Por Miguel Jorquera
EL OFICIALISMO LOGRO LA SANCION DE LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO POR 140 VOTOS A 83 Y UNA ABSTENCION
Cambios para las ART tras una larga discusión
La nueva norma aumenta los topes indemnizatorios y fija el mecanismo de actualización. Además, clausura el reclamo ante la Justicia Laboral en caso de acuerdo. Fue defendida por la mayoría del bloque K. La oposición se dividió, ya que el PRO acompañó el proyecto.
Por Miguel Jorquera
“Este es el proyecto de la Presidenta. Somos el bloque del Gobierno, no somos librepensadores”, dijo Agustín Rossi.Imagen: Télam
La Cámara de Diputados convirtió en ley la nueva legislación sobre Riesgos del Trabajo que el Gobierno envió al Congreso, con 140 votos a favor, 83 en contra y una abstención. El kirchnerismo sólo tuvo el acompañamiento de sus aliados más fieles y del macrismo, el único partido opositor que sumó su aprobación a la iniciativa oficial. La nueva ley eleva el monto de las indemnizaciones vigentes establecidas en casos de muerte, distintos tipos de incapacidad y enfermedades laborales; establece su actualización automática en forma semestral de acuerdo con la variación del índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) y reduce los plazos para su cobro a 15 días de producido el accidente. Pero impone una opción excluyente para los trabajadores: quienes cobren la indemnización de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) no podrán recurrir a la Justicia, y quienes elijan la vía judicial lo tendrán que hacer en el fuero Civil y ya no en el Laboral, como hasta ahora. La eliminación de la llamada “doble vía” –la posibilidad de reclamar ante la Justicia un resarcimiento económico mayor al abonado por la ART– fue el eje de las críticas de quienes rechazaron la iniciativa.“No tenemos ninguna contradicción. Cuando mañana hablemos con un trabajador le vamos a decir que no tenés que mendigar nada, la ley te lo garantiza”, dijo el jefe del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, para defender la integridad de su bancada frente a los “embates” que –afirmó– la oposición dirigió hacia los diputados oficialistas “más que defender sus propias posiciones políticas”. “Este es el proyecto de la Presidenta. Somos el bloque del Gobierno, no somos librepensadores. El mismo bloque que recuperó YPF, modificó la Carta Orgánica del Banco Central, le puso límite a la extranjerización de la tierra y eliminó la ley Banelco. Somos parte de ese proyecto político.”
En el cierre del debate, Rossi afirmó que el proyecto oficial sobre ART “es para resolver un problema que no es neutro, que perjudica a los trabajadores y a las pyme y beneficia a las grandes empresas”, para luego sentenciar que el voto negativo a la iniciativa significa “mantener las actuales situaciones”.
“Venimos a proponer la modificación que ahora beneficia a los trabajadores y pyme y disminuye la rentabilidad de las ART”, insistió.
La jornada no había empezado bien para el oficialismo. Consiguió un ajustado quórum (129 diputados) cuando faltaban solo tres minutos para el mediodía y para que venciera la media hora de tolerancia que podía hacer fracasar la sesión especial. Recién entonces, la oposición –que apostaba a que se concretaran las dificultades que el kirchnerismo podría tener para abrir la sesión– bajó al recinto.
El kirchnerista chubutense Juan Mario País y vocal de la Comisión de Legislación Laboral fue el encargado de defender el proyecto oficial. “Esta ley sustituye aquel sistema mezquino que funcionaba con una indemnización injusta para sustituirlo por un nuevo sistema tarifario” que apunta a la “justicia social”, aseguró País. Luego destacó que la norma “tiene un sistema no excluyente” y que “posibilita incluso la opción de reclamar el resarcimiento por la vía civil”.
El legislador de Nuevo Encuentro Carlos Heller apuntó que la norma actual prevé como reparación “cifras fraccionadas que se transforman en montos indignos” y no fija “ni pisos indemnizatorios ni topes”, a diferencia de la propuesta oficial, que “actualiza los mínimos” y tiene como objetivo la “reparación integral” encomendada por la Corte Suprema.
Cuestionamientos
“Este proyecto no va a tener el efecto deseado: es mentira que va a evitar la industria del juicio, porque como lo han dicho muchos aquí va a ser declarado inconstitucional. La Corte no va a aceptar el registro cerrado de enfermedades y la litigiosidad no va a bajar”, afirmó el jefe del bloque de la UCR, Ricardo Gil Lavedra. El radicalismo presentó un escueto dictamen en el que propone la creación de una comisión bicameral para redactar en un plazo de 120 días una nueva Ley de Riesgos del Trabajo. Pero el ex camarista federal también sumó cuestionamientos políticos. “Esto es volver a la receta fracasada del ’90, tarifada y de características neoliberales. Causa extrañeza que ustedes lo estén haciendo”, afirmó.
El FAP volvió a dividir posturas. La UP de Víctor De Gennaro –con la adhesión de la Coalición Cívica y Proyecto Sur– presentó su dictamen y el GEN de Margarita Stolbizer tuvo el propio, que incluyó el apoyo del radical Pedro Tunessi. El socialista Juan Carlos Zabalza, en tanto, adhirió a las iniciativas de ambos socios políticos, a los que calificó como “dos miradas diferentes” sobre el mismo tema.
Pero ninguno se privó de cuestionar el proyecto oficial. “Debería darles vergüenza porque este proyecto es un parche que no soluciona la inconstitucionalidad; y lo lamentable es que hasta tanto se resuelva el tema de fondo, habrá compañeros y compañeras muriendo, mientras siguen las ganancias de los grupos financieros”, espetó De Gennaro. “Esta ley busca conformar al trabajador con una indemnización tarifada para que renuncie a la posibilidad de reclamar una indemnización integral”, sumó Stolbizer.
Recalde, en tanto, transitó su intervención en medio de un difícil equilibrio, donde evitó cuestionar el proyecto oficial y reivindicó muchas de sus políticas del Gobierno, aunque defendió su propia iniciativa y reafirmó su “compromiso con los trabajadores y el derecho laboral”. “Hay que lograr que un trabajador no tenga que llegar a la Justicia para que le reconozcan un derecho”, insistió Recalde para defender su propio dictamen, que avala la CGT –pese a la ruptura política de Recalde con Hugo Moyano– y lleva las firmas de los diputados moyanistas.
“Esta ley, cuando se vote y yo no la voy a votar, sólo sube el precio de los brazos y ojos de los trabajadores. No hace más que reafirmar el negocio de las ART. La dignidad no se encuentra en este proyecto, que es un engendro de la UIA”, dijo el hijo del pope cegetista, Facundo Moyano, y se retiró del recinto junto a Plaini.
El peronismo federal también se encolumnó en contra del proyecto y reclamó que no se le comunicó el vencimiento de los plazos que le impidieron presentar su propio dictamen. El macrista Federico Pinedo siguió el camino inverso. Después de recriminarle al oficialismo el “maltrato al que sometió al resto de la oposición en el tratamiento del proyecto”, afirmó que “de todas maneras creemos que es bueno para los trabajadores que se hayan aumentado las indemnizaciones de manera sustancial, que exista actualización permanente de estas reparaciones, permitir la asegurabilidad de los riesgos del trabajo y generar previsibilidad para generar más trabajo”. El PRO votó a favor en general del proyecto oficial.
La suerte ya estaba echada y no hubo cabida para ninguna de las especulaciones que desde algún sector opositor auguraban un susto para el oficialismo. El Frente para la Victoria ratificó su superioridad numérica y la cohesión de su bloque, en el que –aun con disidencias– nadie votó en contra del proyecto del Gobierno.
OPINION
La ley corta
Por Mario Wainfeld
“Ley corta” se la bautizó, para explicar y asumir que es incompleta. La reforma al régimen de accidentes de trabajo abarca una fracción de la problemática, que tiene su importancia, pero que no es lo sustancial. La norma aprobada ayer se centra en la faz dineraria, que es el último tramo de un proceso: la liquidación de la indemnización, su pago y las eventuales acciones ulteriores. Pero deja vacante el abordaje de lo principal, que es la cantidad y gravedad de los accidentes. En Argentina el porcentaje de siniestros es injustamente alto, aunque haya mermado algo los últimos años, según datos oficiales.
Las voces favorables de un oficialismo que mostró leves fisuras se entusiasmaron con la hipotética merma de pleitos, pero es infundado pensar (básicamente porque nada cambió al respecto) que a partir de ahora bajarán el número y la gravedad de los accidentes.Los aspectos más relevantes hechos ley son el aumento de las indemnizaciones, la fijación de un coeficiente de actualización semestral (reconocimiento tácito y bienvenido a la existencia de inflación alta), el añadido de un veinte por ciento en compensación por el daño moral. Y, last but not least, la obligación de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de pagar en un lapso francamente breve. Esos elementos, se aspira, pueden inducir a trabajadores que hayan sufrido daños en su cuerpo o su salud a percibir la indemnización, renunciando a acciones judiciales ulteriores. Se trata de un aliciente positivo, que sólo funcionará si el trabajador acepta la liquidación que estipule la ART, a cuya ecuanimidad jugó demasiadas fichas el legislador.
Un doble disuasivo para acudir ante la Justicia añade la ley, cuestionable a los ojos del cronista. El primero es la supresión de la llamada “doble vía”, esto es, la posibilidad de hacerse de la indemnización administrativa e ir a los Tribunales por un mayor valor. El segundo es establecer la competencia civil para el laburante que opte por jugarse a todo o nada. La existencia de los Tribunales de Trabajo es un punto cardinal del justicialismo: fueron creados por Juan Domingo Perón antes de ser tres veces presidente, cuando conducía la Secretaría de Trabajo y Previsión. Esos tribunales, sin ser un dechado de perfección, se caracterizan por un sesgo y una concepción “pro operario”, ajenos a otras competencias. No se trata de inequidad, sino de un recurso democrático para compensar la desigualdad de poder inherente a la relación laboral. En los juzgados civiles, por concepción e ideología de la mayoría de sus jueces, los trabajadores jugarán de visitante. Tamaño añadido a la restricción de la doble vía llueve sobre mojado: resiente las perspectivas de un pleito justo para quien se arriesgue a plantearlo.
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Corta es la ley, tanto como lo fueron su tratamiento legislativo y el debate que la acompañó. De todos modos, los puntos centrales quedaron demarcados. Por momentos, dio la impresión de que lo central no es cómo se preserva la integridad física y moral de los trabajadores frente a los albures de su actividad, agravados por la baja responsabilidad empresaria. Parecía que el núcleo problemático es la subsistencia de muchas pymes, asediadas por el insaciable accionar de los abogados laboralistas. Cundieron anécdotas sobre empresas que quebraron por tener que hacerse cargo de indemnizaciones faraónicas. Puede haber habido situaciones así, que serían deplorables. Pero no hay evidencia empírica de que hayan abundado o que pruebe que ese daño sea tan extendido como difunden las leyendas patronales. Y mucho menos, que sea mayor que el que sufren los trabajadores por la falta de seguridad.
Las vivencias y la mirada impresionista de este escriba coinciden: la suerte general y promedio de las pymes, digamos en los últimos setenta años, no dependió mayormente de las peripecias de la jurisprudencia laboral sino de las tendencias generales de la economía. En tiempos de bonanza económica o de gobiernos populares coherentes como el actual, les fue mayormente bien. Y en épocas de ajuste o políticas neoconservadoras, anduvieron peor. Nada tiene esto que ver con los fallos de los tribunales, que suelen ser pro cíclicos en materia política. O sea, más generosos con los trabajadores cuando éstos tienen más poder relativo.
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Los sindicalistas afines al oficialismo se ingeniaron para no cuestionar la ley, pero tampoco implicarse con ella. Sólo funcionarios y legisladores la ensalzaron. Fuera de ellos, el más entusiasta apologista fue el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio de Mendiguren, quien fatigó canales de cable y micrófonos.
El Vasco Mendiguren vaticinó una merma inmediata y enorme de la litigiosidad. Manejó cifras ampulosas, de difícil corroboración. Quizá bajen los reclamos cuando se liquide un resarcimiento, por las buenas y por las flojas razones anticipadas. Pero subsistirán otras fuentes generadoras de pleitos. Una es la acotada lista de enfermedades profesionales reguladas hasta hoy. El Gobierno se comprometió a ampliarla pronto, lo que sería un paliativo estimable. De cualquier modo, quedarán muchas afuera.
Y los planteos por inconstitucionalidad de la supresión de la doble vía no tardarán en llegar. No es seguro que prosperen, los precedentes de la Corte no adelantan nada al respecto.
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El jefe del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, cerró el debate con un discurso vibrante, como acostumbra. Exaltó la organicidad política, que es un valor compartible: “No somos librepensadores”. Y ensalzó las políticas laborales y de empleo del Gobierno. El cronista comparte en buena medida esos elogios, pero no cree que prueben mecánicamente que la nueva ley sea coherente con los mejores logros del kirchnerismo.
El Chivo Rossi prometió a los trabajadores que cobrarán rápido lo justo. Es una confianza amplia en los valores fijados, pero también en la probidad de las ART, que hasta hoy dejaron mucho que desear. La indemnización depende del cálculo de la incapacidad: el que paga la determina. Si hay disenso, la celeridad del trámite desaparece y surge la necesidad de seguir litigando. La norma, al abolir la doble vía y forzar la competencia de tribunales “patrones friendly”, presiona la decisión del trabajador y desequilibra la balanza en exceso.
La eventual codicia y aun la mala praxis de los abogados son cuestionables y corresponde que el Estado las controle y regule. Pero nadie puede sugerir que son causas de la accidentalidad, mucho más vinculada con la mala praxis y la codicia empresarial, tanto como con las limitaciones de las imperfectas normas de seguridad vigentes, para colmo incumplidas con frecuencia.
Años hace que la Corte Suprema marcó numerosas inconstitucionalidades del régimen de las ART. Insumió demasiado tiempo esta reforma parcial. Dictar una norma que pusiera al día la prevención y la seguridad en el trabajo sería el mejor modo de reparar las falencias de la ley que tratamos. Es una deuda, que hubiera debido ser atendida por una “ley larga”, no nata hasta hoy.
Apostillas
- Carancheo: “Reivindico la tarea de los abogados laboralistas, especialmente durante la dictadura, que litigaron para defender los derechos de los trabajadores. Pero negar el carancheo de ciertos abogados con los accidentes de los trabajadores y que hay grandes estudios patrocinantes es negar una realidad”, sostuvo Agustín Rossi dirigiéndose a los diputados que se opusieron a la ley, muchos de ellos abogados especializados en le tema laboral.
- Equilibrio: El diputado Héctor Recalde se abstuvo en la votación y defendió su propio proyecto. Reivindicó la “tenacidad” de los abogados laboralistas que siguieron litigando en contra de la constitucionalidad que la Corte menemista le dio a la vieja ley de ART. Una situación que, según el propio Recalde, se revirtió “durante la primavera” que significó la renovación que Néstor Kirchner realizó en la Corte, cuya nueva composición terminó por dictar la inconstitucionalidad de la ley. El ex abogado de la CGT fue respaldado por sus compañeros de bloque. Fue reivindicado por Rossi y aplaudido en un reunión por la mañana.
- Internas: El diputado del Frente para la Victoria Facundo Moyano justificó su voto en contra mirando sus propios frentes internos. Recordó que los dirigentes sindicales “que aplauden la nueva ley de ART” fueron los mismos que apuraron a la presidenta Cristina Fernández para “que diera quórum” para aprobar la flexibilización laboral de Erman González en 1998, pero entonces la diputada nacional se negó. Luego señaló a “Rodolfo Daer, Rubén Pereyra (de Obras Sanitarias), Armando Cavalieri, Luis Barrionuevo, West Ocampo y el infaltable para entregar intereses y derechos de los trabajadores, Oscar Lescano”, como los responsables de aquel apriete.
- Chiste: Facundo Moyano salió en un momento del recinto y aprovechó una entrevista con C5N para hablar de la foto de su padre, Hugo, con Mauricio Macri. “Me costaría mucho apoyarla, me costaría demasiado”, dijo sobre una eventual fórmula entre el líder camionero y el jefe de Gobierno porteño. “Para mí es un chiste”, completó el diputado y aclaró que la coincidencia de su padre y Macri en un acto “no significa de ninguna manera una alianza política”.
- Disidentes: Una decena de integrante del bloque del Frente para la Victoria no acompañaron el proyecto oficial, pero expresaron su negativa sin votar en contra de la ley. Héctor Recalde se abstuvo; Facundo Moyano y Omar Plaíni se retiraron del recinto antes de la votación; otros, como el riojano Jorge Yoma, no acudieron a la cita en la Cámara baja. Sólo el socialista Jorge Rivas, que también forma parte del bloque, votó en contra.
- Homenaje: La sesión especial de ayer comenzó con un homenaje al ex presidente Néstor Kirchner, a dos años de su fallecimiento. La propuesta fue hacer un minuto de silencio, pero el bloque oficialista irrumpió con aplausos para recordar a su líder.
AUMENTO DE LAS INDEMNIZACIONES, ACTUALIZACION AUTOMATICA Y REDUCCION DE LOS PLAZOS PARA COBRAR
Claves para entender la nueva ley de ART
La nueva legislación establece una opción “excluyente” entre lo que paga el sistema y la vía judicial, así los trabajadores que decidan cobrar de la ART no podrán ir a la Justicia a pedir una reparación mayor. El listado de enfermedades cubiertas.
El sistema de ART cubre a 8,7 millones de trabajadores. Cinco compañías tienen el 57,5 por ciento de la actividad.
Las modificaciones a la Ley de Riesgos del Trabajo aprobadas ayer buscan subsanar algunas de las deficiencias arrastradas por el sistema de ART desde su creación, en 1995. Entre los principales cambios que se convirtieron en ley figuran el incremento de las indemnizaciones por accidentes, su actualización automática dos veces al año y la reducción de los plazos para cobrar. La nueva legislación establece una opción “excluyente” entre lo que paga el sistema y la vía judicial, así los trabajadores que decidan cobrar de la ART no podrán ir a la Justicia a pedir una reparación mayor. Las principales críticas al sistema vigente recaen sobre su limitaciones en materia de prevención de accidentes y enfermedades laborales. En el Gobierno aseguran que se continuará avanzando sobre distintas aristas, como la ampliación del reducido listado de enfermedades.
¿Qué cambiará con la nueva ley?
- Opción excluyente: Establece que los trabajadores deben optar en forma excluyente entre cobrar la indemnización que paga el sistema de ART y la posibilidad de reclamar en la Justicia una compensación mayor. Las acciones legales se cursarán por la vía civil y no por el fuero laboral, como sucedía desde 2004. Este punto responde a un reclamo histórico empresario que es cuestionado por parte del sindicalismo, abogados laboralistas e incluso legisladores del oficialismo.
- Actualización automática: Para evitar el retraso, las indemnizaciones se actualizarán semestralmente por el Ripte, un índice que evidencia la evolución del salario de los trabajadores registrados. Además, se realizará una actualización inicial que, por ejemplo, eleva el piso de indemnización por fallecimiento de 180 a 460 mil pesos.
- Reparación integral: Introduce una indemnización adicional del 20 por ciento, para cubrir la compensación por cualquier otro daño.
- Celeridad: Fija un plazo de 15 días para el pago de las indemnizaciones a contar desde el fallecimiento del trabajador o de la homologación de la incapacidad. Hoy el sistema demora entre uno y cuatro meses para pagar y la Justicia tiene plazos de entre dos y tres años.
- Ejemplo: Un trabajador de 45 años que gana 3500 pesos y después de un accidente tiene un grado de incapacidad del 30 por ciento, pasará de cobrar 80 mil a 138 mil pesos.
- Aumentos: El aumento promedio de las prestaciones es de 43 por ciento y el impacto aproximado en la alícuota que pagan las empresas será de un 19,7 por ciento. Las pyme experimentarán mayores aumentos.
- En camino: Las indemnizaciones por accidentes in itinere (desde y hacia al trabajo) se mantienen sin modificaciones.
- Lo que viene: El Gobierno buscará en la próxima reunión del Comité Consultivo Permanente, prevista para el lunes, incorporar “por consenso” al listado de enfermedades las hernias, lumbalgias y várices. Esas dolencias explican el 46 por ciento de las acciones judiciales que se inician. También se discutirá la implementación de las ART-Mutual, aseguradoras sin fines de lucro, y la modificación de la tabla Baremo, que especifica los porcentajes de incapacidad ante diferentes accidentes.
- Abogados: Se acotan los honorarios profesionales y se excluye el pacto de cuota litis que habilitaba la participación de los abogados en los resultados.
- Datos sistémicos: El sistema cubre a 8,7 millones de trabajadores. En 2010 se notificaron 630.766 casos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. En total fallecieron 871 asalariados. Hoy hay 23 aseguradoras y 5 ART –Prevención, Asociart, Consolidar, Provincia y La Caja– concentran el 57,5 por ciento de la actividad.
LAS ART NACIERON EN 1995, EN EL PERIODO DE FLEXIBILIZACION LABORAL
Varios fallos de inconstitucionalidad de la Corte
La reforma de 1995, impulsada en pleno auge flexibilizador y privatizador, acortó el universo de enfermedades y accidentes cubiertos por el sistema, fijó un esquema tarifado para las indemnizaciones, eliminó la posibilidad de recurrir vía judicial y creó a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). Desde 2004, el sistema acumula distintas tachaduras de inconstitucionalidad que evidenciaron la necesidad de una reforma integral. Ante la imposibilidad para consensuar los cambios y la acumulación de borradores que no prosperaban, el Gobierno optó por impulsar una “ley corta” que aborda ciertas deficiencias arrastradas hace 17 años, pero que deja para más adelante modificaciones significativas. Esos cambios fueron aprobados ayer y recibieron el respaldo de un amplio abanico del sector empresario, fundamentalmente la Unión Industrial, y también de la CGT que conduce Antonio Caló.
Los economistas del Cenda, el centro de estudios que encabezaba el viceministro de Economía, Axel Kicillof, explicaron en un informe de 2007 que esos cambios permitieron que “los empresarios se deshagan del riesgo, a la vez que su cobertura se transformaba en un negocio rentable para las compañías de seguro”. De esa forma, el sistema de ART se orientó hacia “la minimización de los costos de los empleadores y aseguradoras”, dejando de lado la política de prevención de riesgos del trabajo. “Se configuró un sistema de seguro en el que la política de prevención no constituye el eje principal. En su lugar, otorgó un marco de previsibilidad empresarial en términos de costos de los siniestros y creó un nuevo negocio financiero que se sumó al de las AFJP”, concluyen los miembros del Cenda.
En 2004, las bajas e insuficientes indemnizaciones pagadas por el sistema llevaron a la Corte Suprema a declarar inconstitucional la imposibilidad de realizar un juicio civil frente a un siniestro. Así se habilitó la “doble vía” o “cúmulo”: la posibilidad de recurrir al fuero laboral para que el trabajador pueda cubrir la diferencia entre lo que paga el sistema y lo que “debería” cobrar si el mecanismo se hubiera mantenido actualizado.
Desde ese momento, el sistema continuó acumulando tachaduras de inconstitucionalidad y comenzó un intenso debate entre el sector patronal, los gremios y el Gobierno alrededor de una reforma integral del sistema que, si bien acumuló varios borradores, no prosperó. Finalmente, este año el Gobierno impulsó una “ley corta” que según consideran en el Ministerio de Trabajo permitirá salvar las inconstitucionalidades del sistema al tiempo que mejora significativamente las reparaciones. No obstante, desde el Poder Ejecutivo reconocen que resta avanzar en distintos puntos para alcanzar una reforma integral del sistema.
PROTESTA SINDICAL FRENTE AL CONGRESO DE LA NACION
La marcha de Moyano y Micheli
El titular de la CGT opositora, Hugo Moyano, y su par de la CTA disidente, Pablo Micheli, encabezaron ayer una manifestación frente al Congreso para rechazar el proyecto que modifica la Ley de Riesgos del Trabajo. Los dirigentes estuvieron acompañados por militantes del MST, Barrios de Pie, Juventud Rebelde, Juventud Sindical (de la CGT opositora) y del Partido Socialista Unificado, entre otros. Los presentes intentaron hacer un abrazo al Palacio Legislativo, pero éste fue vallado previamente.
“Salvando las distancias, esta ley es lo mismo que la ley Banelco, cuando se aprobó la flexibilización laboral”, lanzó Moyano cuando llegó al Congreso y se abrazó con Micheli. Frente al Congreso, se concentraron trabajadores camioneros, estatales de ATE, judiciales, bancarios, dragado y balizamiento, entre otros.
“Responsabilizamos a Carlos Tomada (ministro de Trabajo) por las muertes diarias de veinte trabajadores en el desempeño de sus tareas y por los heridos como consecuencia de accidentes del trabajo”, sostuvo Leonardo Fabre (Apops). Durante toda la jornada de protesta, los manifestantes repitieron este número de muertes como el promedio nacional, lo que arrojaría un total de 7300 en un año. Pero la realidad está muy alejada de esta cifra. Por ejemplo, las muertes por accidentes de trabajo totalizaron en 2010 los 871 casos, es decir 2,4 por día.
La dirigente Vilma Ripoll (MST) aseguró que con esta ley la Presidenta “sigue el camino antiobrero de Carlos Menem”. “Así como ayer el menemismo impulsó la flexibilidad laboral, hoy la Presidenta le cuida la rentabilidad a los capitalistas al impedirle a los trabajadores la vía del reclamo judicial”, agregó. En realidad, la normativa no le impide la vía judicial a los trabajadores, sino que insta a elegir entre la judicialización o la indemnización.
Fuente:Pagina12
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