LUNES, 3 DE DICIEMBRE DE 2012Apuntan móvil político en asesinato de dirigente campesinoPL
Organizaciones campesinas, dirigentes políticos y entidades latinoamericanas denunciaron la existencia de un móvil político en el asesinato del dirigente campesino paraguayo Vidal Vega.
En la madrugada del sábado pasado, Vega fue baleado y rematado ante su esposa e hijos en la puerta de su domicilio, en el distrito de Marina Cué, departamento de Canindeyú, el mismo lugar en que un sangriento desalojo, en junio pasado, provocó la muerte de 11 labriegos y seis policías, caso aún no esclarecido.
Pobladores de la comunidad de Yby Pyta, a la cual pertenecía el fallecido, desmintieron la versión del fiscal José Zarza, quien enmarcó el crimen en un ajuste personal de cuentas y dijeron que el asesinato es continuidad de aquel hecho conocido como la masacre de Curuguaty.
Vega fue testigo excepcional del incidente utilizado como elemento para destituir al presidente Fernando Lugo y suministró detalles para un informe independiente, en el cual se denunciaron muertes injustas de campesinos, negación de auxilio a heridos y prisiones innecesarias.
La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo denunció el asesinato a sangre fría del líder campesino y agregó era conocido por su lucha por la tierra y gestionaba, en este momento, 500 hectáreas para labriegos carentes de terrenos.
Exigimos una investigación profunda y seria sobre esta muerte, perpetrada en el marco de la lucha social, y pedimos cárcel a los responsables y justicia para la memoria de Vidal Vega, a la vez que apelamos a la solidaridad internacional para denunciar este caso, dijo.
Por su parte, Domingo Laíno, responsable de la Plataforma de Estudios Campesinos que busca esclarecer lo sucedido en la masacre de Curuguaty, afirmó que lo sucedido, evidentemente, fue obra de propietarios de tierras mal habidas, quienes enviaron sicarios para el asesinato.
Calificó de grave el hecho y recordó que coincide con la llegada a la zona de los cuatro labriegos que estuvieron 50 días en huelga de hambre, sugiriendo sus vidas también pueden correr peligro.
Organizaciones campesinos anunciaron una serie de movilizaciones para esta semana en protesta por el crimen y en demanda de castigo a los autores.
En la madrugada del sábado pasado, Vega fue baleado y rematado ante su esposa e hijos en la puerta de su domicilio, en el distrito de Marina Cué, departamento de Canindeyú, el mismo lugar en que un sangriento desalojo, en junio pasado, provocó la muerte de 11 labriegos y seis policías, caso aún no esclarecido.
Pobladores de la comunidad de Yby Pyta, a la cual pertenecía el fallecido, desmintieron la versión del fiscal José Zarza, quien enmarcó el crimen en un ajuste personal de cuentas y dijeron que el asesinato es continuidad de aquel hecho conocido como la masacre de Curuguaty.
Vega fue testigo excepcional del incidente utilizado como elemento para destituir al presidente Fernando Lugo y suministró detalles para un informe independiente, en el cual se denunciaron muertes injustas de campesinos, negación de auxilio a heridos y prisiones innecesarias.
La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo denunció el asesinato a sangre fría del líder campesino y agregó era conocido por su lucha por la tierra y gestionaba, en este momento, 500 hectáreas para labriegos carentes de terrenos.
Exigimos una investigación profunda y seria sobre esta muerte, perpetrada en el marco de la lucha social, y pedimos cárcel a los responsables y justicia para la memoria de Vidal Vega, a la vez que apelamos a la solidaridad internacional para denunciar este caso, dijo.
Por su parte, Domingo Laíno, responsable de la Plataforma de Estudios Campesinos que busca esclarecer lo sucedido en la masacre de Curuguaty, afirmó que lo sucedido, evidentemente, fue obra de propietarios de tierras mal habidas, quienes enviaron sicarios para el asesinato.
Calificó de grave el hecho y recordó que coincide con la llegada a la zona de los cuatro labriegos que estuvieron 50 días en huelga de hambre, sugiriendo sus vidas también pueden correr peligro.
Organizaciones campesinos anunciaron una serie de movilizaciones para esta semana en protesta por el crimen y en demanda de castigo a los autores.
Fuente:Argepress
LUNES, 3 DE DICIEMBRE DE 2012Otra vez Rio TintoPor Javier Rodríguez (PL)
Después de varios meses de silencio, tiempo en el cual parecía haber desistido o posponer el proyecto, el gobierno paraguayo informó el reinicio de sus tratativas con la multinacional canadiense Río Tinto Alcán para su controvertida instalación en el país y desató inmediatamente la reacción contraria de las organizaciones sociales y partidos de izquierda.
La primera conclusión a la cual llegaron los sectores opositores a esa presencia de la empresa en Paraguay, considerada en principio como atentatoria contra la soberanía nacional, es la de que, supuestamente, las negociaciones habían continuado en forma secreta para evitar la movilización popular en su contra.
Como era de esperarse, actos masivos de rechazo al anuncio oficial se registraron, no sólo en Asunción, sino en las ciudades de Encarnación, Itapúa y Ciudad del Este, entre otras de departamentos del interior del país.
Pero las demostraciones no fueron sólo nacionales, pues de acuerdo con la comisión organizadora de la protesta, paraguayos residentes en Buenos Aires, París y Madrid se plantaron frente a las correspondientes embajadas canadienses para escenificarla también en esos lugares.
El regreso a la actualidad paraguaya del tema de Río Tinto merece un recordatorio de las razones fundamentales por las cuales buena parte de los sectores populares y de la opinión pública en general se oponen a su instalación en el territorio de la nación guaraní.
La insistencia gubernamental en materializar esa apertura se expresó con la emisión de un decreto presidencial que autorizó iniciar las negociaciones con la transnacional sobre lo denominado en el documento como la instalación de una planta de producción de aluminio.
Entre las bondades que traería al país el proyecto, el gobierno enumeró como beneficio a largo plazo, la creación de empleos, recaudación impositiva y desarrollo de infraestructura, restando importancia a lo relativo al subsidio por Paraguay de la gran cantidad de energía a consumir por las instalaciones de Río Tinto Alcán.
Sin embargo, este último punto parece ser de importancia primordial para la multinacional que siempre puso sus ojos en la energía producida por la hidroeléctrica binacional Itaipú, considerada la segunda mayor del mundo, la cual comparten Paraguay y Brasil.
Junto a esto la atraía el bajo costo de la mano de obra y el favorable, desde el punto de vista económico, régimen de maquila a utilizar como un beneficio para los inversionistas.
Varios expertos procedieron a desnudar entonces con sus argumentos las verdaderas intenciones de Río Tinto y los perjuicios que ocasionaría al Estado paraguayo concretar el acuerdo anunciado.
El ingeniero Ricardo Canese, experto en temas de energía, y la exviceministra de Minas y Energía, Mercedes Canese, dijeron que la instalación del tipo de planta electrointensiva necesitada por la multinacional, repercutiría en forma muy negativa para la economía.
Coincidieron en que la procesadora de aluminio requerirá de una línea de 500 kilovoltios independiente para poder suministrarle los mil 100 a mil 600 megavatios de potencia que requerirá la fábrica, la cual, por cierto, está costeando Paraguay con fondos asignados por el Mercosur.
Pero, además, la voracidad de Río Tinto, hace que demande una tarifa subsidiada para esa electricidad equivalente a más, anualmente, que todo el consumo paraguayo, entregado entonces a precio muy bajo durante un plazo de 30 años, cuyo aumento a cinco décadas reclama la empresa.
El precio demandado es tan bajo y el aumento del consumo será tan seguro que Paraguay, dicen los Canese, terminaría teniendo que comprar energía para su consumo interno a un costo mucho más alto que el pagado por Río Tinto para su producción de aluminio.
Si Paraguay no puede comprar energía más barata que a 150 o 200 dólares el MW/h eso es lo que le tiene que cobrar a Rio Tinto, dijo Ricardo Canese, tras señalar que la transnacional ni siquiera admite pagar 60 dólares.
Calculó en 14 mil millones de dólares la pérdida de Paraguay si concede un contrato de 30 años con subsidio y aseguró que su generación de empleo será de 0,1 por ciento en relación con otras industrias.
Los datos divulgados, por otra parte, plantean que la empresa canadiense de producción de aluminio consumirá en definitiva nueve mil 600 GW/H de energía eléctrica por año, lo cual equivale al consumo anual aproximado que tiene todo Paraguay.
Por otra parte, resalta que la industria nacional utiliza mil 500 GW/H por año y emplea en forma directa a 320 mil personas, y Rio Tinto propone generar apenas mil 200 puestos de trabajo directo, de acuerdo con las organizaciones sociales opositoras.
Pero otro cuestionamiento trascendente proviene, precisamente, de dichas organizaciones integradas en la campaña NO al golpe de Río Tinto que, en sus alegatos, vinculan a esta multinacional con la operación política de los partidos tradicionales, mediante la cual destituyeron al mandatario constitucional, Fernando Lugo, realizando un juicio político en el Congreso.
Se trata también de los daños al medio ambiente, además de la contaminación de los ríos cercanos al lugar elegido por Río Tinto para su instalación, según los estudios hechos por la oposición.
Basándose en juicios de los especialistas y también en la propia historia de la transnacional, que enfrentó varios procesos judiciales en distintos países precisamente por los perjuicios ocasionados al medio ambiente, esas entidades rechazan la llegada de la empresa a la nación mediterránea, de la mano del gobierno de Federico Franco.
En definitiva, la poderosa multinacional enfrenta una verdadera movilización nacional en su contra y el gobierno tendrá que responder a muchas interrogantes antes de dar la aceptación final al famoso contrato.
La primera conclusión a la cual llegaron los sectores opositores a esa presencia de la empresa en Paraguay, considerada en principio como atentatoria contra la soberanía nacional, es la de que, supuestamente, las negociaciones habían continuado en forma secreta para evitar la movilización popular en su contra.
Como era de esperarse, actos masivos de rechazo al anuncio oficial se registraron, no sólo en Asunción, sino en las ciudades de Encarnación, Itapúa y Ciudad del Este, entre otras de departamentos del interior del país.
Pero las demostraciones no fueron sólo nacionales, pues de acuerdo con la comisión organizadora de la protesta, paraguayos residentes en Buenos Aires, París y Madrid se plantaron frente a las correspondientes embajadas canadienses para escenificarla también en esos lugares.
El regreso a la actualidad paraguaya del tema de Río Tinto merece un recordatorio de las razones fundamentales por las cuales buena parte de los sectores populares y de la opinión pública en general se oponen a su instalación en el territorio de la nación guaraní.
La insistencia gubernamental en materializar esa apertura se expresó con la emisión de un decreto presidencial que autorizó iniciar las negociaciones con la transnacional sobre lo denominado en el documento como la instalación de una planta de producción de aluminio.
Entre las bondades que traería al país el proyecto, el gobierno enumeró como beneficio a largo plazo, la creación de empleos, recaudación impositiva y desarrollo de infraestructura, restando importancia a lo relativo al subsidio por Paraguay de la gran cantidad de energía a consumir por las instalaciones de Río Tinto Alcán.
Sin embargo, este último punto parece ser de importancia primordial para la multinacional que siempre puso sus ojos en la energía producida por la hidroeléctrica binacional Itaipú, considerada la segunda mayor del mundo, la cual comparten Paraguay y Brasil.
Junto a esto la atraía el bajo costo de la mano de obra y el favorable, desde el punto de vista económico, régimen de maquila a utilizar como un beneficio para los inversionistas.
Varios expertos procedieron a desnudar entonces con sus argumentos las verdaderas intenciones de Río Tinto y los perjuicios que ocasionaría al Estado paraguayo concretar el acuerdo anunciado.
El ingeniero Ricardo Canese, experto en temas de energía, y la exviceministra de Minas y Energía, Mercedes Canese, dijeron que la instalación del tipo de planta electrointensiva necesitada por la multinacional, repercutiría en forma muy negativa para la economía.
Coincidieron en que la procesadora de aluminio requerirá de una línea de 500 kilovoltios independiente para poder suministrarle los mil 100 a mil 600 megavatios de potencia que requerirá la fábrica, la cual, por cierto, está costeando Paraguay con fondos asignados por el Mercosur.
Pero, además, la voracidad de Río Tinto, hace que demande una tarifa subsidiada para esa electricidad equivalente a más, anualmente, que todo el consumo paraguayo, entregado entonces a precio muy bajo durante un plazo de 30 años, cuyo aumento a cinco décadas reclama la empresa.
El precio demandado es tan bajo y el aumento del consumo será tan seguro que Paraguay, dicen los Canese, terminaría teniendo que comprar energía para su consumo interno a un costo mucho más alto que el pagado por Río Tinto para su producción de aluminio.
Si Paraguay no puede comprar energía más barata que a 150 o 200 dólares el MW/h eso es lo que le tiene que cobrar a Rio Tinto, dijo Ricardo Canese, tras señalar que la transnacional ni siquiera admite pagar 60 dólares.
Calculó en 14 mil millones de dólares la pérdida de Paraguay si concede un contrato de 30 años con subsidio y aseguró que su generación de empleo será de 0,1 por ciento en relación con otras industrias.
Los datos divulgados, por otra parte, plantean que la empresa canadiense de producción de aluminio consumirá en definitiva nueve mil 600 GW/H de energía eléctrica por año, lo cual equivale al consumo anual aproximado que tiene todo Paraguay.
Por otra parte, resalta que la industria nacional utiliza mil 500 GW/H por año y emplea en forma directa a 320 mil personas, y Rio Tinto propone generar apenas mil 200 puestos de trabajo directo, de acuerdo con las organizaciones sociales opositoras.
Pero otro cuestionamiento trascendente proviene, precisamente, de dichas organizaciones integradas en la campaña NO al golpe de Río Tinto que, en sus alegatos, vinculan a esta multinacional con la operación política de los partidos tradicionales, mediante la cual destituyeron al mandatario constitucional, Fernando Lugo, realizando un juicio político en el Congreso.
Se trata también de los daños al medio ambiente, además de la contaminación de los ríos cercanos al lugar elegido por Río Tinto para su instalación, según los estudios hechos por la oposición.
Basándose en juicios de los especialistas y también en la propia historia de la transnacional, que enfrentó varios procesos judiciales en distintos países precisamente por los perjuicios ocasionados al medio ambiente, esas entidades rechazan la llegada de la empresa a la nación mediterránea, de la mano del gobierno de Federico Franco.
En definitiva, la poderosa multinacional enfrenta una verdadera movilización nacional en su contra y el gobierno tendrá que responder a muchas interrogantes antes de dar la aceptación final al famoso contrato.
Fuente:Argenpress
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