Una procuraduría especializada contra la trata
La procuradora general Alejandra Gils Carbó presentó ayer la nueva unidad de lucha contra la trata.Imagen: Leandro Teysseire
La nueva Procuraduría de Trata de Personas estará a cargo de Marcelo Colombo. Dará mayor presencia a nivel federal y colaborará en la búsqueda de personas y desarticulación de redes. Del acto participó la directora general de la fundación que dirige Susana Trimarco.El acto, que tuvo lugar en el auditorio de la Procuración General, contó con cuatro expositores: Gils Carbó; la directora general de la Fundación María de los Angeles, Andrea Romero –en lugar de Susana Trimarco, madre de Marita Verón, que faltó por cuestiones de salud–; la fiscal de la Unidad Especializada en Trata de Personas de Paraguay, Teresa Martínez, y el fiscal que estará a cargo de la procuraduría, Marcelo Colombo.
“Susana Trimarco tuvo un problema de salud y no pudo estar presente, pero me hubiera encantado que estuviera, ya que su Fundación María de Los Angeles es responsable de que se conozca este flagelo y se ocupa de algo muy importante como es la recuperación y reinserción de personas. Me conmovió escucharla decir que intenta convencer a las víctimas de trata para que tengan a sus hijos, ya que ellos son capaces de darles el amor que les falta. Además, ella misma sufrió las falencias de la Justicia por su hija Marita Verón, uno de los casos que llevaron a la convocatoria por una Justicia legítima”, dijo Gils Carbó al abrir la presentación.
Luego, la funcionaria dio las razones del cambio de una Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas a una procuraduría: “Con la procuraduría, el fiscal Marcelo Colombo va a dedicarse en forma exclusiva a la trata, con una estructura de mayor envergadura, con más personal para atender más casos”.
“Hay una creciente demanda social –aseguró Gils Carbó– para que la Justicia se involucre en casos de trata. La Justicia acarrea lastres como la tendencia a culpabilizar a la víctima. Recientemente, un juez rechazó una denuncia de una mujer que señaló que unos policías le quemaron la vagina con cigarrillos y le aplicaron picana eléctrica en la zona genital. No le parecía un ilícito porque ella practicaba el sexo libre. Si ahora se visibilizan patologías es porque hay más sensibilidad social producto de más derechos.”
Por su parte, Andrea Romero, de la Fundación María de los Angeles, disculpó a Trimarco por su ausencia. “Susana no pudo venir porque tiene que cuidar su salud para seguir con la lucha”, afirmó.
En cuanto a la creación de la procuraduría, aseguró que va a impulsar la lucha contra la trata y elogió la tarea de Colombo. “Estamos contentos con la procuraduría porque sabemos que va a impulsar la lucha. Para nosotros es central que las víctimas tengan justicia para así poder recuperarse. Además, Marcelo Colombo es un aliado en las investigaciones y nos ayudó a mejorar el desempeño de fiscales generales en varias causas que no se manejaban bien. Es muy importante el trabajo en red, la articulación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Creemos que el Estado ha respondido positivamente al reclamo de la sociedad civil.”
En tanto, la fiscal de la Unidad Especializada en Trata de Personas de Paraguay, Teresa Martínez, hizo énfasis en la necesidad de un trato diferenciado para las víctimas de este delito. “Es muy bueno ver los pasos que se están dando para combatir la trata. La atención exclusiva es una medida necesaria para que las víctimas tengan justicia. Hay que abrir puertas y ventanas, hay que llegar a ellas. Todas las víctimas merecen acceder a la Justicia, pero por su vulnerabilidad las víctimas de trata necesitan de una atención personalizada.”
Por último, Colombo agradeció a todos los presentes y recordó las actuaciones de la unidad fiscal que dirigía junto a distintos organismos para combatir la trata, aunque resaltó que falta mucho por hacer.
En este sentido, puntualizó los ejes sobre los que trabajarán en la procuraduría. “Queremos profundizar la selección de investigaciones genéricas para llegar a las grandes redes de trata. También tenemos que responder a las demandas de la Ley 26.842, por la que seremos parte del consejo general y el consejo consultivo. Además, debemos federalizar aun más nuestra asistencia, con jurisdicciones de la procuraduría en distintas provincias. Por último, vamos a colaborar con la búsqueda y localización de personas desaparecidas con mesas de trabajo distritales”, detalló.
En este punto, se refirió a la raigambre social de la trata. “Todas las formas de trata son formas de anular el plan de vida ajeno y muchísimas de estas prácticas son toleradas socialmente y por la Justicia. En el sistema prostibulario o en el del trabajo a destajo podemos ver un germen de esto.”
Para finalizar, invitó a los presentes a ponerse en el lugar del otro. “Casi todas las víctimas de trata tienen una desigualdad estructural por el lugar en que nacieron, la pobreza o el género. Nadie querría eso para sí mismo. Frente a una desigualdad consolidada, hay que ponernos en lugar del otro.”
ENTREVISTA AL FISCAL MARCELO COLOMBO
Los nuevos objetivosPor Mariana Carbajal
La protección policial, las causas en curso, la nueva unidad de trata.
Un centenar de personas fueron condenadas en los últimos cuatro años y medio por el delito de trata en el país. La mayoría son varones, de nacionalidad argentina, involucrados en casos de explotación sexual de mujeres pobres. Las víctimas afectadas resultaron en un 36 por ciento de Paraguay y en un 30 por ciento de Argentina. En total, ya se llevaron a cabo 74 juicios, 65 de los cuales terminaron en fallos condenatorios y sólo 9, con absoluciones. Los datos fueron revelados por el fiscal Marcelo Colombo, a cargo de la unidad de Trata de Personas de la Procuración General de la Nación, que ayer fue relanzada con nueva estructura, con el objetivo de mejorar la persecución del delito en todo el país. En una entrevista con Página/12, Colombo detalló las nuevas funciones del flamante organismo y precisó que se conformará una red de colaboración en la búsqueda de personas desaparecidas, con el diseño de un nuevo sistema federal de información para facilitar la búsqueda. Además, cuestionó los proyectos que penalizan al cliente de prostitución –“son innecesarios ahora”– y reclamó al Ejecutivo la reglamentación de la reforma a la ley de trata para avanzar con la creación del Consejo Federal que permitirá que representantes de ONG participen del proceso de definición de las estrategias para enfrentar a la trata. También destacó que las denuncias de casos de trata “han crecido exponencialmente en los últimos tres años” y advirtió sobre la persistencia de protección policial para el funcionamiento de grandes bandas prostibularias. “Hay distintas investigaciones en curso que todavía no han llegado a sentencia de las que surgen que existen verdaderas sociedades con funcionarios públicos, principalmente policiales”, señaló.
Hasta ahora Colombo encabezaba la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata (Ufase). La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, lo acaba de designar al frente de la nueva Procuraduría de Asistencia en Trata de Personas (ver aparte).
–¿Qué cambia a partir de ahora?–La procuraduría se dividirá en dos áreas de actuación. Una de investigación y litigación de casos; la otra de corte institucional para que interactúe con organismos públicos y del sector civil para generar mejores herramientas de prevención, capacitación, asistencia a víctimas y detección de casos.
–¿Qué tiene en mente para mejorar la persecución del delito de trata?–Por un lado, profundizar la selección de investigaciones genéricas que se inicien sobre la base de analizar toda la información que dejan los casos individuales de trata de personas. Eso permitirá iniciar investigaciones que apunten más arriba en la escala de responsabilidades de los actores de la trata. Llegando a estructuras de organización más grandes y a sus líneas de cobertura y apañamiento oficial.
–¿Por qué hasta ahora no se han descubierto grandes bandas? ¿No existen o tienen suficiente protección?–Lo que hay son grandes redes prostibularias con protección policial y quizá de alguna otra índole también. Hay distintas investigaciones en curso que todavía no han llegado a sentencia de las que surge que existen verdaderas sociedades con funcionarios públicos, principalmente policiales. Recientemente, la red Vip de Olivos, donde está involucrado un subcomisario. Hay otra causa grande que se inició en 2009, donde apareció que muchísimas comisarías de la Capital Federal, casi el 60 por ciento del total, fraguaban actas policiales y declaraciones testimoniales para simular la no existencia de prostíbulos.
–¿En qué situación se encuentra esa causa?–Avanza lentamente. Las causas se inician a partir de una denuncia. Tenemos muchos casos chiquitos. Queremos hacer un buen análisis de la información que surge de esos casos para cruzar en las que aparecen los mismos teléfonos, los mismos funcionarios o imputados. En general, los casos grandes son los que más le cuesta procesar a la Justicia.
–¿Se está avanzando en la persecución de la trata?–Sí, sabemos más sobre el delito y se avanza en la persecución. Ya tenemos 65 fallos condenatorios desde que entró en vigencia la ley, casi cinco años atrás. Sin contar los delitos conexos, como la explotación de la prostitución.
–¿La trata es un delito que está en crecimiento?–Al cobrar mayor visibilidad, se van cuestionando las prácticas sociales donde se esconde la explotación –prostíbulos, talleres textiles, granjas–. Al comienzo, los operadores de la Justicia, fiscales, jueces, eran muy cuidadosos para determinar si había explotación o no en un prostíbulo, por ejemplo. Pero cuando se comprueba que el 90 por ciento de los casos de explotación sexual se da en mujeres pobres, surge claramente que hay una asimilación de la trata y la explotación. Las reglas del sistema prostibulario constituyen una situación de explotación como para decir que es trata. Las denuncias han crecido exponencialmente en los últimos tres años. Pasamos más que a duplicar los casos.
–¿Hay más casos o la mayor visibilidad del tema en los medios de comunicación, fundamentalmente a partir del caso de Marita Verón y la lucha de Susana Trimarco por encontrar a su hija, contribuye a que haya más denuncias?–La gran visibilidad que ha tenido el delito es un factor seguramente que contribuye a que se denuncie más. También es cierto que hay una mayor conciencia de que prácticas que antes se consideraban parte del entorno encubrían delitos. Hay casos de vecinos que denuncian Vips o privados que hay en su edificio. Antes no decían nada. Por otra parte, hay casos de desapariciones que se inician como trata pero que resultan fugas de hogar. Pero está bien que se inicien como trata.
–¿Qué opina de los proyectos recientemente presentados en el Congreso que buscan penalizar el consumo de prostitución?–Me parece que son innecesarios hoy. Se acaba de sancionar una nueva ley –la que reformó la ley de trata– que recién empieza a aplicarse, en donde se castiga al proxeneta, a quien explota sexualmente a mujeres, sin que haga falta probar si lo hace recurriendo a la fuerza, engaño u otros medios comisivos. La sola explotación sexual hoy es delito. Debemos esperar a ver cómo se aplica la ley y si no se consigue con esta norma eliminar la explotación sexual de mujeres por parte de terceros, recién ahí volver sobre esta cuestión. Lo que sí hace falta hoy mismo, además de empezar a aplicar la nueva figura penal, es reglamentar la ley sancionada por el Congreso, para que se pueda crear el Consejo Federal y el Comité Ejecutivo contra la Trata. El primero de ellos permite que representantes de las ONG participen del proceso de definición de las estrategias de lucha contra la trata. Eso es muy importante.
–Se armará una red de colaboración con la búsqueda de personas desaparecidas...–Sí, la idea es contribuir a mejorar un déficit advertido a nivel federal en la búsqueda y localización de personas desaparecidas. Se propondrá el diseño de un sistema de información y registro actualizado a nivel federal de lugares en donde es factible la aparición de personas indocumentadas o cuya identidad se desconoce (hospitales públicos, morgues, manicomios, registros de accidentes, entre otros) o sitios de explotación (por ejemplo, mujeres encontradas en situación prostibularia). El objetivo será trabajar en el enriquecimiento de las medidas a tomar frente a una desaparición, priorizando la reunión de información con alcance interjurisdiccional. La experiencia ha hecho notar también que las fuentes de información pertinentes para la búsqueda en nuestro país están muy atomizadas y poseen una desconexión que atenta contra las posibilidades de éxito en la búsqueda. Es por ello que también resulta adecuado que dentro del ámbito de esta procuraduría se intenten desarrollar mecanismos y herramientas que ayuden a reducir los efectos de esa atomización y desconexión, cuanto menos para los perfiles de desaparición que en algunas ocasiones han obedecido a casos de trata de personas.
Colombo explicó que se nombrarán contrapartes de la procuraduría en las distintas provincias “para que la política criminal diseñada desde la PGN llegue sin interferencias a todas las jurisdicciones”. “Para eso contamos con fiscalías federales que han picado en punta y vienen trabajando muy bien en sus jurisdicciones, a las que sumaremos al resto del país”, señaló. También precisó que impulsará la creación de mesas de trabajo provinciales integradas por actores dedicados a la investigación, a la asistencia a víctimas y de la prevención del delito. “Queremos que la integren funcionarios públicos y actores del sector civil. Estos últimos son los primeros que nos van a decir lo que estamos haciendo mal, y eso es de sumo valor. Creemos que federalizar más el sistema de asistencia permitirá un mejor cumplimiento de las instrucciones generales para los fiscales ya dictadas –y a dictarse– para el desarrollo de investigaciones por esta modalidad delictiva. Y a la vez, un valor de referencia territorial para el conocimiento de las problemáticas propias de cada provincia o región.”
La nueva ley
Por Mariana Carbajal
A fin de año, a partir de la conmoción social que causó la absolución de los trece imputados por el secuestro y la desa-parición de Marita Verón, tomó impulso el tratamiento y la sanción en el Congreso de una reforma a la ley de trata vigente desde el año 2008, muy reclamada desde las ONG que trabajan en la temática. Con las modificaciones se aumentaron las penas, se reforzaron los derechos de las víctimas y a la vez –uno de los aspectos más importantes– se eliminó la exigencia que regía para víctimas mayores de edad, a la hora de probar el delito, de demostrar que no habían dado su consentimiento para estar en esa situación. “Nadie puede consentir su explotación”, señaló a Página/12 Marcelo Colombo. La nueva ley integró al Ministerio Público Fiscal en el Consejo Federal para la Lucha contra la trata y explotación de personas, un organismo que entre otras facultades tiene la de diseñar las estrategias nacionales para el combate a la trata y aprobar el plan de acción que debe realizar el Comité Ejecutivo, que es el otro órgano creado por la ley. “Estas facultades dependen de una reglamentación del Poder Ejecutivo que se espera con ansiedad”, apuntó Colombo.
Fuente:Pagina12
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