CIRCUITO CAMPS: SEIS REPRESORES SE NEGARON A DECLARAR.

En silencio
Seis represores se negaron a declarar ante el Tribunal Federal No1 de La Plata en la jornada de ayer en la causa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos del Circuito Camps durante la última dictadura. Domingo Almeida, quien fue policía en la comisaría quinta de La Plata; Miguel Kearney, jefe del Destacamento de Arana, y Fernando Svedas, segundo jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata, así como también Mario Sita y Raúl Machuca, quienes integraban la Brigada de Investigaciones de La Plata, y Rubén Páez, ex jefe de esa unidad, una de las que sirvió como centro clandestino de detención, torturas y exterminio, rehuyeron a la indagatoria.
Fuente:Pagina12


Acusado y abogado
Un grupo de testigos y querellantes del juicio por delitos de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura militar en centros clandestinos del denominado Circuito Camps, solicitó al Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata que retroceda en su decisión de haber permitido al ex gobernador bonaerense durante el terrorismo de Estado y uno de los imputados en la causa, Jaime Smart, asumir su propia defensa y, por tanto, habilitarlo para interrogar a los testigos. “No podemos dejar de mencionar el riesgo de revictimizar a quienes vamos a testificar, situación que de por sí provoca experiencias traumáticas y momentos de alta vulnerabilidad, que con seguridad se van a acrecentar ante la presencia y la voz de quien va a formular las preguntas”, remarcaron los firmantes de la carta, entre los que figuran Nilda Eloy, Elsa Pavón, Chicha Mariani y Estela de la Cuadra, con la exigencia al Tribunal. Las líneas, en ese sentido, plantean que “la asimetría en la relación entre el que pregunta y los y las testigos podría ir en desmedro del propio proceso judicial”.
Fuente:Pagina12


Fue en el marco del juicio oral por el Circuito Camps
Un torturador de los Graiver dijo que trasladó acciones de Papel Prensa
Publicado el 5 de Octubre de 2011
Por Milva Benítez
El ex agente de la Bonaerense Norberto Cozzani aseguró que él mismo fue a buscar “los títulos al portador de 10 mil dólares cada uno” de esa empresa y del diario La Opinión. Su rol en el “careo” entre Lidia Papaleo y Jacobo Timerman.

Era el “más temido” en los interrogatorios. El que se “ponía fuera de sí y se iba acelerando hasta que terminaba como en delirio” con esas palabras Silvia Fanjul, empleada del Grupo Graiver, describió al policía bonaerense Norberto Cozzani, el mismo que en la década de 1980 fue condenado –en la denominada Causa 44– a cuatro años de prisión por interrogarla “con tormentos, consistentes en golpes y aplicación de corriente eléctrica”. A ella y a Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, a Isidoro (hermano de David) y a su padre Juan Graiver. En la séptima audiencia del juicio que se lleva adelante en La Plata, por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención conocido como Puesto Vasco –que funcionó en las instalaciones de la Subcomisaría de Don Bosco, en la localidad de Quilmes, bajo la órbita de la Policía Bonaerense–, el mismo Norberto Cozzani se decidió a hablar y aportó revelaciones sobre la apropiación de Papel Prensa.
Pese a su escaso rango en la jerarquía de la Bonaerense, Cozzani explicó que supo hacer méritos para integrar “la comisión” que, según sus propios dichos, “tuvo a 62 personas detenidas, y dos que no fueron detenidas, pero sí investigadas”, del llamado Grupo Graiver, a quienes se refirió como “subversivos económicos”. Lo hizo al tiempo que reconoció: “Conformé la comisión que detuvo a Osvaldo Papaleo”, hermano de Lidia, en Puesto Vasco.
Después de esta autoincriminación, Cozzani siguió adelante y reveló cuál fue su participación en lo que llamó un “careo”, presidido por Ramón Camps, entre Lidia Papaleo y Jacobo Timerman –al que vio “cansado y sucio”–. Aseguró que después del interrogatorio lo mandaron “a buscar los títulos al portador de 10 mil dólares cada uno, que eran las acciones de Papel Prensa y el diario La Opinión”. La precisión de Cozzani suma un dato más a la evidencia ya existente sobre el objetivo de los secuestros, torturas y asesinato de los integrantes del Grupo Graiver: la apropiación de Papel Prensa por parte de la Junta Militar y los tres diarios: Clarín, La Nación y La Razón.
“Cada una de estas sesiones fueron grabadas”, afirmó Cozzani. Al referirse a la detención de la viuda de David Graiver, Cozzani señaló que, tras dejarla en Puesto Vasco, la volvió a ver en el centro clandestino de detención conocido como Pozo de Banfield. Allí “se hizo una especie de entrega de los detenidos del Caso Graiver al general Gallino”, confirmó. Tal como publicó Tiempo Argentino, el 6 de abril de 1977, por decisión del dictador Jorge Rafael Videla, el general de Brigada Oscar Bartolomé Gallino asumió como “preventor militar”, quedando a cargo del operativo en el que fueron secuestrados los integrantes del grupo empresario. Gallino cumplió con un rol clave en el terrorismo de Estado. Según determinó la justicia de la democracia, fue uno de los generales que elaboró la Doctrina de Guerra a emplear por la dictadura, “proceso que se realiza en los últimos meses del año 1975”, según declaró el inspector de la Policía Federal Rodolfo Peregrino Fernández, ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos. “Lo que revela la importancia (de Gallino) en la estructura represiva y su nivel de contactos con los jerarcas de la dictadura”, consideró el fiscal federal Sergio Franco, designado para actuar en procesos por violaciones a los Derechos Humanos.
Gallino es el mismo que se reunía con los directores de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, es decir, Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y Patricio Peralta Ramos, de acuerdo con los documentos firmados por el propio Gallino, el 7 y el 9 de abril de 1977, revelados por este diario y de acuerdo con el Boletín Oficial de la época. En esos documentos, el oficial preventor explicó que los directores concurrían a verlo “con motivo de la adquisición de Papel Prensa” y para “producir sendos informes”, para que luego preparara los interrogatorios para ser tomados el 11 de abril a Lidia Papaleo, precisamente sobre Papel Prensa, según determinó Tiempo, al revelar el documento en el que se replica el interrogatorio.
Además, en un editorial publicado por Clarín, La Nación y La Razón en simultáneo, en sus respectivas tapas, el 19 de mayo de 1977, titulado “A la opinión pública”, se reconoce que acordaron con Gallino dónde y cómo tenían que depositar el dinero que debían pagar por Papel Prensa. “El precio pagado por la transferencia accionaria se halla debidamente preservado mediante su depósito, por indicación del oficial superior preventor, general Osvaldo Bartolomé Gallino (sic), a disposición de tres jueces, correspondiendo resolver sobre su destino definitivo a la autoridad competente”, detallaron.
La declaración indagatoria del policía bonaerense Norberto Cozzani en esta séptima audiencia del juicio por el llamado Circuito Camps aporta un elemento más para comprender cómo fue la alianza entre las tres armas y los tres diarios para apropiarse de Papel Prensa, que será profundizada con el correr de las jornadas, ya que se esperan nuevos testimonios en ese sentido.
Por otra parte, en esa misma declaración indagatoria en La Plata, Cozzani, quien supo ser uno de los hombres de confianza del entonces director general de Investigaciones de la Bonaerenase, Miguel Osvaldo Etchecolatz –también imputado en la causa–, reconoció haber visto en Puesto Vasco a un detenido que estaba en una celda, muy distinta a la que él conoce en el penal de Marcos Paz: “Le diría que tengo el doble de comodidad y el doble de espacio”, dijo.
Antes de terminar su indagatoria, fue el mismo Cozzani quien señaló a los imputados Roberto Antonio Cabrera y Sergio Verduri como quienes pueden dar cuenta del funcionamiento de ese centro clandestino, donde 70 de las víctimas por las que hoy llegan a juicio permanecieron detenidas-desaparecidas (ver recuadro).
En una maniobra poco sorprendente y a pesar de la información aportada, el entonces cabo de la Bonaerense intentó limitar sus responsabilidades. “Me ocupaba de armar las dos carpetas que se presentaban todos los viernes al mediodía, una para el Comando del Primer Cuerpo de Ejército, a cargo de Suárez Mason y, otra para la Secretaría General de Presidencia de la Nación, a través del general Villareal, para Videla.”
Reconocido por las víctimas con el apodo de “Beto”, son varias las víctimas que reconocieron a Cozzani en el centro clandestino que funcionó en la localidad de Quilmes, así como su intervención durante los interrogatorios bajo tormentos.
Fuente:TiempoArgentino


Ayer terminaron las indagatorias
Publicado el 5 de Octubre de 2011
En el día de ayer, los imputados terminaron de prestar declaración indagatoria y quedaron al descubierto las diferentes estrategias.
Rodolfo Aníbal Campos, quien fuera subjefe de la policía bonaerense, lo hizo desde el Hospital penitenciario de Ezeiza, pero no se manifestó con respecto a los hechos investigados. Tampoco lo hicieron los otros 14 de los 26 imputados que tenían oportunidad de hablar, a diferencia del agente de la Policía Bonaerense Norberto Cozzani.
“Evidentemente acá hay alguna interna que se irá develando a lo largo del juicio –comentó la abogada querellante Guadalupe Godoy–, aunque es muy llamativo cómo todos cubren, no sólo al gobernador de facto Ibérico Manuel Saint Jean y a su ministro de Gobierno, Jaime Smart. En realidad la explicación más clara es la convicción ideológica de lo que hicieron y la defensa de los cuadros superiores, lo que resulta bastante contradictorio con la invocación de la obediencia debida, que Cozzani usó para explicar su participación en la represión.”
La próxima semana está previsto que comiencen los testimonios de los más de 500 testigos que darán cuenta del funcionamiento del circuito de campos de concentración que comandó durante la última dictadura el entonces general Ramón Camps, jefe de la Policía Bonaerense.
El martes se escucharán las declaraciones de Jorge Julio López –desaparecido en 2006, tras declarar en el juicio contra Etchecolatz– y de Adriana Calvo –fallecida en 2010–. El miércoles estará en la sala María Isabel Chorobik de Mariani, quien desde hace 35 años busca a su nieta, Clara Anahí.
Fuente:TiempoArgentino

Un plan sistemático
Publicado el 5 de Octubre de 2011
Aduciendo que “desde arriba se dijo: ‘Hay que apagar el incendio’”, Cozzani contó que alrededor de una vez por mes, los altos mandos militares arengaban al personal de la bonaerense, y en la faena mencionó al propio Guillermo Suárez Mason. “Formaban a todo el personal policial, hasta el personal administrativo, en ese momento nadie atendía ni los teléfonos. Hablaban de que había que aniquilar, esas eran las palabras que a uno le machacaban la cabeza”, contó.
Al ser consultado sobre el funcionamiento del centro que funcionó en la Subcomisaría de Don Bosco, señaló: “Tenía un mástil y una bandera, no puedo decir que era clandestino.” En el edificio de una sola planta, con oficinas y calabozos pequeños y muy húmedos, contaba con una cocina que fue acondicionada para funcionar como sala de tormentos.
La abogada querellante Guadalupe Godoy, señaló que “Cozzani abrió el grifo”. Cuando los jueces le preguntaron por lo que él denominó el Operativo Amigo, señalo que tras una explosión en la comisaría de Ciudadela Norte, Harguindeguy, se hizo presente en el lugar y “dio la orden” para iniciar ese operativo que consistió en el secuestro de Jacobo Timerman y el grupo Graiver. Para Godoy, el testimonio de Cozzani es emblemático, en tanto “por un lado, se ve la reafirmación y la convicción ideológica de todo lo que hicieron y, por otro, el yo no fui, propio de quienes han hablado hasta ahora”.
Fuente:TiempoArgentino


Opinión
Lo dijimos en la querella
Publicado el 5 de Octubre de 2011
Por Luis Alén Subsecretario de Derechos Humanos.
Como ya es conocido, tras las amenazas extorsivas y las presiones a las que fueron sometidos los integrantes del Grupo Graiver para obligarlos a vender Papel Prensa al grupo de diarios conformado por Clarín, La Nación y La Razón, en una verdadera “caza de brujas” desatada entre el 8 de marzo y el 11 de agosto de 1977, Juan Graiver, Lidia Papaleo, Isidoro Graiver y su madre, Eva Gitnacht, el abogado Jorge Rubinstein, Rafael Ianover; Enrique Brodsky, Lidia Brodsky, y otras personas con menor vinculación con el grupo económico, fueron secuestradas por fuerzas militares y de seguridad y llevadas a centros clandestinos de detención en la provincia de Buenos Aires. Norberto Cozzani fue uno de los torturadores de los detenidos. En todos estos años jamás admitió sus responsabilidades ni mostró signo alguno de arrepentimiento, sino que se jactó de sus crímenes y se negó a colaborar con la justicia.
Hoy sus palabras, seguramente sin que haya sido su intención, vienen a confirmar lo que la Secretaría de Derechos Humanos afirma desde que promovió la querella por Papel Prensa: que la persecución contra los Graiver fue decidida desde las más altas jerarquías de la dictadura cívico-militar. Cozzani lo reconoce al decir que fue “instructor” de la causa Graiver –eufemismo que esconde su rol de torturador salvaje– y alegar que cumplía órdenes que venían desde Harguindeguy, el criminal ministro del Interior de la dictadura, y se trasmitían a través de Camps y Etchecolatz.
Años atrás, difundió una carta reclamando el apoyo de los jerarcas civiles que, en la provincia de Buenos Aires, fueron responsables del genocidio. Uno de ellos, Jaime Smart, hoy está en el banquillo de los acusados. Ojalá se le sumen otros sobre los que el Juzgado del doctor Corazza no adoptó medida alguna.
Cuando la Cámara Federal de Apelaciones porteña resuelva si es competente el juzgado de La Plata o el del Juez Rafecas, seguramente los acompañarán Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Mitre, Videla, Martínez de Hoz y los demás imputados que, ilícitamente asociados, se apropiaron de Papel Prensa. Entonces sí, será justicia.
Fuente:TiempoArgentino