Los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones, Julio V. Reboredo y Alejandro O. Tazza, confirmaron una resolución de la Cámara de Casación Penal en la cual se había rechazado el archivo de las actuaciones que se le llevan adelante al juez Pedro Federico Hooft por su presunta participación en la denominada “Noche de las Corbatas”, entre otros casos.
Puntualmente, el apelante había solicitado que se “revoque la resolución impugnada y se ordene el archivo de las actuaciones hasta tanto se pronuncie el Honorable Jurado de Enjuiciamiento sobre el presente caso”, dado que consideraba que su remoción “por parte de un Jurado de Enjuiciamiento es condición necesaria para habilitar el inicio de la presente causa penal”.
En su presentación, Hooft mencionó la “inmunidad” que detenta por su calidad de Magistrado de la provincia de Buenos Aires.
Ante el planteo, los Jueces expresaron que “siendo este un proceso tramitado a la luz del Código Procesal Penal de la Nación, no es posible ya decretar el archivo de las actuaciones en base a un impedimento constitucional como pretende la defensa, pues ello sería desconocer manifiestamente la derogación legislativa apuntada y, a la vez, aplicar una disposición legal que no se encuentra vigente desde el año 2000, por lo cual, habrá de rechazarse la pretensión de la defensa”.
Además, en la resolución a la que 0223.com.ar tuvo acceso, se hizo hincapié en que “tampoco podemos desconocer las previsiones legales que amparan la situación del acusado”, por lo cual se consideró que “a fin de no generar un desmedro en su situación funcional y como mejor modo de compatibilizar las previsiones legales en juego, basta decir que del cotejo armónico de esas disposiciones, ninguna de ellas impide por ahora que se inicien actuaciones investigativas tendientes a determinar la existencia de un delito y a sus eventuales autores cómplices y partícipes, en la medida en que no implique ello 'someter a proceso' al magistrado provincial presuntamente implicado, o ejercer medidas coercitivas de su libertad ambulatoria sin haber previamente sido suspendido o removido de su cargo mientras se encuentre en ejercicio”.
“No existe obstáculo para que se avance procesalmente en la investigación judicial, que se recaben tanto elementos de prueba como de descargo y, llegado el caso, proceder conforme lo ha dicho la Excelentísima Cámara Nacional de Casación Penal en esta causa, cuando afirmara que '...hay una sola interpretación posible del texto constitucional en el sentido de que el enjuiciamiento de un magistrado bajo el procedimiento previsto en la Constitución Provincial tiene como finalidad verificar y decidir si corresponde su apartamiento para luego dar lugar a la aplicación de la jurisdicción penal en el caso de que así corresponda”, fundamentaron.
Cabe recordar que Hooft está acusado de ser partícipe necesario de "privaciones ilegales de la libertad, desapariciones forzadas, torturas seguidas de muerte, así como de ser autor de los delitos de asociación ilícita agravada, violación de los deberes de funcionario público, denegación de justicia, abuso de autoridad, prevaricatos, ocultamiento de prueba y destrucción de objetos destinados a servir como prueba, todos en forma reiterada".
Por su parte, organismos de Derechos Humanos confirmaron este martes a 0223.com.ar que el próximo paso a seguir es la presentación de una una denuncia “ante la Comisión Americana de Derechos Humanos con sede en Washington contra el Estado argentino por la demora, inacción y, de alguna forma, protección que le están brindando al todavía Juez Hooft”.
“A esos fines, se ha sumado al equipo de trabajo de los organismos locales de Derechos Humanos, el Dr. Eduardo Salerno, asesor de la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, quien se encargará conjuntamente con la Dra. Messineo de redactar esa presentación”, anticiparon.
Asimismo, indicaron que en forma paralela iniciarán “una campaña internacional para exigirle explicaciones a los Estados nacional y provincial por mantener en el cargo de Juez penal a un colaborador directo de la dictadura militar, imputado de delitos de lesa humanidad, denunciado y con Jury en trámite desde hace más de cuatro años”.
AUTOR / FUENTE: Luciana Acosta
Fuente:Agndh
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