COSTA RICA.

LUNES, 29 DE ABRIL DE 2013
La rebelión de la carretera 
Por Osvaldo Rodríguez Martínez (PL) 
El pueblo costarricense le ganó una batalla al Gobierno neoliberal: la presión popular, reconocida por la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, la obligó a cancelar la privatización de una importante carretera. 

Las mejoras en una autopista son bienvenidas y exigidas por todos, pero su entrega al capital extranjero se convirtió en agravio para pobladores de la occidental provincia de Alajuela y en potencial detonante de una inmanejable situación política.

El elemento en disputa fue la concesión, por 30 años, del mantenimiento, ampliación y explotación de un tramo de la autopista que conecta la capital con el norte y occidente del país, a favor de la empresa Central American Investing Limited, subsidiaria del grupo brasileño OAS. 

Los opositores consideran que hay otras opciones para reconstruir la vía mediante un aumento en el costo de los peajes estatales actuales, o un crédito internacional. 

El ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Pedro Castro, había negado la capacidad técnica de su institución para realizar la obra, aunque originalmente, hace varias décadas, la ruta fue construida por entidades públicas. 

Denuncias reiteradas apuntan a responsabilidades éticas de funcionarios, violación de procedimientos, e incluso, a faltas graves en materia legal y constitucional, investigadas actualmente por el Ministerio Público. 

Algunos políticos se han sumado a las protestas, pero la esencia del descontento tiene una raíz vecinal, alejada de ideología y sectores, lo cual dificultaría su manejo por el Gobierno, de mantener la licencia a OAS.

La principal organización opuesta a la concesión surgió de un grupo comunitario de debate denominado Foro de Occidente, integrado por vecinos de 11 municipios, cuyo objetivo fue la cancelación del contrato y la destitución del titular del MOPT. 

Para el politólogo costarricense Francisco Barahona, la presidenta debía entender que está en un serio problema y es correcto cancelar el contrato de la carretera, porque el clima político impide continuarlo. 

El especialista había sostenido que el pacto provocaría el incremento de las confrontaciones e incluso de la violencia en las protestas, cuyo motivo consiste en el rechazo al aumento del peaje en la ruta a la occidental ciudad San Ramón y un ramal al aeropuerto internacional capitalino. 

Los hechos 

La licitación ganada por la constructora privada Autopistas del Valle le otorgó la concesión de la pista Bernardo Soto, un segmento de 58 kilómetros de la Carretera Interamericana, por la cual transita el tráfico vehicular del norte y occidente del país hasta la capital, y viceversa.

El concesionario se comprometió a invertir en el mantenimiento y ampliación de la vía, incluido un ramal de tres kilómetros hacia el aeródromo internacional, pero al no obtener los recursos financieros transfirió el proyecto a OAS, sin que mediara otra licitación, irregularidad aprobada por la Contraloría General. 

Los cálculos del nuevo concesionario casi duplicaron el monto a invertir y lo elevó a 523 millones de dólares, y ese fue el primer cuestionamiento de los opositores a la privatización de la vía.

Desde el origen a su destino, en ambos sentidos, los usuarios de la ruta deberían pagar ocho dólares diarios en cinco peajes, lo cual constituiría un incremento de hasta el 70 por ciento de las tarifas actuales. 

Este aumento fue defendido por el titular del MOPT, quien invocó algunos beneficios como el incremento de la velocidad promedio en horarios pico y, por tanto, la reducción del gasto de combustible y tiempo de viaje. 

Castro realizó trabajos de consultoría técnica sobre pavimentos para la empresa brasileña, por los cuales recibió un pago de cinco millones de colones (nueve mil 900 dólares), según OAS.

Este hecho es la base de la acusación de conflicto de intereses, que sumado a su defensa de la concesión a la entidad extranjera, son los motivos de la denuncia contra el ministro, presentada ante la Procuraduría Ética, y la exigencia del Foro de Occidente y algunos diputados para su destitución del cargo.

Denuncias recientes de legisladores y medios de prensa costarricenses señalan a la concesionaria brasileña como inscrita en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes, lo que la exonera de declaraciones fiscales. 

Recuerdan, además, que sobre su casa matriz hay múltiples denuncias por supuestas irregularidades y dádivas a políticos en Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia y Chile. 

Bomba de tiempo

La vía Bernardo Soto es el más reciente capítulo de una serie de escándalos que afrontó la actual Administración de Costa Rica, en los cuales privatización y corrupción son los elementos comunes. 

La concesión de obras públicas en Costa Rica es un negocio para unos pocos en los gobiernos, en tanto constituye un lucro multimillonario para las transnacionales, escribió en el diario digital El País On Line (elpais.cr) Lisbeth Quesada, exdefensora de los Habitantes de la República. 

La ruta San José-San Ramón, tal y como está planteada hoy, no es una obra indispensable, lo que resulta jugoso es el negocio que estaba detrás de esta concesión a la transnacional OAS, porque de lo contrario, nadie la hubiese defendido con tanto ahínco, convencimiento y sordera, opinó. 

El clímax de descontento convirtió en escenario de lucha la conmemoración por el 157 aniversario de la muerte del héroe nacional Juan Santamaría (1831-1856), el pasado 11 de abril, cuando los vecinos indignados gritaron "filibustera" a Chinchilla, presente en el acto, y las fuerzas de seguridad reprimieron a los manifestantes.

La pujanza demostrada por la convocatoria obligó al Gobierno a la apertura inmediata de un diálogo, la suspensión momentánea de la puesta en marcha de la concesión y finalmente la cancelación del contrato. 

Según el politólogo local Luis Emilio Jiménez, "esta oposición no es partidaria ni gremial, se nutre de la base social y eso le otorga fortaleza, vigencia y legitimidad excepcionales; y cuando el pueblo se moviliza, las instancias de representación casi se anulan".

El sociólogo Arnoldo Mendoza piensa que la cohesión lograda por los grupos de occidente se debió a una lucha común e identificación con la causa, y es precisamente ese sentimiento lo que puede generar en los costarricenses el poder de cambio.
Fuente:Argenpress