Investigan a la jueza de Ríos Montt
Un testigo denunció que la abrupta decisión de suspender el caso se tomó por presión del gobierno de Guatemala para evitar que fuera involucrado el presidente Otto Pérez Molina.
Ríos Montt, juzgado por decenas de masacres de campesinos.Imagen: EFE
La causa contra el ex dictador Ríos Montt (1982-1983) y su antiguo jefe de Inteligencia Militar, José Rodríguez, acusados por el Ministerio Público (MP) de ser los autores intelectuales del asesinato de 1771 indígenas ixiles de la etnia maya en el departamento noroccidental de Quiché, se encuentra en suspenso desde el 19 de abril, cuando Barrios tomó la decisión de suspenderlo de forma temporal, un día después de que la jueza Carol Patricia Flores, titular del Juzgado A de Mayor Riesgo, lo anuló. Barrios ya tiene de nuevo en su poder el expediente luego de que Flores admitiera el viernes las pruebas de descargo de los militares retirados que les habían rechazado en la fase previa del proceso, pero hasta ahora se desconoce si el juicio se reanudará.
El presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mynor Franco, explicó a la prensa que la investigación de Barrios fue solicitada por el abogado Francisco García Gudiel, uno de los defensores de Ríos Montt. Este letrado la denunció por prevaricato, es decir, abuso de autoridad por haberlo expulsado el 18 de marzo pasado durante el juicio contra los dos generales retirados. El ex dictador, se quedó sin abogado en esa oportunidad y Barrios obligó a los defensores de Rodríguez a que asumieran temporalmente el caso. Franco dijo que el trámite de antejuicio, investigación para determinar si incurrió en ilícitos, contra la jueza está en trámite y que la próxima semana podrían decidir si se le quita la inmunidad de la que goza como funcionaria judicial.
En tanto, el periodista estadounidense Allan Nairn, citado como testigo, habló sobre la suspensión del juicio. “La decisión de último momento de suspender el caso fue técnicamente tomada por un tribunal de apelaciones, pero detrás de la decisión se encuentra la intervención secreta del actual presidente de Guatemala como también las amenazas de muerte contra jueces y fiscales hechas por asociados del ejército”, dijo. Según contó en el portal estadounidense Common Dreams, Nairn tenía que testificar el 15 de abril en el juicio contra Ríos Montt, pero en el último momento se le impidió subir al estrado.
Fuente:Pagina12
27.04.2013
Guatemala
Afirman que Otto Pérez intervino para terminar el juicio a Ríos Montt
Guatemala
Afirman que Otto Pérez intervino para terminar el juicio a Ríos Montt
La abrupta decisión de suspender el juicio por genocidio contra el dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, se tomó por presión directa del gobierno de Guatemala, asegura el periodista estadounidense Allan Nairn, citado además como testigo de la causa.
La abrupta decisión de suspender el juicio por genocidio contra el dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, a momentos de que se dictara sentencia, se tomó por presión directa del gobierno de Guatemala para evitar que fuera involucrado en esa causa el presidente Otto Pérez Molina, aseguró el periodista estadounidense Allan Nairn, que lo entrevistó en los `80 y estaba citado como testigo.
"La decisión de último momento de suspender el caso fue técnicamente tomada por un tribunal de apelaciones, pero detrás de la decisión se encuentra la intervención secreta del actual presidente de Guatemala como también las amenazas de muerte contra jueces y fiscales hechas por asociados del ejército", dijo Nairn, que en los años de la dictadura de Ríos Montt entrevistó a su jefe de Operaciones, Pérez Molina, indentificado en ese encuentro como "mayor Tito".
Según contó en el portal estadounidense Common Dreams, Nairn tenía que testificar en el juicio contra Ríos Montt: "pero en el último momento se me impidió tomar el estrado `para evitar una confrontación con el Ejecutivo (guatemalteco)`".
"Se me dio a entender que lo que eso significaba era que el general Otto Pérez Molina, el presidente de Guatemala, cancelaría el juicio si yo subía al estrado, ya que mi testimonio podría implicarlo a él", relató.
Otra fuente consultada por Télam coincidió con que el juzgamiento de Ríos Montt y su jefe de Inteligencia, el general retirado José Mauricio Rodríguez, estaba aceptado por el Gobierno como una forma de distender la presión que durante varias décadas realizaban organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos, siempre que no terminaran por involucrar al presidente ni a la cúpula del ejército.
Los militares retirados son acusados por el Ministerio Público de ser los autores intelectuales de al menos 16 masacres cometidas entre 1982 y 1983, durante el régimen de Ríos Montt. En esa época fueron asesinados 1.771 indígenas mayas-ixiles en el departamento noroccidental de Quiché, de acuerdo con la denuncia.
"Existía también el temor, concretamente manifestado, de que al tomar el estrado, y dada la naturaleza de mis pasados escritos y declaraciones, yo implicaría a la `institución armada` y eso podría desatar la violencia", agregó el reconocido periodista.
"El trato bajo el cual Pérez Molina y la elite gobernante del país habían permitido que el caso siguiera su curso era que únicamente Ríos Montt y Rodríguez serían los afectados. El resto de los miembros del ejército al igual que Pérez Molina saldrían ilesos", precisó Nairn.
El juicio "se hizo implosionar a la guatemalteca", aseguró la fuente consultada por esta agencia, que relató que la estrategia fue dejar a Ríos Montt y su segundo sin defensa, para lo cual los abogados defensores abandonaron la sala y corrieron por las escaleras, mientras los policías que los perseguían por orden de la jueza esperaban el ascensor.
Lo concreto es que, la Corte de Constitucionalidad (CC) decidió suspender el juicio que realizaba el tribunal Primero A de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Jazmín Barrios, y trasladarlo al de otra magistrada, Carol Patricia Flores, para "corregir errores cometidos antes del inicio del debate", lo que supone retrotraer todas las actuaciones.
Por otra parte, el exrepresentante de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) de la ONU en el caso del conflicto armado de Guatemala (1960-1996), Christian Tomuschat, afirmó hace dos semanas que el informe de ese organismo, "Memoria del Silencio", demuestra que "hubo genocidio" y mencionó que un testigo involucró en esos crímenes a Pérez Molina.
Ese informe, dijo el abogado alemán Tomuschat, estableció que el 93 por ciento de las atrocidades fueron cometidas por el ejército, paramilitares y otras fuerzas armadas del Estado.
El estudio que formula esas apreciaciones volvió a la palestra en el marco del juicio Ríos Montt, pero sectores conservadores y exmilitares, entre ellos el propio presidente Pérez Molina, aseguran que "no hubo" genocidio en el país, sino que todo fue un enfrentamiento entre dos bandos: ejército y guerrilla.
"Todo cambió repentinamente (en el juicio a Ríos Montt) cuando Hugo Ramiro Leonardo Reyes, un ex mecánico del ejército, testificó por videoconferencia desde un lugar desconocido que Pérez Molina había ordenado la ejecución de atrocidades", señaló el periodista estadounidense Nairn.
Agregó que según el relato del testigo, "Pérez Molina había ordenado ejecuciones y la destrucción de aldeas en los alrededores de Nebaj".
"El hecho de que el testigo haya mencionado el pasado de Pérez Molina evidentemente enfureció al presidente. Él denunció públicamente al testigo y ordenó que fuera investigado", continúo el periodista.
"Luego citó a la Fiscal General. Se corrió el rumor de que si en el juicio se mencionaba de nuevo el nombre de Pérez Molina, todos los acuerdos previos serian suspendidos. La cancelación del juicio a Ríos Mont sería lo de menos: el precio a pagar sería muy alto", aseguró Nairn que se rumoreó entonces.
El acuerdo de paz en Guatemala fue firmado en la Casa de Gobierno el 29 de diciembre de 1996 por el entonces jefe del Ejército guatemalteco, general Otto Pérez Molina, y el secretario general del Partido Guatemalteco del Trabajo (Comunista).
Luego, Pérez Molina se retiró, fundó el Partido Patriota y llegó a la presidencia, en 2011, tras una campaña donde se presentó como "el general de la paz".
"La decisión de último momento de suspender el caso fue técnicamente tomada por un tribunal de apelaciones, pero detrás de la decisión se encuentra la intervención secreta del actual presidente de Guatemala como también las amenazas de muerte contra jueces y fiscales hechas por asociados del ejército", dijo Nairn, que en los años de la dictadura de Ríos Montt entrevistó a su jefe de Operaciones, Pérez Molina, indentificado en ese encuentro como "mayor Tito".
Según contó en el portal estadounidense Common Dreams, Nairn tenía que testificar en el juicio contra Ríos Montt: "pero en el último momento se me impidió tomar el estrado `para evitar una confrontación con el Ejecutivo (guatemalteco)`".
"Se me dio a entender que lo que eso significaba era que el general Otto Pérez Molina, el presidente de Guatemala, cancelaría el juicio si yo subía al estrado, ya que mi testimonio podría implicarlo a él", relató.
Otra fuente consultada por Télam coincidió con que el juzgamiento de Ríos Montt y su jefe de Inteligencia, el general retirado José Mauricio Rodríguez, estaba aceptado por el Gobierno como una forma de distender la presión que durante varias décadas realizaban organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos, siempre que no terminaran por involucrar al presidente ni a la cúpula del ejército.
Los militares retirados son acusados por el Ministerio Público de ser los autores intelectuales de al menos 16 masacres cometidas entre 1982 y 1983, durante el régimen de Ríos Montt. En esa época fueron asesinados 1.771 indígenas mayas-ixiles en el departamento noroccidental de Quiché, de acuerdo con la denuncia.
"Existía también el temor, concretamente manifestado, de que al tomar el estrado, y dada la naturaleza de mis pasados escritos y declaraciones, yo implicaría a la `institución armada` y eso podría desatar la violencia", agregó el reconocido periodista.
"El trato bajo el cual Pérez Molina y la elite gobernante del país habían permitido que el caso siguiera su curso era que únicamente Ríos Montt y Rodríguez serían los afectados. El resto de los miembros del ejército al igual que Pérez Molina saldrían ilesos", precisó Nairn.
El juicio "se hizo implosionar a la guatemalteca", aseguró la fuente consultada por esta agencia, que relató que la estrategia fue dejar a Ríos Montt y su segundo sin defensa, para lo cual los abogados defensores abandonaron la sala y corrieron por las escaleras, mientras los policías que los perseguían por orden de la jueza esperaban el ascensor.
Lo concreto es que, la Corte de Constitucionalidad (CC) decidió suspender el juicio que realizaba el tribunal Primero A de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Jazmín Barrios, y trasladarlo al de otra magistrada, Carol Patricia Flores, para "corregir errores cometidos antes del inicio del debate", lo que supone retrotraer todas las actuaciones.
Por otra parte, el exrepresentante de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) de la ONU en el caso del conflicto armado de Guatemala (1960-1996), Christian Tomuschat, afirmó hace dos semanas que el informe de ese organismo, "Memoria del Silencio", demuestra que "hubo genocidio" y mencionó que un testigo involucró en esos crímenes a Pérez Molina.
Ese informe, dijo el abogado alemán Tomuschat, estableció que el 93 por ciento de las atrocidades fueron cometidas por el ejército, paramilitares y otras fuerzas armadas del Estado.
El estudio que formula esas apreciaciones volvió a la palestra en el marco del juicio Ríos Montt, pero sectores conservadores y exmilitares, entre ellos el propio presidente Pérez Molina, aseguran que "no hubo" genocidio en el país, sino que todo fue un enfrentamiento entre dos bandos: ejército y guerrilla.
"Todo cambió repentinamente (en el juicio a Ríos Montt) cuando Hugo Ramiro Leonardo Reyes, un ex mecánico del ejército, testificó por videoconferencia desde un lugar desconocido que Pérez Molina había ordenado la ejecución de atrocidades", señaló el periodista estadounidense Nairn.
Agregó que según el relato del testigo, "Pérez Molina había ordenado ejecuciones y la destrucción de aldeas en los alrededores de Nebaj".
"El hecho de que el testigo haya mencionado el pasado de Pérez Molina evidentemente enfureció al presidente. Él denunció públicamente al testigo y ordenó que fuera investigado", continúo el periodista.
"Luego citó a la Fiscal General. Se corrió el rumor de que si en el juicio se mencionaba de nuevo el nombre de Pérez Molina, todos los acuerdos previos serian suspendidos. La cancelación del juicio a Ríos Mont sería lo de menos: el precio a pagar sería muy alto", aseguró Nairn que se rumoreó entonces.
El acuerdo de paz en Guatemala fue firmado en la Casa de Gobierno el 29 de diciembre de 1996 por el entonces jefe del Ejército guatemalteco, general Otto Pérez Molina, y el secretario general del Partido Guatemalteco del Trabajo (Comunista).
Luego, Pérez Molina se retiró, fundó el Partido Patriota y llegó a la presidencia, en 2011, tras una campaña donde se presentó como "el general de la paz".
Fuente:Telam
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