La reforma ya tiene sus dos primeras leyes
Con apoyo de aliados, el oficialismo consiguió los 130 votos necesarios para aprobar la reforma de la Magistratura. Además convirtió en ley la regulación de las cautelares contra el Estado y la creación de las nuevas Cámaras de Casación.
Por Miguel Jorquera
La bancada del oficialismo festejó cuando consiguió la mayoría especial para la aprobación de los proyectos para la reforma judicial.Imagen: DyN
En una sesión extenuante y tras más de veinte horas de ásperas discusiones en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró convertir en leyes dos de los seis proyectos del Gobierno para “democratizar la justicia”: el que regula las medidas cautelares contra el Estado y el que crea tres nuevas Cámaras de Casación. Antes también había aprobado la ampliación del Consejo de la Magistratura y la elección de sus miembros a través del voto popular –que ahora deberá regresar al Senado–, con un ajustado número, 130 votos sobre los 129 necesarios. Decepcionada por no haber podido revertir la votación en particular, la oposición (UCR, PJ opositor, FAP, PRO, CC y Proyecto Sur) resolvió abandonar el recinto en medio de gritos de “fraude” cuando en la votación en particular del extenso articulado el tablero marcó 128 votos positivos, a pesar que los dos diputados que no habían sido identificados por el sistema electrónico –algo habitual en las votaciones– ratificaron de viva voz su voto favorable a la reforma.Trasnoche
A las cinco y media de la madrugada, luego de 17 horas de debate y más de un centenar de oradores, llegó el primer test de la maratónica sesión especial en la Cámara baja: la votación de la reforma del Consejo de la Magistratura, una de las iniciativas más controvertidas del paquete de leyes sobre la Justicia que el Ejecutivo envió al Parlamento. El oficialismo salió airoso en una votación por demás ajustada que además requería la mayoría agravada de la mitad absoluta de los miembros del cuerpo (129 votos). A pesar de la rebeldía de algunos miembros de su propio bloque (los sindicalistas Facundo Moyano y Omar Plaini, el riojano Jorge Yoma y la santacruceña Blanca Blanco de Peralta), el kirchnerismo sumó 130 votos con el respaldo de sus aliados más fieles (el Frente Cívico santiagueño, Nuevo Encuentro y los neuquinos del MPN), frente a 123 de la oposición. Había en el recinto 254 diputados y apenas cuatro ausentes (tres opositores y el oficialista Martín Sa-bbatella, de licencia desde que asumió en la Afsca).
Pero antes el clima de la sesión había comenzado a caldearse. Convencidos de que podían “voltear” algunos de los 28 artículos del proyecto, el macrista Federico Pinedo, Elisa Carrió, el radical Ricardo Gil Lavedra, los peronistas anti K Graciela Camaño y Enrique Thomas reclamaron la votación “artículo por artículo”. El jefe de la bancada kirchnerista Agustín Rossi –para evitar riesgos y apurar la interminable sesión– pidió que el articulado se aprobara como un mismo capítulo y en una sola votación. El oficialismo impuso entonces su mayoría en la interpretación reglamentaria, lo que generó una airada reacción opositora .
Dispuesto a impedir que se deslegitime la votación y seguro de contar con las manos necesarias, Rossi aceptó el desafío de votar artículo por artículo. Pero la votación del segundo artículo desató el escándalo. El tablero marcó 128 votos positivos y a pesar de que los dos diputados que no habían sido identificados por el sistema electrónico (algo habitual en las votaciones) ratificaron de viva voz su voto favorable a la reforma, la oposición se retiró del recinto al grito de “fraude”, “tramposos” y “corruptos”. El peronista opositor pampeano Sergio Pansa revoleó una botellita de agua y Rossi reaccionó yendo a buscar a los agresores. Sus propios compañeros de bancada lo pararon. Luego pidió disculpas.
Sin el grueso de la oposición en el recinto, el oficialismo aprobó todos los artículos y ratificó el segundo con el mismo número de votos: 130 frente a los 9 negativos de los opositores que se mantuvieron en sus bancas.
Debate
El cierre del debate, antes de la votación, mostró la dureza de la extensa discusión. “No cree en la República ni en la Constitución porque piensan que la Constitución debe sujetarse al poder”, arrancó el radical Ricardo Gil Lavedra para luego afirmar que la “elección popular del Consejo es imposible porque termina con jueces adictos”. “Son modificaciones para el poder y quienes lo detentan, para el Estado y para la impunidad de los funcionarios”, agregó. “Asistimos azorados a una nueva falsa gesta con relato kirchnerista al que estamos acostumbrados” y que reproduce “la nueva ‘corpo’ oficial, que abarca el 80 por ciento de los medios”, soltó el peronista anti K y ex cobista Enrique Thomas, el primer diputado en presentar un amparo contra la ley de medios en Mendoza.
“No tengo dudas de que la Corte Suprema cuando le toque, si es que le toca, va a declarar la inconstitucionalidad de lo que estamos discutiendo”, sumó Alfonso Prat Gay por la CC. La macrista Gabriela Michetti acusó al kirchnerismo de “desvirtuar la política, el Parlamento y ahora el rol de la República con la barbaridades que estamos votando”. Aseguró que había hablado con diputados oficialistas que le confesaran que votaban estas leyes con “dolor de panza”, afirmación que le valió expresiones de rechazo desde la bancada kirchnerista.
En el cierre, Rossi fue el encargado de responder los argumentos de los opositores. Recordó a quienes planteaban el riesgo de “la partidización y la politización” del Consejo de la Magistratura, que su creación en la reforma constitucional del ’94 fue “un acuerdo político” entre los ex presidentes Carlos Menem y Raúl Alfonsín. Además de marcar que la elección de consejeros en representación de jueces y abogados se disputa en listas respaldadas abiertamente por distintos partidos políticos donde sólo votan 10 mil abogados de la matrícula federal y 600 magistrados. “Queremos que ahora los elijan 20 millones de argentinos a través del voto popular”, sentenció el jefe de la bancada oficialista.
“No podemos negar los rasgos corporativos que tiene el Poder Judicial”, remarcó Rossi para insistir en que “queremos seguir y profundizar ese camino que iniciamos en 2006, por eso hemos decidido que los consejeros abogados, jueces y académicos sean elegidos por voluntad popular”. Luego cargó contra la campaña, a la que calificó como “fascista”, que un grupo de ONG realizaron sobre doce diputados “presionándolos para que voten en contra” y le reprochó a la oposición que ninguno de ellos se haya pronunciado en contra. “¡Generan un clima tan horrible que son profetas del odio, correos de malas noticias! ¡Tienen que dedicarse a construir una propuesta política en base al amor, el respeto y la paz! ¡Dejen de agredir, de insultar, de descalificar!”, exclamó y recogió la euforia del oficialismo.
Leyes
Después de la votación que generó el escándalo opositor y su retirada del recinto, el oficialismo continuó camino a transformar en leyes las iniciativas que reglamentan las cautelares en contra del Estado –con las incorporaciones que el Senado introdujo a pedido de distintas ONG, especialmente del CELS– y la que crea tres nuevas Cámaras de Casación en los fueros federales en lo Contencioso Administrativo, de Trabajo y de Seguridad Social.
Sólo un puñado de diputados opositores regresó al recinto. Graciela Ocaña, Patricia Bullrich, Alicia Terada y Carrió volvieron para sumarse a los nueve opositores que se quedaron en sus bancas para presentar sus argumentos contra los otros proyectos del Ejecutivo. En la votación de ambos proyectos, el oficialismo no contó con el apoyo de sus aliados del MPN. Pero igual logró imponerse por 126 votos a 10 en las cautelares y 126 votos a 8 en la creación de las nuevas instancias judiciales. Mientras el resto de los opositores ya expresaba sus quejas antes las cámaras de TV y dilapidaba la posibilidad de poder dar vuelta alguna votación.
En busca de judicializar
La diputada Elisa Carrió presentó ayer ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral el escrito que envió a la OEA en el que advirtió sobre una “grave alteración del orden constitucional” en la Argentina a raíz de la reforma judicial, además de “las dos cartas que salieron del Poder Judicial con sus diferencias”. Luego de haber acusado al titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, de celebrar un “pacto espurio” con la presidenta Cristina Kirchner, Carrió denunció que del Poder Judicial salieron dos misivas, una con diferencias de contenido respecto de lo que escribieron los jueces de las cámaras federales. Por otra parte, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) anunció que pedirá en la Justicia la inconstitucionalidad de las leyes de reforma al Consejo de la Magistratura y de limitación de las medidas cautelares una vez que sean promulgadas. El presidente de la FACA, Ricardo De Felipe, sostuvo que la entidad “exigirá la inconstitucionalidad, en tanto considera que las leyes a sancionarse vulneran la Constitución y los principios republicanos que enuncia”.
Una negociación que se perdió en la madrugada
Cuando se acercó el momento de votar las modificaciones al Consejo de la Magistratura, el clima se fue poniendo más denso. Antes de empezar los discursos de cierre, el presidente de la Cámara, Julián Domínguez, se reunió informalmente con los presidentes de los bloques opositores para anticiparles que el oficialismo quería aprobar en particular todos los artículos de la ley en una sola votación. Al concluir, los jefes de bloque de la oposición volvieron al recinto y denunciaron un intento por violar el reglamento por parte del kirchnerismo. Los diputados Federico Pinedo (PRO), Ricardo Gil Lavedra (UCR), Graciela Camaño (Peronismo Disidente) y Elisa Carrió (Coalición Cívica) plantearon cuestiones de privilegio por este tema, aun cuando la propuesta no se había concretado formalmente.
Superado ese episodio, llegó el momento de la votación en general y el resultado fue 130 votos a favor, 123 en contra.
Rossi pidió nuevamente la palabra para proponer la aprobación, durante el debate en particular, de todos los artículos juntos, conforme a una interpretación del reglamento. La oposición montó en cólera y empezó a gritar desde sus bancas que se estaba realizando “fraude” y que se traicionaban las reglas de la Cámara “porque el oficialismo no contaba con los votos necesarios”. “Escuchame una cosa, ¿vos viste cómo salió la votación? Entonces callate la boca, Bazze”, le respondió Rossi al radical Miguel Bazze, que gritaba desde su banca, igual que otros opositores.
Rossi siguió con la explicación y planteó que su propuesta podía llevarse adelante si era votada por la mayoría. “No vamos a votar”, “No hay acuerdo, no se puede votar”, “Tramposos”, gritaron distintos diputados. “No se bancan perder una votación”, retrucó el jefe del bloque oficialista. La peronista disidente Graciela Camaño bajó de su banca y le quiso arrebatar el micrófono a Domínguez, en varias oportunidades.
Finalmente, la sesión pudo continuar cuando el oficialismo dio marcha atrás y aceptó el reclamo opositor de votar individualmente cada artículo.
“A pesar de tener la posibilidad, pido que ahora, inmediatamente, ponga a votación artículo por artículo, sin más discusión, voto a voto, cada uno de los temas, y sin debate”, exclamó Rossi, volviendo a enardecer a la oposición. Pero el conflicto se desató en el artículo 2, que establecía la nueva composición del Consejo, con la ampliación de 13 a 19 miembros.
Pasaron los 15 segundos para que los diputados emitieran su voto y el tablero arrojó 128 votos a favor, 101 en contra, 21 abstenciones y 2 ausentes. La oposición explotó en grito exaltado. El radical Ricardo Buryaile saltaba arriba de su banca mientras Ricardo Alfonsín apuntaba a Rossi con el dedo, acusándolo de haber querido hacer trampa al proponer que se vote en particular todos los artículos. Rossi se acercó a la presidencia de la Cámara mientras el diputado Sergio Pansa, parapetado desde la última fila, lanzaba hacia el centro una botella de agua mineral. En medio del griterío, varios compañeros tuvieron que contener a Rossi, que enfilaba rumbo a las bancas de la oposición con ánimo de pelearse.
Domínguez intentaba poner orden y les pedía a dos diputados que no habían votado, Alicia Comelli y Juan Carlos Forconi, que expresaran su voto de viva voz. “Se ha alterado la sesión. Yo ya adelanté el sentido de mi voto, pero en el momento de la votación no quedó registrado”, exclamó Comelli, integrante del Movimiento Popular Neuquino, aliado habitual del oficialismo. Comelli, junto con otros diputados, había planteado dudas sobre su posición y había sido blanco de la campaña de presión encabezada por ONG vinculadas con la Justicia. Los opositores seguían gritando, no ya de alegría, sino para impedir que se modifique el resultado visualizado en el tablero electrónico. Forconi también expresó su voto a favor.
Para tranquilizar a la oposición, Domínguez propuso realizar nuevamente la votación de ese artículo, pero los radicales y otros bloques opositores ya estaban de pie, a punto de retirarse del recinto, lo que terminó sucediendo minutos después. Los restantes artículos fueron aprobados por 130 votos a favor, contra 9. Casi una hora tardó la aprobación de todos los artículos. “No hay ninguna polémica. Acá la oposición quiso utilizar de una forma canallesca la discusión del artículo segundo”, señaló el kirchnerista Edgardo Depetri.
“Fue absolutamente digna y legal, es incuestionable, no hubo fraude. Se votó con todo el mundo sentado en sus bancas”, coincidió el peronista Jorge Yoma, acérrimo opositor al proyecto oficialista.
Consejo de la Magistratura
El proyecto para reformar el Consejo, organismo que elige y sanciona a los jueces, quedó así:
Ampliación. El cuerpo, que ahora tiene 13 miembros, pasará a tener 19. El mayor cambio en la composición será en el estamento de los académicos y científicos, que hoy cuenta con un solo representante y pasará a tener seis. Ese único consejero hasta ahora era elegido en el ámbito del Derecho, pero en adelante podrá ser reclutado entre otras disciplinas. También se agrega un representante de los abogados a los dos actuales.
Integración. El Consejo tendrá seis legisladores como ahora (cuatro por la mayoría, dos por la minoría); un representante del Poder Ejecutivo; tres jueces (dos por la mayoría, uno por la minoría); tres abogados (dos por la mayoría, uno por la minoría) y seis académicos/científicos (cuatro por la mayoría, dos por la minoría).
Voto popular. Los consejeros jueces, abogados y científicos/académicos serán elegidos por voto popular. Primero tendrán que presentarse en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y luego en las elecciones generales, presidenciales. Pero la primera votación será este año, excepcionalmente, con la elección de diputados. Se elegirán 12 consejeros. Como se respetará el mandato de los actuales, que duran hasta fin de 2014, por un tiempo habrá 25 consejeros.
Partidos. Los candidatos a consejeros van con listas de partidos, confederaciones o alianzas de orden nacional, pero hay un requisito: tienen que ser agrupaciones que tengan exactamente el mismo nombre en al menos 18 de los 24 distritos para poder sumar los votos. El objetivo es evitar una suerte de partido judicial. No podrán ser consejeros quienes tuvieron cargos o funciones jerárquicas durante la última dictadura. Se requieren iguales condiciones que para ser diputado.
Mayorías. Para designar a los jueces o suspenderlos e iniciarles juicio político se reemplaza la mayoría actual de dos tercios de los consejeros por mayoría absoluta (la mitad más uno de los miembros). Esto le facilitará el manejo de las decisiones a la fuerza mayoritaria. El jurado de enjuiciamiento, en cambio, necesitará dos tercios para destituir a un juez.
Concurso previo. Para evitar el problema de los juzgados acéfalos habrá una lista de postulantes disponible para cuando surjan vacantes.
Administración. Las facultades administrativas, presupuestarias y salariales seguirán en manos de la Corte Suprema, pese a que la propuesta original era que pasaran al Consejo. Esto quedó así tras un planteo del alto tribunal y de los presidentes de Cámaras de Apelaciones.
Medidas cautelares
La nueva regulación de medidas cautelares busca limitar aquellas donde el Estado es parte, especialmente cuando las motorizan grupos poderosos. A la vez, a raíz de propuestas del CELS y varias ONG, estas medidas urgentes serán más accesibles cuando las requieran grupos vulnerables o colectivos que reclamen derechos fundamentales. Para dictar una medida cautelar contra el Estado, el juez deberá antes declararse competente. Sólo puede concederla un juez incompetente ante ciertas “excepciones”: cuando la solicitan sectores vulnerables o esté comprometida la “vida digna”, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria o ambiental.
El Estado o ente descentralizado demandado tendrá cinco días para elaborar un informe previo que explique el “interés público comprometido” que permita evaluar riesgos de la cautelar. El juez debe fijar un “límite razonable” de duración de la cautelar, no mayor a seis meses prorrogable por seis más. La restricción temporal no se aplica en los casos que conforman “excepciones” (personas en situación de vulnerabilidad o colectivos que reclaman derechos básicos).
No se puede dictar ninguna medida cautelar que “afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias”. Sólo podrá un juez suspender los efectos de una ley, un reglamento u otro acto estatal, si se acredita que su aplicación causará perjuicios irreparables; debe haber “verosimilitud del derecho”, es decir, el que demanda tiene que mostrar que es muy probable que tenga la razón; no debe afectarse el interés público ni la cautelar generar efectos irreversibles. Ante hechos que amenacen o interrumpan los servicios públicos o actividades de interés público o la integridad de los bienes afectados, el Estado podrá pedir medidas cautelares excepto en los casos donde se trate de “conflictos laborales”.
Cámaras de Casación
Habrá Cámaras de Casación en lo Contencioso Administrativo, del Trabajo y la Seguridad Social, y Casación Civil y Comercial.
Cada una tendrá siete miembros, repartidos en dos salas de tres, más un juez que presidirá las dos. Hasta que sean nombrados sus integrantes, está prevista la posibilidad de que funcionen con jueces subrogantes o conjueces.
Se supone que descomprimirán trabajo a la Corte Suprema, al absorber, por ejemplo, los expedientes donde se discute si hubo “arbitrariedad”. Las casaciones apuntarían a unificar doctrina. Tratarán sentencias definitivas de segunda instancia o equivalentes.
Reproches en Casación
EL CAMARISTA CARLOS ROZANSKI“Nos encamina a una Justicia mejor”
El camarista federal y miembro de Justicia Legítima, Carlos Rozanski, celebró la reforma judicial aprobada por el Congreso de la Nación. Destacó la importancia del nuevo sistema de elección popular para los miembros del Consejo de la Magistratura, que “nos encamina a una Justicia mejor” y se mostró crítico con la actitud de la oposición durante el debate: “Una sociedad democrática tiene más que ver con propuestas superadoras y no con un descarte de plano del proyecto del otro”. Además remarcó la importancia de empezar a juzgar la complicidad de varios sectores del Poder Judicial con la última dictadura militar.
–¿Cómo evalúa en general el paquete de leyes sancionadas por el Congreso?
–Es un avance que va en sintonía de lo que pretendía tanto el Poder Ejecutivo como no-sotros, desde Justicia Legítima. Las modificaciones que se hicieron eran esperables, en la medida en que el planteo que hizo la Corte fue razonable. Hubo un debate y se dieron cambios.
–¿Está satisfecho con las modificaciones al Consejo de la Magistratura?
–Si bien no es la panacea de todos los problemas, es un paso necesario. El cambio de sistema de elección nos encamina a una Justicia mejor. Se logran dos cosas: una concepción distinta de cómo accede al cargo un juez o un abogado que, en lugar de ser respaldado por una corporación, se apoya en el voto de la gente, y el funcionario judicial tendrá la noción de que lo respalda toda la población y no sólo un interés sectorial.
–¿Y qué opina sobre la nueva regulación a las medidas cautelares?
–El problema más grave, a mi entender, era el criterio que venían usando los jueces para implementarlas. Es una medida excepcional desnaturalizada. Es para el uso de los sectores vulnerables y se lo ha utilizado para proteger intereses corporativos. Con la reforma se vuelve al sentido original de su creación, para que con criterios de urgencia se resuelvan los asuntos de fondo que afectan a los sectores vulnerables.
–¿Por qué se radicalizaron tanto las posiciones sobre la reforma?
–Es una cuestión lógica que derivaba del sentido mismo de la reforma; la democratización del único poder que no se reconvirtió. Allí no se vota y por eso, aun con el reclamo de cambio de la sociedad, quedó atrasado en el tiempo. Cuando las modificaciones las impulsan entonces la Presidencia y el Congreso, existe una resistencia corporativa que se expresa en el malestar de personas que representan aquellos intereses.
–En la oposición y algunos medios hablaron de “avance sobre la Justicia”.
–Es un avance, pero no para dominarla sino para mejorarla. La agresividad que despertaron los proyectos de ley llevó a legisladores a sostener expresiones e ideas claramente autoritarias y antidemocráticas. Dan muestra de la intención reaccionaria de frenar los cambios importantes.
–En ese marco, ¿cómo evalúa el debate?
–Cuando alguien se opone sin argumento, se frustra el debate. El fin en sí es oponerse. Una sociedad democrática tiene más que ver con propuestas superadoras y no con un descarte de plano del proyecto del otro. En cambio, lo que pasó con el CELS fue una de democracia real.
–Los proyectos aprobados, ¿son objetables constitucionalmente?
–Me parece fuera de tiempo que, cuando se está discutiendo un proyecto legislativo, se hable de constitucionalidad. Los que critican pueden proponer mejoras, pero en el futuro será algún tribunal o juez quien decida sobre el caso en particular. No se debe llevar ahí el eje del debate. El argumento a priori suena más a una amenaza que otra cosa.
–Usted ha denunciado la complicidad de parte del Poder Judicial con la dictadura. ¿Los cambios permiten empezar a juzgar esta vinculación?
–La Justicia acompañó por acción y omisión, y esto nunca fue seriamente cuestionado. Da muestra de la imperiosa necesidad de recambio en el Poder Judicial. Lo hemos visto en jueces a cargo de causas por delitos de lesa humanidad, a quienes denunciamos. Además de lo individual se necesita un recambio generacional en el tiempo, el cual sólo puede provenir de la voluntad popular. Queremos una Justicia más afín al bien común.
Luego de la conflictiva sesión de reforma del Consejo de la Magistratura, el diputado kirchnerista Carlos Kunkel aseguró que habían mantenido conversaciones con legisladores de la UCR para incorporar modificaciones al proyecto original. “Hay una cosa vergonzosa: estuvimos desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana y la UCR nos planteó algunas modificaciones con la condición de que nadie supiera. Nosotros dimos nuestra palabra de que no iba a trascender”, aseguró Kunkel en declaraciones radiales. Según fuentes del kirchnerismo, se trató de cambios en los requisitos para presentar candidatos a consejeros, que en la redacción original decía que los partidos deberán tener la misma denominación en 18 distritos. “Estaban conformes. Decían que con eso a lo mejor votaban o a lo mejor no, pero después fueron los que promovieron el escándalo”, se quejó Kunkel. Los radicales reconocieron algunas conversaciones sobre ese tema, pero aseguraron que en ningún momento consideraron votar favorablemente el proyecto.
LOS OPOSITORES SE FUERON CUANDO EL OFICIALISMO REAFIRMO SUS VOTOS
La política del escándalo
La oposición aprovechó un error del tablero para desconocer la aprobación del artículo 2 de la reforma del Consejo de la Magistratura, denunció un fraude del oficialismo y se retiró del recinto en medio de un tumulto. Un opositor le tiró con una botella a Agustín Rossi.
Por Sebastian Abrevaya
Los radicales en el momento de mayor exaltación, en pleno cruce de gritos con los oficialistas.Imagen: DyN
Un botellazo volando por los aires, una diputada manoteándole el micrófono al presidente de la Cámara, legisladores saltando arriba de sus bancas festejando una votación que no había concluido y otros conteniendo al jefe del bloque oficialista para que no terminara a las trompadas con un colega de la oposición. Así concluyó en Diputados el debate de casi 20 horas sobre la modificación del Consejo de la Magistratura. La oposición denunció “fraude” porque en la votación del artículo 2 el tablero mostró 128 votos a favor –uno menos de lo necesario–, 101 en contra y 21 abstenciones. Con la excitación de los opositores por la supuesta derrota del oficialismo la sesión se descontroló al punto de que se intentó acallar a los diputados Alicia Comelli y Juan Carlos Forconi, que inmediatamente y a los gritos intentaban aclarar que su voto era afirmativo, pero no había sido debidamente computado. “La oposición buscó permanentemente entorpecer el debate, desgastarlo, generar climas de tensión y deslegitimar la sesión”, aseguró Agustín Rossi, quien pidió disculpas por su actitud. Lo mismo que hizo varias horas después el peronista disidente Sergio Pansa, que le revoleó una botella de agua mineral.Cuando se acercó el momento de votar las modificaciones al Consejo de la Magistratura, el clima se fue poniendo más denso. Antes de empezar los discursos de cierre, el presidente de la Cámara, Julián Domínguez, se reunió informalmente con los presidentes de los bloques opositores para anticiparles que el oficialismo quería aprobar en particular todos los artículos de la ley en una sola votación. Al concluir, los jefes de bloque de la oposición volvieron al recinto y denunciaron un intento por violar el reglamento por parte del kirchnerismo. Los diputados Federico Pinedo (PRO), Ricardo Gil Lavedra (UCR), Graciela Camaño (Peronismo Disidente) y Elisa Carrió (Coalición Cívica) plantearon cuestiones de privilegio por este tema, aun cuando la propuesta no se había concretado formalmente.
Superado ese episodio, llegó el momento de la votación en general y el resultado fue 130 votos a favor, 123 en contra.
Rossi pidió nuevamente la palabra para proponer la aprobación, durante el debate en particular, de todos los artículos juntos, conforme a una interpretación del reglamento. La oposición montó en cólera y empezó a gritar desde sus bancas que se estaba realizando “fraude” y que se traicionaban las reglas de la Cámara “porque el oficialismo no contaba con los votos necesarios”. “Escuchame una cosa, ¿vos viste cómo salió la votación? Entonces callate la boca, Bazze”, le respondió Rossi al radical Miguel Bazze, que gritaba desde su banca, igual que otros opositores.
Rossi siguió con la explicación y planteó que su propuesta podía llevarse adelante si era votada por la mayoría. “No vamos a votar”, “No hay acuerdo, no se puede votar”, “Tramposos”, gritaron distintos diputados. “No se bancan perder una votación”, retrucó el jefe del bloque oficialista. La peronista disidente Graciela Camaño bajó de su banca y le quiso arrebatar el micrófono a Domínguez, en varias oportunidades.
Finalmente, la sesión pudo continuar cuando el oficialismo dio marcha atrás y aceptó el reclamo opositor de votar individualmente cada artículo.
“A pesar de tener la posibilidad, pido que ahora, inmediatamente, ponga a votación artículo por artículo, sin más discusión, voto a voto, cada uno de los temas, y sin debate”, exclamó Rossi, volviendo a enardecer a la oposición. Pero el conflicto se desató en el artículo 2, que establecía la nueva composición del Consejo, con la ampliación de 13 a 19 miembros.
Pasaron los 15 segundos para que los diputados emitieran su voto y el tablero arrojó 128 votos a favor, 101 en contra, 21 abstenciones y 2 ausentes. La oposición explotó en grito exaltado. El radical Ricardo Buryaile saltaba arriba de su banca mientras Ricardo Alfonsín apuntaba a Rossi con el dedo, acusándolo de haber querido hacer trampa al proponer que se vote en particular todos los artículos. Rossi se acercó a la presidencia de la Cámara mientras el diputado Sergio Pansa, parapetado desde la última fila, lanzaba hacia el centro una botella de agua mineral. En medio del griterío, varios compañeros tuvieron que contener a Rossi, que enfilaba rumbo a las bancas de la oposición con ánimo de pelearse.
Domínguez intentaba poner orden y les pedía a dos diputados que no habían votado, Alicia Comelli y Juan Carlos Forconi, que expresaran su voto de viva voz. “Se ha alterado la sesión. Yo ya adelanté el sentido de mi voto, pero en el momento de la votación no quedó registrado”, exclamó Comelli, integrante del Movimiento Popular Neuquino, aliado habitual del oficialismo. Comelli, junto con otros diputados, había planteado dudas sobre su posición y había sido blanco de la campaña de presión encabezada por ONG vinculadas con la Justicia. Los opositores seguían gritando, no ya de alegría, sino para impedir que se modifique el resultado visualizado en el tablero electrónico. Forconi también expresó su voto a favor.
Para tranquilizar a la oposición, Domínguez propuso realizar nuevamente la votación de ese artículo, pero los radicales y otros bloques opositores ya estaban de pie, a punto de retirarse del recinto, lo que terminó sucediendo minutos después. Los restantes artículos fueron aprobados por 130 votos a favor, contra 9. Casi una hora tardó la aprobación de todos los artículos. “No hay ninguna polémica. Acá la oposición quiso utilizar de una forma canallesca la discusión del artículo segundo”, señaló el kirchnerista Edgardo Depetri.
“Fue absolutamente digna y legal, es incuestionable, no hubo fraude. Se votó con todo el mundo sentado en sus bancas”, coincidió el peronista Jorge Yoma, acérrimo opositor al proyecto oficialista.
QUE ESTABLECEN LAS INICIATIVAS APROBADAS EN LA CAMARA DE DIPUTADOS
Las nuevas leyes judiciales
Del paquete de proyectos del Poder Ejecutivo para reformar y “democratizar” el sistema judicial ya son ley el que establece un nuevo régimen de medidas cautelares –que limita aquellas que tramitan contra el Estado– y el que crea tres nuevas Cámaras de Casación. La propuesta de reforma del Consejo de la Magistratura sufrió retoques y vuelve al Senado para ser tratada el 8 de mayo.
Consejo de la Magistratura
El proyecto para reformar el Consejo, organismo que elige y sanciona a los jueces, quedó así:
Ampliación. El cuerpo, que ahora tiene 13 miembros, pasará a tener 19. El mayor cambio en la composición será en el estamento de los académicos y científicos, que hoy cuenta con un solo representante y pasará a tener seis. Ese único consejero hasta ahora era elegido en el ámbito del Derecho, pero en adelante podrá ser reclutado entre otras disciplinas. También se agrega un representante de los abogados a los dos actuales.
Integración. El Consejo tendrá seis legisladores como ahora (cuatro por la mayoría, dos por la minoría); un representante del Poder Ejecutivo; tres jueces (dos por la mayoría, uno por la minoría); tres abogados (dos por la mayoría, uno por la minoría) y seis académicos/científicos (cuatro por la mayoría, dos por la minoría).
Voto popular. Los consejeros jueces, abogados y científicos/académicos serán elegidos por voto popular. Primero tendrán que presentarse en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y luego en las elecciones generales, presidenciales. Pero la primera votación será este año, excepcionalmente, con la elección de diputados. Se elegirán 12 consejeros. Como se respetará el mandato de los actuales, que duran hasta fin de 2014, por un tiempo habrá 25 consejeros.
Partidos. Los candidatos a consejeros van con listas de partidos, confederaciones o alianzas de orden nacional, pero hay un requisito: tienen que ser agrupaciones que tengan exactamente el mismo nombre en al menos 18 de los 24 distritos para poder sumar los votos. El objetivo es evitar una suerte de partido judicial. No podrán ser consejeros quienes tuvieron cargos o funciones jerárquicas durante la última dictadura. Se requieren iguales condiciones que para ser diputado.
Mayorías. Para designar a los jueces o suspenderlos e iniciarles juicio político se reemplaza la mayoría actual de dos tercios de los consejeros por mayoría absoluta (la mitad más uno de los miembros). Esto le facilitará el manejo de las decisiones a la fuerza mayoritaria. El jurado de enjuiciamiento, en cambio, necesitará dos tercios para destituir a un juez.
Concurso previo. Para evitar el problema de los juzgados acéfalos habrá una lista de postulantes disponible para cuando surjan vacantes.
Administración. Las facultades administrativas, presupuestarias y salariales seguirán en manos de la Corte Suprema, pese a que la propuesta original era que pasaran al Consejo. Esto quedó así tras un planteo del alto tribunal y de los presidentes de Cámaras de Apelaciones.
Medidas cautelares
La nueva regulación de medidas cautelares busca limitar aquellas donde el Estado es parte, especialmente cuando las motorizan grupos poderosos. A la vez, a raíz de propuestas del CELS y varias ONG, estas medidas urgentes serán más accesibles cuando las requieran grupos vulnerables o colectivos que reclamen derechos fundamentales. Para dictar una medida cautelar contra el Estado, el juez deberá antes declararse competente. Sólo puede concederla un juez incompetente ante ciertas “excepciones”: cuando la solicitan sectores vulnerables o esté comprometida la “vida digna”, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria o ambiental.
El Estado o ente descentralizado demandado tendrá cinco días para elaborar un informe previo que explique el “interés público comprometido” que permita evaluar riesgos de la cautelar. El juez debe fijar un “límite razonable” de duración de la cautelar, no mayor a seis meses prorrogable por seis más. La restricción temporal no se aplica en los casos que conforman “excepciones” (personas en situación de vulnerabilidad o colectivos que reclaman derechos básicos).
No se puede dictar ninguna medida cautelar que “afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias”. Sólo podrá un juez suspender los efectos de una ley, un reglamento u otro acto estatal, si se acredita que su aplicación causará perjuicios irreparables; debe haber “verosimilitud del derecho”, es decir, el que demanda tiene que mostrar que es muy probable que tenga la razón; no debe afectarse el interés público ni la cautelar generar efectos irreversibles. Ante hechos que amenacen o interrumpan los servicios públicos o actividades de interés público o la integridad de los bienes afectados, el Estado podrá pedir medidas cautelares excepto en los casos donde se trate de “conflictos laborales”.
Cámaras de Casación
Habrá Cámaras de Casación en lo Contencioso Administrativo, del Trabajo y la Seguridad Social, y Casación Civil y Comercial.
Cada una tendrá siete miembros, repartidos en dos salas de tres, más un juez que presidirá las dos. Hasta que sean nombrados sus integrantes, está prevista la posibilidad de que funcionen con jueces subrogantes o conjueces.
Se supone que descomprimirán trabajo a la Corte Suprema, al absorber, por ejemplo, los expedientes donde se discute si hubo “arbitrariedad”. Las casaciones apuntarían a unificar doctrina. Tratarán sentencias definitivas de segunda instancia o equivalentes.
Reproches en Casación
La Cámara de Casación Penal se negó por unanimidad a firmar una nota de apoyo a las gestiones de su titular, Gustavo Hornos, y del titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, para que el oficialismo modificara el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. Hornos se topó ayer con cuestionamientos de sus colegas: le reprocharon que actuó por su cuenta y sin aval, a tal punto de que algunos se enteraron de sus gestiones por los medios. Hornos dijo que lo hacía por el bien de la república y la independencia judicial, y que se había reunido con camaristas de otros tribunales. Uno de sus compañeros de sala, Juan Gemignani, le llegó a decir que había una pérdida de confianza. En la web del Centro de Información Judicial, hay más de una decena de textos de apoyo al alto tribunal. Pero Casación al final no mandó nada.
EL JUEZ Y UN JURISTA OPINAN SOBRE LOS PROYECTOS APROBADOS Y LA REFORMA EN GENERAL
El debate sobre la democratizaciónEL CAMARISTA CARLOS ROZANSKI“Nos encamina a una Justicia mejor”
–¿Cómo evalúa en general el paquete de leyes sancionadas por el Congreso?
–Es un avance que va en sintonía de lo que pretendía tanto el Poder Ejecutivo como no-sotros, desde Justicia Legítima. Las modificaciones que se hicieron eran esperables, en la medida en que el planteo que hizo la Corte fue razonable. Hubo un debate y se dieron cambios.
–¿Está satisfecho con las modificaciones al Consejo de la Magistratura?
–Si bien no es la panacea de todos los problemas, es un paso necesario. El cambio de sistema de elección nos encamina a una Justicia mejor. Se logran dos cosas: una concepción distinta de cómo accede al cargo un juez o un abogado que, en lugar de ser respaldado por una corporación, se apoya en el voto de la gente, y el funcionario judicial tendrá la noción de que lo respalda toda la población y no sólo un interés sectorial.
–¿Y qué opina sobre la nueva regulación a las medidas cautelares?
–El problema más grave, a mi entender, era el criterio que venían usando los jueces para implementarlas. Es una medida excepcional desnaturalizada. Es para el uso de los sectores vulnerables y se lo ha utilizado para proteger intereses corporativos. Con la reforma se vuelve al sentido original de su creación, para que con criterios de urgencia se resuelvan los asuntos de fondo que afectan a los sectores vulnerables.
–¿Por qué se radicalizaron tanto las posiciones sobre la reforma?
–Es una cuestión lógica que derivaba del sentido mismo de la reforma; la democratización del único poder que no se reconvirtió. Allí no se vota y por eso, aun con el reclamo de cambio de la sociedad, quedó atrasado en el tiempo. Cuando las modificaciones las impulsan entonces la Presidencia y el Congreso, existe una resistencia corporativa que se expresa en el malestar de personas que representan aquellos intereses.
–En la oposición y algunos medios hablaron de “avance sobre la Justicia”.
–Es un avance, pero no para dominarla sino para mejorarla. La agresividad que despertaron los proyectos de ley llevó a legisladores a sostener expresiones e ideas claramente autoritarias y antidemocráticas. Dan muestra de la intención reaccionaria de frenar los cambios importantes.
–En ese marco, ¿cómo evalúa el debate?
–Cuando alguien se opone sin argumento, se frustra el debate. El fin en sí es oponerse. Una sociedad democrática tiene más que ver con propuestas superadoras y no con un descarte de plano del proyecto del otro. En cambio, lo que pasó con el CELS fue una de democracia real.
–Los proyectos aprobados, ¿son objetables constitucionalmente?
–Me parece fuera de tiempo que, cuando se está discutiendo un proyecto legislativo, se hable de constitucionalidad. Los que critican pueden proponer mejoras, pero en el futuro será algún tribunal o juez quien decida sobre el caso en particular. No se debe llevar ahí el eje del debate. El argumento a priori suena más a una amenaza que otra cosa.
–Usted ha denunciado la complicidad de parte del Poder Judicial con la dictadura. ¿Los cambios permiten empezar a juzgar esta vinculación?
–La Justicia acompañó por acción y omisión, y esto nunca fue seriamente cuestionado. Da muestra de la imperiosa necesidad de recambio en el Poder Judicial. Lo hemos visto en jueces a cargo de causas por delitos de lesa humanidad, a quienes denunciamos. Además de lo individual se necesita un recambio generacional en el tiempo, el cual sólo puede provenir de la voluntad popular. Queremos una Justicia más afín al bien común.
BEINUSZ SZMUKLER, EX MIEMBRO DEL CONSEJO
“Esto es un puntapié inicial”
El presidente del Observatorio de la Justicia Argentina, Beinusz Szmukler, consideró que con la sanción de los proyectos que componen el paquete de reforma del sistema judicial se lograron “cambios significativos”, algunos de los cuales “son positivos” y otros “resultan cuestionables”. Además pidió por una “reforma procesal”. Con relación a la elección democrática de los miembros del Consejo, el ex integrante del cuerpo reclama que sean postulados en boletas electorales aparte y que no respondan “orgánicamente a ninguna fuerza política”. Lamentó la falta de “consenso” que observó en los debates legislativos.
–¿Qué opinión le merece la reforma judicial aprobada en el Congreso?
–Yo creo que se han impulsado cambios significativos sobre la cuestión. Hay algunos proyectos que son positivos y están muy bien, y otros que resultan cuestionables. De todos modos, todo esto es un puntapié inicial porque no hay posibilidad de ver un cambio sustancial en el sistema judicial si no se promueve una imperiosa reforma procesal. La evidencia aparece en la demora que hay en el trámite de varias causas y expedientes.
–En el espíritu de las modificaciones impulsadas se busca renovar internamente al Poder Judicial. ¿Está de acuerdo con esta necesidad?
–Totalmente. Falta una renovación dentro del Poder Judicial y que surjan jueces comprometidos con los derechos y garantías constitucionales. Por ejemplo, hoy tenemos postulantes que van al dar examen al Consejo y muestran un carácter académico universitario, pero saben cómo piensan los consejeros y sostienen un discurso solo para complacerlos. Necesitamos empezar a hacer un balance de la vida del candidato, quien debería conocer la realidad social y política del lugar donde va a dictar sentencia y los efectos que sus fallos tendrán, que tenga sensibilidad social.
–¿Cómo analiza los cambios en el Consejo de la Magistratura?
–En primer lugar lo que falta es la definición del perfil del juez. El proyecto no aclara el tipo de juez que reclama la sociedad. Por otro lado, estoy de acuerdo en que el pueblo elija a los consejeros, pero no con una boleta partidaria. Estas ganarán un compromiso partidario de los jueces y nadie va a poner a uno independiente o que no sea afín. Además, en la votación con una boleta hay un efecto de arrastre donde no se va a saber mucho de los postulantes.
–¿Cómo piensa que deberían seleccionarse?
–Habría que agregar algún mecanismo donde la elección se separe de la elección general, con una boleta sin identificación partidaria. Los candidatos al Consejo, como parte de su campaña, deberían difundir en los medios sus biografías y trayectoria profesional. No los deben elegir en función de su simpatía política. Tampoco tienen que responder orgánicamente a ninguna fuerza política.
–¿Cómo ve la nueva reglamentación sobre el uso de las medidas cautelares?
–A mí me parece que ha mejorado con los cambios que impulsó el CELS. Sin embargo, creo que el problema central es que la vigencia de la medida cautelar no se limite cuando se trate de la violación de un derecho humano. No así cuando se trata de una acción contra el Estado por una cuestión puramente patrimonial, desde una empresa o un grupo económico. El Estado siempre es solvente, y pueden hacerle juicio por daños y perjuicios.
–¿Los proyectos de ley son objetables contitucionalmente?
–Seguramente va a haber gente que plantee una objeción por inconstitucionalidad, como ya adelantaron desde el Colegio de Abogados. Es una cuestión debatible. Sostienen que no puede haber elección popular porque viola lo establecido en la Constitución nacional, pero el texto en su artículo 33 asienta la base de todos los poderes en la soberanía popular. Lo van a plantear y será en todo caso la Justicia quien decida.
–¿Cómo vio el debate en torno de los proyectos de ley?
–Claramente no hubo consenso y eso es bastante malo. Que leyes tan importantes no se puedan mejorar en la discusión legislativa es muy malo.
Fuente:Pagina12
“Esto es un puntapié inicial”
–¿Qué opinión le merece la reforma judicial aprobada en el Congreso?
–Yo creo que se han impulsado cambios significativos sobre la cuestión. Hay algunos proyectos que son positivos y están muy bien, y otros que resultan cuestionables. De todos modos, todo esto es un puntapié inicial porque no hay posibilidad de ver un cambio sustancial en el sistema judicial si no se promueve una imperiosa reforma procesal. La evidencia aparece en la demora que hay en el trámite de varias causas y expedientes.
–En el espíritu de las modificaciones impulsadas se busca renovar internamente al Poder Judicial. ¿Está de acuerdo con esta necesidad?
–Totalmente. Falta una renovación dentro del Poder Judicial y que surjan jueces comprometidos con los derechos y garantías constitucionales. Por ejemplo, hoy tenemos postulantes que van al dar examen al Consejo y muestran un carácter académico universitario, pero saben cómo piensan los consejeros y sostienen un discurso solo para complacerlos. Necesitamos empezar a hacer un balance de la vida del candidato, quien debería conocer la realidad social y política del lugar donde va a dictar sentencia y los efectos que sus fallos tendrán, que tenga sensibilidad social.
–¿Cómo analiza los cambios en el Consejo de la Magistratura?
–En primer lugar lo que falta es la definición del perfil del juez. El proyecto no aclara el tipo de juez que reclama la sociedad. Por otro lado, estoy de acuerdo en que el pueblo elija a los consejeros, pero no con una boleta partidaria. Estas ganarán un compromiso partidario de los jueces y nadie va a poner a uno independiente o que no sea afín. Además, en la votación con una boleta hay un efecto de arrastre donde no se va a saber mucho de los postulantes.
–¿Cómo piensa que deberían seleccionarse?
–Habría que agregar algún mecanismo donde la elección se separe de la elección general, con una boleta sin identificación partidaria. Los candidatos al Consejo, como parte de su campaña, deberían difundir en los medios sus biografías y trayectoria profesional. No los deben elegir en función de su simpatía política. Tampoco tienen que responder orgánicamente a ninguna fuerza política.
–¿Cómo ve la nueva reglamentación sobre el uso de las medidas cautelares?
–A mí me parece que ha mejorado con los cambios que impulsó el CELS. Sin embargo, creo que el problema central es que la vigencia de la medida cautelar no se limite cuando se trate de la violación de un derecho humano. No así cuando se trata de una acción contra el Estado por una cuestión puramente patrimonial, desde una empresa o un grupo económico. El Estado siempre es solvente, y pueden hacerle juicio por daños y perjuicios.
–¿Los proyectos de ley son objetables contitucionalmente?
–Seguramente va a haber gente que plantee una objeción por inconstitucionalidad, como ya adelantaron desde el Colegio de Abogados. Es una cuestión debatible. Sostienen que no puede haber elección popular porque viola lo establecido en la Constitución nacional, pero el texto en su artículo 33 asienta la base de todos los poderes en la soberanía popular. Lo van a plantear y será en todo caso la Justicia quien decida.
–¿Cómo vio el debate en torno de los proyectos de ley?
–Claramente no hubo consenso y eso es bastante malo. Que leyes tan importantes no se puedan mejorar en la discusión legislativa es muy malo.
Fuente:Pagina12
derivaciones de la denuncia de elisa carrió
Apoyo de jueces a Ricardo Lorenzetti
Presidentes de distintas Cámaras nacionales y federales del país expresaron su respaldo al titular de la Corte Suprema de Justicia. Profundo malestar con el camarista Gustavo Hornos por los cambios en la misiva enviada al Congreso.
Por: Gabriel A. Morini
De todas formas, los miembros de la Junta –integrada por las máximas autoridades de todas las Cámaras judiciales del país– intercambiaron correos electrónicos desde el miércoles para expresar su sorpresa y quejarse de las diferencias entre el texto que acordaron el 15 de abril con objeciones al proyecto, y el que finalmente se difundió. Entre los magistrados molestos con la actitud de Hornos se contaron varios de los integrantes de la mesa directiva de la Junta como el vicepresidente segundo Héctor Guisado, de la Cámara Nacional del Trabajo, y el secretario Javier Leal de Ibarra, de la Cámara de Comodoro Rivadavia. También lo cuestionaron la presidenta de la Cámara Civil y Comercial Federal Graciela Medina, su par de la Cámara Civil de Capital, Patricia Barberi, y Juan Manuel Ojea Quintana, de la Cámara Comercial. La misma preocupación expresó Edgardo Bello, de la Cámara Federal de Rosario, y su colega Mariano Lozano, vice de la de General Roca. El denominador común fue la "perplejidad y preocupación" que les causó el cambio de documento. También exigieron una "explicación" por parte de Hornos de su firma del oficio, que para los jueces "no contiene un aspecto central" de la nota que firmaron en conjunto. Allí mencionaron la posibilidad de una "comunicación formal" a los tres poderes, y la necesidad de una convocatoria a reunión en carácter de urgente. De todos modos, esquivaron cualquier planteo rupturista, a pesar de que cuestionaron a Hornos por firmar solo una misiva de conjunto.
Según pudo saber Tiempo Argentino, el escrito finalmente elevado al Ejecutivo y girado al Congreso fue consensuado entre Lorenzetti y Hornos. Allí se quitó gran parte del contenido crítico que refería al sistema de mayorías para la remoción de jueces en el Consejo y se dejó el apartado que mencionaba cuestiones administrativas y de selección de personal en los juzgados. Trascendió que los integrantes de la Junta le reprocharon a Hornos el no haberlos consultado para modificar el texto por instrucción de Lorenzetti. El titular del máximo tribunal se comunicó ayer para dar su apoyo al presidente de Casación, que quedó en medio de fuego cruzado por parte de las autoridades de las Cámaras y de sus pares de Casación, disconformes con que la carta hubiera sido firmada en nombre del cuerpo. Durante dos horas, el resto de los integrantes del máximo tribunal penal cuestionó que tampoco hubieran sido consultados por Hornos, aunque no solicitaron su renuncia a la presidencia del tribunal.
Entre los apoyos explícitos que cosechó Lorenzetti se contó el del el presidente de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional porteña, Martín Irurzun, quien expresó el "reconocimiento a sus esfuerzos", mientras que también lo respaldaron los mismos titulares de las Cámaras Federales de Comodoro Rivadavia, Córdoba, Mendoza, Salta y Corrientes, además de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Fuente:TiempoArgentino
El camarista hizo declaraciones a Télam luego de disertar en Bariloche
Rozanski: "La Justicia es la última reserva del poder reaccionario de los golpes de Estado"
El camarista Carlos Rosanski presió uno de los TOF que juzgaron delitos de lesa humanidad en el Circuito Camps.
San Carlos de Bariloche.- El camarista penal federal Carlos Rozanski respaldó hoy la democratización judicial impulsada por el gobierno nacional, y expresó que "la Justicia es la última reserva del poder reaccionario que motivó los golpes de Estado" en la Argentina. Rozanski disertó en Bariloche en un seminario organizado por el INADI sobre el acceso a la justicia, marco en el que opinó que "lo que más rabia causa de los proyectos de reforma es el miedo a perder los privilegios económicos y de poder que tienen los críticos" de esas iniciativas. "La justicia es conservadora y reaccionaria, y acompañó gustosa lo peor de las dictaduras. La impunidad que siguió después es consecuencia de eso", afirmó el presidente del Tribunal Criminal Oral Federal 1 de La Plata.
Rozanski: "La Justicia es la última reserva del poder reaccionario de los golpes de Estado"
San Carlos de Bariloche.- El camarista penal federal Carlos Rozanski respaldó hoy la democratización judicial impulsada por el gobierno nacional, y expresó que "la Justicia es la última reserva del poder reaccionario que motivó los golpes de Estado" en la Argentina. Rozanski disertó en Bariloche en un seminario organizado por el INADI sobre el acceso a la justicia, marco en el que opinó que "lo que más rabia causa de los proyectos de reforma es el miedo a perder los privilegios económicos y de poder que tienen los críticos" de esas iniciativas. "La justicia es conservadora y reaccionaria, y acompañó gustosa lo peor de las dictaduras. La impunidad que siguió después es consecuencia de eso", afirmó el presidente del Tribunal Criminal Oral Federal 1 de La Plata.
En diálogo con Télam Rozanski dijo que el "avance legislativo de la reforma judicial es un paso importantísimo e implica cambios interesantes y lógicos", y consideró que las virulentas críticas "cuestionan la esencia de los proyectos, la democratización de la justicia, en lugar de aspectos de las normas".
"Sólo defienden el mantenimiento de los privilegios históricos que los miembros de la justicia tuvieron siempre, apuntan a la esencia de lo que el espacio social reclama a gritos desde hace décadas: un cambio en la justicia", agregó. El camarista se mostró a favor de que se pronuncien críticas a los proyectos pero llamó a "analizar el nivel de violencia que implican, porque no se limitan al desacuerdo con las normas propuestas".
"Históricamente cualquier avance social implica reacciones, la palabra reaccionario viene de ahí. Y ni que hablar cuando el cambio apunta a modificar aspectos que benefician al poder económico, al mediático y a las corporaciones. Es el resultado lógico de las modificaciones que produce la democracia", sostuvo. Destacó que esto es más fuerte cuando sucede con la "modificación del único poder del Estado que hasta ahora no cambió, no se democratizó, lo que es una deuda de la democracia".
Recalcó que "también es una deuda de la democracia analizar el rol de la justicia en la dictadura, lo que demuestra la gran necesidad de modificarla. Hay que conocer quiénes son los jueces y fiscales y cómo piensan los que deciden por el patrimonio y la vida de los demás".
Aclaró que los cambios "no son resultado de reclamos aislados de un partido político o un gobierno, sino de un espacio social en el que también están esos actores, el mismo espacio social que permitió el nunca más a un golpe de Estado y que haya jucicios por delitos de lesa humanidad".
"No hay una figura mesiánica que dispone avances. En 2003 hubo un punto culminante para la impunidad, con actores con una visión humanística y democrática, y se inició una compleja reversión de un montón de cosas. Todo eso sucedió porque en Argentina hay un espacio social que hace posibles los cambios", remarcó.
Lo dijo reunirse con el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Dominguez
Adolfo Pérez Esquivel: "Estoy totalmente de acuerdo con una reforma judicial: es saludable"
El Premio Nobel de la Paz argentino manifestó públicamente su apoyo a la reforma de la Justicia.
El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel declaró estar "totalmente de acuerdo" con una reforma del Poder Judicial, y aseguró que la decisión del gobierno argentino "es correcta" Al término de un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, Pérez Esquivel consideró que las insinuaciones sobre la posibilidad de impedir que el Congreso sesione mañana para sancionar leyes sobre la reforma judicial implicarían un accionar "antidemocrático".
Adolfo Pérez Esquivel: "Estoy totalmente de acuerdo con una reforma judicial: es saludable"
El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel declaró estar "totalmente de acuerdo" con una reforma del Poder Judicial, y aseguró que la decisión del gobierno argentino "es correcta" Al término de un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, Pérez Esquivel consideró que las insinuaciones sobre la posibilidad de impedir que el Congreso sesione mañana para sancionar leyes sobre la reforma judicial implicarían un accionar "antidemocrático".
"Creo que es saludable para el pueblo argentino una reforma del Poder Judicial. Creemos que es una decisión correcta del Gobierno, y hay que tratar de ver que se lleve adelante lo mejor posible", expresó Pérez Esquivel en declaraciones difundidas esta mañana a la prensa.
Tras el encuentro con Domínguez celebrado en el salón de Honor de la Cámara, el premio Nobel de la Paz sostuvo que "no hay que impedir sesionar. Hay que tratar de profundizar el debate a través de las ideas y pensar qué es lo bueno para el país".
Fuente:Telam
Organizaciones respaldaron a Gils Carbó y Gonella
Jueves, 25 de Abril de 2013
Comunicado de La Lista Celeste:
Frente a versiones periodísticas acerca de una supuesta denuncia a la Sra. Procuradora General de la Nación Dra. Alejandra Gils Carbó, fundada en haber designado a secretarios como fiscales subrogantes, la Lista Celeste reafirma su posición histórica acerca de la legitimidad de tales designaciones interinas y rechaza los cuestionamientos que por tal motivo se han realizado.
Por otro lado, y en lo concerniente al Sr. Secretario y Fiscal General Subrogante doctor Carlos Gonella, la Lista Celeste repudia las descalificaciones que a su respecto se realizaron por medios públicos, ya que este Funcionario se encuentra ternado en múltiples concursos para acceder a cargos de Fiscal, cuenta con sobrados antecedentes académicos y técnicos y en su labor como Fiscal General Subrogante ante los Tribunales Orales Federales de Córdoba, ha demostrado su compromiso con los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos.
Comunicado de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional:
Desde la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, expresamos nuestro profundo repudio a la campaña de difamación que está sufriendo la Procuradora General de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó. En efecto, el Senador Mario Cimadevilla (UCR) ha denunciado penalmente a GILS CARBÓ por incumplimiento de deberes de funcionario público, al haber “nombrado fiscales a dedo”, con motivo de la creación de las Procuraciones temáticas, entre ellas, la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, la Procuraduría de Narcocriminalidad y la de Violencia Institucional, insistiendo que con “esta estructura ilegal paralela la república está en riesgo”.
Sabemos que estos argumentos no sólo son errados, sino malintencionados. Las procuradurías creadas por la Dra. Gils Carbó representan el esfuerzo de un poder del Estado para hacerse carne en los problemas del Pueblo. Los sectores criminales dedicados a la timba financiera vulnerando la soberanía de los Estados (para quienes los trabajadores siempre fuimos la variable de ajuste), los narcos que controlan territorios y no quieren allí el avance de la organización popular y los fusilamientos policiales y torturas impunes, fueron el motivo de ajustar la ingeniería institucional para avanzar sobre estas corporaciones que gozan de mucha impunidad por parte de diversos sectores judiciales. Estas procuradurías, cuya creación es facultad por ley orgánica de ese cuerpo, no sustituyen a los fiscales preexistentes, sino que acompañan y asesoran, aportando recursos especializados. De hecho, esto fue convalidado por varios jueces y cámaras federales, cuando los milicos imputados por delitos de lesa humanidad han cuestionado por los mismos motivos a los fiscales que los han acusado.
Pero, como nos decía Raul Scalabrini Ortiz, "es sabido que el tero chilla en un lugar distante del nido para distraer y alejar a los que buscan sus huevos". No chillan por meros nombramientos. Chillan porque hay funcionarios que se hacen cargo de una discusión pendiente hace 30 años dentro del Poder Judicial. Porque el debate por una democratización de la justicia no arrancó con la presentación de estos proyectos de reforma, presentados por quien conduce este proceso de avanzada, Cristina Fernandez de Kirchner. Los Sectores populares lo hemos venido haciendo desde hace ya mucho tiempo, no sólo con las complicidades con la dictadura cívico militar, sino también con cada decisión que justificó golpes de Estado, autoamnistías militares, indultos, privatizaciones, gatillo fácil, connivencia con corporaciones económicas y policiales, etc. El problema no son los nombramientos. Lo que les preocupa es que el pueblo está empujando la Historia y comienza a avanzar en ámbitos que sólo hoy controlan las Corporaciones. Les preocupa que una década hemos ganado.
Comunicado de La Lista Celeste:
Frente a versiones periodísticas acerca de una supuesta denuncia a la Sra. Procuradora General de la Nación Dra. Alejandra Gils Carbó, fundada en haber designado a secretarios como fiscales subrogantes, la Lista Celeste reafirma su posición histórica acerca de la legitimidad de tales designaciones interinas y rechaza los cuestionamientos que por tal motivo se han realizado.
Por otro lado, y en lo concerniente al Sr. Secretario y Fiscal General Subrogante doctor Carlos Gonella, la Lista Celeste repudia las descalificaciones que a su respecto se realizaron por medios públicos, ya que este Funcionario se encuentra ternado en múltiples concursos para acceder a cargos de Fiscal, cuenta con sobrados antecedentes académicos y técnicos y en su labor como Fiscal General Subrogante ante los Tribunales Orales Federales de Córdoba, ha demostrado su compromiso con los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos.
Comunicado de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional:
Desde la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, expresamos nuestro profundo repudio a la campaña de difamación que está sufriendo la Procuradora General de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó. En efecto, el Senador Mario Cimadevilla (UCR) ha denunciado penalmente a GILS CARBÓ por incumplimiento de deberes de funcionario público, al haber “nombrado fiscales a dedo”, con motivo de la creación de las Procuraciones temáticas, entre ellas, la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, la Procuraduría de Narcocriminalidad y la de Violencia Institucional, insistiendo que con “esta estructura ilegal paralela la república está en riesgo”.
Sabemos que estos argumentos no sólo son errados, sino malintencionados. Las procuradurías creadas por la Dra. Gils Carbó representan el esfuerzo de un poder del Estado para hacerse carne en los problemas del Pueblo. Los sectores criminales dedicados a la timba financiera vulnerando la soberanía de los Estados (para quienes los trabajadores siempre fuimos la variable de ajuste), los narcos que controlan territorios y no quieren allí el avance de la organización popular y los fusilamientos policiales y torturas impunes, fueron el motivo de ajustar la ingeniería institucional para avanzar sobre estas corporaciones que gozan de mucha impunidad por parte de diversos sectores judiciales. Estas procuradurías, cuya creación es facultad por ley orgánica de ese cuerpo, no sustituyen a los fiscales preexistentes, sino que acompañan y asesoran, aportando recursos especializados. De hecho, esto fue convalidado por varios jueces y cámaras federales, cuando los milicos imputados por delitos de lesa humanidad han cuestionado por los mismos motivos a los fiscales que los han acusado.
Pero, como nos decía Raul Scalabrini Ortiz, "es sabido que el tero chilla en un lugar distante del nido para distraer y alejar a los que buscan sus huevos". No chillan por meros nombramientos. Chillan porque hay funcionarios que se hacen cargo de una discusión pendiente hace 30 años dentro del Poder Judicial. Porque el debate por una democratización de la justicia no arrancó con la presentación de estos proyectos de reforma, presentados por quien conduce este proceso de avanzada, Cristina Fernandez de Kirchner. Los Sectores populares lo hemos venido haciendo desde hace ya mucho tiempo, no sólo con las complicidades con la dictadura cívico militar, sino también con cada decisión que justificó golpes de Estado, autoamnistías militares, indultos, privatizaciones, gatillo fácil, connivencia con corporaciones económicas y policiales, etc. El problema no son los nombramientos. Lo que les preocupa es que el pueblo está empujando la Historia y comienza a avanzar en ámbitos que sólo hoy controlan las Corporaciones. Les preocupa que una década hemos ganado.
Por otro lado, y en lo concerniente al Sr. Secretario y Fiscal General Subrogante doctor Carlos Gonella, la Lista Celeste repudia las descalificaciones que a su respecto se realizaron por medios públicos, ya que este Funcionario se encuentra ternado en múltiples concursos para acceder a cargos de Fiscal, cuenta con sobrados antecedentes académicos y técnicos y en su labor como Fiscal General Subrogante ante los Tribunales Orales Federales de Córdoba, ha demostrado su compromiso con los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos.
Comunicado de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional:
Desde la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, expresamos nuestro profundo repudio a la campaña de difamación que está sufriendo la Procuradora General de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó. En efecto, el Senador Mario Cimadevilla (UCR) ha denunciado penalmente a GILS CARBÓ por incumplimiento de deberes de funcionario público, al haber “nombrado fiscales a dedo”, con motivo de la creación de las Procuraciones temáticas, entre ellas, la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, la Procuraduría de Narcocriminalidad y la de Violencia Institucional, insistiendo que con “esta estructura ilegal paralela la república está en riesgo”.
Sabemos que estos argumentos no sólo son errados, sino malintencionados. Las procuradurías creadas por la Dra. Gils Carbó representan el esfuerzo de un poder del Estado para hacerse carne en los problemas del Pueblo. Los sectores criminales dedicados a la timba financiera vulnerando la soberanía de los Estados (para quienes los trabajadores siempre fuimos la variable de ajuste), los narcos que controlan territorios y no quieren allí el avance de la organización popular y los fusilamientos policiales y torturas impunes, fueron el motivo de ajustar la ingeniería institucional para avanzar sobre estas corporaciones que gozan de mucha impunidad por parte de diversos sectores judiciales. Estas procuradurías, cuya creación es facultad por ley orgánica de ese cuerpo, no sustituyen a los fiscales preexistentes, sino que acompañan y asesoran, aportando recursos especializados. De hecho, esto fue convalidado por varios jueces y cámaras federales, cuando los milicos imputados por delitos de lesa humanidad han cuestionado por los mismos motivos a los fiscales que los han acusado.
Pero, como nos decía Raul Scalabrini Ortiz, "es sabido que el tero chilla en un lugar distante del nido para distraer y alejar a los que buscan sus huevos". No chillan por meros nombramientos. Chillan porque hay funcionarios que se hacen cargo de una discusión pendiente hace 30 años dentro del Poder Judicial. Porque el debate por una democratización de la justicia no arrancó con la presentación de estos proyectos de reforma, presentados por quien conduce este proceso de avanzada, Cristina Fernandez de Kirchner. Los Sectores populares lo hemos venido haciendo desde hace ya mucho tiempo, no sólo con las complicidades con la dictadura cívico militar, sino también con cada decisión que justificó golpes de Estado, autoamnistías militares, indultos, privatizaciones, gatillo fácil, connivencia con corporaciones económicas y policiales, etc. El problema no son los nombramientos. Lo que les preocupa es que el pueblo está empujando la Historia y comienza a avanzar en ámbitos que sólo hoy controlan las Corporaciones. Les preocupa que una década hemos ganado.Comunicado de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional:
Desde la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, expresamos nuestro profundo repudio a la campaña de difamación que está sufriendo la Procuradora General de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó. En efecto, el Senador Mario Cimadevilla (UCR) ha denunciado penalmente a GILS CARBÓ por incumplimiento de deberes de funcionario público, al haber “nombrado fiscales a dedo”, con motivo de la creación de las Procuraciones temáticas, entre ellas, la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, la Procuraduría de Narcocriminalidad y la de Violencia Institucional, insistiendo que con “esta estructura ilegal paralela la república está en riesgo”.
Sabemos que estos argumentos no sólo son errados, sino malintencionados. Las procuradurías creadas por la Dra. Gils Carbó representan el esfuerzo de un poder del Estado para hacerse carne en los problemas del Pueblo. Los sectores criminales dedicados a la timba financiera vulnerando la soberanía de los Estados (para quienes los trabajadores siempre fuimos la variable de ajuste), los narcos que controlan territorios y no quieren allí el avance de la organización popular y los fusilamientos policiales y torturas impunes, fueron el motivo de ajustar la ingeniería institucional para avanzar sobre estas corporaciones que gozan de mucha impunidad por parte de diversos sectores judiciales. Estas procuradurías, cuya creación es facultad por ley orgánica de ese cuerpo, no sustituyen a los fiscales preexistentes, sino que acompañan y asesoran, aportando recursos especializados. De hecho, esto fue convalidado por varios jueces y cámaras federales, cuando los milicos imputados por delitos de lesa humanidad han cuestionado por los mismos motivos a los fiscales que los han acusado.
Pero, como nos decía Raul Scalabrini Ortiz, "es sabido que el tero chilla en un lugar distante del nido para distraer y alejar a los que buscan sus huevos". No chillan por meros nombramientos. Chillan porque hay funcionarios que se hacen cargo de una discusión pendiente hace 30 años dentro del Poder Judicial. Porque el debate por una democratización de la justicia no arrancó con la presentación de estos proyectos de reforma, presentados por quien conduce este proceso de avanzada, Cristina Fernandez de Kirchner. Los Sectores populares lo hemos venido haciendo desde hace ya mucho tiempo, no sólo con las complicidades con la dictadura cívico militar, sino también con cada decisión que justificó golpes de Estado, autoamnistías militares, indultos, privatizaciones, gatillo fácil, connivencia con corporaciones económicas y policiales, etc. El problema no son los nombramientos. Lo que les preocupa es que el pueblo está empujando la Historia y comienza a avanzar en ámbitos que sólo hoy controlan las Corporaciones. Les preocupa que una década hemos ganado.
Sabemos que estos argumentos no sólo son errados, sino malintencionados. Las procuradurías creadas por la Dra. Gils Carbó representan el esfuerzo de un poder del Estado para hacerse carne en los problemas del Pueblo. Los sectores criminales dedicados a la timba financiera vulnerando la soberanía de los Estados (para quienes los trabajadores siempre fuimos la variable de ajuste), los narcos que controlan territorios y no quieren allí el avance de la organización popular y los fusilamientos policiales y torturas impunes, fueron el motivo de ajustar la ingeniería institucional para avanzar sobre estas corporaciones que gozan de mucha impunidad por parte de diversos sectores judiciales. Estas procuradurías, cuya creación es facultad por ley orgánica de ese cuerpo, no sustituyen a los fiscales preexistentes, sino que acompañan y asesoran, aportando recursos especializados. De hecho, esto fue convalidado por varios jueces y cámaras federales, cuando los milicos imputados por delitos de lesa humanidad han cuestionado por los mismos motivos a los fiscales que los han acusado.
Pero, como nos decía Raul Scalabrini Ortiz, "es sabido que el tero chilla en un lugar distante del nido para distraer y alejar a los que buscan sus huevos". No chillan por meros nombramientos. Chillan porque hay funcionarios que se hacen cargo de una discusión pendiente hace 30 años dentro del Poder Judicial. Porque el debate por una democratización de la justicia no arrancó con la presentación de estos proyectos de reforma, presentados por quien conduce este proceso de avanzada, Cristina Fernandez de Kirchner. Los Sectores populares lo hemos venido haciendo desde hace ya mucho tiempo, no sólo con las complicidades con la dictadura cívico militar, sino también con cada decisión que justificó golpes de Estado, autoamnistías militares, indultos, privatizaciones, gatillo fácil, connivencia con corporaciones económicas y policiales, etc. El problema no son los nombramientos. Lo que les preocupa es que el pueblo está empujando la Historia y comienza a avanzar en ámbitos que sólo hoy controlan las Corporaciones. Les preocupa que una década hemos ganado.
Pero, como nos decía Raul Scalabrini Ortiz, "es sabido que el tero chilla en un lugar distante del nido para distraer y alejar a los que buscan sus huevos". No chillan por meros nombramientos. Chillan porque hay funcionarios que se hacen cargo de una discusión pendiente hace 30 años dentro del Poder Judicial. Porque el debate por una democratización de la justicia no arrancó con la presentación de estos proyectos de reforma, presentados por quien conduce este proceso de avanzada, Cristina Fernandez de Kirchner. Los Sectores populares lo hemos venido haciendo desde hace ya mucho tiempo, no sólo con las complicidades con la dictadura cívico militar, sino también con cada decisión que justificó golpes de Estado, autoamnistías militares, indultos, privatizaciones, gatillo fácil, connivencia con corporaciones económicas y policiales, etc. El problema no son los nombramientos. Lo que les preocupa es que el pueblo está empujando la Historia y comienza a avanzar en ámbitos que sólo hoy controlan las Corporaciones. Les preocupa que una década hemos ganado.
Más Información en:
Sitio web de La Lista Celeste
Sitio web de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional
Aclaración dirigida al diario Clarín respecto del nuevo régimen de concursosJueves, 25 de Abril de 2013El artículo publicado por el diario Clarín, sin la firma de ningún periodista, menciona en su último párrafo que el nuevo reglamento “incorpora una entrevista con los mejores candidatos, tal como ocurre en los concursos del Consejo de la Magistratura”. Y agrega: “En esa instancia suelen ganar puntos los postulantes apoyados por el poder político”.
Al respecto, es necesario aclarar que en el nuevo régimen de concursos no se incorporó ninguna instancia de este tipo, con la convicción de que podrían alterar la objetividad y legitimidad del proceso. En este sentido, se mantuvieron las características del régimen anterior, que no preveía la realización de entrevistas, y de hecho no hay ningún artículo del nuevo Reglamento que regule la supuesta instancia de entrevista personal o pueda motivar algún tipo de confusión al respecto.
Tal como consta en los considerandos de la mencionada Resolución: “El sistema de concursos para la selección de magistrados y magistradas del Ministerio Público Fiscal se destaca por su objetividad, al no contemplar —como sí lo hacen otros procesos de selección de jueces o fiscales— criterios de evaluación subjetivos vinculados con la idoneidad ética o el compromiso con determinados valores; ni disponer de instancias abiertas a la apreciación subjetiva y preferencias de quienes seleccionan, como lo son, por ejemplo, las entrevistas personales; y al estar apoyado exclusivamente sobre la evaluación de exámenes de oposición y de antecedentes que realiza un tribunal colegiado, integrado por cinco fiscales”.
Teniendo en cuenta que la información publicada en la nota no obedece a un error de interpretación ni a una apreciación personal del periodista, sino que se encuentra sostenida sobre datos falsos, se solicitó al diario la rectificación de este punto. No obstante, y dada la importancia del tema para todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal y para la sociedad en general, resulta fundamental dar a conocer esta aclaración por las vías de comunicación institucional del MPF.
El artículo publicado por el diario Clarín, sin la firma de ningún periodista, menciona en su último párrafo que el nuevo reglamento “incorpora una entrevista con los mejores candidatos, tal como ocurre en los concursos del Consejo de la Magistratura”. Y agrega: “En esa instancia suelen ganar puntos los postulantes apoyados por el poder político”.
Al respecto, es necesario aclarar que en el nuevo régimen de concursos no se incorporó ninguna instancia de este tipo, con la convicción de que podrían alterar la objetividad y legitimidad del proceso. En este sentido, se mantuvieron las características del régimen anterior, que no preveía la realización de entrevistas, y de hecho no hay ningún artículo del nuevo Reglamento que regule la supuesta instancia de entrevista personal o pueda motivar algún tipo de confusión al respecto.
Tal como consta en los considerandos de la mencionada Resolución: “El sistema de concursos para la selección de magistrados y magistradas del Ministerio Público Fiscal se destaca por su objetividad, al no contemplar —como sí lo hacen otros procesos de selección de jueces o fiscales— criterios de evaluación subjetivos vinculados con la idoneidad ética o el compromiso con determinados valores; ni disponer de instancias abiertas a la apreciación subjetiva y preferencias de quienes seleccionan, como lo son, por ejemplo, las entrevistas personales; y al estar apoyado exclusivamente sobre la evaluación de exámenes de oposición y de antecedentes que realiza un tribunal colegiado, integrado por cinco fiscales”.
Teniendo en cuenta que la información publicada en la nota no obedece a un error de interpretación ni a una apreciación personal del periodista, sino que se encuentra sostenida sobre datos falsos, se solicitó al diario la rectificación de este punto. No obstante, y dada la importancia del tema para todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal y para la sociedad en general, resulta fundamental dar a conocer esta aclaración por las vías de comunicación institucional del MPF.
Al respecto, es necesario aclarar que en el nuevo régimen de concursos no se incorporó ninguna instancia de este tipo, con la convicción de que podrían alterar la objetividad y legitimidad del proceso. En este sentido, se mantuvieron las características del régimen anterior, que no preveía la realización de entrevistas, y de hecho no hay ningún artículo del nuevo Reglamento que regule la supuesta instancia de entrevista personal o pueda motivar algún tipo de confusión al respecto.
Tal como consta en los considerandos de la mencionada Resolución: “El sistema de concursos para la selección de magistrados y magistradas del Ministerio Público Fiscal se destaca por su objetividad, al no contemplar —como sí lo hacen otros procesos de selección de jueces o fiscales— criterios de evaluación subjetivos vinculados con la idoneidad ética o el compromiso con determinados valores; ni disponer de instancias abiertas a la apreciación subjetiva y preferencias de quienes seleccionan, como lo son, por ejemplo, las entrevistas personales; y al estar apoyado exclusivamente sobre la evaluación de exámenes de oposición y de antecedentes que realiza un tribunal colegiado, integrado por cinco fiscales”.
Teniendo en cuenta que la información publicada en la nota no obedece a un error de interpretación ni a una apreciación personal del periodista, sino que se encuentra sostenida sobre datos falsos, se solicitó al diario la rectificación de este punto. No obstante, y dada la importancia del tema para todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal y para la sociedad en general, resulta fundamental dar a conocer esta aclaración por las vías de comunicación institucional del MPF.
Tal como consta en los considerandos de la mencionada Resolución: “El sistema de concursos para la selección de magistrados y magistradas del Ministerio Público Fiscal se destaca por su objetividad, al no contemplar —como sí lo hacen otros procesos de selección de jueces o fiscales— criterios de evaluación subjetivos vinculados con la idoneidad ética o el compromiso con determinados valores; ni disponer de instancias abiertas a la apreciación subjetiva y preferencias de quienes seleccionan, como lo son, por ejemplo, las entrevistas personales; y al estar apoyado exclusivamente sobre la evaluación de exámenes de oposición y de antecedentes que realiza un tribunal colegiado, integrado por cinco fiscales”.
Teniendo en cuenta que la información publicada en la nota no obedece a un error de interpretación ni a una apreciación personal del periodista, sino que se encuentra sostenida sobre datos falsos, se solicitó al diario la rectificación de este punto. No obstante, y dada la importancia del tema para todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal y para la sociedad en general, resulta fundamental dar a conocer esta aclaración por las vías de comunicación institucional del MPF.
Teniendo en cuenta que la información publicada en la nota no obedece a un error de interpretación ni a una apreciación personal del periodista, sino que se encuentra sostenida sobre datos falsos, se solicitó al diario la rectificación de este punto. No obstante, y dada la importancia del tema para todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal y para la sociedad en general, resulta fundamental dar a conocer esta aclaración por las vías de comunicación institucional del MPF.
Gils Carbó aprobó un nuevo régimen de concursos de antecedentes y oposición para la selección de fiscalesSe trata de un procedimiento más rápido pues define —y limita— plazos concretos para cada una de las etapas del concurso. Al respecto, hay casos de concursos que tramitaron por más de 4 años. Se prevé que con los nuevos plazos los concursos de oposición y antecedentes no duren más de seis meses. Una mayor celeridad del concurso público de oposición y antecedentes es fundamental si se advierte que a la fecha se registran aproximadamente 130 cargos de fiscales aún no integrados (cerca del 30% del total de cargos de magistrados del Ministerio Público Fiscal). De ellos, 61 vacantes ya fueron concursadas y sus ternas se encuentran a consideración del Poder Ejecutivo o del Senado; 25 están con concursos en trámite; y 44 aún no se han concursado.
El sistema aprobado el día de hoy apunta a seleccionar fiscales que cuenten con aptitudes adecuadas a procesos más modernos, pero también más complejos jurídica y técnicamente, con funciones cada vez más flexibles, y que sean capaces de intervenir en cualquiera de las etapas de un caso. En consecuencia, se revierte el orden de las etapas, priorizando la evaluación de las pruebas de oposición por sobre la evaluación de los antecedentes. Se contempla un filtro intermedio —sólo aquellas personas que superen un puntaje mínimo de la prueba escrita podrán rendir el examen oral—, y se prevé que para todos los concursos de fiscales con competencia penal el examen oral ya no será teórico o temático sino la preparación y exposición de uno o más actos procesales determinados en función del cargo concursado, referentes a expedientes reales.
El nuevo procedimiento será más transparente. En este sentido, se fortalecen las garantías de imparcialidad del tribunal colegiado —que se integrará por cinco fiscales, tal cual indica la Ley Orgánica del Ministerio Público— al establecerse el sorteo previo del expediente para el examen, un sistema anonimato en la corrección y el registro fílmico de las pruebas orales. Además se mantiene el carácter obligatorio y vinculante del dictamen final del tribunal respecto de la Procuradora General. Asimismo, se robustece la figura del jurista invitado, quien ahora podrá ser escogido entre profesores titulares de universidades públicas y expertos de amplia trayectoria que representen a instituciones especializadas de la administración de justicia. De esta manera, se propicia una mayor participación ciudadana en el mecanismo de selección de fiscales, dentro de los límites que permite la ley vigente.
Para asegurar igualdad de oportunidades, se estableció mayor difusión de las convocatorias y se eliminaron requisitos que demandaban gastos exorbitantes que sólo podrían ser afrontados por quienes cuenten con los recursos económicos necesarios. Al modernizarse el procedimiento, se regula, por ejemplo, la posibilidad de la inscripción por correo electrónico, las notificaciones electrónicas, la entrega de copias digitales en lugar de impresas, entre otras reformas.
Por último, el nuevo reglamento contiene modificaciones de estilo y edición respecto al anterior, de modo de adecuar el texto a un lenguaje respetuoso de la igualdad de género. En el mismo sentido se reorganizaron artículos, se simplificó la redacción y se incorporaron títulos al articulado para facilitar su comprensión.Se trata de un procedimiento más rápido pues define —y limita— plazos concretos para cada una de las etapas del concurso. Al respecto, hay casos de concursos que tramitaron por más de 4 años. Se prevé que con los nuevos plazos los concursos de oposición y antecedentes no duren más de seis meses. Una mayor celeridad del concurso público de oposición y antecedentes es fundamental si se advierte que a la fecha se registran aproximadamente 130 cargos de fiscales aún no integrados (cerca del 30% del total de cargos de magistrados del Ministerio Público Fiscal). De ellos, 61 vacantes ya fueron concursadas y sus ternas se encuentran a consideración del Poder Ejecutivo o del Senado; 25 están con concursos en trámite; y 44 aún no se han concursado.
El sistema aprobado el día de hoy apunta a seleccionar fiscales que cuenten con aptitudes adecuadas a procesos más modernos, pero también más complejos jurídica y técnicamente, con funciones cada vez más flexibles, y que sean capaces de intervenir en cualquiera de las etapas de un caso. En consecuencia, se revierte el orden de las etapas, priorizando la evaluación de las pruebas de oposición por sobre la evaluación de los antecedentes. Se contempla un filtro intermedio —sólo aquellas personas que superen un puntaje mínimo de la prueba escrita podrán rendir el examen oral—, y se prevé que para todos los concursos de fiscales con competencia penal el examen oral ya no será teórico o temático sino la preparación y exposición de uno o más actos procesales determinados en función del cargo concursado, referentes a expedientes reales.
El nuevo procedimiento será más transparente. En este sentido, se fortalecen las garantías de imparcialidad del tribunal colegiado —que se integrará por cinco fiscales, tal cual indica la Ley Orgánica del Ministerio Público— al establecerse el sorteo previo del expediente para el examen, un sistema anonimato en la corrección y el registro fílmico de las pruebas orales. Además se mantiene el carácter obligatorio y vinculante del dictamen final del tribunal respecto de la Procuradora General. Asimismo, se robustece la figura del jurista invitado, quien ahora podrá ser escogido entre profesores titulares de universidades públicas y expertos de amplia trayectoria que representen a instituciones especializadas de la administración de justicia. De esta manera, se propicia una mayor participación ciudadana en el mecanismo de selección de fiscales, dentro de los límites que permite la ley vigente.
Para asegurar igualdad de oportunidades, se estableció mayor difusión de las convocatorias y se eliminaron requisitos que demandaban gastos exorbitantes que sólo podrían ser afrontados por quienes cuenten con los recursos económicos necesarios. Al modernizarse el procedimiento, se regula, por ejemplo, la posibilidad de la inscripción por correo electrónico, las notificaciones electrónicas, la entrega de copias digitales en lugar de impresas, entre otras reformas.
Por último, el nuevo reglamento contiene modificaciones de estilo y edición respecto al anterior, de modo de adecuar el texto a un lenguaje respetuoso de la igualdad de género. En el mismo sentido se reorganizaron artículos, se simplificó la redacción y se incorporaron títulos al articulado para facilitar su comprensión.El sistema aprobado el día de hoy apunta a seleccionar fiscales que cuenten con aptitudes adecuadas a procesos más modernos, pero también más complejos jurídica y técnicamente, con funciones cada vez más flexibles, y que sean capaces de intervenir en cualquiera de las etapas de un caso. En consecuencia, se revierte el orden de las etapas, priorizando la evaluación de las pruebas de oposición por sobre la evaluación de los antecedentes. Se contempla un filtro intermedio —sólo aquellas personas que superen un puntaje mínimo de la prueba escrita podrán rendir el examen oral—, y se prevé que para todos los concursos de fiscales con competencia penal el examen oral ya no será teórico o temático sino la preparación y exposición de uno o más actos procesales determinados en función del cargo concursado, referentes a expedientes reales.
El nuevo procedimiento será más transparente. En este sentido, se fortalecen las garantías de imparcialidad del tribunal colegiado —que se integrará por cinco fiscales, tal cual indica la Ley Orgánica del Ministerio Público— al establecerse el sorteo previo del expediente para el examen, un sistema anonimato en la corrección y el registro fílmico de las pruebas orales. Además se mantiene el carácter obligatorio y vinculante del dictamen final del tribunal respecto de la Procuradora General. Asimismo, se robustece la figura del jurista invitado, quien ahora podrá ser escogido entre profesores titulares de universidades públicas y expertos de amplia trayectoria que representen a instituciones especializadas de la administración de justicia. De esta manera, se propicia una mayor participación ciudadana en el mecanismo de selección de fiscales, dentro de los límites que permite la ley vigente.
Para asegurar igualdad de oportunidades, se estableció mayor difusión de las convocatorias y se eliminaron requisitos que demandaban gastos exorbitantes que sólo podrían ser afrontados por quienes cuenten con los recursos económicos necesarios. Al modernizarse el procedimiento, se regula, por ejemplo, la posibilidad de la inscripción por correo electrónico, las notificaciones electrónicas, la entrega de copias digitales en lugar de impresas, entre otras reformas.
Por último, el nuevo reglamento contiene modificaciones de estilo y edición respecto al anterior, de modo de adecuar el texto a un lenguaje respetuoso de la igualdad de género. En el mismo sentido se reorganizaron artículos, se simplificó la redacción y se incorporaron títulos al articulado para facilitar su comprensión.El nuevo procedimiento será más transparente. En este sentido, se fortalecen las garantías de imparcialidad del tribunal colegiado —que se integrará por cinco fiscales, tal cual indica la Ley Orgánica del Ministerio Público— al establecerse el sorteo previo del expediente para el examen, un sistema anonimato en la corrección y el registro fílmico de las pruebas orales. Además se mantiene el carácter obligatorio y vinculante del dictamen final del tribunal respecto de la Procuradora General. Asimismo, se robustece la figura del jurista invitado, quien ahora podrá ser escogido entre profesores titulares de universidades públicas y expertos de amplia trayectoria que representen a instituciones especializadas de la administración de justicia. De esta manera, se propicia una mayor participación ciudadana en el mecanismo de selección de fiscales, dentro de los límites que permite la ley vigente.
Para asegurar igualdad de oportunidades, se estableció mayor difusión de las convocatorias y se eliminaron requisitos que demandaban gastos exorbitantes que sólo podrían ser afrontados por quienes cuenten con los recursos económicos necesarios. Al modernizarse el procedimiento, se regula, por ejemplo, la posibilidad de la inscripción por correo electrónico, las notificaciones electrónicas, la entrega de copias digitales en lugar de impresas, entre otras reformas.
Por último, el nuevo reglamento contiene modificaciones de estilo y edición respecto al anterior, de modo de adecuar el texto a un lenguaje respetuoso de la igualdad de género. En el mismo sentido se reorganizaron artículos, se simplificó la redacción y se incorporaron títulos al articulado para facilitar su comprensión.Para asegurar igualdad de oportunidades, se estableció mayor difusión de las convocatorias y se eliminaron requisitos que demandaban gastos exorbitantes que sólo podrían ser afrontados por quienes cuenten con los recursos económicos necesarios. Al modernizarse el procedimiento, se regula, por ejemplo, la posibilidad de la inscripción por correo electrónico, las notificaciones electrónicas, la entrega de copias digitales en lugar de impresas, entre otras reformas.
Por último, el nuevo reglamento contiene modificaciones de estilo y edición respecto al anterior, de modo de adecuar el texto a un lenguaje respetuoso de la igualdad de género. En el mismo sentido se reorganizaron artículos, se simplificó la redacción y se incorporaron títulos al articulado para facilitar su comprensión.Por último, el nuevo reglamento contiene modificaciones de estilo y edición respecto al anterior, de modo de adecuar el texto a un lenguaje respetuoso de la igualdad de género. En el mismo sentido se reorganizaron artículos, se simplificó la redacción y se incorporaron títulos al articulado para facilitar su comprensión.
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Miércoles, 24 de Abril de 2013
La Lista Celeste, organización que funciona en el ámbito de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, reafirmó la legitimidad de los nombramientos de fiscales realizados por la Procuradora General y destacó la designación de Carlos Gonella al frente de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). En tanto, la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional también expresó apoyo a estos nombramientos y señaló que las Procuradurías creadas “representan el esfuerzo de un poder del Estado para hacerse carne en los problemas del Pueblo”.
A continuación reproducimos los comunicados completos de ambas organizaciones.
Se debe a una nota publicada el jueves 25 de abril, que contiene información errónea respecto a la inclusión de entrevistas en el régimen de selección. La propia resolución, al mencionar el tema, sostiene que las descarta justamente para evitar criterios de evaluación subjetivos e instancias abiertas a la apreciación personal y preferencias de quienes seleccionan.
En su edición del día jueves 25 de abril, el diario Clarín publicó una nota titulada “Gils Carbó anunció un polémico cambio para elegir a los fiscales”, en la que da cuenta de la aprobación del nuevo régimen de concursos de antecedentes y oposición para la selección de fiscales dispuesto por la Procuradora General mediante la Resolución 751 del 24 de abril de 2013.
El nuevo régimen, basado en criterios y procedimientos objetivos, busca lograr concursos más rápidos, transparentes y que garanticen igualdad de oportunidades. La apuesta es que el sistema permita seleccionar los mejores candidatos para los desafíos de un Ministerio Público Fiscal del siglo XXI.
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aprobó un nuevo Reglamento para la Selección de Magistradas y Magistrados del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Tal como sostiene la Resolución firmada hoy por la Procuradora General, se utilizaron como guía orientadora los principios de celeridad, transparencia e igualdad de oportunidades, “apuntando a que el sistema contribuya a seleccionar a los mejores candidatos y candidatas para el cargo concursado”.
Envío:Agnddhh
26.04.2013
reforma judicial
Rossi: "Reivindico la reforma que recoge la defensa de valores nobles"
reforma judicial
Rossi: "Reivindico la reforma que recoge la defensa de valores nobles"
El presidente del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, afirmó hoy que las iniciativas votadas en el Congreso referidas a la reforma judicial "recogen la defensa de valores nobles" y volvió a pedir disculpas por las reacciones que tuvo durante el debate.
En cuanto a la regulación de las medidas cautelares y la creación de nuevas cámaras, el diputado dijo que estas iniciativas "mejoran la agilidad de lo que significa el funcionamiento del Poder Judicial" y que la reforma del Consejo de la Magistratura le dará "mayor legitimidad popular" al organismo y al Poder Judicial, "disminuyendo rasgos corporativos y endogámicos".
Por otra parte, volvió a pedir disculpas por sus reacciones durante el debate en la cámara. "La verdad tuve reacciones no propias de un presidente de bloque, lo dije ayer al finalizar sesion y lo nuevamente hoy", afirmó.
"Mis disculpas a todos en general y, en particular, a mis propios compañeros del bloque porque soy el prinicipal vocero", agregó.
Al ser consultado sobre la celeridad con que se trató el conjunto de proyectos, Rossi dijo que fue un "debate intenso, en el cual todas las miradas que solicitaron ser incorporadas fueron tenidas en cuenta".
"No todas las leyes tienen los mismos tiempos y los mismos escenarios. No todas las circunstancias son las mismas, no todos los debates tienen la misma intensidad o extensión, cada cuestión tiene su propia mirada", concluyó.
Fuente:Telam
Este Viernes , nueva Reunion de Justicia Legitima Chaco , Corrientes y Formosa.
Hoy viernes 26 de abril ,se llevara a cabo una nueva reunion de Justicia Legitima Chaco-Corrientes y Formosa .
La misma se realizara en el Aula 1 de la Facultad de Derecho de la UNNE - calle Salta 459 - de la Ciudad de Corrientes.
Participaran trabajadores judiciales , abogados , psicologos , trabajadores sociales , organismos de DD HH , estudiantes de Derecho y funcionarios y magistrados judiciales de las provincias de Corrientes , Chaco y Formosa.
Se tratara cuestiones referidas a profundizar el debate sobre la Democratizacion de la Justicia y la organizacion de actividades que impulsen ese debate en la region , con la participaciòn de la ciudadania.
La Reunion es abierta a todos a quellos que esten interesados en participar..
Documento de la 1er Reunion de Justicia Legítima – Chaco, Corrientes, Formosa11 Abril de 2013
A nuestro modo de ver “Justicia legítima” es un movimiento que tiende a discutir hacia lo interno y con la comunidad, el modelo de justicia que queremos como sociedad y que se caracteriza por promover una mirada critica a sus estructuras y funcionamiento.
Nos referimos con “Justicia”, al Poder Judicial, como poder del Estado cuya tarea técnica y específica es la resolución de conflictos que se someten a su consideración
El carácter “legítimo”, está dado por el reconocimiento de esa labor desde alguna instancia que sea aceptada como “válida”, es decir, con capacidad de dar valor positivo al trabajo realizado.
Es un debate que se debe el poder judicial desde hace varios años, desde siempre, y que estuvo postergado no obstante que en determinadas épocas, como en los primeros años de la vuelta de la democracia ( 1983 ) hubo algunos esbozos de discusión que no llegaron a plasmarse en logros concretos.
En ese marco entendemos que la sociedad tiene reclamos hacia el Poder Judicial, que se deben debatir y que se podrían resumir en los siguientes ítems
a) Acceso Universal e Irrestricto a la Justicia
b) Transparencia en la gestión y en la selección, promoción y remoción de los magistrados, funcionarios y personal del Poder Judicial
c) Celeridad y eficacia en la labor judicial (Modificación de prácticas y procedimientos)
d) Independencia de toda influencia política, gremial, económica, confesional y del propio Poder Judicial
e) Compromiso con la democracia, los derechos humanos y la perspectiva de género de todos sus integrantes
f) Condiciones dignas y adecuadas de trabajo del personal del Poder Judicial
g) Participación ciudadana en el control de la gestión del poder judicial.
Convocamos a una próxima reunión el próximo viernes 19 de abril a las 19,30 Hs en la ciudad de Corrientes, en lugar a confirmar.
Todos a aquellos colegas que quieran sumar su adhesión podrán hacerlo , para ser agregados y publicados.
FIRMANTES:
CORRIENTES: Luis González (Juez Cámara Federal)- Juan Carlos Vallejos (Juez Federal )- Flavio Ferrini – (Fiscal Federal)- Héctor Hugo Boleso –( Juez Laboral )- Enzo Di Tella – (Defensor Oficial- Tribunal Oral Federal)- Juan Martin García( Fiscal Federal ad hoc DD HH ) -. Álvaro Sánchez Guerrero – (Presidente del Colegio de Abogados de Paso de los Libres)- Marta Ramírez – (SITRAJ- Sindicato de Trabajadores Judiciales) – Manuela Pérez Fierro (Sec. Relatora Defensoría) - Amanda Rosa Gomez(Sec. Juzgado Civil ) Gavino Casco – (Ex Sacerdote- Equipo Federal de Trabajo-Secretario Juzgado Laboral-Jubilado) Licenciada Mari Bar- (Foro por la Justicia Goya-Jubilada equipo Asistentes Sociales del Poder Judicial)- Marisa Sanauria ( trabajadora judicial DD HH ) – María Eugenia Benítez – Marcela Caballero – Daniel Esquivel- Augusto Cesar Leguiza- Eduardo Black (ABOGADOS)- Juan Manuel Roldan( Abogado-ex detenido político)- Sofía Domínguez ( Sec.DD HH Centro de Estudiantes Derecho)- Cristina Rojas (Concejera Estudiantil Concejo Directivo Fac. Derecho )-
CHACO : Norberto Giménez- (Juez Tribunal Oral Federal ) - María Cecilia Baroni ( integrante por los abogados de la primera circunscripción judicial en el Consejo de la Magistratura )- Mario Bosch –( Comité Provincial contra la Tortura-Querellante Causas Lesa Humanidad ) -Patricio Sabadini – (Fiscal Federal)- Carlos Martin Amad- (Fiscal General ante la Cámara Federal) - Lorena Padovan (Defensora Oficial-Justicia Provincial ).- - Marcelo Burella (Sec. Fiscalía Federal )- Diego Vigay(Sec.DD HH-Fiscal Federal ad hoc DDHH ) - Laura y Peco Tisembaun y Estela Binaghi – Abogados DD HH- Juan César Penchansky (Sec. Comité Provincial de Prevención de la Tortura- ex Miembro Titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación 1999-2003)- Silvia Amalia Canteros- (Dirección de la Mujer- Gobierno del Chaco)- Carolina Fule y Silvana Pérez- (Psicólogas)- Sergio Quiroz y Duilio Ramirez (Abogados Secretaria de DD HH) - Daniel San Cristobal ( Secretario General Frente Grande Nacional ) -Ataliva Dinani – Melisa Valenti- Victoria Guerrieri (Abogados Liga Argentina por los Dchos del Hombre)- Mirta Clara –(Psicóloga-Ex detenida Política) – Nelson Cesar Viera , Valeria Romero ,Maria Zara Romero Castelán y Dina Holivia Castelán – (Abogados ) - Ana María MASRAMON ( Medica ) Daniel Trabalón y Fabricio Bolatti –(Diputados Provinciales Frente Grande )
FORMOSA : Horacio Rodríguez ( Fiscal Federal) – Juan Eduardo Lenscak (Responsable Catedra de DD HH de la Universidad Nacional de Formosa) – Luis María Zapiola ( Abogado Querellante Causas de Lesa Humanidad ) – Aristides Norberto Fernandez Bedoya- (Secretario Fiscalia Federal) –Pacho Espinoza (Abogado )- Williams Dardo Caraballo ( Abogado Querellante Causas Lesa Humanidad) – Carlos Alberto” Joselo” Roble ( abogado ).-
Ademas como se anticipara hoy tambien los encuentros regionales en Rio Cuarto y Neuquen por Una Justicia Legitima
Envío:Agnddhh
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