ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires otra de esas tragedias anunciadas, a las que empujan las condiciones en que viven y trabajan cientos de miles aún en la ciudad más rica del país.
Dos familias compartían una vivienda en la calle Cañada de Gómez, que también era un taller textil. Por un problema eléctrico que aún no se pudo determinar, la casa se incendió con varias personas adentro. La madre pudo sacar a uno de los niños, pero el fuego no la dejó volver. Según contó Juan Vázquez (CTEP) al sitio ANSOL, “a las 9 de la mañana se originó el incendio en una de las habitaciones de la casa donde funcionaba el taller. Habían estado dos meses sin trabajo y había llegado un corte que lo pensaban trabajar esta semana”.
Es que en varios barrios de la Ciudad que gobierna Rodríguez Larreta siguen funcionando talleres textiles precarios. Algunos familiares, otros “cooperativos” y otros directamente dependientes de las grandes marcas. Más allá de algunas ferias populares, la mayoría de esas familias y jóvenes costureros inmigrantes trabajan para conocidas marcas. Como el caso de Cheeky, la cadena de indumentaria infantil propiedad de Juliana Awada, esposa de Mauricio Macri. Su empresa era abastecida por talleres clandestinos donde había hacinamiento y reducción a la servidumbre.
El hecho más impresionante fue el incendio de un taller en la calle Luis Viale, donde murieron cinco niños y una joven embarazada en 2006. Juana Vilca (25 años), Wilfredo Quispe Mendoza (15), Elías Carbajal Quispe (10), Luis Quispe (4), Rodrigo Quispe Carvajal (4) y Harry Rodríguez (3). En 2015 le siguió otro incendio en Flores, donde murieron Rodrigo y Rolando, dos nenes de 7 y 10 años alumnos de la escuela 4. Ante el impacto de esos hechos, y el reclamo de distintas organizaciones, en la Ciudad se han reducido la cantidad de talleres clandestinos. Una parte de esa cadena de explotación y hacinamiento de miles de familias, sobre todo bolivianas, se ha trasladado a la Provincia de Buenos Aires. Pero otra, como vemos hoy, permanece “oculta” en la gran ciudad.
Estas condiciones no las garantizó solo Cambiemos. La industria textil ha sido una de las que más ha crecido durante el gobierno anterior, pero el 80 % lo hizo en estas condiciones, que hoy siguen siendo las mismas. Los sindicatos peronistas, incluso los que se han dicho “oposición”, han sido parte crucial de esta tejido de ganancia.
Mariana iba a quinto grado de la escuela 7 del distrito 13, cerca de su casa. La noticia, como no podía ser de otra manera, golpeó a sus compañeras, amigos y docentes.
Como escribió uno de los maestros de esa escuela, Mariano Garrido, “como docentes no deja de intrigarnos cuáles son las resonancias más hondas en nuestrxs alumnxs cuando trabajamos sobre los derechos de lxs trabajadorxs. O cuando estudiamos, por ejemplo, las condiciones de vida durante la Revolución Industrial y leemos fuentes donde se narra cómo en una fábrica de Manchester lxs obrerxs trabajaban 14 horas al día y eran multados si abandonaban los telares sin permiso. Dos siglos después, de este lado del carretel, lxs hijxs de la clase obrera precarizada siguen encadenados, viviendo pésimamente y muriendo temprano”.
Este fin de semana, el flagelo de la precarización de la industria textil volvió a mostrar su peor rostro: la muerte de niños y niñas entre las máquinas. La responsabilidad de los empresarios, pero también del Estado, es indudable. Como es indudable que se trata de otro crimen social del capitalismo: las brutales condiciones en que viven y trabajan millones de familias trabajadoras las condena a morir en tragedias como esta.
Los gremios que denuncian el ajuste y los movimientos de trabajadores cooperativistas, junto con la comunidad, tienen que convocar a medidas urgentes para terminar con estos crímenes brutales. Ni una muerte más por talleres clandestinos.
CTEP: “Si hay alguien que no quiere estallido social somos nosotros, porque los muertos son nuestros”
Así lo aseguró Esteban “Gringo” Castro, uno de los referentes de la organización; a su vez, indicó que los movimientos sociales “no tienen ninguna intención de generar cualquier tipo de problemas en diciembre”
Esteban “Gringo” Castro, uno de los referentes de la CTEP, aseguró este sábado que los movimientos sociales “no quieren que haya estallido social” porque “los muertos” siempre son miembros de esas organizaciones.
“Si hay alguien que no quiere que haya desbordes o estallido social, somos nosotros porque la historia demuestra que en la mayoría de esos hechos los muertos son nuestros”, sostuvo el referente social.
Al respecto, insistió en que los movimientos sociales “no tienen ninguna intención de generar cualquier tipo de problemas en diciembre”.
“El Gobierno tiene que resolver los problemas y dejar de plantear problemas relacionados a la seguridad, cuando el tema es el saqueo que se está generando en nuestro país”, añadió.
En diálogo con FM La Patriada, Castro cuestionó el nuevo protocolo del accionar de las fuerzas de Seguridad y consideró que “el Gobierno se quedó sin discurso”.
“Por un tiempo les daba resultado el discurso de la pesada herencia. Ahora, el Gobierno necesita un discurso vinculado a la seguridad, a la represión”, analizó.
Y agregó: “Nosotros queremos oponerle el discurso de la organización popular, de tomar en nuestras manos los problemas”.
En ese sentido, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) afirmó que “un ajuste de estas características, convertido ya en un saqueo nacional, solamente se podía tolerar con mayor represión”.
“El ajuste va a ser peor. El que gane la elección se va a encontrar con una situación muy difícil. El problema no es sólo lo que estamos viviendo, sino que también es muy dura la perspectiva de futuro”, dijo.
Despedidos de SIAM marchan a Trabajo en busca de respuestas
Los operarios echados de la metalúrgica protestan en las puertas de la cartera en el marco de una nueva audiencia con la empresa. Mañana vence el plazo de la conciliación obligatoria y la firma se niega a reincorporarlos.
El conflicto desatado en la metalúrgica SIAM de Avellaneda no encuentra solución y los trabajadores despedidos nuevamente realizarán una marcha para exigir su reincorporación. Esta vez lo harán en las puertas del Ministerio de Trabajo bonaerense en La Plata en el marco de una audiencia con la empresa. Hasta el momento la firma no accede a los reclamos y el plazo de la conciliación obligatoria vence mañana.
Desde las 11.30 se concentran en las afueras del edificio de la cartera que conduce Marcelo Villegas para dar a conocer que “hace semanas venimos denunciando que Pilisar S. A. del grupo Newsan, cuyo mayor accionista es el empresario multimillonario Rubén Cherñajovsky, no cumple con las obligaciones asumidas ante las leyes de la Provincia de Buenos Aires, precisamente la ley de expropiación, 14.504, por la que se le adjudicó la fábrica de heladeras SIAM”.
“Frente a esta ley, la empresa se comprometió a reactivar la producción, reducir la desocupación con la generación de 600 puestos de trabajo, realizar inversiones para maquinarias e instalaciones; contrariamente ha reducido la planta a cerca de 60 trabajadores, con retiros voluntarios y despidos. En nuestro caso los despidos tienen un carácter antisindicales pretendiendo instalar aún peores condiciones de trabajo”, detallaron en declaraciones a Infocielo.
Más adelante, indicaron que este martes finaliza el plazo de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo y que la empresa “no cumple”. Entonces, expresaron que “esperamos que Pilisar S. A. demuestre voluntad de diálogo y que las autoridades del gobierno provincial de Vidal exijan a la empresa la reincorporación de los despedidos y que retrotraiga su plan de despidos”.
Finalmente, manifestaron: “Invitamos a los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, estudiantiles, políticas y sindicales, y a la comunidad que nos acompañen en esta instancia tan importante para nosotros”
Los trabajadores de prensa, gráficos y canillitas rechazaron al Ley Clarín que impulsó Bossio
Organizaciones de prensa, gráficos, canillitas, diarios cooperativos y autogestivos advirtieron graves riesgos en la desregulación del precio del papel para diarios y destrucción de más puestos
de trabaho.
La mesa nacional de trabajadores de Prensa de la Argentina (MNTP), las organizaciones gremiales que nuclean a los trabajadores Gráficos de imprenta y diarios (FGB y FATIDA), de Vendedores de diarios (SIVENDIA), los medios autogestionados y la federación nacional que asocia a diarios y comunicadores cooperativos (FADICCRA), expresan su rechazo a la media sanción ocurrida el jueves en la Cámara de Diputados de un proyecto que impulsó el Poder Ejecutivo Nacional, en las sesiones extraordinarias del Congreso, para derogar el corazón de la Ley 26.736 que regula y declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios.
“El proyecto presentado, por el diputado Diego Bossio –que ahora deberá ser tratado por el Senado de la Nación-, tiene la única finalidad de liberar el precio del insumo esencial para los medios gráficos del país y beneficiar al monopolio que Clarín y La Nación tienen como propietarios mayoritarios de Papel Prensa SA”, explicaron.
“Si se concreta su aprobación en la Cámara Alta se dará otro golpe a la libertad de expresión y al derecho a la información de toda la sociedad, ya que desaparecerán y/o se achicarán mas medios, incrementando la pérdida de miles de puestos de trabajo en el sector ocurrida en los últimos tres años”, añadieron.
Para los trabajadores, “el proyecto violenta la propia Constitución Nacional y los pactos internacionales incorporados a ella cuando pretende en una sola línea que se deroguen 8 artículos de la Ley 26.736 del 28 de diciembre de 2011, justamente los más importantes que aseguran aspectos de la regulación”.
“Por esos artículos se garantiza el precio único de pago al contado por la venta de papel, un aspecto fundamental que tiende a igualar las posibilidades de compra del insumo básico por parte de las distintas empresas, sin que haya beneficios por montos relacionados con la facturación de cada una”, explicaron.
Las organizaciones expresaron el total rechazo al proyecto y advirtieron a los legisladores sobre la responsabilidad que les cabe por los efectos negativos en materia laboral para los trabajadores que intervienen en todo el proceso productivo que va, desde la búsqueda de información hasta que la publicación está en la calle y es distribuida al público.
En el mismo orden condenamos la mendacidad y la malicia contenida en los fundamentos del proyecto de ley –referidos a la supuesta protección de puestos de trabajo de la fábrica de papel ubicada en San Pedro-, cuando no se habla de los más de 4.000 empleos perdidos en el gremio de prensa y otros miles de puestos de trabajo en el sector gráfico.
Por todo lo expresado insistiremos en reclamar una discusión a fondo de este tema, ahora en el Senado, para evitar la cada vez mayor concentración a manos de grupos empresarios que dieron muestra en años pasados del ejercicio discrecional de su poder, provocando destrucción de puestos de trabajo, y acotando la libertad de expresión en la Argentina.
Aerolíneas detonó la relación con los gremios y abre un conflicto a alta intensidad
La línea aérea de bandera propuso analizar una por una las 376 suspensiones aplicadas por el paro del 8 de noviembre y detonó el acuerdo con los gremios.
Aerolíneas Argentinas mantuvo el viernes una reunión con los gremios aeronáuticos a fin de comenzar a destrabar el conflicto salarial, pero el encuentro fracasó porque la empresa se desdijo y pretendió analizar las 376 sanciones a empleados. Los sindicatos plantearon, como condición previa a cualquier conversación, la eliminación de esas sanciones.
El fallido encuentro se realizó a las 12:00 en la sede de la empresa, en el Aeroparque Metropolitano, con la presencia de representantes de los gremios de pilotos (APA y UALA) y personal de tierra (APTA, UPSA y APA).
Sin embargo, la reunión naufragó antes de que los representantes de Aerolíneas Argentina (AA) llegaran a presentar los números de la oferta salarial, ya que primero propusieron analizar uno por uno los casos de los 376 trabajadores sancionados por participar de las asambleas que paralizaron el servicio de la compañía estatal el 8 de noviembre pasado.
El lunes pasado, al retomar la conversaciones con los gremios, AA había dejado en suspenso esas sanciones al considerar que era imposible mantenerlas en medio del proceso de reapertura de la negociación con los seis sindicatos del sector.
“Sin embargo, los gremios, como condición previa a cualquier conversación, decidieron reclamar la eliminación total de esas sanciones, lo que no tiene fundamento jurídico. Y se levantaron intempestivamente de la mesa de negociación retirándose sin escuchar la oferta salarial”, indicó AA.
Aerolíneas Argentinas había convocado a la reunión para hacer una oferta salarial por la paritaria 2018/2019, luego del encuentro del lunes pasado en la que el presidente de la empresa, Luis Malvido, había recibido a los gremios y en la que se pactó iniciar conversaciones.
La propuesta que Aerolíneas logró presentar a los gremios “incluía una oferta consistente de ajuste salarial de cara a la paritaria que debe regir desde el 1 de octubre”, la cual “consistía en una suma fija a pagar con los sueldos de diciembre y un ajuste porcentual posterior”, informó.
Además, la empresa buscó proponer “una mesa de diálogo sobre nuevas formas de organización laboral y de interpretación de las normas y pautas de trabajo que permitan mejorar la competitividad empresaria, un paso imprescindible ante los actuales cambios tecnológicos, organizativos y de mercado”.
AA recordó que las sanciones por las asambleas “son de índole personal, y no gremial” y que fueron aplicadas “por razones diferentes en cada caso y luego de la verificación hecha por inspectores de la secretaría de Trabajo de la Nación y escribanos de la propia compañía”.
También la compañía planteó que “sólo durante el mes pasado, los gremios hicieron seis medidas de fuerza contra la empresa, que afectaron a más de 85.000 pasajeros”.
Organizaciones sociales vuelven a movilizar por vivienda digna
Militantes de organizaciones sociales marcharán hoy desde el Obelisco a la Secretaría de Vivienda de la Nación para reclamar la construcción de más inmuebles para las familias que se encuentran en malas condiciones habitacionales.
Los manifestantes se concentrarán a las 10:00 en el emblemático monumento ubicado sobre las avenidas Corrientes y 9 de Julio, para movilizarse luego hasta la sede de la cartera que dirige Iván Kerr, situada sobre Esmeralda al 255, en el barrio porteño de San Nicolás.
De la protesta participarán el Movimiento Evita, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie, entre otros.
Por medio de un comunicado, las agrupaciones aseguraron que en la Argentina se necesitan construir 1,5 millones de viviendas sociales y realizar mejoras en otras 2,5 millones en situación precaria.
Además, sostuvieron que este déficit habitacional aumenta en 40 hogares todos los años, el 60 por cientos de ellos en la provincia de Buenos Aires.
En este sentido, señalaron que las cooperativas de trabajo están “en condiciones de cumplir con un plan de obras” para resolver esta problemática.
“Iniciamos en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires: Campana, Brown, Florencio Varela, Moreno y Escobar, generando trabajo directo para más de 2.000 trabajadores y otros 1500 de manera indirecta”, explicó Gildo Onorato, secretario de políticas sociales del Movimiento Evita y dirigente de CTEP.
El dirigente remarcó que las cooperativas “demostraron” que realizan las tareas “con compromiso, responsabilidad, esfuerzo y seriedad”.
“De esa manera, hace un año entregamos las primeras 540 viviendas terminadas en Florencio Varela. Para ser más exactos, 544 familias accedían a una vivienda digna y propia”, agregó.
Los movimientos manifestaron su descontento por la supuesta reducción del 40% en el presupuesto para este tipo de obras.
“Esta grave realidad nos lleva a tomar la decisión de manifestarnos y acampar frente a la Secretaría de Vivienda el lunes 10 para que sean escuchados y tenidos en cuenta nuestros reclamos”, cerró Onorato.
Ezeiza: miles de aeronáuticos se manifestaron en defensa de Aerolíneas Argentinas
Trabajadores efectivos y tercerizados pertenecientes a distintos gremios colmaron la Terminal A del aeropuerto internacional. Los chalecos amarillos, presentes en la jornada.
Bajo la consigna “Defendamos Aerolíneas Argentinas” más de mil trabajadores pertenecientes a todos los gremios aeronáuticos agrupados en la FAPA (Federación Argentina de Personal Aeronáutico) se manifestaron colmando la Terminal A del aeropuerto de Ezeiza.
Muchos llevaban chalecos amarillos, haciendo referencia a las protestas que tienen lugar en Francia en estos días y ponen en jaque al gobierno de Macron. Los aeronáuticos de la agrupación El Despegue de Aerolíneas (efectivos y tercerizados) y tercerizados de Latam acompañaronn la movilización, como lo hicieron en Aeroparque el viernes pasado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario