Nuevo paso en el proceso de reforma del Ministerio Público.

04.03.2013 
Nuevo paso en el proceso de reforma del Ministerio Público
Gils Carbó reactiva un organismo clave para investigar a funcionarios públicos 
La procuradora general elevará a la presidenta la terna de postulantes para cubrir la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). El cargo está vacante desde 2009, tras la salida de Manuel Garrido. Quiénes son los candidatos. 
Por: Gabriel A. Morini

En los próximos días, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, elevará a la presidenta Cristina Fernández la terna de postulantes para cubrir un puesto clave en la estructura del Ministerio Público: la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), organismo con responsabilidad en la investigación de los casos de corrupción que involucran a funcionarios públicos. La decisión destrabará el demorado concurso que se venía tramitando desde que, en 2009, el cargo quedara vacante por la salida del hoy diputado radical Manuel Garrido, enfrentado con el ex procurador Esteban Righi.

El orden de mérito definitivo que presentará Gils Carbó incluye al ex fiscal antievasión, y luego abogado de Carlos Menem y del ex superintendente de Seguros de Salud, Héctor Capaccioli; a un camarista y a un funcionario de la ANSES, quienes tuvieron el mejor desempeño en los exámenes.

Mediante la Resolución PGN N° 108/13 de fecha 13/02/2013, Gils Carbó tomó la decisión de rechazar un planteo para volver a foja cero con la selección de postulantes y dio el impulso final para que, luego de casi cuatro años, el concurso Nº 88 avance a su última etapa para cubrir la vacante en la FIA. A su vez, el Tribunal Evaluador rechazó las impugnaciones de los candidatos al orden de mérito definitivo, confeccionado en diciembre, y allanó el camino para definir la terna, que tuvo al ministro de la Corte Raúl Zaffaroni como jurista invitado. Ya están en marcha los mecanismos para realizar los exámenes psicofísicos de los primeros tres seleccionados, por lo que su elevación al Ejecutivo para que defina al postulante que deberá ser luego refrendado por el Senado, es inminente.

El primer lugar está ocupado por Eugenio Carlos Sarrabayrouse, con 172.25 puntos; en segundo término figura Maximiliano Adolfo Rusconi con 171.25 puntos, seguido de Sergio Leonardo Rodríguez con 139.50. Sarrabayrouse es juez de Cámara en el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte de Tierra del Fuego, y también está ternado para uno de los cargos en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Está especializado en derecho penal y medio ambiente.

Rodríguez, por su parte, es director de Asuntos Penales y Jurídicos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y es el único que ya había quedado ternado en el concurso anterior, que quedó desierto después de dos años de trámite.

Pero el protagonismo lo lleva Rusconi, un reconocido abogado penalista. Ex fiscal general y titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco), presentó su renuncia a fines de los '90, en medio de un escándalo por la falta de impulso de sus denuncias, que incluyeron el vaciamiento de Aerolíneas Argentinas, enriquecimiento ilícito por parte del ex titular del BCRA, Pedro Pou, y maniobras del ex director del PAMI, Víctor Alderete. Abogado de la familia Ciccone, también asesoró a Capaccioli investigado en la trama de la mafia de los medicamentos y a Menem, durante el proceso por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia. De buena relación con el ex procurador Nicolás Becerra, también representó a Dragoslav Ilic, el millonario serbio que estuvo envuelto en la causa de narcotráfico llamada Viñas Blancas.

El Nº 88 también fue un concurso accidentado: de los 25 aspirantes iniciales sólo once se presentaron a los exámenes. El cargo fue disputado, entre otros por el actual fiscal general de la Ciudad, Germán Garavano, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, el subrogante de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas Guillermo Felipe Noailles, así como el juez integrante del TOF N° 5, Oscar Alberto Hergott, y los fiscales Sabrina Namer. La mayoría de ellos abandonó en el transcurso del trámite, por lo que se redujo a siete la cifra de quienes completaron todas las instancias.

La salida de Garrido incluyó un escándalo público cuando el actual diputado acusó al entonces jefe de los fiscales de recortarle atribuciones investigativas.

Consultada por Tiempo Argentino, Gils Carbó aclaró: "Actualmente existe una ley reglamentaria que no es clara, y que generó un conflicto de facultades con los fiscales penales y el de la FIA que, a su vez, fue dirimido por un par de resoluciones de mi antecesor (Righi) que no fueron del todo claras y no terminaron de zanjar la disputa”.

La jefa de los fiscales agregó: " Por ley, el reglamento de la FIA lo dicta su titular. Apenas asuma el nuevo titular será a quien le corresponde dictar un nuevo reglamento que va a ser aprobado por la Procuración, en una tarea conjunta, donde se puedan esclarecer las funciones para evitar un futuro conflicto." 

contra la corrupción

La FIA es considerada una de las áreas clave para investigar la corrupción, ya que su titular estará "especializado en la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la administración nacional", según el Ministerio Público. La resolución 147/08, firmada por Righi y que motivó la renuncia de Garrido, hizo una lectura restrictiva de las facultades que la ley otorga a la FIA. En los últimos años su intervención en causas penales fue poco relevante y la fiscalía pasó a segundo plano, centrándose en expedientes administrativos ya que debían iniciarse con una denuncia propia, sin superponerse con la investigación de otro fiscal. Garrido luego se convirtió en referente de la oposición hasta alcanzar su banca de diputado en 2011. Aunque Gils Carbó aspira a "reactivar" la FIA, una de las áreas de la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), también se ocupa de investigar a funcionarios de la administración pública. "La corrupción privada suele tener una pata pública", sostuvo Gils Carbó en diálogo con Tiempo Argentino. 

Fuente:TiempoArgentino

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04.03.2013 
entrevista a carlos gonella "Tenemos que atacar a los poderosos que delinquen" 
El fiscal a cargo de las investigaciones por lavado de activos señala las prioridades de su gestión. 
Por: Ignacio Chausis

En los últimos años Argentina exhibió una serie de mejoras en cuanto a la legislación destinada a combatir el lavado de activos, situación que le permitió una reconsideración favorable ante los ojos del GAFI. No obstante, las mejoras conseguidas no lograron aún conseguir una mayor penalización sobre las personas o corporaciones implicadas en delitos económicos, siendo relativamente escasos los casos de condenas efectivas. Con el objetivo de cambiar ese rumbo, a fines del año pasado la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, creó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y puso a su cargo a Carlos Gonella. Tiempo Argentino lo entrevistó para hablar de los desafíos que enfrenta la justicia en esta materia. "Hasta ahora la política criminal se ha dedicado a criminalizar a los sectores marginales, pobres y excluidos. Cualquiera que vaya a una cárcel se va a dar cuenta. Nosotros tenemos que tratar de reorientar esos esfuerzos y empezar atacar a los sectores poderosos que cometen delitos", asegura.

–La organización Tax Justice Network, estimó el año pasado que Argentina envió a paraísos fiscales cerca de 399.000 millones de dólares en las últimas décadas, ubicándose dentro de los 20 países que más dinero poseen en este tipo de territorios. ¿Por qué sigue siendo tan difícil combatir este tipo de delito?

–Estos tipos están siempre adelante del sistema que los puede llegar a atrapar. Gozan de mucha sofisticación tecnológica y profesional. Esto implica una movida de ingeniería financiera y probablemente la complicidad de la banca, porque semejante flujo de dinero no puede pasar por sus manos sin que averigüen de donde viene, de acuerdo a los estándares del GAFI. Los paraísos fiscales tienen una política muy laxa en cuanto a los controles, por eso los países que los albergan sobreviven con los intereses que les genera. No preguntan de dónde viene, ni siquiera registran datos de las personas responsables que mueven estos flujos de dinero. 

Esto se ha consolidado durante muchos años. Entonces, es bastante difícil atacarlo. Acá, el desafío es político, es iniciar una política criminal en la que vamos a capacitar gente que esté en condiciones de avanzar en una investigación de este tipo y vamos a generar casos. Inspirada en esas ideas, la procuradora general creó esta estructura de criminalidad económica.

–¿Cómo puede cambiar este cuadro a partir de la creación de la Procelac?

–Tenemos un desafío. Si me preguntan qué puede cambiar, me están pidiendo un pronóstico de resultados que hoy no puedo dar. Sí soy optimista en el sentido de que nosotros, con que empecemos a generar dos o tres causas importantes, con que empecemos a avanzar de a poco… porque acá no hay que volverse loco, hay millones de cosas para hacer. Soy optimista. Tenemos que hacer un planteamiento estratégico de nuestros objetivos e ir alcanzándolos de a poco. La máxima aspiración es que nosotros podamos, en un plazo no muy lejano, someter a juicio este tipo de grandes maniobras de lavado. Acá tenemos, en la banca privada, entidades que se van comprando unas a otras, en ocasiones con aporte de dinero cuyo flujo es dudoso y que puede venir de fuentes ilícitas y que por eso no está justificado. Tenemos que articular con actores que están dentro del sistema, vinculados a la misma problemática –AFIP, Banco Central, ANSEs, Sigen, UIF– para, entre todos, asumir el compromiso de trabajar en esta área que tiene que ver con la delincuencia económica y tratar de entre todos poder avanzar para desentrañar estos movimientos.

–¿Cuál es el principal delito penal económico?

–En la evasión fiscal tenemos graves problemas, sobre todo en el sector de la producción agropecuaria, porque para evadir se utilizan facturas apócrifas a fin de tratar de justificar un movimiento de dinero que se maneja por un circuito clandestino. En Córdoba tenemos muchas causas de este tipo. El tema del narcotráfico también está los más importantes –aunque yo no lo tengo, por eso pienso coordinar acciones con Félix Crous, que está a cargo de la Procuraduría de la Narcocriminalidad–, porque la plata que viene del narcotráfico se lava y aparece en activos financieros, bienes, etc. Y aunque no es un área muy explorada, a mí me interesa ocuparme del tráfico ilícito de bienes culturales. Argentina alberga riquezas arqueológicas muy ponderadas en las casas de antigüedades de Estados Unidos y de Europa. Córdoba es una provincia que alberga muchas ruinas, cuya extracción se contrabandea. Tenemos una causa que se originó en Córdoba en la que se le secuestró a Mateo Goretti, un funcionario de Macri, bienes arqueológicos de una colección del Museo Ambato, de La Falda, valuado en millones de dólares. Es un fenómeno delictivo que me interesa explorar y avanzar en esas investigaciones. Hay muchos contextos delictivos que generan flujos que después terminan lavándose.

–La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, habló recientemente del poder que ejercen las corporaciones financieras sobre la justicia...

–Una de las funciones de una justicia legítima y democrática es tratar de discernir y ejecutar una política criminal racional. Hasta ahora la política criminal se ha dedicado a criminalizar a los sectores marginales, pobres y excluidos. Cualquiera que vaya a una cárcel se va a dar cuenta. Nosotros tenemos que tratar de reorientar esos esfuerzos y empezar atacar a los sectores poderosos que cometen delitos y ahí está el lobby. Porque tienen poder de corrupción –los grandes sectores que evaden impuestos de donde vengan tienen capacidad de corromper–, entonces los entes reguladores también se encuentran cooptados por este fenómeno. Es muy difícil, pero nosotros tenemos el desafío de diseñar y ejecutar una política criminal que cambie el rumbo. Eso es un aspecto esencial en el debate por una justicia legítima y democrática. Es decir, distribuyamos equitativamente la violencia del Estado a través del sistema penal, reorientemos todos los recursos que se están utilizando actualmente para criminalizar a los pobres, para criminalizar a los poderosos. No estamos para investigar los arbolitos sino la cueva y los policías que las protegen.

–¿Cuál es la reacción de los jueces?

–Tenemos que tener una relación con los jueces para que entiendan que es una decisión desde el Ministerio Público de una política criminal en este sentido y que nos acompañen. Creo que hay magistrados, sobre todo en la nueva generación, que están comprometidos, sobre todo aquellos que están trabajando en la problemática de los juicios por delitos de lesa humanidad. Tenemos que comunicarnos con el Poder Judicial y tratar de que ellos se sumen a esta idea. Yo pienso que va a haber jueces dispuestos a avanzar con las medidas que propongamos, a atacar el patrimonio que es una de las cosas que más duele. Es fundamental que el poder judicial se involucre en esto. 

experiencia en córdoba

Carlos Gonella tuvo participación activa en algunas de las causas más importantes desarrolladas en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad en Córdoba. En 2010 y con apenas 34 años, actuó como fiscal subrogante ante el Tribunal Oral Federal 2 de esa provincia en el juicio por el fusilamiento de 31 presos políticos que estaban a disposición de las autoridades militares, y entre cuyos condenados se encuentra el ex dictador Jorge Rafael Videla. Desde diciembre pasado está al frente de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

En 2010 también intervino en la causa "Maggio Juan José y Montero", dos abogados directivos de la ex Southern Winds, por apropiación indebida de tributos por más de $ 3 millones. El resultado fue que Maggio fue condenado a tres años y medio de prisión efectiva y al pago de una multa por $ 90 mil, lo cual fue algo novedoso dado que casi no hay condenas a evasores.

Fuente:TiempoArgentino

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04.03.2013
La democratización de la justicia, un cimbronazo para la oposición 
Desde el siglo pasado, el Poder Judicial había logrado sortear –a diferencia de los otros dos pilares del Estado, las críticas más furibundas y despreciables pero, sobre todo, evitó su persecución en los recurrentes tiempos de dictaduras. 

Por: Felipe Yapur

Desde el siglo pasado, el Poder Judicial había logrado sortear –a diferencia de los otros dos pilares del Estado, las críticas más furibundas y despreciables pero, sobre todo, evitó su persecución en los recurrentes tiempos de dictaduras. Esa elusión, en realidad, no fue por la grandeza de sus sucesivos integrantes o la capacidad de gambeta que tuviera su señoría, sino más bien se consiguió gracias al acompañamiento (cómplice) que este poder del Estado les brindó a los que golpeaban, con soldados y cañones, justamente al Estado. Tamaña connivencia genera beneficios, privilegios y deudas que terminan por desvirtuar su razón de ser. No es general, pero es mayoritario. El anuncio de envíos de proyectos de ley, realizado el viernes pasado por la presidenta Cristina Kirchner, tiene como dirección la de desmontar esta vieja estructura. Nada indica que sea fácil y mucho menos que estas iniciativas sean suficientes. En todo caso, sirven para abrir una hendija y comenzar a transformar al más corporativo de los poderes estatales.

El enunciado mismo de los proyectos de ley generó más de una expresión en el rostro del titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, sentado a menos de un par de metros de la presidenta durante la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso. Desconcierto, sorpresa, sonrisa y seriedad, todas fueron parte del muestrario que regaló la cara del supremo mientras CFK desgranaba su nuevo rosario de proyectos legislativos.

Una reacción similar provocó entre los miembros de la oposición que, hasta ese momento, jugaban con muecas que denotaran cansancio, hastío o rechazo al historial de medidas de estos últimos diez años y que eran destacadas en el discurso presidencial. El punto en común entre ese historial y la oposición es que esta última, en general, rechazó cada uno de esas medidas de gobierno, programas puestos en marcha y leyes promovidas por los dos Ejecutivos kirchneristas.

El intento por democratizar el Poder Judicial no es reciente y comenzó en los tiempos de Néstor Kirchner. El cambio de los integrantes de la Corte Suprema y, sobre todo, el método de selección de éstos preanunciaba una transformación profunda. No fue así pero tampoco se olvidó.

La democratización del Poder Judicial que promueve el gobierno genera un cimbronazo en la oposición. El radicalismo que, por ejemplo, guarda el archivo más voluminoso en lo que hace a discursos que defienden y resaltan el valor de las instituciones, se enfrenta ahora al desafío de concretar esas epístolas laicas a las que suelen recurrir.

En el partido centenario hay más de una corriente interna que sabe que desde hace tiempo algo huele mal en el Poder Judicial y los proyectos que anunció el PEN le genera más de una interesante contradicción. La duda está en si rechazarán a rajatabla las iniciativas o intentarán sumarse a un proceso que se inicia pero que en el futuro, como partido, a ellos también los beneficiará.

Entre los radicales, también entre los socialistas del FAP, hay conciencia de que seguir denunciando una injerencia del gobierno nacional sobre otro poder del Estado no surte el efecto deseado. Esa fórmula la vinieron utilizando casi desde el mismo momento del nacimiento del kirchnerismo y, poco a poco, se ha convertido en un verdadero placebo pero para estos dirigentes opositores. Hace tiempo dijeron que con la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual el gobierno pretendía coartar la libertad de expresión, pero el país vive uno de los períodos de mayor libertad que se recuerde. Algo similar dijeron con el campo y las retenciones. Más allá de la pelea por la resolución 125, lo cierto es que el sector agrario no dejó de percibir pingües ganancias a pesar de las retenciones y todavía hoy no saben qué hacer con ese dinero. Por último, lo mismo se dijo sobre el denominado “cepo al dólar”. A pesar de las denuncias mediáticas y políticas que se realizan al respecto, la clase media y alta no disminuyeron sus recorridos vacacionales por el extranjero.

Entre algunos radicales, los más sensatos, hay conciencia de la necesidad de un cambio de estrategia. El viernes, el titular del bloque de diputados de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, hacía malabares con las palabras para poder encontrar un punto de equilibrio entre el rechazo liso y llano y el respaldo total a las leyes anunciadas. El dilema, en todo caso, es que deben romper sus antiguos acuerdos con estas corporaciones, como la mediática y también la familia judicial, para poder recuperar la estima de aquellos que alguna vez los votaron. Hasta el momento, la UCR eligió siempre quedarse del lado equivocado, del lado de los intereses sectoriales y corporativos. El proceso de democratización del Poder Judicial es una buena oportunidad para recuperar una senda.

El escenario es similar en el resto de los bloques más grandes, en número, del arco opositor. El socialismo supo tener posiciones diferentes a las de sus socios de la oposición aunque, por ahora, las primeras declaraciones dan cuenta de un no rotundo a estas iniciativas. En tanto, las posiciones más virulentas se expresan en aquellas bancadas pequeñas donde está en juego la sobrevida de su representación en los comicios de octubre. Ergo, intentan ladrar y morder al mismo tiempo cosa de conseguir el favor del sector al que defiende. Por eso la virulencia de las opiniones de Alfonso de Prat Gay (Coalición Cívica), Patricia Bullrich, Enrique Thomas y Gustavo Ferrari del peronismo conservador y Margarita Stolbizer del GEN. Francisco de Narváez también se expresó en contra, pero como estuvo dormitando durante el discurso presidencial, se entiende que habla en base a lo que le contaron.

En el bloque del oficialismo, el discurso presidencial surtió un efecto movilizante y se preparan para un trabajo intenso. Pero del discurso de CFK les quedó repicando una nota disonante: la negativa presidencial a una reforma constitucional. Es cierto, como afirman algunos legisladores del FpV, que todavía falta mucho para esa definición. Pero también es cierto que esas referencias presidenciales no pueden dejar de considerarse como indicios del pensamiento de CFK.

Fuente:InfoNews

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