El ex jefe de Inteligencia de la Policía hizo la lista de personas a perseguir en 1975. Y lo acusan de secuestrar y torturar a algunos
Viernes 23 Marzo de 2012
Militancia y apoyo. | Grupos políticos se acercaron y también hubo quienes entonaron cánticos contra los acusados. | Foto: Natalia Guerrero
POSADAS. Era el encargado del área de Inteligencia de la Policía de Misiones y, como tal, antes del Golpe hizo los informes sobre quiénes debían ser perseguidos y castigados por ser “subversivos”. Ayer, en el juicio oral en el Tribunal Federal por unos 60 casos donde el Ejército y la Policía cometieron delitos de lesa humanidad en la última dictadura, Felipe Nicolás Giménez, comisario inspector retirado, aceptó haber realizado esas listas y después dijo que todos fueron obligados por un conocido decreto firmado por el exgobernador Alterach donde quedaban bajo las órdenes del Ejército Argentino, para perseguir y castigar a los acusados en lo que, para Giménez, fue y sigue siendo “una guerra que ahora se trasladó a la Justicia”.
Y no dudó en denunciar a los funcionarios actuales que impulsaron los juicios a los responsables de delitos de lesa humanidad, por “financiar declaraciones falsas” e inculparlo así de estos casos. Asimismo apeló a la “teoría de los dos demonios” y se quejó de que hayan derogado la Ley de Obediencia Debida. Por otra parte, el médico Guillermo Mendoza volvió a declarar y, entre otros puntos, ofreció una lista de nombres de médicos que trabajaron esporádicamente junto a él en el tiempo de la dictadura y dijo que, muchos de ellos, se fueron al regresar la democracia pero que él se quedó y por eso lo sindican y lo estigmatizan.
El jefe de Inteligencia
Si de cerebro y de brazo ejecutor de represión contra los jóvenes se habla, el nombre del comisario inspector Felipe Nicolás Giménez está en la cabeza de la lista, ya que al momento del golpe era el jefe de Inteligencia de la Policía de Misiones y la mano derecha del jefe de la Policía de Misiones.
Él fue quien en 1974-75 confeccionó a pedido del entonces jefe de la Policía de Misiones, las listas de los “subversivos” a quien el Ejército debía perseguir y castigar y luego fue en parte encargado de ejecutar gran parte de ese plan de exterminación, por lo que hoy llega al banquillo de los acusados por más de 40 de los 60 casos que se ventilan en este cuarto juicio oral por delitos de lesa humanidad en Misiones.
Y en el debate aceptó haber realizado los informes sobre subversivos, entre los que están muchas personas que fueron víctimas de la dictadura con secuestros, persecuciones, torturas y hasta desaparecieron, aunque sólo de algunos de esos casos se lo acusa en este juicio.
Su accionar juzgado es por “privación ilegal de la libertad con abuso funcional o sin las formalidades legales múltiplemente agravada por su comisión con violencias o amenazas y por haberse prolongado durante más de un mes” y además por “Imposición de tormentos a los presos que guarde agravada por la condición de perseguidos o perseguidas políticas de las víctimas”.
Más allá de descalificar los dichos de víctimas como Graciela Franzen, Ricardo Coutouné y de algunos policías como Viana y Araujo, quienes complican la situación procesal en cuando a su accionar durante la dictadura, Giménez dejó bien en claro que aún está convencido de que se trató “de una guerra” y que “la guerra revolucionaria sigue hasta hoy”.
Según dijo, él como integrante de la Policía de Misiones cumplió la orden dada por el militar retirado y por entonces gobernador de Misiones, Miguel Ángel Alterach, firmado el 13 de diciembre de 1975, donde ponía a las Fuerzas Armadas a cargo de la fuerza provincial.
A su vez, aseguró que las fuerzas cumplían con la Ley 2076, la que “obligó a las Fuerzas Armadas a la aniquilación de los subversivos”.
Además dijo Giménez que a pesar del alto puesto que ocupaba, se considera hoy en día un “chivo expiatorio”, por lo que además denunció a los funcionarios provinciales y nacionales por lo que llamó “ancianicidio”, un plan armado para aniquilar a los ancianos como él y como Ríos, quien murió antes de llegar a este juicio, utilizando los recursos del Estado “para financiar declaraciones falsas” y armar causas.
Además de aportar ciertas documentales que servirían para su defensa, Giménez pidió que se adjunte a la causa el nombre de todos los diputados que entre 1975-76 acompañaron a Alterach en firmar el decreto mencionado que lo obligó a actuar bajo las órdenes de las Fuerzas Armadas. El Tribunal, conformado por los jueces subrogantes Rubén Quiñonez, Eduardo Ariel Belforte de la Justicia Federal de Formosa y Norberto Rubén Giménez, de Resistencia, tomó nota de sus declaraciones, de sus pedidos y pasó a deliberar en cuanto a los demás acusados.
Los otros acusados
El ex policía Julio Argentino Amarilla (65), acusado en más de 40 casos, manifestó que se remite a una declaración que hizo durante la etapa de instrucción. Y Carlos Omar Herrero (86), que era jefe de la Policía de Misiones en 1976 y está acusado de unos 40 hechos, y el ex policía Carlos Alberto Pombo (63), involucrado en unos diez hechos, manifestaron que posiblemente declararán en otra etapa del juicio.
Volvió Mendoza
El médico de sanidad policial Guillermo Roque Mendoza (66), que está acusado de tres hechos, decidió volver a hablar. En la primera jornada se desvinculó de los tres casos, dijo que nunca atendió a esas personas y que no era el encargado de hacer torturas y menos de revisar si los presos “aguantaban” los castigos.
Ayer volvió a reiterar cómo era su rutina de trabajo, en la que tuvo hasta tres trabajos, y dijo que en sanidad policial trabajaron muchísimos médicos, algunos de ellos ya fallecidos.
El hombre aportó la lista de muchos médicos que desde el 76 hasta el 83 trabajaron con él, “muchos de los que cuando volvió la Democracia huyeron a otros países, pero yo me quedé porque no tengo nada que ocultar”.
Además criticó el libro de Balero Torres, “Cosechas de Injusticias”, donde él contó que por medio de una secretaria y vecina de Torres, aportó algunos datos históricos, principalmente vinculados al día en que revisó tres cadáveres masacrados, entre ellos el de Enrique Peczak.
“Los datos que yo le di fueron tergiversados en el libro”, denunció, y aseguró que se sorprendió cuando supo que lo que él había narrado cambió para transformarlo en partícipe de la matanza y en el encubrimiento de los crímenes.
Faltan 100 testigos
El debate será retomado el martes 10 de abril a las 8 y luego se realizarán dos jornadas de mañana y de tarde, todos los lunes y martes, hasta finalizar las declaraciones de las víctimas y de los testigos.
FuentedeOrigen:TerritorioDigital
Fuente:Agndh
Posadas marchó en homenaje a las víctimas de la dictadura y en repudio a la continuidad del Modelo Económico y profundización de las leyes represivas.
Hubo fuerte respaldo al juzgamiento de los represores imputados por crímenes de lesa humanidad en el 4 juicio en Posadas. Se señalaron las distintas fuerzas que actuaron durante esos años y se marcó la continuidad de las violaciones de Derechos Humanos hoy. Se rechazó la ley antiterrorista y se reivindicó las banderas de Memoria, Verdad y Justicia.
La marcha por Memoria, Verdad y Justicia en Posadas se realizó el vienes 23 de marzo, un día antes, de recordarse un nuevo aniversario del golpe cívico-militar que derrocó al gobierno constitucional e instaló el régimen de terror que secuestró, torturo, asesinó y desapareció a miles de personas en la Argentina para instaurar y consolidar un modelo económico de expoliación y saqueo. Modelo profundizado por los años neoliberales que sobrevinieron ya en democracia.
Organizaciones sociales, partidarias, barriales, estudiantiles se concentraron en el mástil municipal y desde allí marcharon hacia la plaza 9 de julio. En el recorrido, con las fotos de algunos de los asesinados y desaparecidos de la provincia al frente, eligieron detenerse en las sedes de las fuerzas de seguridad que sirvieron de Centros Clandestinos de Detención, o desde donde se ordenaron la actuación de los grupos de tareas que operaron en toda la provincia. Las dependencias locales de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Ejercito y la ex alcaidía hoy CEP N° 4 por un lado y Jefatura de Policía Provincial por el otro fueron elegidos para marcar la utilización de estos espacios y esas instituciones en la brutal represión que encarceló a cientos de misioneros quienes fueron salvajemente torturados, varios de ellos asesinados y muchos aún hoy desaparecidos.
“Según testimonios de sobrevivientes brindados ante la justicia y obrantes en el archivo nacional de la Memoria, en este lugar permanecieron secuestrados ilegalmente decenas de personas, entre ellos colonos que defendían el precio de su producción trabajadores temporarios que reclamaban estabilidad en sus empleos estudiantes secundarios que realizaban tareas de alfabetización entre otros militantes políticos y sociales o sus familiares. Muchas de estas personas permanecen desaparecidas o fueron asesinadas en esta dependencia donde fue sistemática la aplicación de torturas y la violencia de género contra las mujeres”, leyó Nina Somariva, sobreviviente de los campos de concentración de nuestra provincia, en la placa que señala a la sede Posadas de la Policía Federal como Centro Clandestino de detención. “Aquí fuimos detenidos muchos misioneros durante la dictadura”, aportó un rato después frente a la ex alcaidía hoy CEP 4, ante a un grupo de alumnos que se detuvo a escuchar..
La marcha siguió por Ayacucho hasta la calle San Martín allí dobló y se detuvo frente al Escuadrón de Gendarmería para recordar y denunciar su rol durante la dictadura y aún antes. “Gendarmería detuvo a lo largo de toda la provincia, en todos los escuadrones especialmente en Eldorado donde llevaban a estudiantes, docentes, obreros rurales de Montecarlo y de toda la zona norte de Misiones, paso lo mismo en el escuadro de San Javier, Concepción de la Sierra, San Pedro. Como todas las fuerzas conjuntas han participado y son responsables de más de 600 presos políticos y la desaparición y muerte de más de 70 dirigentes agrarios, políticos estudiantiles, docentes,, sacerdotes en nuestra provincia. Pedimos que haya Memoria, Verdad y Justicia, remarcó Graciela Franzen también una de las sobrevivientes de la dictadura y una de las impulsoras de los juicios por crímenes de lesa humanidad que se desarrollan por cuarta vez desde el miércoles último en Misiones.
“Algunos sobrevivimos para contar” reiteró Graciela frente al Comando de Ejercito donde también paró la marcha y apuntó “ El Ejercito Argentino heredero del ejercito de San Martín y Bolívar -en la época de la dictadura militar- secuestraba, torturaba y violaba a mujeres y hombres, torturaba hasta la muerte en muchas oportunidades. Nunca tuvimos durante la dictadura la posibilidad de que respondan a nuestros familiares los habeas corpus o recursos de amparo, secuestraban de noche, robaban nuestros niños, nuestros bienes. Todavía seguimos buscando a los compañeros desaparecidos de nuestra provincia y seguimos buscando a nuestros niños apropiados”.
Ante silencio respetuoso de cientos de manifestantes agregó “Por todos nuestros compañeros luchadores, agrarios, obreros rurales, estudiantes secundarios y universitarios, sacerdotes, seminaristas, docentes, obreros de la madera de la construcción y de distintos gremios hemos sido salvajemente torturados, sobrevivimos algunos para contar por todos ellos pedimos Memoria, Verdad y Justicia para que nunca más ocurra en nuestro país hechos tan aberrantes, compañeros desaparecidos presentes, hasta la Victoria Siempre”.
Frente al Ejército también se la vio a Susana Pintos, madre del soldado Mauro Ramírez, muerto en Destacamento del Monte 30 de Apóstoles en el 2003. La versión oficial de la fuerza habla de un suicidio pero la querella particular y la de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación sostienen que debe investigarse el caso como asesinato y posterior encubrimiento del Ejército y la irregular intervención de la justicia provincial.
La marcha se encontró en la plaza 9 de Julio con la otra columna de organizaciones barriales, estudiantiles y partidarias que se ocuparon de señalar y repudiar la participación de la Policía Provincial, juzgada en este cuarto juicio.
En el acto de cierre se reivindicó la luchas de aquellos años, y la vigencia que tienen en nuestra actualidad, se repudió el avance de la criminalización y judicialización de los luchadores sociales que hoy están peleando por las mismas reivindicaciones que peleaban las victimas del genocidio y advirtieron sobre las consecuencias del Modelo Económico que se profundiza con este gobierno que además en el intento de disciplinar y controlar la protesta social acaba de sancionar la Ley Antiterrorista. “Otra vez vamos a ser catalogados de terroristas, otra vez como en aquellos años que eso nos significó el secuestro, la tortura, la muerte, la desaparición o el exilio, otra vez lo mismo”, denunció Graciela Franzen.
FuentedeOrigen:ReportealDia
Fuente:Agndh
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