Para democratizar la Justicia en Brasil
La propuesta de un diputado oficialista plantea imponer diversos límites al máximo tribunal. Ayer generó una fuerte reacción del presidente de la Corte, Joaquim Barbosa, quien alertó que la medida puede debilitar la democracia.
El tribunal se enfrentó al Congreso al ordenar el desafuero de diputados.Imagen: EFE
El autor de la propuesta es el diputado Nazareno Fonteles, del gobernante Partido de los Trabajadores (PT). “Se debe rescatar el valor de la representación política, la soberanía popular y la dignidad de las leyes aprobadas por los legítimos representantes del pueblo”, sostuvo. Como precisó el legislador, la iniciativa apunta a contener unas alegadas posturas activistas del Poder Judicial, que se enfrascaron en varios conflictos con el Congreso por decisiones adoptadas en el pleno del Supremo. Aprobado en varias comisiones, el proyecto establece, además, que las directrices del Supremo para el funcionamiento de los tribunales de instancias inferiores también deberían ser aprobadas por las cámaras legislativas antes de entrar en vigor.
“Hace más de 80 años que existe la tradición de que el Supremo es el que declara la inviabilidad jurídica de una ley si comprueba una violación de una cláusula constitucional y no hay por qué alterar eso ahora”, declaró Barbosa desde Estados Unidos, donde está con motivo de un viaje oficial. Según Barbosa, si se aprueba el proyecto se debilitarían la democracia y el principio de separación de poderes que, según resaltó el magistrado, no es un concepto abstracto. “La separación de poderes forma parte del derecho de todos los ciudadanos e integra un conjunto de mecanismos constitucionales con los cuales un poder neutraliza los abusos de otros”, apuntó. Una opinión similar manifestó el magistrado Gilmar Mendes que aseguró que, si ese proyecto fuese aprobado, “lo mejor sería entonces cerrar el Tribunal Supremo”.
El proyecto de Nazareno Fonteles enfrenta también la resistencia de los legisladores de la oposición, que elevaron una petición al máximo tribunal para que prohíba la tramitación del texto que, a su juicio, ofende el principio de separación entre los poderes.
En los últimos meses, entre el Congreso y el TSF existieron diversos problemas. La principal fricción se desarrolló en torno de la decisión del STF de ordenar el desafuero de tres diputados condenados en octubre por vínculos con el escándalo de pago de sobornos por el PT a partidos aliados, que sacudió en 2005 al gobierno del ex presidente Luiz Iná-cio Lula da Silva. Pese a que la ley brasileña castiga con el desa-fuero a los políticos condenados por delitos, el fallo –que afecta los mandatos de los diputados José Genoino y Joao Paulo Cunha, del PT, Valdemar Costa Neto, del Partido de la República (PR) y Pedro Henry, del Partido Popular (PP)– fue interpretado por parte de los congresistas como una injerencia de la Corte Suprema.
Luego del anuncio de la decisión, el entonces presidente de la Cámara baja, el petista Marco Maia, sostuvo que sólo el Congreso tiene el poder de despojar a uno de sus integrantes del mandato obtenido en las urnas y destacó que el STF no podía invadir un campo que es del ámbito del Poder Legislativo. Otro conflicto surgió esta semana cuando el Tribunal trató un pedido de fuerzas políticas minoritarias y ordenó a la Cámara de Senadores suspender el debate de un proyecto de ley que intenta imponer nuevas reglas para la creación de partidos políticos. El presidente del Senado, Renán Calheiros, afirmó que la Corte invadía con esa decisión la jurisdicción del Parlamento y exigió que el fallo del tribunal sea anulado. La demanda de Calheiros contra la decisión de la Corte deberá ser analizada durante la semana, pero el presidente de la Cámara alta aseguró que no permitirá que el Supremo interfiera en las cámaras. Para el magistrado Dias Toffoli, uno de los once miembros del Supremo, las polémicas no suponen una crisis y responden sólo a la existencia de una democracia efervescente en el país. “El Congreso tiene todo el derecho a deliberar y el Supremo debe actuar dentro de los parámetros de la Constitución siempre que se lo pidan. Eso es democracia”, expresó Dias Toffoli, quien ayer concedió un plazo hasta la semana próxima para que el Congreso explique la propuesta aprobada en la Comisión de Constitución y Justicia.
Fuente:Pagina12
26.04.2013
Jueces y legisladores se acusan mutuamente de violar el principio de independencia de sus respectivos cuerpos
La Corte se enfrenta al Congreso en una lucha de poderes en Brasil
El presidente del Tribunal Supremo, Joaquim Barbosa, cuestionó un proyecto presentado por el PT que otorga a la Legislatura la facultad de modificar sus decisiones sobre la constitucionalidad de proyectos de enmienda de la Carta Magna.
El proyecto del diputado del Partido de los Trabajadores (PT) superó ya la primera valla, al ser aprobado por la Comisión de Constitución y Justicia, y generó la protesta del presidente de la Corte, Joaquim Barbosa, quien desde Estados Unidos dijo que la aprobación de la enmienda afecta el principio de separación de poderes y "debilitará a la democracia". La separación de poderes, agregó, "forma parte del derecho de la ciudadanía e integra un conjunto de mecanismos constitucionales con los cuales un poder neutraliza los abusos de otros", agregó.
Otro miembro de la Corte, Gilmar Mendes, tildó de "inconstitucional" la propuesta de Nazareno y dijo que, si llega a ser aprobada, "será mejor cerrar el STF". La nueva ley sugerida por el diputado del PT es consecuencia de la tensa relación entre el STF y el Congreso, que se acusan recíprocamente de violar el principio de independencia de los poderes.
El mayor factor de roce se desarrolla en torno a la decisión de la Corte de ordenar el desafuero de tres diputados condenados el año pasado por vínculos con el "mensalao", un caso de corrupción que salpicó en 2005 al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Pese a que la ley brasileña prevé el desafuero para los legisladores condenados, el fallo –que afecta a los mandatos de los diputados José Genoíno y Joao Paulo Cunha, del PT, Valdemar Costa Neto, del Partido de la República, y Pedro Henry, del Partido Popular– fue interpretado en el Congreso como una injerencia de la Corte. Luego del anuncio de la decisión, el entonces presidente de Diputados, el petista Marco Maia, sostuvo que sólo el Congreso tiene el poder de despojar a uno de sus integrantes del mandato obtenido en las urnas, y que el STF no puede "invadir un campo que es del ámbito del Legislativo".
El proyecto de Nazareno enfrentó el rechazo automático de los legisladores de oposición, que pidieron al STF que impusiera una medida cautelar que prohíba la tramitación del texto. El caso es analizado por el juez Antonio Días Toffolli –uno de los 11 miembros de la Corte–, quien ayer intimó al Congreso a que en un plazo de 72 horas explique la propuesta aprobada en la Comisión de Constitución y Justicia.
Por su parte, el titular del Senado, Renán Calheiros, lanzó una advertencia al STF, y dijo que "del mismo modo que no intentamos influir en el Poder Judicial, no aceptamos injerencias y consideramos una invasión" las recientes medidas del Supremo.
un debate suspendido por una cautelar
En los últimos meses, el Congreso y la Corte viven de desencuentro en desencuentro. El más reciente surgió esta semana, cuando el tribunal dio lugar a un pedido de fuerzas minoritarias y ordenó al Senado que suspendiera la consideración de un proyecto de ley que limita el acceso de los partidos recién creados o sin representación parlamentaria, tanto a los subsidios del Estado como al uso de los espacios de radio y televisión.
La respuesta del Congreso no se hizo esperar. El abogado general del Senado, Alberto Cascais, y el cuerpo de letrados del Poder Legislativo señalaron que "la decisión de abortar 'ab initio' (desde el comienzo) el proyecto de ley, implica el cese del poder de deliberación del Parlamento, que es el baluarte de la democracia, no sólo en Brasil sino en todo el mundo democrático. La violación es tan grave que pone en riesgo la propia estabilidad de las instituciones democráticas consolidadas a partir de la Constitución de 1988." Los abogados pidieron que reconsidere la medida cautelar y se restablezca el proceso legislativo.
Fuente:TiempoArgentino
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