Los evasores de la banca JP Morgan
Torres no quiso seguir esperando respuesta a sus pedidos de informe y cursó los requerimientos sobre las personas que sacaron del país 400 millones de dólares entre 2006 y 2008. Es una denuncia del ex vicepresidente del banco.
Por Raúl Kollmann
El juez federal Sergio Torres se cansó de esperar respuestas directas de los jueces norteamericanos.
Tras muchas demoras, el juez federal Sergio Torres decidió no esperar más respuestas directas de jueces norteamericanos y cursó ayer a través de la Cancillería extensos pedidos de informes sobre los casi 500 clientes de la banca JP Morgan de Nueva York que sacaron unos 400 millones de dólares del país –presuntamente por evasión impositiva– en los años que van de 2006 a 2008. El listado está encabezado por la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, que remitió 150 millones de dólares. La denuncia fue hecha en 2008 por el ex vicepresidente del JP Morgan, Hernán Arbizu, con el patrocinio de Pablo Argibay Molina, retrucando una denuncia hecha por estafa del banco contra Arbizu. El ex directivo del JP Morgan entregó listados originales, pero además el juez Torres allanó la oficina local del banco y secuestró la documentación que acreditaba la denuncia de Arbizu. Todo indica que el JP Morgan estaba al tanto de esta movida del magistrado porque en enero les mandó una carta a sus clientes argentinos, diciéndoles que debían cerrar sus cuentas antes del 28 de marzo.
Torres tuvo desde el origen una causa judicial más que caliente porque aparecen involucrados algunos de los principales empresarios del país y porque el JP Morgan fue el banco que encabezó también –según la denuncia de Arbizu– una suscripción de acciones emitidas por el Grupo Clarín de unos 300 millones de dólares que fueron adquiridas por las AFJP, es decir con dinero de los jubilados. A todo esto se sumó una intervención directa de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, lo que derivó en una denuncia contra dos hombres del FBI acreditados en la delegación diplomática. Semejante cóctel –incluyendo un pedido de extradición de Arbizu para ser juzgado en Estados Unidos– convirtió el expediente en una papa caliente.
Torres les había pedido a jueces norteamericanos que acreditaran los montos depositados por los empresarios argentinos, lo que incluye el Grupo Clarín y toda su cúpula, Eduardo Costantini, el Frigorífico Rioplatense, la familia Priú de la ex petrolera San Jorge y varias otras sociedades que no queda claro a quién pertenecen. Por ello, Torres le pidió también ayer a la AFIP que identifique el listado de los casi 500 depositantes en el JP Morgan, informando la situación fiscal, patrimonial, financiera y económica de las personas y sociedades desde 2001, y si alguno de ellos se acogió a la ley de blanqueo de capitales. También el juez le pidió a la Inspección General de Justicia que haga un informe sobre todas las personas y sociedades que figuran en el listado.
La fuga
“Esto se tendría que haber hecho hace cinco años. Por fin se hizo –dijo ayer Arbizu–. Tal vez se hubiera evitado una enorme fuga de capitales. Ese dinero que yo logré captar para el JP Morgan diría que en un 90 por ciento era en negro. Por ejemplo, los dueños de un banco dijeron que la vendieron a un valor equis, pero se hizo como en los casos de los departamentos: una cosa era el valor en el que se escrituraba y otro superior el valor de la venta real. Esa diferencia es la que me daban a mí para invertir en el JP Morgan. Las transferencias solían hacerse en negro desde casas de cambio. Pero esto es justamente lo que tiene que investigar el juez.”
Hasta ahora, Torres les había pedido los datos a las autoridades judiciales de Estados Unidos, pero nunca obtuvo respuesta. El camino que emprendió ahora es a través de la Cancillería, de gobierno a gobierno. Y, además, también se tramita lo mismo respecto de Suiza, porque hay certeza de que parte de los depósitos fueron derivados a ese país.
Por lo que se sabe, el JP Morgan esperaba una movida de esta naturaleza. Eso explicaría que en enero enviara una carta a sus clientes argentinos, diciéndoles que antes del 28 de marzo debían cerrar sus cuentas. Lo asombroso es que quien, junto a Arbizu, se dedicaba a captar los fondos millonarios para llevárselos a Estados Unidos, Luke Palacio, fue presentado como nuevo funcionario del banco Citi en Miami: esto indica que todos estaban al tanto y tratando de captar fondos que sabían que iban a ser sacados del JP Morgan.
Arbizu fue imputado por un juez norteamericano a raíz de que prometió intereses muy altos a algunos ahorristas que, cuando pidieron su dinero, lo llevaron a utilizar fondos de otros ahorristas e incluso a falsificar una firma. Ante el pedido de extradición, Arbizu realizó la denuncia de toda la operatoria del banco en el que era vicepresidente, JP Morgan, Banca Privada de Nueva York.
Fuente:Pagina12
En la causa que investiga operaciones para sacar grandes sumas de dinero del país, a partir de la confesión de un ex ejecutivo del JP Morgan
Lavado: El juez Torres pidió a Suiza información sobre 469 empresarios
Varios ejecutivos del Grupo Clarín, entre ellos el CEO Héctor Magnetto y la propietaria, Ernestina Herrera de Noble, aparecen en la nómina. El juez liberó un exhorto diplomático para que Berna provea datos sobre sus cuentas bancarias.
Por: Néstor Espósito
El juez dispuso librar un "exhorto diplomático al juez competente con jurisdicción en la ciudad de Berna, dando cumplimiento a las previsiones contenidas en el Tratado de Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal" entre ambas naciones, "a fin de que a través de alguna autoridad financiera central de control o por otros medios, pero en todo caso SIN la intervención directa del JP Morgan Chase Bank sucursal suiza, se informe si las cuentas bancarias que surgen del listado adjunto se corresponden a titulares de cuentas" en la filial helvética de la banca Morgan. La nómina con los números de cuenta y sus titulares fue acompañada por otro requerimiento internacional, de similar carácter, a las "autoridades judiciales con competencia en la Bailía de Guernsey, dependiente de la Corona Británica." Se trata de una pequeña isla de menos de mil habitantes y unos 80 kilómetros cuadrados, situada frente a la costa de Normandía e identificada como un "paraíso fiscal".
Torres resolvió en las últimas horas "librar oficio a la AFIP a fin de que remita al tribunal un informe relacionado con la situación patrimonial, económica y financiera de las 469 personas físicas y jurídicas señaladas, desde el año 2001 hasta el presente, debiendo discriminarse los siguientes rubros: actividad, ingresos, bienes personales y situación patrimonial, especificando además si en la presentación anual correspondiente u otra pertinente, tales sujetos denunciaron poseer cuentas en el extranjero.
También la Unidad de Información Financiera (UIF) recibió un pedido para que "aporte un informe pormenorizado sobre la consistencia de la situación patrimonial y financiera de las 469 personas, en función de las disposiciones y exigencias de la Ley 25.246". Esa norma, promulgada el 5 de mayo de 2000, durante el gobierno de la Alianza, establece el "deber de informar" las supuestas maniobras de "encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo". Torres quiere saber si la filial local del JP Morgan "ha observado tales disposiciones y demás normas", es decir si cumplió o no con la ley argentina.
La UIF también deberá requerir "informes a las respectivas unidades de Información Financiera en Suiza y Estados Unidos a fin de que estas informen si las personas físicas y jurídicas que obran en el listado poseen cuentas a su nombre en el sistema financiero y se indiquen saldos."
El juez también requirió con carácter de "urgente" a la Inspección General de Justicia "un informe pormenorizado a fin de detallar las participaciones societarias respecto de las 469 personas físicas y/o jurídicas, discriminándose la firma, su composición accionaria o cuotas partes, capital social y si ostentaban algún cargo en la dirección o representación de las mismas. Asimismo, deberá informar el tipo societario con el que opera la firma JP Morgan en la República Argentina y adjuntar datos de los directivos y responsables de dicha entidad bancaria." A la Comisión Nacional de Valores (CNV), el juez le pidió "toda la información de que disponga en el ámbito de su competencia en relación a JP Morgan Chase S.A. sociedad de bolsa, y si respecto de ella se ha realizado (en ejercicio de su poder de policía) una inspección, y en caso afirmativo, cuáles han sido las conclusiones."
JP Morgan Chase tenía un sector denominado "Banca Privada" situado en el piso 22 de las oficinas de Avenida Madero al 900, de esta Capital, entre enero de 2006 y diciembre de 2011, según se desprende del requerimiento del juez. Por allí, según Arbizu, pasaban las operaciones que denunció y que forman el objeto procesal de la causa de Torres. El juez quiere saber todo sobre esas oficinas, y por eso le pidió al Banco Central y al gobierno porteño si estaban habilitadas para operar comercialmente y, en caso afirmativo, se le remitan el listado "donde se encuentran asentadas todas las operaciones de cambio de divisas de los clientes mencionados por Arbizu".
cablevisión escapa a una multa de $ 100 mil diarios
Cablevisión debería empezar a pagar hoy una multa diaria por no adecuarse al valor del abono básico del cable. El juez Alfonso Ziulu aplicó la sanción el pasado 19 de abril con tres días hábiles para que la empresa acreditara haber complicado la sentencia, es decir, emitir una factura con la tarifa que impone la Secretaría de Comercio Interior. Al no haberlo hecho, desde hoy se empezarían a contar 100 mil pesos por día a calcular desde el último viernes.
Frente a esto, la empresa interpuso ayer un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Es decir, le pidió al juez que interviene que deje sin efecto la resolución o que intervenga la Cámara, con lo que consiguió estirar un poco más el proceso aun cuando desde la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires aseguran que el pedido será rechazado. Además, aunque el expediente vaya a la Cámara no debería suspender la ejecución de la medida cautelar y la multa. "La sanción que ya empezó a correr el viernes deberá ser aplicada porque al pedir revocatoria quiere decir que la empresa no cumplió ni va a cumplir. Esto significa también que esta semana es final para la empresa en las alternativas de postergación”, señalaron desde la defensoría.
una lista con familiares y amigos
El listado que confeccionó el juez Torres incluye al Grupo Clarín como tal y a sus directivos y familiares. Pero también a otras empresas y hombres y mujeres de negocios de significativa relevancia, entre ellos Eduardo Constantini, la Fundación Instituto Leloir y Nordelta SA.
Los nombres consignados, tal cual aparecen en la resolución del juez federal, son “1999 Ernestina Laura Herrera de Noble Trust”, “Agea Inversora SA”, “Alma Rocío Aranda”, “Aranda José A. / Noemí Alma”, “Arte Gráfico Editorial Argentina SA”, “Arte Gráfico Editorial Argentino SA (Clarín)”, “Artes Gráficas Rioplantense SA”, “Clarín Global SA”, “Compañía de Medios Digitales (CMD) SA”, “Ernestina Laura Herrera de Noble”, “Ernestina Laura Herrera de Noble and Marcela Noble Herrera”, “Ernestina Laura Herrera de Noble & Felipe Noble Herrera”, “Felipe Noble Herrera”, “Grupo Clarín SA”, “Grupo Clarín Services LLC”, “Guareschi Roberto Pablo & Alejandra P.”, “Héctor Horacio Magnetto”, “Héctor Mario Aranda & Claudia Felicitas Martín de Aranda”, “José Antonio Aranda” (en tres oportunidades), “Lucio R. Pagliaro”, “Lucio Rafael Pagliaro”, “Mercado Libre INC”, “Multicanal SA”, “Noemí Alma Luna de Aranda” (en dos ocasiones), “Pagliaro Lucio R. & Costes AN”, “Radio Mitre”, “Tele Red Imagen” y “Televisión Satelital Codificada”, entre otros.
El apellido Constantini se repite constantemente en el listado. Así, figuran “Eduardo y Mariana Constantini”, “Eduardo Constantini”, “Fundación Eduardo Constantini”, “María Soledad Constantini” (dos veces), “Mariana Constantini”, “Martín R. Constantini”, “Rodolfo Constantini”, “The Constaqntini Film Company LLC” y “Tomás Constantini”. En distintos lugares aparecen el titular del banco HSBC Enrique W. Ruete Aguirre, el Frigorífico Rioplatense, la Fundación Instituto Leloir y la Fundación Instituto Leloir Charitable Trust, Morgan Trust Company of the Bahamas, Nordelta SA y Abienur SA, una sociedad anónima emisora de acciones al portador registrada en Uruguay. También aparece reiteradamente el apellido Priu, vinculado con la Petrolera San Jorge, y las empresas vinculadas con Pampa Energía, del empresario Marcelo Mindlin.
Fuente:TiempoArgentino
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