El Senado comenzará a tratar mañana los cambios realizados en Diputados al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. Los legisladores de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda se reunirán el martes para debatir las modificaciones introducidas en la maratónica sesión del jueves pasado en la Cámara baja. El oficialismo aspira a convertir el proyecto en ley el 8 de mayo. Diputados aprobó la semana pasada la reforma al Consejo de la Magistratura, pero como hizo cambios en artículos referidos a la administración del Poder Judicial y las facultades de superintendencia, para que se mantengan a cargo de la Corte Suprema, ahora el Senado deberá expedirse sobre esas modificaciones. Si bien la Corte mantendrá su poder en esas áreas, lo deberá hacer siguiendo determinados lineamientos para los concursos de acceso a la carrera judicial, así como en los horarios que deberán cumplir trabajadores y magistrados. Otros aspectos de la reforma, como la ampliación de los miembros del Consejo y su elección por el voto de la ciudadanía, quedaron sin cambios. Los senadores también comenzarán a discutir cambios en el proyecto de ley de ingreso democrático e igualitario al Poder Judicial. Mañana habrá dos reuniones de comisiones: a partir de las 15, una de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda, centrada en el Consejo de la Magistratura y, cuando termine, otra de las comisiones de Asuntos Constituciones, Justicia y Legislación General, que debatirán cambios en la iniciativa para transparentar el ingreso de personal a los tribunales. De obtener dictámenes favorables, los dos proyectos serán votados en el recinto el 8 de mayo, aunque sólo estará en condiciones de ser convertido en ley el del Consejo de la Magistratura, ya que el otro tendrá que volver a Diputados. La intención es que en la sesión del 8 también puedan ser votados los proyectos sobre la publicidad de los actos judiciales y el acceso directo a las declaraciones juradas de funcionarios de los tres poderes.
Fuente:Pagina12
28.04.2013
reforma judicial
El Senado retoma el debate en comisión de la reforma a la Magistratura
reforma judicial
El Senado retoma el debate en comisión de la reforma a la Magistratura
El Senado analizará este martes a nivel de comisión los cambios introducidos por los diputados en el proyecto del Consejo de la Magistratura, eje central de las iniciativas que apuntan a democratizar la justicia, que el oficialismo aspira a convertir en ley en la sesión del 8 de mayo.
La Cámara de Diputados aprobó el jueves a la mañana, en una tensa y maratónica sesión, la reforma del Consejo de la Magistratura, pero como modificó los artículos referidos a la administración del Poder Judicial y las facultades de superintendencia para que se mantengan en órbita de la Corte Suprema, ahora el Senado deberá expedirse sobre esos cambios.
Las modificaciones en el cuerpo colegiado, encargado de designación y contralor del desempeño de los jueces, deberá también estar acompañado por reformas en el proyecto sobre acceso democrático a la carrera judicial.
Por ese motivo se convocó a un plenario para el martes a las 15 de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, con el fin de emitir despacho sobre los cambios que realizó diputados al proyecto sobre el Consejo de la Magistratura.
El oficialismo aceptó estos cambios consensuados con el Poder Ejecutivo al considerar que era aceptable la sugerencia de los camaristas federales, de mantener en órbita de la Corte Suprema la administración de los recursos, la facultad de superintendencia y el control sobre el personal.
De hecho, la reforma no modifica los puntos centrales de la propuesta diseñada por el gobierno, que son la ampliación de miembros del consejo y la elección por voto de la ciudadanía de los tres jueces, seis académicos, y tres letrados, que hasta ahora eran elegidos por representantes de estos sectores.
De todos modos, los jueces de la Corte, que mantendrán en su poder la administración de recursos y nombramientos de empleados deberán cumplir determinados lineamientos para los concursos de acceso a la carrera judicial, así como los horarios que deberán cumplir trabajadores y magistrados, que no podrán ejercer la docencia en horario de trabajo.
La facultad de mantener en órbita de la Corte la administración del Poder Judicial y que pueda mantener la decisión en la designación de empleados por concurso, obligó a reformular varios artículos de este dictamen y cambiar el proyecto de ingreso democrático e igualitario al Poder Judicial, que también será debatido en ese plenario del Senado.
De obtener dictamen ese proyecto el martes próximo, será debatido en la sesión del 8 de mayo junto con el del Consejo de la Magistratura, la publicidad de los actos del Poder Judicial y el acceso directo a las declaraciones juradas de los tres poderes.
El proyecto de ingreso democrático al Poder Judicial, si es aprobada, deberá regresar a Diputados para una segunda revisión dado que recibió modificaciones en cinco artículos a propuesta del oficialismo.
La iniciativa le otorga al supremo tribunal poder para, por ejemplo, disponer de la integración de los órganos encargados de sustanciar los concursos ya que, además, se constituirá en la autoridad de aplicación.
Asimismo, la lista de postulantes se detallará en la página web del Tribunal Supremo, al igual que la orden de mérito de los concursos.
Finalmente, y haciendo lugar a un requerimiento hecho por los titulares de varias Cámaras, se considerará como una “excepción” que el titular de cada una de esas dependencias designe de forma directa dos cargos letrados.
Las modificaciones en el cuerpo colegiado, encargado de designación y contralor del desempeño de los jueces, deberá también estar acompañado por reformas en el proyecto sobre acceso democrático a la carrera judicial.
Por ese motivo se convocó a un plenario para el martes a las 15 de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, con el fin de emitir despacho sobre los cambios que realizó diputados al proyecto sobre el Consejo de la Magistratura.
El oficialismo aceptó estos cambios consensuados con el Poder Ejecutivo al considerar que era aceptable la sugerencia de los camaristas federales, de mantener en órbita de la Corte Suprema la administración de los recursos, la facultad de superintendencia y el control sobre el personal.
De hecho, la reforma no modifica los puntos centrales de la propuesta diseñada por el gobierno, que son la ampliación de miembros del consejo y la elección por voto de la ciudadanía de los tres jueces, seis académicos, y tres letrados, que hasta ahora eran elegidos por representantes de estos sectores.
De todos modos, los jueces de la Corte, que mantendrán en su poder la administración de recursos y nombramientos de empleados deberán cumplir determinados lineamientos para los concursos de acceso a la carrera judicial, así como los horarios que deberán cumplir trabajadores y magistrados, que no podrán ejercer la docencia en horario de trabajo.

De obtener dictamen ese proyecto el martes próximo, será debatido en la sesión del 8 de mayo junto con el del Consejo de la Magistratura, la publicidad de los actos del Poder Judicial y el acceso directo a las declaraciones juradas de los tres poderes.
El proyecto de ingreso democrático al Poder Judicial, si es aprobada, deberá regresar a Diputados para una segunda revisión dado que recibió modificaciones en cinco artículos a propuesta del oficialismo.
La iniciativa le otorga al supremo tribunal poder para, por ejemplo, disponer de la integración de los órganos encargados de sustanciar los concursos ya que, además, se constituirá en la autoridad de aplicación.
Asimismo, la lista de postulantes se detallará en la página web del Tribunal Supremo, al igual que la orden de mérito de los concursos.
Finalmente, y haciendo lugar a un requerimiento hecho por los titulares de varias Cámaras, se considerará como una “excepción” que el titular de cada una de esas dependencias designe de forma directa dos cargos letrados.
28.04.2013
reforma judicial
Juez: "Fue una imbecilidad absoluta levantarse y no dar el debate"
reforma judicial
Juez: "Fue una imbecilidad absoluta levantarse y no dar el debate"
El senador nacional Luis Juez (Frente Cívico) criticó con dureza a la oposición por haberse levantado del debate parlamentario por la reforma judicial y le pidió a la población "menos cacerola y más participación".

En declaraciones al programa "El fin de la metáfora", que se emite por Radio Nacional Rock, Juez señaló: "A mí no me van a decir que desde la antipolítica vamos a construir mayor calidad institucional. No es desde ahí".
Y en ese sentido, el senador le pidió a la población y a los políticos "menos cacerola y más participación".
"Los que se levantaron de la sesión son unos boludos terribles, se lo dije a los diputados nuestros""Dejá de criticar cada siete meses espasmódicamente y participá", insistió, al detallar que su propuestas es no presentar candidatos al Consejo de la Magistratura, pero no tuvo eco "porque algunos se hacen los boludos en el FAP".
Luis Juez
Fue así que Juez recordó: "Yo me fui del PJ, una banda de delincuentes conducida por (el gobernador de Córdoba, José Manuel) De La Sota, y formé un partido político, no me fui a esconder a una ONG para lookearla y ver como manoteaba un par de votos disimulado detrás de la cacerola".
"Los que se levantaron de la sesión son unos boludos terribles, se lo dije a los diputados nuestros. Podés ganar o perder, pero te tenés que sentar hasta el último segundo y bancártela porque son las reglas de la democracia", dijo el senador del Frente Cívico.
Al manifestar su oposición a que se elijan en agosto miembros del Consejo de la Magistratura, Juez declaró: "Hay que abrir el Colegio de Abogados, la Federación de Colegios de Abogados, hay que abrir las instituciones, la Academia de Derecho, hay que abrir esas instituciones no solamente los partidos políticos".
Fuente:Telam
OPINION
De la indignación a la tristezaPor Agustín Rossi *
Muchos se preguntan qué pasó durante la reciente sesión de la Cámara de Diputados para llegar a tal nivel de tensión. La respuesta es muy simple: en el recinto se puso en evidencia la estrategia de los partidos políticos y medios de comunicación opositores para impedir el tratamiento de una serie de leyes que apuntan a que la corporación judicial pierda los privilegios que ostenta en la Argentina. Al igual que lo hicieran con la Resolución 125, la estatización de las AFJP, la ley de medios y el matrimonio igualitario, la oposición se alineó con el poder corporativo.
Pero hagamos un poco de memoria.
La Presidenta anunció el debate sobre la democratización de la Justicia cuando fue al Congreso el 1º de marzo. Cristina aún no había terminado de pronunciar su discurso y los dirigentes opositores ya estaban haciendo declaraciones a la prensa, manifestándose en contra de la iniciativa. Luego, la Presidenta invitó a los dirigentes opositores a la presentación de los proyectos de ley que realizó en el Museo del Bicentenario. No fue ninguno de ellos y se manifestaron unánimemente en contra antes de conocerse el contenido de los proyectos de ley.
Comenzó el debate parlamentario y la oposición se negó a participar del debate en comisiones planteado en el Senado de la Nación. En la Cámara de Diputados, al menos, tuvieron la responsabilidad de participar del análisis en comisión de los proyectos, pero asistieron con una postura de rechazo absoluto, impidiendo cualquier tipo de búsqueda de puntos de consenso.
Pero la estrategia de la oposición se radicalizó tras la protesta opositora del jueves 18 de abril. A las pocas horas, la diputada nacional Elisa Carrió convocó a impedir el tratamiento de los proyectos en la Cámara baja. Al poco tiempo, se lanzó por las redes sociales, rápidamente potenciada por los medios de comunicación opositores, una campaña claramente antidemocrática orientada a torcer la decisión de un grupo de doce diputados nacionales. Invocaron la defensa de las instituciones, pero poner la cara de los diputados en un cartel, pedirle a la gente que los presione, llamarlos por teléfono amenazándolos (como lo relató la diputada Alicia Comelli) se asemeja más al accionar de grupos fascistas que a la tarea de una organización de la sociedad civil en tiempos de democracia.
El martes pasado, los opositores instalaron una carpa frente al Congreso, por donde los dirigentes pasaban y, frente a las cámaras de televisión, planteaban el debate en estos términos: si un diputado se oponía a los proyectos de reforma de la Justicia era un salvador de la república; si estaban a favor, se convertían en infames traidores a la patria.
Mientras tanto, desde el oficialismo tratábamos de desmontar cada uno de los falsos escenarios planteados por la oposición. Prenunciaban un tratamiento de las leyes “a libro cerrado” y se equivocaron. Todos los proyectos remitidos por el Ejecutivo fueron modificados en su cámara de origen. Además, el Senado incluyó todas las aclaraciones necesarias en el proyecto de cautelares, tras el rico aporte del CELS. Y en Diputados incluimos las consideraciones realizadas por la Corte Suprema a partir de los comentarios de las cámaras federales de apelación.
Accedimos a absolutamente todo lo que nos pidieron. Sectores opositores nos solicitaron que las ONG participen del debate en comisiones y lo facilitamos. Convocamos también a todos los estamentos de abogados y jueces para que brinden su mirada y expresen sus críticas. Nos reclamaron la presencia de funcionarios y tanto Julio Alak como Julián Alvarez asistieron las veces que fue necesario.
Estos gestos de buena voluntad del oficialismo fueron en vano y, finalmente, todas las tensiones previas se trasladaron al recinto. La oposición hizo lo imposible para que no tuviéramos quórum, pero logramos en soledad, junto a nuestros aliados, abrir la sesión con 132 diputados presentes. Los legisladores opositores buscaron estirar la sesión, con el único objetivo de torcer la voluntad de algún legislador. Recibimos permanentes descalificaciones, insultos y provocaciones. A pesar de todo, logramos aprobar el proyecto con 130 votos afirmativos.
El escándalo desplegado por la oposición durante el tratamiento en particular sólo buscó embarrar la cancha. A pesar de haber recibido el visto bueno del plenario, volvimos atrás con la idea de aprobar de una sola vez todos los artículos de la ley y accedimos a votar artículo por artículo. Sin embargo, los opositores se aprovecharon de la votación del artículo 2º para montar un verdadero show. Sembraron dudas sobre el voto de los diputados Forconi y Comelli. Pero nunca dijeron que en esa votación hubo 21 abstenciones, una cantidad inusitada, incluyendo a caracterizados diputados opositores como Carrió, Donda, Negri y Pinedo, que jamás dejarían de votar en contra del oficialismo. Un hecho prácticamente cotidiano (esto es, corregir el sentido del voto cuando el sistema electrónico no registra la verdadera voluntad del legislador) terminó siendo la excusa para que la oposición generara un circo inusitado y se retirara del recinto.
Las agresiones al presidente de la cámara Julián Domínguez y el botellazo que me lanzaron desde la bancada opositora fueron parte de una estrategia desplegada en etapas: impedir la sesión, presionar a los indecisos, escrachar a los diputados que estaban a favor y caldear los ánimos en el recinto para que cualquier circunstancia evitara que la mayoría que ostentamos a lo largo de toda la sesión pudiera expresarse claramente. Como puede verse, el clima vivido la semana pasada sólo fue comparable al experimentado durante el tratamiento de las retenciones móviles a mitad del 2008.
Los sectores opositores impidieron a todos los argentinos ser partícipes de un debate edificante, acorde a las críticas que tienen los ciudadanos respecto del funcionamiento del Poder Judicial. Detrás de cada uno de los proyectos de ley que apuntan a democratizar la Justicia en Argentina pueden observarse valores muy nobles: la transparencia (publicidad de declaraciones juradas; registro público de causas; ingreso democrático al Poder Judicial); agilidad (nuevas cámaras de casación; límite a la vigencia de cautelares) y legitimidad popular (reforma del Consejo de la Magistratura).
Durante la sesión sentí que la oposición tenía un solo objetivo: robarnos la sesión para impedir la aprobación de las leyes. Por eso mi enojo. Indigna la mentira y la trampa permanente. Indigna la agresión y el insulto. Indigna el patoterismo y el intento de robarnos la sesión. Ratifico lo que dije en mi discurso: son “profetas del odio”. Algunos días después de la sesión, la indignación deja paso a la tristeza. ¿Tristeza de qué? De tener una oposición tan indigna.
* Jefe del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados.
Fuente:Pagina12
29.04.2013
Un abogado intenta frenar la reforma judicial
Se trata del letrado Andrés Gil Domínguez, quien se manifestó en reiteradas oportunidades a favor del Grupo Clarín por la Ley de Medios. Ahora radicó la presentación contra la norma que limita las cautelares y la que crea tres nuevas cámaras de casación.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez radicó esta mañana la primera acción de amparo contra las leyes que regulan las medidas cautelares y la creación de tres nuevas cámaras de Casación.

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