“La empresa estaba al tanto de todo”
Por Alejandra Dandan
EL JUEZ FEDERAL FERNANDO POVIÑA HABLA DEL PROCESAMIENTO DE CARLOS PEDRO BLAQUIER
“En el fallo no hay un prejuicio ideológico”
Es juez federal en Tucumán, pero hace seis meses se hizo cargo de las causas sobre el terrorismo de Estado que estaban paralizadas en Jujuy. Analiza el aporte puntual de Ledesma en los secuestros y también explica que “la represión ideológica la ponemos dentro de un contexto de intereses económicos”.
Por Alejandra Dandan
Gentileza diario La Gaceta de Tucumán
“Estamos entrando en una nueva etapa judicial, porque estamos viendo el aporte de los civiles que fueron cómplices o coadyuvaron en los hechos de esa época, algo que hay que investigar y que tiene como antecedentes otros procesos. Yo cito a Nuremberg, resoluciones de la Justicia en Estados Unidos no muy lejanas para que no se crea que en el fallo hay un prejuicio ideológico. Acá se está haciendo una investigación judicial. Estamos dando fundamentos a aportes relevantes desde el punto de vista jurídico, que es lo que nos interesa a nosotros.”
Fernando Poviña asumió en el juzgado federal de Jujuy hace seis meses por una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Es juez federal en Tucumán, donde trabaja causas sobre crímenes de lesa humanidad y viaja dos días a la semana a Jujuy. Durante esos seis meses, avanzó en las investigaciones más emblemáticas relacionadas con la última dictadura que estaban paralizadas por el Poder Judicial en el territorio del Ingenio Ledesma. Procesó al dueño de la empresa, Pedro Blaquier, y a su gerente administrativo, Alberto Lemos, por complicidad en grado primario por el secuestro de 29 personas durante el terrorismo de Estado. Probó que Ledesma colaboró en los secuestros prestando sus vehículos en los traslados. Y tuvo en cuenta la condición de referentes sindicales de las víctimas y persecución hacia ellos de la empresa.
En un largo apartado histórico, que será útil para otras causas, analizó el ensamble ideológico entre Ledesma, los grupos industriales y la dictadura.
–¿Cuales son las imputaciones contra Blaquier y Lemos?
–En cualquier causa siempre se trata de ver primero los autores directos. En esta causas hay autores mediatos: personas de “atrás”, que manejaban todo. En este caso, Luciano Benjamín Menéndez. Y también hay personas que ayudan a cometer un delito, que son partícipes o cómplices. En esta causa ya fue procesado Menéndez, máxima autoridad militar en el norte. Lo que estamos viendo ahora es la participación de aquellas personas que no eran “funcionarios”: son civiles que actúan dentro de un patrón común que está dado por la acción del “principal” o autor.
–¿Qué se observa y en qué causas?
–Son dos causas sobre hechos que sucedieron en el departamento Ledesma y zona de influencia, cuya característica es que hay una empresa absolutamente dominante en la situación pública y privada, porque es el que da mayor cantidad de trabajo a todos los pobladores y que tiene una influencia muy grande, como lo marcamos en la resolución.
–Usted la llama “pequeño Estado”.
–Uno de ellos lo dice en la indagatoria. Ellos se hacen cargo de todo, en el sentido de que parte de los argumentos de la defensa fue decir que donde el Estado no llegaba, llegaban ellos. Muchas veces lo que hacían, lo hacían más por obligaciones legales que por buena voluntad. Lo que tuvo en común la selección de personas secuestradas en esa época y en ese lugar específico es que muchas eran luchadores gremiales, sindicalistas o referentes sociales, relacionados con la lucha y reivindicaciones en el sector agroazucarero: y agroazucareros ahí significa una sola empresa.
–¿Cómo se articulan Ledesma y la persecución militar?
–Las autoridades militares desarrollaban un plan de persecución, eliminación o amedrentamiento general a toda clase de trabajadores, pero dentro de todas las persecuciones masivas, acá hicimos foco en la actividad agroazucarera, porque tuvo que ver con ellos, con las reivindicaciones del sector trabajador de esa actividad. De allí surgen las dos causas: Arédez, que se refiere a quien fuera intendente constitucional de General San Martín (Luis Arédez). Allí describimos que los propios vecinos lo impulsaron a ser intendente y que quiso cobrarle un impuesto a Ledesma. Fue médico de la empresa, antes había sido médico del gremio de los azucareros. Y tuvo problemas en la empresa porque recetaba medicamentos por fuera del vademécum que ellos autorizaban, porque consideraba que era lo que correspondía. Luego, trabajaba en hospitales y estaba vinculado con el gremio de los trabajadores azucareros.
–Usted dice que el grupo del primer expediente eran referentes sociales más definidos y que en el segundo se llevaron a muchos “por las dudas”.
–La mayoría de las víctimas de la causa Arédez eran referentes que ya estaban en las listas negras y fueron detenidas el propio 24 de marzo. Las detenciones fueron particularizadas, fueron a buscarlos a las casas, por su actividad. Por eso marco la diferencia que existe entre la forma de la prueba de uno y de otro caso. En la causa de “la Noche del Apagón”, si bien eran personas que estaban sindicadas con algún tipo de vinculación familiar o de referencia con el movimiento sindical o social, como los hermanos Garnica, no eran las cabezas del movimiento, que ya estaban detenidas el primer día. Por eso uso la frase de Ibérico Saint Jean, era lo que quedaba, se los llevaron para evitar que salga algo, por las dudas. Luego de pasar por distintos destacamentos, los llevaron al centro clandestino de Guerrero. Muchos de ellos, posiblemente por los interrogatorios crueles, hayan perdido la vida ahí, pero eso todavía estamos investigándolo. Fue como una segunda oleada: simpatizantes que fueron secuestrados por oleajes en detenciones colectivas. Apagaban la luz y sacaban a todos de las casas que tenían marcadas.
–¿Cuáles son los fundamentos de la prueba sobre Ledesma?
–Es haber puesto a disposición de las Fuerzas Armadas y de seguridad camionetas o vehículos de la empresa sin los cuales no se podían haber hecho los traslados, porque estamos hablando de una época y de un lugar: el interior de la provincia de Jujuy. Las fuerzas no contaban –hasta hoy– con un parque automotor grande. Todo eso está plasmado en los convenios que tenían, en las testimoniales. Por lo tanto, era imprescindible, para llevar a la persona detenida ilegalmente a los distintos lugares, contar con los medios de trasporte. Esos medios de trasporte fueron cedidos por la empresa Ledesma.
–Ellos dicen que los cedieron, pero que no tenían responsabilidad. Usted habla del “mito”.
–Primero dijeron que era todo un “mito”, que no existía. A medida que fuimos avanzando, fueron dando otras explicaciones: que fueron cedidas o, la semana pasada, que a lo mejor hubo un empleado coaccionado a hacerlo. Entonces ese mito nunca fue tal: hay testimonios de la época, incluso de 1975. Lemos explica que cedieron vehículos para el conflicto con Chile en 1978. Hay panfletos previos al golpe que los sitúan, está el “pacto Bussi-Blaquier”, que es un convenio de Gendarmería y la empresa. Hay testigos directos. Los sobrevivientes. Y si usted quiere más, hay un decreto de Illia de 1966, que no habla de camiones, sino de facilitación de lugares, que establecía que Gendarmería iba a tener un lugar en Ledesma a fin de contener todos aquellos movimientos que venían del norte. Esa interrelación indica que, dado el número de detenciones fatídicas de la Noche del Apagón, también se usaron las camionetas del Ingenio.
–Además del aporte material, usted habla del “dolo”.
–El préstamo de las camionetas no fue inocuo. Tenían conocimiento de que iban a ser utilizadas para el traslado de personas detenidas ilegalmente. En ese caso, indicamos las pruebas que existen sobre el señalamiento y la persecución hacia los referentes sindicales que había en la empresa. De eso dan cuenta los propios legajos de los trabajadores: muestran el seguimiento, el comportamiento y las actividades gremiales. Parte del material se logró descubrir en los allanamientos de mayo. Indican que la empresa estaba al tanto de todo lo que estaba pasando con sus propios trabajadores o gremialistas: reuniones, reclamos, con información que trasferían los propios jefes de sección a sus superiores.
–La resolución tiene otro eje importante: el rol de los industriales que acompañaron el golpe y la empresa Ledesma entre ellos. Se analizó la articulación entre políticas económicas, golpes y persecución gremial desde 1960.
–Marcamos que la persecución no era nueva. Analizamos la persecución política y gremial que iba de la mano a tratar de poner un modelo de país que tenía una clara visión económica. Dentro de ese cuadro, enmarcamos el modelo sindical azucarero, lo que pasó con la Fotia y sus dirigentes sindicales antes del 24 de marzo. Mostramos cómo los cupos (de la liquidación de ingenios en Tucumán) pasaron a beneficiar al Ingenio Ledesma. Había una simbiosis de claro beneficio hacia el Ingenio Ledesma, eso se vio luego del cierre de los ingenios tucumanos que eran más chicos, con cañeros dueños de su producción; en cambio Ledesma tenía sus propias tierras y plantaciones y con una mano de obra más desprovista.
–Ubican a Blaquier entre los industriales.
–Allí aparece el nombre de Martínez de Hoz y el Grupo Perriaux. Quiero resaltar que no era algo descontextualizado, sino que estaba todo engarzado en un solo impulso ideológico y económicos. Por un lado, lo que fue pasando con el sector azucarero e industrial con las luchas y organizaciones y la política económica. Y por otro, que los dirigentes de la empresa Ledesma no estaban desconociendo todo esto, porque estaban inmersos dentro de un grupo político económico que contenía estas ideas. No desconocían lo que pasaba, sino que estaban inmersos, dentro de una suerte de pequeño universo que estaba al tanto, apoyando la políticas económicas y sindicales de la ultima dictadura. Un hecho no es aislado, tiene que ver con lo que sucede en su exterior. Estos hechos que se están investigando están enteramente vinculados con un determinada situación política, económica y represiva de una determinada época del país.
–¿Eso no estaba dicho hasta ahora en una causa judicial?
–Lo que se hace de novedoso es que la represión ideológica la ponemos dentro de un contexto de intereses económicos: había ciertas empresas que acompañaban al régimen porque tenían sus intereses económicos de la mano de la política neoliberal que estaba implementando ese régimen de facto.
–¿Por qué no ordenó las detenciones?
–La fiscalía, en este tramo de la causa, había aceptado las eximiciones de prisión (antes de que se asumiera el fiscal Pablo Pelazzo). Hasta ahora siempre estuvieron a derecho y gozan del principio de inocencia. Yo me manejo así en todas las causas. De todas formas, tienen prohibida la salida del país.
Fuente:Pagina12
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Lesa humanidad: procesaron a Blaquier en la causa por “la noche del apagón”
Lo dispuso el juez Fernando Poviña, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Jujuy.
Está imputado como partícipe primario por el delito de privación ilegal de la libertad, en 29 casos. Alcanza también a Alberto Lemos, como partícpe secundario
El magistrado a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Jujuy, Fernando Luis Poviña, dictó este jueves el procesamiento de Carlos Blaquier acusado como partícipe primario por el delito de privación ilegítima de la libertad en 29 casos, ocurridos durante el último gobierno militar.
Se trata de dos causas (Burgos y Aredez) que se encuentran en el marco de los hechos conocidos como "la noche del apagón".
En las mismas investigaciones también resultó procesado Alberto Lemos, a quién se le imputaron los mismos delitos pero en calidad de partícipe secundario. El juez además ordenó que se embargue al acusado Blaquier por la suma de 11 millones de pesos.
En tanto que similar medida le impuso a Lemos por un monto de 5 millones y medio. En las resoluciones, el magistrado también mantuvo la libertad provisional de los acusados y les prohibió la salida del país.
Fuente: www.cij.gov.ar
NOTAS DE ARCHIVO
25.03.2012
ninguna de las causas por delitos de lesa humanidad de la provincia llegó a juicio oral
Masivo reclamo de justicia en Jujuy
Más de 70 mil personas marcharon desde el Parque de la Memoria hasta la céntrica Plaza Belgrano para pedir la aceleración de los juicios por la represión. El papel aglutinador de la Tupac Amaru y los organismos de Derechos Humanos.
Por: Gimena Fuertes
Ni los mismos organizadores podían creer lo que habían logrado. Más de 70 mil jujeños marcharon desde el Parque de la Memoria, al sur de San Salvador, hasta la Plaza Belgrano, en el centro de la ciudad, frente a la Casa de Gobierno.
En la única provincia del país en la que los juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura no avanzan, la marcha por la Memoria, Verdad y Justicia mostró el consenso social que existe para que los responsables civiles y militares sean juzgados y, como dijo Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru, “vayan a la cárcel común”.
Madres de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. y familiares encabezaron la marcha. La Tupac Amaru, miembros de los pueblos originarios y otras 26 organizaciones caminaron detrás, a lo largo de siete kilómetros. Miles de familias y jóvenes sostenían las banderas de sus movimientos, mezcladas entre wiphalas. En medio, la kilométrica bandera con las fotos de los desaparecidos era llevada por cientos de manos.
Al igual que Milagro Sala, la mayoría de las máximas dirigentes de los movimientos que integran la Red de Organizaciones Sociales son mujeres. La marcha mostró un equilibrio entre el respeto y cuidado por los compañeros, producto de una pulida organización, y la espontánea alegría, entre bailes y cantos.
Estas 27 organizaciones de la provincia que llevan adelante la construcción de barrios, centros comunitarios, fábricas y escuelas, demostraron ayer en una provincia marcada por el bipartidismo, su capacidad “de construcción de poder popular”, en una noche en la que ni el PJ ni la UCR participaron de la movilización.
Al comenzar el acto final, desde el escenario, Ernesto Samán, ex trabajador del Ingenio Ledesma, sobreviviente de la llamada Noche del Apagón, cuando la policía junto con camionetas de la empresa salió a cazar a trabajadores y vecinos, pidió “juicio oral y público a todos los genocidas de Jujuy”.
“¿Cómo es posible que la justicia federal no actúe con toda la información que tiene?”, se preguntó el ex detenido desaparecido. En Jujuy ningún proceso judicial por delitos de lesa humanidad llegó a juicio oral.
Desde el escenario, se señaló la responsabilidad del magistrado a cargo del Juzgado Federal Número 2, Carlos Olivera Pastor, donde se tramitan estas causas. La silbatina fue ensordecedora.
Pablo Pelazzo, abogado querellantes de las causas por Derechos Humanos, opinó que la desaparición de los compañeros “tuvo el objetivo de eliminar los cuerpos que encarnaban la solidaridad en el país”.
Los oradores se sucedieron en el escenario. Graciela López, dirigente de la Red de Organizaciones, pidió justicia. “Estamos en la plaza para demostrarle a ciertos sectores que la lucha es una sola.
Demasiado sufrimos las persecuciones a los compañeros en las villas y los barrios y los ladrones de guante blanco siguen impunes con las manos manchadas de sangre”, puntualizó. Al calor de los aplausos y los cantitos de la Tupac, cerró el acto Milagro Sala.
“Le dije a una de las Madres que gracias a ellas somos hoy nosotros lo que somos. A medida que pasaban los años, la marcha crecía más y más. Hoy llenamos la plaza porque los familiares y Madres hicieron un trabajo de hormiga”, subrayó .
Y agregó: “Queremos que dejen de caminar al lado nuestro los culpables, que vayan a cárcel común. A los pibes que por desesperación roban los meten en la cárcel, los jueces tienen que tener en cuenta lo que hoy es Jujuy. Hoy dimos un grito muy fuerte para que metan presos a los genocidas.
A los familiares y madres que portan el pañuelo con mucho orgullo les decimos: gracias por enseñarnos este camino.”
Fuente: Tiempo Argentino, 25 de marzo de 2012
Críticas a la Cámara Federal de Salta y al Consejo de la Magistratura Declaraciones del fiscal Jorge Auat a El Tribuno de Salta: "Jujuy era la capital de la impunidad"
Hace exactamente una semana salió publicada en el diario El Tribuno de Salta con el explícito título de “Jujuy era la capital de la impunidad”, una entrevista con el fiscal Jorge Auat, quién encabeza la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la época del Terrorismo de Estado.
Es tan interesante que merece difundirse. Testigo Buamscha. Compartió infortunio con Kristensen. Auat recordó que “d“enunciamos la situación de Olivera Pastor, a punto tal que cuando se formó la Comisión Interpoderes de la Corte, fue uno de los primeros jueces que citó” y que Olivera Pastor alegó que no indagaba a los sospechosos de crímenes de lesa humanidad porque “no tenía dónde alojarlos”.
Argumento que no era válido y que denunciaba claramente la decisión de Olivera Pastor de no investigar, dijo Auat, porque “el lugar de alojamiento no es problema de los jueces, sino del Poder Ejecutivo”. “Además hay una cuestión más grave: cuando se le preguntó cómo resolvía los otros casos comunes, respondió que no los hacia él sino la Policía.
Una situación reñida con cualquier canon procesal en un Estado de Derecho”, destacó. Con esos datos era suficiente para entender, siguió diciendo el fiscal “por qué en Jujuy las causas de lesa humanidad no avanzaban”, una “situación (que) se prolongó durante mucho tiempo”, hasta la remoción de Olivera Pastor.
Más grave aún, siguió diciendo Auat, fue que el presidente de la Cámara Federal de Salta –el Dr. Luis Renato Rabbi-Baldi Cabanillas– que tiene poderes de superintendencia sobre la jurisdicción de Jujuy acudió a la Comisión de Interpoderes y pretendió “acreditar que lo que señalábamos no era real con una estadística, a mi juicio, falaz”.
“En su momento le dije que era un ‘sofisma contable aritmético’, y (Rabbi-Baldi) pretendió justificar que el Juzgado Federal estaba al día como el estado de las causas, al menos un trámite de cierta regularidad”, describió. “Esto fue rechazado en su totalidad por todos los integrantes de la comisión, porque le dijimos que el problema central de Jujuy lo señalaban el estado general de las causas, que Jujuy no tenía juicios”, puntualizó Auat. .
Con todo, siguió diciendo, lo más grave que ocurre en Jujuy es que tiene 130 víctimas, la mayoría de ellas en “la Noche del Apagón”. “El mundo conoce el caso, pero Jujuy no tenía causa en trámite, no tenía la dinámica que el proceso exige. Esa es la cuestión central de Jujuy. Y ahora fíjese la situación: cambió el juez, y estamos hablando de estos últimos días, y vemos que hubo allanamientos.
Quiere decir que este juez (Fernando Luis Poviña) abona claramente lo que sosteníamos sobre la actuación del juez anterior”. Auat señaló que Olivera Pastor tuvo paralizado el expediente judicial durante más de tres años, y que las denuncias contra él también estuvieron dormidas en el Consejo de la Magistratura.
Las causas no avanzaban porque Olivera no las tramitaba, “y paralelamente las denuncias a este juez no avanzaban en el Consejo de la Magistratura porque no se tramitaban (como) lo reconoció (públicamente) un consejero”. de estas causas en Jujuy, desde la remoción de Olivera Pastor".
"No solo cambia la historia en Jujuy, sino que en la medida que se instalaron como política de Estado, tengo la sensación que este va a ser un año donde vamos a avanzar bastante y vamos a ponernos al día en muchas jurisdicciones que de algún modo vienen retrasadas”, concluyó Auat.
Fuente: Telam, marzo 2012
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