“Los proyectos abren un debate saludable”
Dice que “la solución definitiva” para descomprimir a la Corte es ampliarla a 19 miembros, pero entiende que esa iniciativa es “inviable” ahora. Desmiente que los miembros del máximo tribunal hayan pensado en renunciar.
Por Irina Hauser
“No inventemos cosas para crear caos”, dijo Raúl Zaffaroni ante las versiones de amagos de renuncias.
Imagen: Bernardino Avila
En pleno debate por la reforma del sistema judicial, el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni sorprendió en una charla en la Facultad de Derecho con una propuesta para ampliar la composición del máximo tribunal a 19 miembros, 12 más que los que tiene en la actualidad. Sería “la solución definitiva” para descomprimir a la Corte, donde llegan miles de presentaciones contra sentencias arbitrarias y pocos planteos sobre constitucionalidad, explicó ayer en el programa Mañana Más, por Radio Nacional. De todos modos, aclaró que por ahora le parece una opción inviable. El penalista minimizó la denuncia de Elisa Carrió de un pacto con el Gobierno para evitar la transferencia de “la caja” del Poder Judicial de manos de la Corte al Consejo de la Magistratura, pero explicó las razones de la advertencia que Ricardo Lorenzetti le llevó al oficialismo: “Pasarle la administración y todas las funciones de gobierno a un organismo que no funciona, es provocar un caos”, dijo. Mientras desde la presidencia del tribunal ratificaron, a través de voceros, la versión de que frente a los anuncios de reforma los siete jueces supremos analizaron renunciar en bloque, Zaffaroni aseguró: “En ningún caso se planteó esto; ni eso ni que nos vamos a quemar como bonzos en la plaza Congreso”. “No inventemos cosas para crear caos”, pidió.La idea de una Corte de 19 jueces fue mencionada por Zaffaroni el jueves en una charla con estudiantes de Derecho. Uno de sus argumentos, llamativamente, era el mismo que usó el oficialismo para justificar la creación de tres nuevas cámaras de Casación: la necesidad de descomprimir al alto tribunal de incontables planteos contra sentencias arbitrarias. Más que casaciones, Zaffaroni imagina una gran Corte, que estaría dividida en salas y mantendría la estructura actual de siete jueces para resolver las cuestiones de constitucionalidad. La Constitución no limita el número de jueces del alto tribunal, de modo que no haría falta una reforma de ese tipo.
“No soy ingenuo político, me doy cuenta de que lo que estoy diciendo es inviable (...) Una solución de esta naturaleza requeriría un acuerdo de fuerzas políticas, que es inviable en este momento, menos en un año electoral”, acotó Zaffaroni al explayarse por radio. También dijo que cuando les habla a “pibes que tienen veinte años” lo hace sabiendo que en diez o doce más pueden “estar sentados en una banca de senador o de diputado, pueden estar en unas asamblea constituyente”. “El deber de uno es decir la solución definitiva, por más que hoy sea el camino prohibido, y yo creo que es ésta”, señaló.
–Entonces, la nueva ley que crea tres cámaras de Casación, ¿no resuelve el problema?
–Habrá que ver cómo funciona. Pero la solución institucional definitiva, sin hablar de reforma constitucional, que también es otro camino prohibido, tendría que pasar por esta vía.
–Habrá visto en los medios la versión (ratificada por voceros de la presidencia de la Corte) que dice que los siete jueces del máximo tribunal iban a renunciar en bloque ante la propuesta de reforma judicial enviada al Congreso. ¿Qué hay de cierto?
–No, en ningún caso se planteó esto. Ni eso ni que nos vamos a quemar como bonzos en la plaza Congreso, no inventemos cosas para crear caos. Nos reunimos y lo que hicimos fue darle mandato al presidente y a la vicepresidenta (Elena Highton de Nolasco) para que dieran curso a la nota, como explicó Lorenzetti.
Zaffaroni se refiere a una nota que envió la Corte al presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, con copia a la Casa Rosada, junto con otra que remitía a otra de la Junta de Presidentes de Cámaras de Apelaciones de todo el país, que firmaba su titular, Gustavo Hornos, en un intento de negociación. Decía que si se traspasaba el manejo administrativo, presupuestario y de política salarial del alto tribunal al Consejo podría haber una parálisis en el Poder Judicial y pedía que los secretarios de confianza de los jueces puedan ser designados sin concurso. En la carta original de la Junta de Cámaras había un párrafo que fue excluido: cuestionaba que se reemplace la mayoría de dos tercios que hoy requiere el Consejo para acusar o elegir jueces, por una mayoría absoluta, de la mitad más uno de sus miembros. Esa omisión, producto de un supuesto “pacto”, fue denunciada por la diputada Elisa Carrió.
“Eso lo dejamos de lado y si se judicializa el problema veremos lo que se decidió. Si es constitucional o no el cambio de esas mayorías es una cosa que se puede judicializar y tendremos que pronunciarnos y cualquier cosa que dijéramos ahora sería un adelantamiento de opinión”, dijo Zaffaroni.
–¿Por qué llevaron al Gobierno el planteo de conservar en la Corte el manejo administrativo?
–Porque no se habían dado cuenta, al redactar el proyecto, del inconveniente práctico que tenía esto. El Consejo no tiene infraestructura para manejar esto. Nadie niega que el Consejo se ha trabado, que no funciona, entonces pasarle la administración y todas las funciones de gobierno a un organismo que no funciona, es provocar un caos. Ustedes como periodistas, o como ciudadanos, si ven que se va a interrumpir una calle que va a impedir la salida de las ambulancias de un hospital, tienen derecho de decirle a la autoridad “mire, le advierto que va a pasar esto”, pero los directores del hospital tienen el deber jurídico de hacerlo. Nosotros tenemos el deber jurídico de decir “mire que esto puede provocar un caos”.
–En los últimos días se ha agitado mucho el fantasma del fin de la República, de la fractura, de la República perdida, por la posible falta de independencia que podría tener el Poder Judicial con estas leyes de reforma...
–La República sigue funcionando, los poderes siguen funcionando, el Legislativo está sancionando leyes, el Judicial sigue funcionando; muy probablemente se resolverán en el ámbito judicial los planteos que se hagan. No veo que se esté desbaratando nada.
–Más allá de que no pueda opinar puntualmente, ¿le parece que las reformas van en el sentido de democratizar?
–No puedo evaluar los proyectos. Lo que sí me entusiasma es que se ponga en discusión en el plano político la estructura del Poder Judicial. Estos proyectos no acaban ni cierran nada, más bien abren un debate que seguramente dure años, pero el debate en sí me parece muy saludable. Nunca la clase política nuestra se había hecho cargo de analizar la estructura del Poder Judicial, de mejorarla, de ampliar el ámbito de acceso a la Justicia, que es ampliar el ámbito de ciudadanía real, de alguna manera, porque damos derecho a la gente a que reclame derechos.
Las impugnaciones de Carrió
Luego de presentarse en la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de los proyectos para reformar el Poder Judicial, la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió aseguró que los magistrados podrán obstruir la aplicación de las iniciativas que, según ella, marcan “el punto entre la democracia y la dictadura de las mayorías”. “Todavía falta una semana, una votación en el Senado, y una impugnación generalizada de inconstitucionalidad. De todas maneras, nosotros ya estamos en el comienzo de la ejecución de una alteración al orden institucional”, aseguró la diputada chaqueña, que durante la sesión denunció un “pacto espurio” entre el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, miembros de la oposición y la presidenta Cristina Kirchner. En la misma línea, Carrió planteó que si se aprueban finalmente las leyes, se constituirá un “Estado fascista, autoritario, de persecución”. La referente de la CC descartó además cualquier intento para que las fuerzas opositoras se encolumnen detrás de un solo candidato a consejero de la magistratura porque no está dispuesta “a participar en ningún acuerdo que consienta la violación a la Constitución”.
Una defensa de la reforma
El titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y el jefe de la bancada oficialista, Agustín Rossi, salieron ayer a defender la reforma judicial impulsada por el gobierno nacional y cuestionaron la actitud de la oposición durante la sesión del miércoles, en la que hubo gritos, insultos y hasta una botella de agua revoleada. “Dejaron trunca la tarea que la sociedad les encomendó y esto no se compadece con treinta años de democracia”, sostuvo Domínguez, quien calificó la actitud de la oposición como “decepcionante y escandalosa”. El presidente de la Cámara baja lamentó que con esa actitud los diputados pusieran “en crisis la institución a la cual dicen representar” y remarcó que “las deserciones tienen altísimo costo para el conjunto de la sociedad que depositó en cada uno su confianza”. Por su parte, Rossi volvió a pedir disculpas por su actitud durante la sesión y reivindicó los proyectos de reforma “porque las seis iniciativas que se trataron recogen la defensa de valores nobles”.
Fuente:Pagina12
El colectivo de abogados, jueces y fiscales denominado
“Justicia legítima” realizó ayer su encuentro regional en Córdoba, donde reivindicó el reclamo de, justamente, una Justicia legítima, “no como algo coyuntural, sino como expresión de personas comprometidas con la Justicia, que hace muchos años transitan los Tribunales viendo que los resultados a los que aspiran no alcanzan”.
La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, destacó que “después de 30 años de democracia llegó el tiempo de la democratización de la Justicia”, en referencia a los proyectos parlamentarios tratados en el Congreso. Por su parte, el fiscal a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Carlos Gonella, calificó como “una verdadera batalla cultural” la discusión de estos temas que estuvieron “encorsetados” durante muchos años.
Fuente: Pagina12
Envío:Agnddhh
Río Cuarto: Gils Carbó celebró la democratización de la Justicia
La procuradora General de la Nación participó en el sur provincial del Encuentro Regional de Justicia Legítima de la Región Centro. Las propuestas pretenden “evitar que la Justicia sea manipulada por los grandes intereses corporativos", manifestó.
La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, destacó que “después de 30 años de democracia, llegó el tiempo de la democratización de la Justicia”, al participar hoy el `Encuentro Regional de Justicia Legítima de la Región Centro, que se realizó en la ciudad de Río Cuarto.
“Hay un trasfondo en la Justicia, una matriz que históricamente venimos heredando desde tiempos de dictaduras donde ocurrieron genocidios, desapariciones forzadas, apropiación de niños, mientras la Justicia se mostró indiferente y con su actitud silente, convalidando, en algunos casos con decidida complicidad”, resaltó Gils Carbó”.
Corporaciones. Gils Carbó manifestó que con las propuestas parlamentarias para la democratización, lo que se está pretendiendo es “evitar que la Justicia sea manipulada por los grandes intereses corporativos, como ocurrió en los 90” y que derivó en la crisis del 2001.
También, "poniendo el ojo en los mercados, diciendo que no es posible que los grandes acumuladores de la riqueza no paguen impuestos. Esto solo se arregla con políticas públicas que no quieren perjudicar a nadie, sino quieren hacer justicia, hacer que haya un reparto más equitativo”.
Carlos Gonella. También expuso el fiscal General a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, de la Procuración General de la Nación, Carlos Gonella, quien calificó como “una verdadera batalla cultural”, el hecho que hoy se puedan discutir estos temas que estuvieron “encorsetados” durante muchos años.
Fuente:http://www.lmcordoba.com.ar
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Justicia Legítima pidió profundizar la reforma y respaldó a Gils Carbó
La procuradora expuso en Río Cuarto mientras el fiscal Marijuan la imputaba por supuestas posibles en nombramientos. “No es casual que esto ocurra”, dijo.
Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación, en la Universidad Nacional de Río Cuarto.
La procuradora Gils Carbó junto al rector Ruiz y el fiscal Gonella.
La jornada de Justicia Legítima en la Universidad Nacional de Río Cuarto.
La jornada de Justicia Legítima en la Universidad Nacional de Río Cuarto.
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, respondió desde Río Cuarto las acusaciones que la llevaron a estar imputada ayer por el fiscal Guillermo Marijuan por supuestas irregularidades en el nombramiento de fiscales.
La funcionaria participó en la Universidad Nacional de una jornada de Justicia Legítima, un grupo especialmente conformado por jueces, fiscales, abogados y profesionales de las Ciencias Políticas, que apoyan las reformas judiciales y proclaman su profundización para lograr “una verdadera democratización de la Justicia”.
En ese marco, Gils Carbó señaló desde el campus universitario que “no es casual que el Ministerio Público y el fiscal Gonella hayan sido denunciados por cumplir lo que era un deber, que era cubrir cargos vacantes y utilizarlos para desarrollar un equipo experto que justamente investigara esas prácticas. No es casual que se ataque justamente esta creación de unidades especializadas que están al servicio de la ciudadanía. Hay sectores que no quieren que la Justicia cambie”, remarcó en su discurso, el único momento en que los medios no oficialista tuvieron para escucharla.
Habló antes con medios universitarios de Río Cuarto y Córdoba.
“Yo tuve en claro que la creación de una Procuraduría de Criminalidad Económico iba a ser un golpe fuerte para las redes de corrupción que tienen un entramado tan arraigado en los tribunales”, agregó Gils Carbó.
Antes había señalado que “el predominio económico y la hegemonía política le permitía a ciertos sectores cumplir con sus intereses sin dificultades. El predominio económico lo sostuvieron, pero la hegemonía política lo fueron perdiendo en manos de un Gobierno popular. Ese esquema no sólo lo vimos en épocas dictatoriales, también estuvo presente durante el vaciamiento neoliberal del Estado en los ‘90”.
Y arremetió luego contra sectores de la Justicia: “Todo esto fue posible, las dictaduras y el vaciamiento, porque hubo un poder judicial que históricamente tuvo como función la de legitimar estas grandes inequidades. Que fue adiestrado desde hace décadas para tener una falta de compromiso con los valores democráticos y una ausencia de compromiso con la comunidad. Más atento a los intereses poderosos sectoriales, que se manifestó a través de una burocracia rutinizada, donde hay un predominio de lo formal en los procesos por sobre lo sustancial”.
La jornada
El encuentro de Justicia Legítima sirvió ayer para reclamar una profundización de la reforma judicial enviada por el Ejecutivo al Congreso y respaldar a la Procuradora General tras la imputación que recibió ayer por los nombramientos de fiscales.
En el encuentro que comenzó casi a las 10 hubo mayormente jueces y fiscales que denunciaron la existencia de “sectores que defienden intereses corporativos y que se encuentran alejados de las problemáticas de la gente”.
El evento comenzó con el discurso del fiscal Carlos Gonella, a cargo de las investigaciones por lavado de activos, la propia Gils Carbó y el rector Marcelo Ruíz. Luego, por la tarde se desarrollaron talleres que finalmente desembocaron en ideas fuerza sobre transparencia e independencia judicial, ingreso a la justicia y democratización, entre otros.
Finalmente, a las 18:30 hubo un último panel y luego se realizaron las lecturas de las conclusiones.
Fuente:http://www.puntal.com.ar
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27.04.2013
Neuquén
"La justicia en la actualidad no es legítima", dice la defensora general de la Nación
Neuquén
"La justicia en la actualidad no es legítima", dice la defensora general de la Nación
Stella Maris Martínez manifestó además que ese movimiento "tiene un apoyo crítico" con los proyectos de reforma debatidos en el Congreso Nacional.
La funcionaria judicial lanzó ayer a la tarde una jornada de debate del movimiento que integra denominado "Justicia Legítima", en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Comahue, en Neuquén.
"El movimiento de Justicia Legítima es mucho más amplio que estos proyectos porque si bien estamos de acuerdo con algunas cosas, nuestro apoyo es crítico porque no estamos de acuerdo con todo", dijo.
Señaló que "hemos decidido convocar a toda la gente que quiera unirse a este movimiento en toda la República a que se ponga en estado deliberativo y se ponga a discutir si está de acuerdo con el sistema de justicia que tiene en su país".
Afirmó que "la justicia no es algo que solo deben manejar jueces, fiscales o defensores, es algo que le pertenece a todo el pueblo, a toda la comunidad".
Indicó que "sigue habiendo una actitud corporativa y una actitud más ligada al concepto de privilegio que al concepto de servicio".
"Esto está estrechamente vinculado con la idea que es más un poder que un servicio y está vinculado con la idea de que para que el pueblo respete a los jueces, estos tienen que demostrar que son personajes de una categoría superior", expresó.
Luego destacó que "hay quienes no creemos en todo esto y que el problema que existe es la distancia entre el sistema de administración de justicia y la gente".
Precisó que "uno de los más graves problemas es que no solo la gente siente que el acceso a la justicia está severamente condicionado sino que sienten que ese acceso a la justicia está distribuido de manera absolutamente desigualitaria".
Por último, Martínez anticipó que el 31 de mayo "Justicia Legítima" realizará un encuentro nacional en la ciudad de La Plata, de carácter abierto a todos los ciudadanos interesados en cuestiones de justicia, para conformar una asociación que tenga alcance en todo el país.
"Ponemos en crisis el modelo actual de justicia y queremos que todo el mundo lo discuta""Entendemos que una justicia como está estructurada en la actualidad no es legítima y tratamos de tender hacia una justicia legítima, es decir ponemos en crisis el modelo actual de justicia y queremos que todo el mundo lo discuta", aseguró.
"El movimiento de Justicia Legítima es mucho más amplio que estos proyectos porque si bien estamos de acuerdo con algunas cosas, nuestro apoyo es crítico porque no estamos de acuerdo con todo", dijo.
Señaló que "hemos decidido convocar a toda la gente que quiera unirse a este movimiento en toda la República a que se ponga en estado deliberativo y se ponga a discutir si está de acuerdo con el sistema de justicia que tiene en su país".
Afirmó que "la justicia no es algo que solo deben manejar jueces, fiscales o defensores, es algo que le pertenece a todo el pueblo, a toda la comunidad".
Indicó que "sigue habiendo una actitud corporativa y una actitud más ligada al concepto de privilegio que al concepto de servicio".
"Esto está estrechamente vinculado con la idea que es más un poder que un servicio y está vinculado con la idea de que para que el pueblo respete a los jueces, estos tienen que demostrar que son personajes de una categoría superior", expresó.
Luego destacó que "hay quienes no creemos en todo esto y que el problema que existe es la distancia entre el sistema de administración de justicia y la gente".
Precisó que "uno de los más graves problemas es que no solo la gente siente que el acceso a la justicia está severamente condicionado sino que sienten que ese acceso a la justicia está distribuido de manera absolutamente desigualitaria".
"El acceso a la justicia para la solución de los conflictos es, para un grueso sector de nuestra población, un privilegio""El acceso a la justicia para la solución de los conflictos es, para un grueso sector de nuestra población, un privilegio", aseguró.
Por último, Martínez anticipó que el 31 de mayo "Justicia Legítima" realizará un encuentro nacional en la ciudad de La Plata, de carácter abierto a todos los ciudadanos interesados en cuestiones de justicia, para conformar una asociación que tenga alcance en todo el país.
Fuente:Telam

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