URUGUAY.

LUNES, 4 DE MARZO DE 2013 
Uruguay: Impunidad. Los fallos y la movilización social. Todavía hay resto 
Por Mariana Contreras - Florencia Soria (BRECHA) 
Otro febrero amargo oscureció la lucha por la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes cometidos en la dictadura. Cuando las organizaciones de derechos humanos y buena parte de la izquierda no se reponían aún del traslado de la jueza Mariana Mota sobrevino un segundo golpe: la declaración de la inconstitucionalidad de la ley que consideraba imprescriptibles los delitos cometidos por el terrorismo de Estado. 

Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sumadas a las desvariadas actitudes de la izquierda y a las acusaciones de la oposición permearon la tarde del lunes que congregó en la plaza Libertad, enojos, dolores, desconciertos y emociones de todo tipo. Brecha conversó con cuatro personas que de una u otra forma se vinculan con la causa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad. Elena Zaffaroni (EZ), ex presa política, integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos; Fabiana Larrobla (FL), politóloga e investigadora en temas de historia reciente en la Udelar (Universidad d.e la República); François Graña* (FG), sociólogo, docente de la Udelar y ex militante de la ROE (Resistencia Obrera y Estudiantil), y Valentina Chaves (VC), hija del militante comunista Ubagesner Chaves Sosa, cuyos restos fueron encontrados en 2006, y vinculada a la organización Hijos, hablaron sobre su percepción del rol del gobierno en los últimos acontecimientos, los caminos para alcanzar la verdad y la justicia, y cómo seguir después de la conmoción.

-¿Cómo vivieron la jornada del lunes? 
E Z -Me pareció de una tristeza tremenda, no me conmovió. En Familiares adherimos, pero el ambiente estaba extraño. No sabíamos cómo era el asunto: un día dicen que el mundo no se acaba por el traslado de la jueza Mariana Mota y al otro piden el juicio político. No entendíamos nada pero nos pareció que había que manifestarse. Me pareció muy triste que el Frente Amplio (FA) no llevara una propuesta, o diez, o 50. Hicieron un llamado con miedo, un llamado a manifestar pero sin confiar en la convocatoria a la población.

F L - En dos días pasé por opiniones diversas. Hoy creo que las discusiones -las que hubo y las que hay- son el reflejo de la gente y las organizaciones de derechos humanos, que se debaten entre acompañar o no la demanda de justicia. En algún momento ellas y el fa estuvieron ubicadas en una misma vereda, o al menos teníamos claro qué hacían. Teóricamente todos deseábamos lo mismo. En algún momento de estos días pensé muy perversamente "acá hay subidos al carro", después dije "acá hay un operativo para boicotear"; eso, de alguna manera, refleja una crisis del pensamiento progresista o de izquierda. Creo que convocar a concentrarse en silencio tiene que ver con que se podía llegar a gritar muchas cosas que no querían que se gritaran. Ese descontrol -o la posibilidad de- no sucedió. Somos sumamente obedientes y disciplinados. Estaba el PT (Partido de los Trabajadores), estaba Zabalza, pero el silencio se respetó. Somos muy estructurados. 

V C -Creo que nos cuesta demasiado. Fueron tantos años de silencio y de ocultamiento que se generó esa pasividad. Capaz que no está bueno que estemos tan aplacados y en silencio en un momento en que se tiene que hablar y debatir en serio cosas tan profundas como la impunidad.

F G -Lo primero que me viene a la mente es la teoría de los dos demonios, que tan bien hilvanó Sanguinetti. Esa manera de ver el pasado permeó en parte a la izquierda. Lidiamos con una cuestión cultural. Hay que derrotar, en el terreno discursivo, la teoría del no mirar para atrás. Yo soy moderadamente optimista. Estos carcamanes apolillados y reaccionarios, que no tienen parangón, estos cuatro viejos que votaron lo que votaron, fueron demasiado lejos. Uno de los indicadores es la reacción inmediata que tuvo Lucía Topolansky, con una posición muy firme. Es el MPP (Movimiento de Participación Popular), dentro del FA, el que está pidiendo el juicio político. El lado bueno de las cosas malas es que la izquierda está haciendo un frente común ante este reclamo. Existe la posibilidad de recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al juicio político o a los organismos internacionales. En cuanto a la organización de ayer (por el lunes), me emocionó mucho. Tuve la sensación de que otra vez todos estaban indistintamente del mismo lado de la vereda. Y el silencio es muy uruguayo, está bueno. 

F L -Creo que hay una diferencia enorme entre la convocatoria del viernes, con lo de Mota, y ésta. La libertad que sentí ese día no la sentí el lunes. Me refiero a la posibilidad de entrar y de gritar, del desborde. Es un momento que por supuesto no se sostiene en el tiempo. Son momentos de estallido espontáneo, que a veces molesta a las organizaciones partidarias porque se desdibuja lo que habías acordado, etcétera. Lo del lunes lo viví -es muy emocional lo que digo- como si hubiera algo que nos estuviera aplastando. 

-Teniendo en cuenta la actitud errática del fa, tanto en la discusión parlamentaria de este tema como en la campaña por el voto rosado, ¿cómo evalúan que haya sido una de las organizaciones convocantes a la concentración? 
F G -Atribuir maquiavelismo es lo más fácil. El tema es más complejo. Creo que el fa no hizo poco. 

F L -Me parece que no se puede hablar del Frente como algo homogéneo. V C -Algunos sectores dieron la espalda al tema argumentando que había que dejar el pasado. Hoy día las familias seguimos siendo rehenes de gobiernos de turno y esperando su buena voluntad. La teoría de los dos demonios convirtió al victimario en víctima que no puede ser condenado porque es "viejito". Y las víctimas somos victimarios por querer justicia, por estar reclamando y exigiendo derechos básicos. 

-¿Cuál es la prioridad de los militantes y las organizaciones de derechos humanos? ¿Alcanzar la verdad, la justicia, la reconciliación? 
V C -En mi caso se llegó a hacer justicia, pero siento y quiero que no sólo se sepa la verdad sino que en base a ella todas las familias accedan a lo mismo que yo; es un derecho innegable. No sé qué forma sería la correcta para seguir avanzando pero es necesario hacerlo, porque hubo demasiado silencio e impunidad y es hora de que paguen por sus crímenes de lesa humanidad. No se tiene por qué callar la gente que fue torturada, violada, tiene que aparecer y surgir ese derecho que también les fue negado en su pasado.

F L -La justicia no es cualquier cosa, es el debido proceso: hay un imputado al que se juzga y se condena. Hubo una intención clara de la derecha -pero también de algunos sectores de izquierda- de poner obstáculos a la posibilidad de justicia. Eso va a ser muy difícil de levantar, no así la posibilidad de investigación. Claro, no es lo mismo investigar para responder al oficio de un juzgado que hacer una investigación histórica y reflexiva para dar cuenta de una época. 

Con respecto a la verdad, me parece que es complejísima. Hay un camino muy largo a recorrer, que implica reconocer qué es el terrorismo de Estado y saber cuál era la lucha de las organizaciones, con las que uno puede o no estar de acuerdo. Pero tener una visión crítica del pasado no excluye la condena al terrorismo de Estado. En ese proceso estamos en pañales.  

F G -Cualquiera podría decir ¿por qué optar? Creo que lo más significativo para el colectivo, para el imaginario social y las nuevas generaciones, es la verdad y la memoria. Por lejos. Esos "viejitos", como les dice Pepe, se van a morir. Ya se están muriendo. Incorporar al presente y a la historia colectiva lo que pasó y por qué, en los 12 años de dictadura y en el período que lo precedió, es significativo. 

F L -La prioridad táctica es la justicia, porque los culpables se están muriendo, pero estratégicamente no se puede abandonar la construcción de memoria, la investigación y la búsqueda de reflexión. Sin dudas esto es lo más importante pero urge la condena, porque también es importante la justicia. 

F G -La utopía del "nunca más" se consigue tanto por el camino de la memoria como por el de la justicia, porque mandar en cana a un montón de tipos sin que las nuevas generaciones entiendan mucho.

F L -No creo que haya elección. No se trata de que al elegir la justicia renuncio a la verdad. La reflexión, la memoria, el desanudar las teorías explicativas binarias y fáciles de la historia, lleva más tiempo. Se hace paralelamente a la búsqueda de esa verdad que puede llevar a imputar a los responsables. Se va tejiendo el contexto complejo de la historia. 

E Z -Hace tantos años que venimos en este tema, intentando llegar a la justicia y todavía no la alcanzamos. Soy de las que presentó causa en el año 1986, ahí sí queríamos justicia. Teníamos todos los testigos, todos los nombres de los milicos, toda su operativa. Hoy Sanguinetti señala la "terrible injerencia" de un poder sobre otro, pero eso fue lo que hicieron ellos en su momento. El Poder Judicial perdió su independencia, no sé si se proponía investigar, pero le dieron la oportunidad de no hacerlo y se terminó la posibilidad de justicia. Desde ese momento hasta el desarchivo de causas que hizo el decreto del Pepe, consideramos que la justicia era una herramienta para investigar. Es que con el paso del tiempo se fue relativizando lo que buscábamos. 

Todo este tiempo fue una lucha contra los obstáculos. Para nosotros lo más importante era que la ciudadanía nos acompañara contra las tergiversaciones que enrarecían el panorama y que en principio provenían de la derecha pero luego también de la izquierda. Eso nos hacía difícil tomar posiciones: cómo reclamar, cómo aunar fuerzas y lograr respaldo. Aunque el reclamo por los desaparecidos era justo, había un imaginario de temor hacia ellos que no se terminó de destruir. El traslado de Mota nos dificulta aun más esta posibilidad porque trabajaba en la reconstrucción de lugares, de los grupos de torturadores que iban a los cuarteles; desmenuzaba los hechos, la operativa del Estado. Podés decir "me torturó mengano", pero se te caía la venda en el cuartel y estaba toda la oficialidad mirando la tortura. No fue un asesino, fue un sistema. Desmantelar eso es mucho más que meter un preso, más allá de que merezca estarlo. Con marchas y contramarchas se avanzaba. El año pasado se hicieron muchas denuncias porque la gente empezó a sentir que tenía derecho a decir lo que había pasado. Ahora se puso freno a un movimiento necesario, que confío va a volver. 

-El Estado y las organizaciones sociales no siempre pusieron el mismo énfasis en la verdad y la justicia. Eso queda reflejado en las diversas consignas del 20 de mayo y en la creación de espacios como la Comisión para la Paz. 
F L -El vacío generacional que trajo la dictadura al encarcelar y torturar a los jóvenes que querían romper con las legitimidades saliéndose de la estructura legal, redujo el debate a términos jurídicos. Solamente se habla de lo posible o lo imposible en este terreno, como si la verdad revelada estuviera en los textos de la ley. Ahí está el triunfo de la derecha, del liberalismo, de la división de poderes, del republicanismo. Esta no es una reflexión de izquierda sino de una derecha que apuesta a determinado statu quo: va a denunciar por asonada, por violación.¡parece que la protesta tiene que ser por escrito! La izquierda se enloqueció con cinco tipos que quemaron unas llantas movilizados por los megaoperativos. Estamos fritos. Esta actitud tiene que ver con la forma de hacer frente al debate sobre los derechos humanos. ¿Qué se puede hacer hoy? Recurrir a la Corte Interamericana. a nadie se le ocurre hacer escraches frente a la puerta de los tipos que torturaron porque eso es demasiado políticamente incorrecto. 

- Ahí hay una derrota, ¿de dónde viene? 
F L -Eso estaba pensando: una derrota. En un Estado democrático, liberal, republicano, los partidos políticos tienen los límites que imponen las negociaciones entre el gobierno y la oposición. Lo comprendo, incluso en el Frente porque se eligió este camino y no es posible tener un gobierno de izquierda en un contexto de democracia de este tipo. Hay que negociar y las revoluciones no se hicieron nunca a los abrazos. Pero reconozco que no es lo mismo un gobierno del FA que otro del Partido Colorado o Nacional. Dicho eso, me da terror la otra pata que son las organizaciones sociales. Ellos no tienen los límites de un partido. Entonces, creo que les gana el discurso que limita, que condena al que quiere gritar ¿Y por qué no gritar? ¿Por qué tener que comportarse para no asustar al blanco o al colorado, a Heber o a Sanguinetti? ¿Por qué la Central no paró ayer, puso camiones y dijo "vamos todos"? 

En esto influye mucho la dictadura, el temor y el pensar "bueno, alcanzamos esto, acá hay límites, somos progresistas, en algún momento luchamos por el socialismo o la revolución que fracasó y ahora vamos a manejarnos todos dentro de este lugar". No sólo piensan así los partidos sino también las organizaciones. Y esto deja a muchísimos desguarnecidos, como a la intemperie. 

- Se da como un bache entre la generación que vivió los hechos y las que le siguen, ¿Cómo ven esta distancia? ¿Cuál es la mirada de sus propios hijos, por ejemplo?
F L -Mi hijo sabe, se interesa, pero a nivel individual y concreto. Mi hija va a las movilizaciones, acompaña, pero noto que no encuentra un grupo de pares. Sus amigos no comparten esta inquietud. Mi otra hija es sensible al tema pero también a nivel personal. No hay una organización colectiva que proponga acciones. Sí se movilizan por otras cosas, por la búsqueda de otros derechos sociales como el aborto o el matrimonio igualitario. 

E Z -Mis tres hijos nacieron en esto. Cuando me llevaron presa estaba embarazada del mayor, hace 37 años. Para él y los otros esto es su vida, son absolutamente sensibles, pero no militan por la causa. Entienden profundamente porque lo hacen en su propia vivencia; estuvieron en todo, acompañaron y participaron, conocen y leyeron. Pero creo que su conducta excede a que le contemos o no. Ellos no creen en los políticos -aunque sí en la política- y entonces se apartan, toman distancia. Los más chicos me decían: "no pueden ir a la plaza hoy" (por el lunes). En cierta manera, los Familiares los desilusionamos porque sienten que con algunas conductas legitimamos las actitudes cínicas de los políticos. Nos cuestionan un poco porque les da como asquito la situación. 

V C -Como hija, me veo reflejada en lo que decís de los tuyos. También tengo un nene, de 18 años, también descree de los políticos y está volcado a sus propios proyectos, aunque sabe todo lo que ocurrió. F L -Mucha gente joven que no había militado en nada se acercó con las denuncias colectivas que implicó un compromiso muy grande. No sé si tienen organizaciones atrás o no, pero tal vez no se movilizan en la forma más tradicional. Son otros tipos de compromisos con distintos caminos y alternativas posibles. Me parece que las otras generaciones tenemos que habilitar y legitimar la organización para acciones puntuales como por ejemplo, a través de Twitter. 

-Finalmente, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Cómo se sigue? 
V C -Siento que pasaron muchas cosas, que se estaba avanzando tanto y que ahora, de golpe, te bajan la cortina.

E Z -Me parece que esto muestra una concepción de derecha operando fuertemente que además expresa un mensaje muy fuerte y grave a nivel internacional y nacional. De todas formas, creo que fue peor cuando se aprobó la ley de caducidad y el voto amarillo. Aquello fue como un cierre, una plancha imposible. Hoy lo veo distinto. Hay grandes posibilidades de sumar fuerzas, de manifestar y buscar otros caminos. No sé cuál es la vía jurídica pero las alternativas se abren si hay una postura política fuerte. 

Estamos ante una situación grave que espero que los grupos políticos valoren para hacer primar una mirada de izquierda que nos lleve a salir de esto y que evite los retrocesos. Yo tomo la llamada del Frente a la concentración como expresión de la incomodidad de algunos sectores o personas. 

F L -Creo que hay distintos planos. En cuanto al jurídico, hay sectores del Frente que están pensando, que están incómodos y se mueven. Hay tensiones tremendas dentro del partido de gobierno. No son menores las organizaciones de afuera, sean chiquitas o grandes, que presionan y pueden generar modificaciones en esto que no tiene nada que ver con la independencia de poderes. Hay que seguir investigando y hay que presionar, con firmas o con lo que den las fuerzas. Estuvo bien la convocatoria de ayer del Frente (risas). Voy para atrás y para adelante, pero antes que nada, algo había que hacer.. 

La teoría de los combatientes 

-¿Se han presentado nuevas denuncias sobre personas desaparecidas recientemente? 
E Z -En su momento, la Comisión para la Paz fue una gran señal que, a pesar de las limitaciones y aspectos negativos, motivó a que se realizaran más denuncias. Aún hoy se hacen y llegan a la Comisión de Seguimiento. En general, se trata de gente que desapareció en Argentina, que nunca fueron denunciados, ni siquiera por sus grupos políticos, y por tanto, recién ahora se comienzan a investigar. 

F L -Lo mismo nos ocurre cuando investigamos los asesinatos: nos preguntamos ¿qué pasa con los grupos políticos? ¿Cómo no denunciaron nada? Por ejemplo, el MLN (Movimiento de Liberación Nacional- Tupamaros) tiene una cantidad enorme de muertos y desaparecidos. La postura que tiene hoy de no denunciar como organización, también tiene que ver con el debate actual, porque se considera que estaba dentro de lo que podía suceder, se relaciona con la teoría de los combatientes. Esto se fundamenta ideológicamente en su estrategia revolucionaria de toma del poder: la construcción de un ejército que enfrenta a otro y que sus bajas son como las de una guerra. 

* Graña debió retirarse antes del final de la entrevista, por compromisos previamente pactados.

LUNES, 4 DE MARZO DE 2013 
Uruguay: El nuevo pacto del Club Naval
PorJorge Zabalza 
Entre junio de 1968 y marzo de 1985, cientos de militares y policías torturaron, violaron mujeres y hombres, secuestraron niños, asesinaron militantes y desaparecieron forzosamente a muchos detenidos. En el Uruguay uno de cada quinientos estuvo preso por sus ideas políticas, fue una represión masiva, generalizada, sin límites prácticamente, ofendió a la comunidad humana mundial tanto como a los tres millones de uruguayos. Idéntica naturaleza que los crímenes de los nazis contra los pueblos soviético y judío, o que los cometidos en Ruanda y en Irak, o los que hoy se cometen en Palestina por las tropas israelíes. Son crímenes contra la humanidad entera y deben aplicárseles las normas internacionales aprobadas por las naciones del mundo precisamente para estos casos de desborde de la barbarie y el salvajismo. Hechos incontrovertibles, innegables. 

En Uruguay esos criminales han sido protegidos por un acuerdo político no escrito, el Pacto del Club Naval consensuado en 1984 por cuadros del Partido Colorado, la Unión Cívica y el Frente Amplio. A cambio de que los mandos militares regresaran a los cuarteles y permitieran elecciones nacionales ( aunque fuera con proscripciones), quedó establecido que el Poder Judicial no juzgaría a quienes habían practicado con denuedo el terrorismo de Estado. La impunidad "sobrevolaba o subyacía" el entendimiento político con los mandos militares, al decir del general Líber Seregni, uno de los dirigentes que consintió tan espúreo acuerdo.  

Una vez permitido el regreso de la democracia burguesa, en el entusiasmo primaveral las víctimas de terrorismo y sus familiares reclamaron justicia ante el poder judicial. Su valiente acción sirvió de excusa a los tuteladores para señalar con claridad los límites de la democracia formal, pues el general Medina escondió las citaciones judiciales a varios de los más notorios asesinos en el "coffre fort" de la comandancia de las fuerzas armadas. Su gesto brutal refrescó la memoria de los que se habían comprometido a hacerse los chanchos rengos; connotados defensores del orden establecido se sintieron en el "deber" de elaborar la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, hiperbólica denominación para un engendro que hincó de rodillas a la "clase política" ante el partido militar. Dicho sea de paso, meses más tarde algunas de sus víctimas intentaron lavar la imagen del general Medina acompañándolo candorosamente a repartir bandejitas de comidas a los escolares pobres. 

Cada vez que el movimiento popular quiso anular la caduca ley de caducidad, los malabarismos de los cuadros políticos la mantuvo vigente. Pese a ello, como las bases frenteamplistas fueron la columna humana que sostuvo la lucha contra la impunidad, creció a ojos vista el caudal electoral de la fuerza política y decreció el de los partidos comprometidos en la defensa de los criminales. Esa es una de las razones, tal vez la principal, para que el responsable de finanzas de la Comisión de Notables por Verdad y Justicia (la del Voto Verde en 1989) fuera elegido como primer Intendente "progresista" de Montevideo en 1990 y quince años después, como primer presidente frenteamplista del Uruguay. A fines del 2004, Fernández, líder del pragmatismo y la entrega, asumió ante el Congreso del Frente Amplio que para ganar las elecciones era necesario mantener la vigencia de la infame ley que protegía a quienes fueron sus torturadores y los asesinos de sus hermanos de lucha revolucionaria. Puede parecer curioso al lector desprevenido, pero tan inmoral y poco ética postura obtuvo el apoyo de la mayoría de los congresistas y, con ello se trastocó, de hecho, la columna de la verdad y la justicia en base ideológica y política del olvido y el perdón. 

La impunidad "progresista" 

Asumiendo como propios los compromisos del Club Naval, una vez asumida la presidencia de la república Tabaré Vázquez enloqueció a la opinión pública con sus gambetas y zigzagueos endiablados. Hacía como que buscaba la Verdad y la Justicia (autorizó, por ejemplo, las excavaciones en los cuarteles en busca de restos de desaparecidos) pero ayudó a institucionalizar definitivamente la impunidad como política del Estado uruguayo. Se opuso con uñas y dientes a la anulación de la ley aberrante y pretendió hacer una especie de "día del perdón" con los 19 de junio, fecha en que se recuerda el nacimiento de José Artigas, caudillo de una de las pocas revoluciones agrarias del siglo XIX. 

Pese a la magnitud de los obstáculos, en el 2009 la lucha popular casi, casi, logró echar abajo la ley que protege a los asesinos de las normas internacionales. Para sostener la impunidad otra vez salieron de las penumbras algunas de las más renombradas víctimas a cortar el paso del Juicio y Castigo. José Mujica demostró ser un demagogo tan hábil y falso como Tabaré: firmó públicamente en favor del plebiscito por la anulación de la ley de impunidad, pero durante toda la campaña electoral mantuvo al respecto un ominoso silencio sobre la aspiración popular de verdad y justicia. Su actitud sembró confusión en el electorado y sectores de militancia frenteamplista sabotearon el llamado Voto Rosado. Hubiera bastado conque Mujica hiciera una mínima señal de apoyo a la anulación, para que hoy día no existiera la inmoral ley de caducidad que continúa siendo el fondo del problema según expresó la primera senadora Lucía Topolansky. Mujica optó por sumarse a quienes defienden la impunidad consagrada en el pacto del Club Naval, voluntad en ese entonces ya reforzada por las negociaciones secretas del más famoso ladero del presidente ex-guerrillero. 

Como reconoce la propia dirigencia del Frente Amplio, la gestión del gobierno de Mujica se destaca por la ineficiencia general y, en particular, en lo referente al programa popular, vivienda, educación y salud. En cambio ha sido extraordinariamente eficaz para fortalecer y aceitar la maquinaria policíaco militar, dejándola en inmejorables condiciones de armamento, movilidad y funcionamiento, pronta para futuros desmanes y malones terroristas. Para justificar el fortalecimiento del brazo armado del capitalismo, Mujica, Fernández y Bonomi predican la peregrina idea de que han cambiado muchísimo, ahora son "profesionales" y ello les impediría cometer nuevamente los crímenes que cometieron en el pasado. Como si los policías "profesionales" no torturaran en las comisarías y las "profesionales" tropas israelíes no fueran las responsables del genocidio al pueblo palestino. Por el contrario, a mayor "profesionalidad" mayor capacidad técnica para la tortura, la violación, el asesinato y la desparición forzosa. Están aceitando la guillotina que caerá sobre la cabeza del pueblo uruguayo.

Es el discurso y la práctica de olvidar y perdonar que la derecha destaca y aplaude tanto como la política económica del gobierno. El compromiso de las víctimas arrepentidas con los victimarios es destacado como una demostración de altruísmo y "humanismo", cuando en realidad, lo único que demuestra es el abandono de los principios y los valores que los llevaron a pretender la transformación revolucionaria de la sociedad. Llegaron al gobierno gracias a su aura guerrillera y al haber sido torturados como rehenes, identidad que se quitaron de encima porque les molestaba para las transas con los dueños del Uruguay, las corporaciones transnacionales y el imperialismo. Con el consentimiento y apoyo de los parlamentarios y los dirigentes del Frente Amplio, el cuarteto Mujica-Fernández-Topolansky-Bonomi instaló una atmósfera ideológica que convierte al Uruguay en santuario para los criminales impunes. 

El santuario de la impunidad

En las condiciones santificadas por el "progresismo" la derecha encontró el campo más favorable para que prosperaran sus ideas linderas con el fascismo. Las claudicaciones abrieron las puertas a dos resoluciones de la Suprema Corte de Justicia que representan una amnistía de hecho a los criminales del terrorismo de Estado. La primera fue la remoción de la Jueza Mariana Mota que obstaculiza la rápida diligencia de las 55 causas contra militares y policías y la segunda es la sentencia que declara inconstitucional el mamarracho de ley interpretativa, aprobada por los parlamentarios frenteamplistas para eludir el desafío de anular la ley de caducidad. El Pacto del Club Naval ha sido reflotado por la Corte de In-justicia, cuyos ministros ingresaron a la magistratura durante la dictadura militar, cuando no cualquiera podía acceder al cargo de juez. El gesto brutal de la Corte, equivalente al del general Medina en 1986, fue aprovechado por el Partido Colorado y el Partido Nacional, que se sienten derrotados de antemano y están buscando hacer política allí donde tienen poder, como en la Suprema Corte de Justicia. Están renovando sus credenciales antipopulares y antidemocráticas, quizás estén pensando en una escalada y en ejercer presiones desde otros de sus centros de poder, como los mandos militares y los gremios del latifundio. Volveremos a tener en el escenario la antigua santa alianza reaccionaria. 

El nuevo empuje de la impunidad no logra opacar la necesidad histórica de verdad y justicia. Ella renace y se recrea. Porque son sentimientos arraigados muy profundamente en el espíritu de los pueblos y porque desvirtúa de hecho todo el discurso liberal que sustenta la democracia burguesa. Los privilegios de los criminales, dada su condición de militares y policías, contradicen rotundamente la terna ideológica de la revolución francesa: libertad, igualdad y fraternidad. A la natural aspiración de verdad y justicia, malherida por los administradores del poder judicial, sólo le queda el parlamento como posibilidad de respuesta institucional. Luego del gambito de la Corte, al parlamento le toca jugarse por la libertad, la igualdad y la fraternidad, principios básicos desde el origen del sistema republicano y mucho más fuerte que la mentada separación de poderes. En el santuario de la impunidad los parlamentarios frenteamplistas podrían jugarse por la verdad y la justicia y anular la ley de caducidad de una vez por todas. 

Pusilánimes 

Una ley puede echar abajo a otra ley. De hecho, en el empuje primaveral de marzo de 1985, el parlamento dominado por los partidos tradicionales aprobó la ley No. 15.738 que en su primer artículo elevaba a la categoría de leyes los "actos institucionales" de la dictadura y en su artículo segundo anulaba 18 de esas leyes aprobadas en el anterior. El recordado Helios Sarthou -¡qué falta hacés, viejo querido!- abundó en varios escritos doctrinarios sobre la capacidad del parlamento para anular aquello que él mismo aprobó.

La ley de caducidad contradice toda la legislación internacional sobre los derechos humanos, esas leyes que hicieron posible la condena de los criminales nazis en Nüremberg y que harán posible la condena de los genocidas que visten el uniforme de los EEUU. 

La ley de caducidad contradice la propia Constitución del Uruguay, como confirmó una sentencia de la Suprema Corte para uno de los casos concretos. . 

¿Por qué el Frente Amplio no hace valer su mayoría en el Parlamento y la anula de una vez por todas? No existen argumentos legales para no hacerlo. Puede argumentarse, como he leído por ahí, que este caprichosa Suprema Corte declararía inconstitucional una ley de tal índole....bueno, muchachos, entonces habría que convocar al pueblo de verdad, no como se hizo el lunes 25 de febrero. El pueblo en la calle es la única garantía de Verdad y Justicia.

Quizás la única razón política para mantener la vigencia de la ley de caducidad sea el compromiso con los mandos militares; la mayoría de los sectores del Frente Amplio continúan consintiendo el apoyo dado por el general Seregni al Pacto del Club Naval. Algunos descargan sus responsabilidades culpando a Víctor Semproni por sus deplorables actitudes, olvidando como presionaron a Guillermo Chifflet para que entregara su banca pero le perdonan la vida al diputado del Espacio 609. Anular o no la ley de impunidad coloca al MPP en un brete: pinta en los muros "Fuerza Mota" y "Verdad y Justicia" al mismo tiempo que sus mandarines negocian en secreto con los militares y pidieron la cabeza la Jueza Mota. La situación está siendo un detector para las mentiras y versos de Topolansky y asociados. Es como cuando votaron el ingreso de los SEALs a territorio nacional o cuando callan sobre el escándalo de las camionetas yanquis patrullando calles de Montevideo.... en el Espacio 609 podrán decirse muy antiimperialistas, pero sus manos levantadas niegan sus dichos. El único resultado de la pusilanimidad es el desprestigio del parlamento y de la institucionalidad burguesa... el pueblo uruguayo terminará como el italiano, votando payasos.

Estamos ante la reedición del Pacto inmoral y nada ético entre los mandos militares y los cuadros políticos. Un nuevo acuerdo no escrito, implícito en las guiñadas, los gestos y las conductas. Por eso no los voto más y menos todavía a Tabaré.
Fuente:Argenpress

OPINION

Dos saltos hacia la impunidad

Por Mercedes López San Miguel

Imagen: AFP

La Corte Suprema de Uruguay decidió dar dos evidentes saltos hacia atrás en materia de verdad y justicia. Sin previo aviso, y arbitrariamente, el máximo tribunal apartó a la magistrada Mariana Mota del juzgado donde tramitaba cincuenta causas por violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura entre 1973 y 1985 –el 40 por ciento de todas las causas– y, peor aún, determinó que eran inconstitucionales dos artículos de una ley que dejó sin efecto la amnistía o Ley de Caducidad, heredada de la transición a la democracia.

Hace poco más de un año, la coalición de centroizquierda gobernante Frente Amplio había aprobado la Ley 18.831, que declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad y, como parte de una misma decisión, el Estado uruguayo había asumido el 21 de marzo pasado, en un acto público, su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, cumpliendo con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Gelman. En dicha sentencia, con fecha del 24 de febrero de 2011, la CIDH responsabilizó al Estado por el crimen de la nuera del poeta Juan Gelman, María Claudia García Iruretagoyena, y le solicitó que investigue y juzgue a los responsables.

Sin embargo, para cuatro de los cinco ministros de la Corte Suprema, la ley penal no puede aplicarse retroactivamente. Dice el fallo del 22 de febrero: “La aprobación e incorporación a nuestro derecho interno de los denominados ‘crímenes de lesa humanidad’ se produjo con posterioridad a la comisión de los hechos de la presente causa, por lo que las reglas que establecen su imprescriptibilidad no pueden ser aplicadas”. El ministro Ricardo Pérez Manrique votó en contra en soledad, siendo el único que no entró al Poder Judicial en dictadura. Y un dato que no deja de llamar la atención es que tres de esos cuatro jueces –Jorge Larrieux, Jorge Ruibal Pino y Jorge Chediak– habían usado argumentos a favor de los tratados internacionales en el caso del asesinato de Nibia Sabalsagaray, en 2009.

Tanto el Frente Amplio como organizaciones de familiares de detenidos y desa-parecidos y la central sindical PIT-CNT repudiaron la decisión judicial y el lunes pasado marcharon en silencio por el centro de Montevideo. La senadora y primera dama Lucía Topolansky, referente de los Tupamaros y del partido Movimiento de Participación Popular –el más votado dentro del Frente Amplio–, dijo que su formación impulsaría un juicio político contra los ministros de la Corte. Sus palabras sonaron más a una expresión de deseo, porque se sabe que al oficialismo no le alcanzan los votos para llevarlo adelante.

Por supuesto que los tres ex presidentes que ya se habían opuesto a la aprobación de la citada ley volvieron a alzar sus voces para defender con los mismos argumentos la postura del máximo tribunal. En un comunicado, Jorge Batlle, Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle, dijeron: “No es posible agredir el principio de separación de poderes con la amenaza de citaciones inconsultas, infundados juicios políticos y el agravio constante de legisladores oficialistas a los miembros de la máxima autoridad judicial”. Una vez más, los tres adalides del conservadurismo más retrógrado de Uruguay recordaron que hubo dos pronunciamientos populares –1986 y 2009– a favor de que se mantenga la Ley de Caducidad que, a la salida del régimen militar, amnistió a policías y militares acusados de secuestros, violaciones y asesinatos durante la última dictadura. Dijeron en el comunicado: “Es inadmisible que se sigan despreciando dos consultas directas a la ciudadanía en clara violación de la soberanía popular”. Y luego, como una estrategia conocida de las derechas de nuestra región, alertaron sobre el peligro de desestabilidad, al afirmar: 

“Levantamos nuestra voz de alerta cívica ante el retorno de actitudes antidemocráticas que dividen peligrosamente a la sociedad uruguaya y que, de no superarse inmediatamente, arrastrarán al país a tiempos de confrontación que no deben repetirse”.

Destacados juristas y abogados señalaron que el fallo del tribunal supremo contradice la sentencia en el caso Gelman y el Pacto de San José de Costa Rica. El abogado uruguayo Pablo Chargoña dijo a esta cronista que las consultas populares no pueden estar por encima del derecho internacional. “La decisión de la Corte Suprema es un verdadero desacato a la sentencia de la CIDH, que obliga al Estado a perseguir y castigar los delitos de lesa humanidad. La CIDH descarta la incidencia de los referéndum porque los derechos humanos no son plebiscitables.”

Por estos días, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó su preocupación por el fallo en Uruguay, ante la posibilidad de que se cierre el camino a las investigaciones sobre casos de violaciones a los derechos humanos. “Me preocupa seriamente que estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia, para el pleno cumplimiento de sus obligaciones derivadas del derecho internacional”, dijo Pillay.

En opinión de Chargoña, Uruguay está hoy en situación de incumplimiento de la sentencia de la CIDH. Y dependerá de la actuación de los fiscales y jueces para que este salto hacia atrás no se profundice. “La inconstitucionalidad de la ley no implica que los juicios se paralicen si los fiscales y jueces aplican directamente la sentencia en el caso Gelman.” Dependerá también de la clase política uruguaya que no se continúe bajo la sombra de la impunidad.
Fuente:Pagina12

04.03.2013

COMENZARÁ EN ABRILEl gobierno uruguayo impulsará un debate social sobre el proyecto que busca legalizar la marihuana

Participarán expertos nacionales e internacionales y habrá debates, seminarios conferencias. El proceso durará 90 días y después el proyecto se tratará en el Parlamento.

El Gobierno uruguayo iniciará el 4 de abril un proceso de diálogos y debates en todo el país para enriquecer y explicar el proyecto que legaliza la producción y distribución de marihuana, por el que los usuarios de la droga recibirán hasta 40 gramos por mes y podrán tener hasta seis plantas para el consumo personal.

El titular de la Junta Nacional de Dogas, Julio Calzada, confirmó al diario La República que ese día se abrirá un proceso de "debate social" junto a expertos nacionales e internacionales que durará 90 días para que luego el proyecto se trate a nivel legislativo.

"Pretendemos tener un mayor consenso social con este impulso que vamos a implementar a partir de abril", precisó.
Según el funcionario, hasta principios de julio, y en cada uno de los 19 departamentos del país, habrá debates, mesas redondas, conferencias, y seminarios sobre el cannabis y sus innumerables prestaciones.

"Pretendemos tener un mayor consenso social"
Julio Calzada

El borrador del proyecto de ley incluirá, agregó el funcionario, que "cada uruguayo podrá tener hasta seis plantas de su propiedad para el posterior consumo personal". Además, ratificó que "todo estará fuertemente regulado por el Estado".

La iniciativa también prevé que se entregarán unos 40 gramos de la droga por mes a los usuarios que se registren, y la publicidad estará prohibida por la ley. El gobierno de José Mujica planea aprobar el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo “antes de fin de año”, según reconoció Calzada.

La iniciativa prevé que se entregarán entre 20 y 40 licencias a privados para su producción, elaboración y distribución de cannabis. Las licencias tendrán un costo y se entregarán a personas que demuestren "idoneidad moral".

"Lo que pretendemos es que haya una idea muy clara de quiénes son los licenciatarios. No puede ser cualquier persona, no debe haber tenido problemas con la Justicia", había asegurado el funcionario en declaraciones anteriores.

También se exigirá que el licenciatario se encuentre al día con la Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco de Previsión Social (BPS), y los predios destinados a plantación no podrán superar la hectárea.

"Seguramente como máximo se plantarán 20 hectáreas y si se dan 40 licencias, podrían ser 30 hectáreas en todo el país", sostuvo Calzada.

En busca de consenso social

La idea de un mayor “consenso social” en torno de la iniciativa es algo que el propio presidente Mujica había considerado meses atrás cuando el proyecto de ley al que habían arribado los legisladores que integran la comisión especial sobre consumo de estupefacientes ya estaba prácticamente terminado y ordenó detener momentáneamente su tratamiento.

Es ese mismo borrador el que sigue su trámite parlamentario y hoy volverá a manos de los legisladores luego del receso legislativo estival. Desde el último debate a nivel legislativo, en noviembre, no se ha modificado una coma de lo escrito “y que ha emanado de la iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo en su momento”, consideró Calzada.

El actual proyecto de ley establece en su artículo único que “sin perjuicio de lo dispuesto por el Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974 y sus modificaciones, el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización, y distribución de marihuana o sus derivados, en los términos y condiciones que al respecto fije la reglamentación”.

La iniciativa agrega que “asimismo, el Estado ejercerá toda otra actividad material que resulte necesaria, previa, concomitante o posterior, para la ejecución de las actividades referidas en el inciso anterior, en los términos y condiciones que al respecto fije la reglamentación”.

Por último, el proyecto que el gobierno de Mujica buscará aprobar antes de fin de año sostiene que todas sus dispociciones están relacionadas con la política de "reducción de daños" en la cuestión de la dependencia en el consumo de drogas, aún cuando reconoce los efectos perjudiciales de esa práctica.    

Fuente:Telam       

04.03.2013 

La magistrada, desplazada por la Corte, critico la pasividad gubernamental
Jueza Mariana Mota: "El estado uruguayo no es proactivo para aplicar la doctrina Gelman"

Mota: "Acá la situación de los delitos de terrorismo de Estado está bien difícil" 
La magistrada, desplazada por la Corte Suprema de las causas de violaciones a los derechos humanos, dijo que el Estado no se muestra "proactivo" para aplicar la doctrina Gelman sobre los delitos cometidos en la dictadura.Mota concedió una entrevista telefónica a Télam a días de ser notificada acerca de su traslado a un juzgado civil, luego de instruir más de 50 causas vinculadas a delitos cometidos por la dictadura uruguaya (1973-1985), sin que se le hayan dados razones para esa decisión. Negó que haya sacado licencia, sino que se tomó cuatro días para acomodase a lo que ocurrió y “a las nuevas funciones” luego de muchos años como jueza penal de séptimo turno en Montevideo.

El pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del último 22 de febrero sobre la inconstitucionalidad de la Ley Interpretativa que declaraban imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, se sumó a la noticia de su traslado, que le fue notificado el 13 de este mes.

“Yo no quisiera hacer vinculación entre los dos hechos, pero ya la han hecho otros y tienen elementos. No tengo fundamentos de la Corte acerca del porqué me han trasladado, quizás no les parecía útil lo que yo hacía”, ironizó al respecto.

“Atrás de esto hay un tema de cómo aborda el Estado uruguayo la investigación en los crímenes de lesa humanidad”, razonó y agregó: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que el Estado investigue y no hay una actitud proactiva del Estado para cumplir con lo que se comprometió en la sentencia Gelman”.

La sentencia de la CIDH en el caso Gelman emitida en febrero de 2011 establece que los delitos de lesa humanidad no son prescriptibles, ni hay amnistía ni cosa juzgada y tiene carácter obligatorio.

Para Mota, con el nuevo fallo, existe una contradicción, ya que por más que se investiguen las causas priorizando el derecho de las víctimas a saber la verdad y de que se individualice a uno o más culpables, no habrá consecuencias penales.

Además, objetó que el Estado “se limite porque considera que el derecho internacional no se aplica, máxime cuando hay una sentencia que dice sacar los obstáculos e investigar”.

La jueza no ve solución inmediata para que tales causas no prescriban y para que los culpables puedan recibir condena: “Yo sigo haciendo lecturas de caminos jurídicos posibles, pero uno siente que se cortan todas las salidas”.

“Esto no debería quedar así, se está denunciando a nivel internacional y esto es un incumplimiento fragante de la sentencia Gelman. Hasta este fallo, había expedientes con personas a punto de ser condenadas y en este estado, se archivarán. ¿Que se resuelve en esas causas?”, se preguntó.

Por otro lado, cuestionó al sistema político al considerar que “no hay una conciencia de lo que tenemos enfrente de lo que es lo se esta hablando, delitos de terrorismo de Estado que no prescribieron ni prescribirán nunca”.“No hay predisposición ni una política ni de promoción de derechos humanos ni una actividad proactiva de la sentencia Gelman”, reiteró.

“En Uruguay tenemos un gran desarrollo de la Educación y la Salud pero está rengo este sistema de protección del Estado en cuanto a que unos derechos los contempla y otros no. Acá la situación de delitos de terrorismo de Estado está bien difícil”.

El traslado de la jueza fue sorpresivo y generó la reacción de organizaciones de derechos humanos que interpretaron el hecho como un “castigo” por parte de la Suprema Corte a la magistrada por su conducta y declaraciones contra “los obstáculos” existentes en el Poder Judicial para la resolución de los casos.

“Hubo una nota que remite a marzo 2012 donde yo hice un análisis del sistema penal”, aclaró al referirse a un artículo publicado por el periódico argentino Pagina /12, el 19 de marzo del año pasado.

Según la jueza, en esa nota remarcaba la “lentitud del sistema penal uruguayo sobre las causas de terrorismo de Estado”, y ello generó polémica y pedido de informes, un camino de obstáculos hasta llegar al pedido de traspaso.

“Yo aplicaba derecho internacional en la base de las investigaciones, y tenia muchos problemas por eso. Hubo varios enfrentamientos cuando requería colaboración, sobre todo con el ministerio de Defensa con quien hubo una situación de fricción”, explicó analizando las posibles causas de la medida.

Por último, se refirió a la posibilidad de retornar al juzgado del que formó parte: “Apelé para que se revea que lo que hizo no beneficia al servicio, pero no tengo muchas esperanzas”.
Fuente:Telam