En el día después de la presentación oficial
Respaldo generalizado al nuevo índice nacional que mide precios al consumidor
Economistas y políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, consideraron favorable la aparición de la medición, aunque difieren a la hora de evaluar las causas que llevaron a su creación y las consecuencias de su empleo.
Para el diputado nacional Carlos Heller, el primer impacto del nuevo IPC es que "dejen de aparecer esas informaciones mentirosas, improvisadas y sin sustento", en referencia a los datos que "un grupo de diputados" difunde con la metodología del "masómetro", ironizó. "Existe un uso indebido del Congreso, porque un grupito de diputados han instalado que hay una medición de índice de precios del Congreso", agregó.
Heller observó que "el nuevo indice nos dice que en enero los precios subieron un 3,7% es un dato preocupante, es la base para intensificar las medidas para llevar adelante", como el programa Precios Cuidados. "El índice no hace a los precios, los refleja, por lo que hay que actuar sobre los precios", destacó el legislador. En ese sentido, Heller consideró que "hay que intensificar la participación ciudadana, porque es fundamental para que se convierta en un compromiso de todos, que no haya abusos". En ese orden de ideas, el diputado subrayó la importancia de "impedir que se traslade a precios la incidencia de devaluación en mayor proporción a la real", e indicó que "en el mejor de los casos eso nos deja como estábamos y el eje de la política de este gobierno es avanzar en el proceso de redistribución de los ingresos y la riqueza". "Hay que avanzar en la discusión de la rentabilidad empresaria. Hay que ir por más", concluyó.
En tanto, el economista Aldo Ferrer, de fuerte predicamento entre los economistas que apoyan las políticas oficiales, consideró que el IPCNu "es un buen paso" ya que, agregó, "estuvimos mucho tiempo discutiendo sobre el termómetro y no nos ocupábamos de la fiebre". Ferrer dijo que el 3,7% de enero es "alto", aunque aclaró que "si se considera que el ajuste del tipo de cambio fue de más del 20 por ciento, implica que el sistema económico absorbió la devaluación con una influencia mucho menor en el nivel de precios", al tiempo que remarcó que hay que buscar que el porcentaje descienda en el resto del año en la medida en que ya "hay datos alentadores" y que el más importante es "sincerar el debate económico y los números con que discutimos la situación del país". El economista fundamentó su esperanza al señalar que si se mantiene "el sostenimiento del tipo de cambio competitivo, se puede entrar en un escenario de expectativas favorables para la baja de inflación y poder terminar con la fuga de capitales".
Por su parte, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna destacó que "es un paso adelante; bienvenido el reconocimiento de que la tasa de inflación es tres veces la que venía diciendo el gobierno". El ex jefe del Palacio de Hacienda añadió: "De todas maneras, hay que ser extremadamente prudente porque quienes ayer lo presentaron son quienes han venido mintiendo en materia de tasa de inflación desde hace siete años y, en consecuencia, no generan como técnicos mucha confianza".
El economista Abraham Gak, del Plan Fénix, organización que en el pasado manifestó críticas a los índices que ofrecía el Indec en materia de precios, destacó la "necesidad de tener un organismo nacional y cortar con esta historia de que cada sector con sus respectivos intereses manejaba diferentes valores". Gak relativizó el resultado de 3,7% que arrojó el IPCNu al adjudicarlo a que "estos meses son en general de aumentos de los precios por los viajes y el turismo".
En tanto, el ex director del Banco Central, Arnaldo Bocco, subrayó que la implementación de este nuevo indicador de precios "es un paso muy positivo en la construcción de una nueva metodología, con relevancia técnica y estadística", ya que el nuevo IPC es "un índice más robusto y más justo en términos de representación regional", agregó. Además, consideró que así se establece "un indicador del proceso de cambio de precios en la Argentina que va a ser beneficioso para la negociación con los privados", porque hasta ahora había "mucha influencia de los indicadores privados", que consideró "acotados y sin sustento".
Desde la oposición política, el presidente del bloque de diputados bonaerenses del Frente Renovador, Jorge Sarghini, afirmó que "el gobierno reconoce que nos mintió". Y agregó: "Siempre hemos dicho que para resolver algo hay que reconocerlo y esperemos que ahora se ponga manos a la obra para atacar la inflación".
Por su parte, el diputado de Pro Federico Sturzenegger elogió a través de su cuenta de Twitter el nuevo índice: "Felicito al gobierno nacional. Y también a mis colegas del Congreso que por años mantuvieron la llama de la verdad y obligaron al gobierno a cambiar".
capitanich apuntó a las consultoras
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó ayer que el nuevo Índice de Precios Nacional Urbano (IPCNu) "desnaturaliza la utilización de índices de consultoras que no acreditan una metodología real".
"El diseño de este índice muestra a las claras la complejidad, lo que abarca y lo que se necesita en logística para medir adecuadamente la estructura de precios", remarcó el jefe de ministros. En este contexto, volvió a referirse a las consultoras y dijo que son "agentes encubiertos de la oposición política o grupos mediáticos concentrados".
"Ayer dije que era un mamarracho, pero es un recontramamarracho, porque no se puede comparar la rigurosidad técnica y analítica que tiene el gobierno con las consultoras privadas", agregó Capitanich desde Casa de Gobierno.
Además, aseguró que el índice "no satisface a todos porque siempre están las críticas de tecnicismos absurdos o de carácter infundado", pero contempla "los niveles de precios correspondientes para tener una ponderación adecuada de canasta". "Es una metodología muy clara y permite marcar la evolución de los precios en la economía", subrayó.
Fe de erratas
Por un error de edición, en el diario de ayer se publicó la foto de Gustavo Lugones, director general del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), identificándola como la del experto italiano en estadística Giorgio Alleva.
Fuente:TiempoArgentino
el mercado respondió con efusividad al nuevo ipcnu
Bonos atados al costo de vida saltaron el 21%
El Banco Central compró 70 millones de dólares y cerró con suba de reservas por tercera jornada consecutiva.
Por: Equipo de Economía
Los bonos en pesos y con legislación argentina fueron las estrellas. "La noticia sorprendió gratamente a los inversores, dado que el mercado esperaba una inflación cercana al 3 por ciento. De ahí las ganancias que registraron el Discount, del 21%, seguido por el Cuasi Par, con 18,51% y el bomo Par, del 17.94%", indicó Eduardo Fernández, analista de Rava Online. Además, apuntó que las acciones también se vieron favorecidas por el dato de inflación, especialmente las del sector bancario.
El Índice Merval cerró en este contexto con un avance del 2,24% y acumuló una mejora del 8,6% a lo largo de la semana. Las compañías que mejor se desempeñaron en la jornada fueron Pampa Energía (8,42%), Edenor (7,77%) y, como apuntó Fernández, los bancos Macro (7,76%), Francés (6,32%) y Galicia (5,50 por ciento).
En tanto, entre los bonos de deuda pública que más se apreciaron aparecen el Bonar 2018, que subió 3,57%, y el Bonar 2017, que se revaluó un 2,82 por ciento. Sin embargo, no todo fue alegría en el mercado, porque algunos activos, como los cupones atados al PBI se vieron perjudicados por el dato de inflación y tuvieron caídas de hasta el 3,3 por ciento.
Por su parte el dólar se cotizó en las casas de cambio a 7,74 pesos por unidad para la compra y 7,79 para la venta, con una merma acumulada de 6 centavos respecto del cierre de la semana pasada. Por su parte, el dólar blue volvió a caer y se hundió diez centavos a $ 11,85, debido a la casi nula cantidad de operaciones.
El Banco Central adquirió 70 millones de dólares en el mercado de divisas, mientras que no marcó intervenciones en el Mercado electrónico de pagos (MEP). Así las reservas internacionales acumularon una mejora de 25 millones de dólares respecto de la víspera y cerraron en 27.823 millones de dólares, con lo que sumaron tres jornadas consecutivas en alza.
El avance de las reservas tiene como dato relevante que la tendencia de los días previos se mantuvo a pesar de que se desembolsaron 90 millones de dólares para el pago de energía.
En tanto, el contado con liquidación (compra de bonos locales que se pueden vender afuera) arrojó un tipo de cambio implícito de $ 10,77, mientras que el dólar bolsa (negociado sólo en el mercado local) se mantuvo estable en los $10,56.
La Administración Federal de Ingresos Públicos informó que desde su puesta en marcha y hasta ayer se efectivizaron 393.498 operaciones de compra de divisa nortemaricana por ahorro por 210.732.756 dólares. En tanto, durante la jornada se efectivizaron 11.309 operaciones de compra de divisas por un monto de 50.498.777 de pesos, equivalente a 6.480.849 de dólares, cuestión que ratificó la desaceleración del ritmo demandante.
Desde el 27 de enero, fecha en la que se puso en marcha el nuevo sistema de atesoramiento, la AFIP validó 561.088 trámites por 2.289.089.433 de pesos, equivalentes a 287.409.300 dólares.
15.02.2014
Lo dispuso el gobierno nacional por incumplimientos en el programa Precios Cuidados
Multas por más de $ 3 millones para 6 cadenas de supermercados
Las sanciones se basan en las leyes de Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial. Hay otras 141 actas labradas en investigación, con lo que llegarían más penas. Kicillof afirmó que "los que cambian los precios son los comerciantes".
Por: Equipo de Economía
El monto se divide en $ 1.316.000 para Carrefour por 46 faltantes; $ 606 mil para Dia y Wallmart por 20 faltantes en cada una; $ 419 mil para Vea por 19 faltantes; $ 240 mil para Coto por ocho imputaciones; y, por último, $ 193 mil pesos para Chango Más, con seis faltantes.
Este es el primer paso de las sanciones por incumplimientos. Según informaron ayer el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Comercio, Augusto Costa, ya hay 141 actas labradas y en investigación, cifra que seguirá aumentando día a día a partir de las denuncias que se reciben en las dependencias oficiales.
Las actas fueron elaboradas durante las inspecciones que Comercio realizó desde el 27 de enero hasta el 12 de febrero, período en el que se relevaron 282 sucursales. Lo abultado de la sanción se corresponde con el tipo de desabastecimiento detectado en cada caso, teniendo en cuenta tipo y cantidad del faltante: la multa es mayor cuando más grande es su peso en el consumo de los sectores de menores ingresos.
Ayer se informó, además, que se publicará el ranking de establecimientos con mayores infracciones en cuanto al abastecimiento. Esa lista está encabezado hoy por la cadena Dia, seguida por Chango Más, Vea, Carrefour y Coto.
"Dado que voluntariamente tanto productores como supermercados suscribieron al acuerdo, esperamos que lo cumplan y para eso el Estado coordina con los diferentes sectores. Hay que controlar y en ese sentido notamos dos tendencias: una mejora permanente y sistemática en el cumplimiento a través del sistema de inspectores; y un involucramiento cada vez más importante de la sociedad civil", subrayó Kicillof, quien destacó además que "se involucraron municipios, provincias y también asociaciones y organizaciones que trabajaron para monitorear el cumplimiento del programa".
El ministro explicó que la Secretaría de Comercio actúa a partir de las denuncias de faltantes, pero que se tienen en cuenta todas las variables y no es que una denuncia se traduce en una sanción, sino que se inicia una investigación y cuando se prueba que la falta de productos es injustificada el Estado avanza y sanciona.
"Se instaló que cuando entran a los comercios y ven precios remarcados la culpa de eso es del Gobierno nacional, pero no es así, los que cambian los precios son los comerciantes, que muchas veces toman decisiones erróneas influidos por los agoreros que dicen que las cosas van a andar mal", sostuvo, y agregó que "los que se equivocaron se tienen que hacer cargo de los efectos a futuro".
El procedimiento oficial implica que se abra un acta, se chequee la información, se notifique al privado involucrado en el incumplimiento y luego se espere el descargo para tener la decisión final. Las empresas tienen entre cinco y diez días según el caso para generar una respuesta a ser analizada por la secretaría de Comercio.
El Estado actualmente recibe entre 1500 y 2000 llamadas diarias en el teléfono de atención a las denuncias de los consumidores. A esto se suman 500 formularios por día a través de la página de Internet (que tiene más de 16 mil visitas diarias) y lo que surge de los relevamientos diarios hechos por los propios inspectores
del Estado.
Según planteó el secretario de Comercio, el Estado presta atención a tres puntos: que el producto esté abastecido, que esté señalizado y que el precio sea el correcto en línea con lo prestablecido en Precios Cuidados. "Cualquier falta es causal de incumplimiento o sanción y amerita la intervención del Estado.
Muchos preguntan cómo es que sancionamos si es un acuerdo voluntario, y es justamente esa la razón: ellos se comprometen y deben ser sancionados para que el programa tenga sentido", subrayó Costa.
El secretario también explicó que si bien las denuncias comienzan según las observaciones en las góndolas de los supermercados "detrás de eso puede haber una responsabilidad del proveedor, y por ende un potencial incumplimiento del acuerdo" en el primer eslabón de la cadena.
Para evitar distorsiones en las denuncias, el Estado también tiene en cuenta que no todos los supermercados pueden cumplir con los 194 productos por cuestiones de estructura. Por eso desde la semana pasada los comercios más pequeños, como Día o Carrefour Express, tienen listas a cumplir más pequeñas, sin productos como la carne.
LEGALES. Durante la exposición Costa subrayó que el gobierno tiene en cuenta la Ley de Lealtad Comercial y la de Defensa al Consumidor para avanzar con las investigaciones y considerar la aplicación de sanciones ante las diferentes infracciones.
La Ley de Lealtad Comercial plantea que el que infrigiere sus disposiciones será sancionado con multas de $ 100 a $ 500 mil y los importes de las multas ingresarán al presupuesto general de la Nación en concepto de rentas generales. Además, transcurridos diez días de recibida la respectiva intimación, la falta de pago hará exigible su cobro mediante ejecución fiscal.
En tanto, la Ley de Defensa al Consumidor plantea que verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido tendrán multas desde $ 100 hasta $ 5 millones con la posibilidad de clausurar el establecimiento o suspender el servicio afectado por un plazo de hasta 30 días.
A su vez, Costa manifestó que, si bien las empresas pueden recurrir a la justicia en lo Contencioso Administrativo apelando la sanción y obteniendo una suspensión de la medida, desde la secretaría vieron con entusiasmo el proyecto de ley del senador Aníbal Fernández (FPV) por el cual se anula ese efecto suspensivo.
Quejas desde las carnicerías
La Asociación de Propietarios de Carnicerías de la Ciudad de Buenos Aires aseguró ayer que el precio de la carne no registró variaciones tras el último aumento porque "el valor del Mercado de Hacienda todavía no bajó". Además, reclamaron "esperar hasta la semana que viene para ver si se reacomodan los precios".
Alberto Williams, el vicepresidente de la entidad, consideró además que "el fuerte aumento no se justifica por la devaluación del dólar" y evaluó que la experiencia "dice que los precios no bajan nunca".
En línea con el argumento de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), Williams precisó que "hay que esperar hasta la próxima semana para ver qué pasará cuando se sequen los suelos", luego de las fuertes lluvias de las últimas semanas.
"Hasta ahora, no bajó la carne en las carnicerías porque no la bajaron los operadores", sentenció el empresario en diálogo con Radio América, e indicó que no sólo que "el kilo vivo no bajó, sino que se afirmó".
Inversión pública
El ministro de Economía, Axel Kicillof, puso en el centro de su exposición de ayer el debate sobre el gasto del Estado y cómo este impacta –o no– en el aumento de precios. "Dicen que el gasto público es muy elevado y que eso es inflacionario. Ahora, más allá de la explicación monocausal de por qué cambia el precio de un producto, pienso qué quieren aquellos que están machacando con esa idea", subrayó el funcionario.
"La pregunta es por qué esos señores no se pueden sacar la máscara y decir en qué quieren que se realice el gasto público. El gobierno está dispuesto a debatir", disparó. "Tal vez lo que quieren es que se bajen las jubilaciones y los salarios, que se paren las obras y haya menos plata para salud", remató Kicillof, al tiempo que defendió las políticas del gobierno en materia de inclusión social, como la Asignación por Hijo y la incorporación de 2,5 millones de personas a la jubilación.
Más temprano, el ministro también habló por Radio Del Plata y afirmó que si hay quienes "quieren sacar los subsidios y que la gente en su factura reciba 600 pesos en vez de 60, que sean claros con lo que están diciendo".
Además recordó que quienes hoy hablan de las tarifas pedían la modificación en los colectivos y cuando se aplicó dijeron que era regresiva e inflacionaria. "Si les hacemos caso y subimos las tarifas de ese modo y eliminamos los subsidios, después no se van a hacer cargo. Lo único que persiguen es criticar al gobierno", afirmó.
De Vido con los intendentes
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, mantuvo ayer por la mañana un encuentro con el intendente de Florencio Varela y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Julio Pereyra, en el que acordaron profundizar el trabajo sobre el programa "Precios Cuidados en la Construcción", en relación a obra pública, y el plan Más Cerca.
En ese marco, ambos funcionarios adelantaron que la semana que viene se realizará un nuevo encuentro con un grupo de intendentes bonaerenses pertenecientes a la Federación que encabeza Pereyra. El objetivo será establecer los mecanismos de coordinación de monitoreo de costos de los insumos de la construcción.
SUPERMULTADOS
Por Tomás Lukin
EL GOBIERNO SANCIONO A SEIS CADENAS DE SUPERMERCADOS POR MAS DE 3,4 MILLONES DE PESOS
Multas para los que no cumplen con los precios
La sanción más elevada fue para la empresa Carrefour, con 1,3 millón de pesos. En segundo lugar quedó el supermercado Día, con una multa de 606 mil pesos. El desabastecimiento de productos fue el principal motivo de los apercibimientos.
Por Tomás Lukin
El ministro Kicillof y el secretario Costa anunciaron las sanciones ayer por la tarde en Economía.Imagen: Sandra Cartasso
La Secretaría de Comercio multó a seis cadenas de supermercados por más de 3,4 millones de pesos al constatar violaciones del programa Precios Cuidados. La sanción individual más elevada fue para la empresa Carrefour, con 1,3 millón de pesos. En segundo lugar quedó el supermercado Día, con una multa de 606 mil pesos. Las sanciones corresponden a las primeras 8 actas sobre un total de 141 que fueron labradas por Comercio. El desabastecimiento en diferentes productos del programa constituye las causas de los apercibimientos informados ayer por el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el titular de Comercio, Augusto Costa. Las multas que también alcanzaron a las firmas Walmart, Vea, Coto y Changomas se enmarcan en la Ley de Defensa al Consumidor. Las irregularidades identificadas en materia de señalización o diferencias con los precios convenidos también serán sancionadas mediante la aplicación de la Ley de Lealtad Comercial, aunque en ese caso los procesos administrativos son más extensos.
“No es el objetivo de la política aplicar sanciones a las empresas, sino garantizar el cumplimiento de 194 precios acordados. Pero en la medida en la que se produzcan desvíos y no se cumpla el acuerdo vamos a seguir implementando la ley”, afirmó Costa. Lo más probable es que las cadenas de supermercados recurran las multas, ya que de esa forma lograrán suspender el pago hasta que la Justicia en lo Contencioso Administrativa se expida.
“Hay tres parámetros que los supermercados y los proveedores se comprometieron a cumplir: que los productos estén abastecidos en las góndolas, la señalización y que el precio sea el acordado. Cualquier falta es causal de incumplimiento y, por lo tanto, de sanción”, afirmó el secretario de Comercio. Aunque el acuerdo es voluntario, el funcionario afirmó que su incumplimiento amerita una sanción. “Es un acuerdo voluntario donde todos se comprometen a cumplir determinadas pautas, cualquier desvío debe ser sancionado para que la política tenga sentido”, expresó.
Durante las inspecciones realizadas en 282 sucursales en toda el Area Metropolitana se labraron 141 actas de infracción. No necesariamente resultaron en multas a los supermercados, ya que las empresas pueden ofrecer argumentos razonables o la responsabilidad puede recaer sobre los proveedores. Después de Carrefour y Día, las sanciones por 20 faltantes en sucursales de Walmart ascendieron a 604 mil pesos y los 19 productos sin abastecimiento en Vea fueron multados con 483 mil pesos. La penalidad para Coto subió a 240 mil pesos y en Changomas, a 193 mil pesos. Los montos dependen de los bienes que no se encontraban correctamente abastecidos.
“Cuando hablamos de incumplimiento no sólo es responsabilidad de los supermercados, sino que los proveedores también pueden tener responsabilidad al no entregar los productos que también amerita sanción”, explicó Costa. Desde Comercio explicaron a Página/12 que, en los casos donde las cadenas de supermercados demostraron que la responsabilidad por los faltantes fue de los proveedores, la investigación se redireccionó hacia esas compañías, como sucedió en el caso de Arcor. Los supermercadistas no realizaron comentarios sobre las sanciones, aunque desde una empresa nacional consultada por este diario no ocultaron su malestar y advirtieron que los proveedores también tienen responsabilidades. Todavía no se sancionó a ninguna de las 65 empresas productoras que participan del acuerdo ya que, según explican en Economía, al alcanzar a ese eslabón de la cadena los procesos se vuelven más extensos. Por fuera del acuerdo Precios Cuidados existen investigaciones en curso contra Garbarino, Frávega y Musimundo, por no exhibir los precios de sus productos en vidrieras y exhibidores, una maniobra detectada inmediatamente después de la devaluación. Costa y Kicillof indicaron que esos casos siguen bajo análisis.
De las nueve bocas de comercialización que participan de Precios Cuidados, los supermercados Día, Changomas y Walmart son los que mayores incumplimientos presentan en materia de abastecimiento. “El cumplimiento general del acuerdo mostró una mejora significativa en todas las cadenas a lo largo de las últimas semanas, pero existe un compromiso diferencial entre las cadenas y entre las sucursales de las empresas donde algunas presentan un pésimo cumplimiento y otras excelente”, advirtió Costa. El listado de infracciones lo completan Vea, Carrefour, Coto, Jumbo, Disco y Carrefour Express. El funcionario recordó que, como los supermercados más pequeños –por ejemplo, Carrefour Express o Día– no comercializan los 194 productos de Precios Cuidados, participan con canastas acotadas sin incluir cortes de carne o frutas y verduras. En ese sentido, el titular de Comercio precisó que el ranking de incumplimientos en abastecimiento contempla esas particularidades. En materia de señalización, el listado de faltas evidenció un comportamiento similar entre las cadenas.
EL MINISTRO KICILLOF ANALIZO EL PROGRAMA OFICIAL
La evolución de Precios Cuidados
El Gobierno recibe entre 1500 y 2000 denuncias por día.Imagen: Télam
El ministro de Economía, Axel Kicillof, afirmó ayer que el programa Precios Cuidados “se desarrolla con normalidad y es cada vez más abarcativo”. “Se trata de un acuerdo anual que va a tener rondas de intercambio periódicas para ver qué ocurrió con cada producto, y con su nivel de abastecimiento. La idea es ir ajustando detalles”, agregó Kicillof. El Ejecutivo detectó que varios supermercados no respetaron los acuerdos, por lo que se procedió a multarlos .
“Lo que se espera es que, dado que voluntariamente productores y supermercados suscribieron este acuerdo con el Gobierno, haya un cumplimiento total. Por parte del Estado, nos queda el papel de ir ampliando el programa hacia el interior, hacia localidades más pequeñas, hacia supermercados de proximidad, para que el acuerdo gane en extensión y sea más abarcativo”, manifestó el titular de la cartera de Hacienda.
Según las palabras del funcionario, el Gobierno advirtió “una mejora permanente y sistemática en el cumplimiento del programa” medido por las inspecciones de la Secretaría de Comercio. Pero, más allá de estas acciones, Kicillof también destacó el rol de la ciudadanía, que “tomó con altísimo interés esta iniciativa con su involucramiento en el control de los precios”.
Tan así es que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se comunicó en las últimas semanas con dos ciudadanos que manifestaron sus cuestionamientos hacia los comercios que no estaban respetando el acuerdo. También, durante un discurso por cadena nacional, hizo referencia a un comerciante de Neuquén que se negó a aumentar sus precios, a pesar de que sus proveedores lo habían hecho. Por día, el Gobierno recibe entre 1500 y 2000 denuncias telefónicas por los incumplimientos de los supermercados.
De Vido con intendentes
El ministro de Planificación, Julio De Vido, se reunió ayer con el intendente de Florencio Varela y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Julio Pereyra, para profundizar el trabajo conjunto sobre el programa Precios Cuidados en la Construcción, en relación con la obra pública y el Plan Más Cerca. En ese marco, ambos funcionarios adelantaron que la semana que viene se realizará un nuevo encuentro con un grupo de intendentes bonaerenses pertenecientes a la FAM, para establecer los mecanismos de coordinación de monitoreo de costos de los insumos de la construcción. Además, De Vido se reunió el jueves con empresarios y sindicalistas de los sectores de la construcción y la metalurgia para analizar la cadena de valor y los insumos difundidos en la construcción y optimizar el proceso de sustitución de importaciones metalúrgicas. El objetivo oficial es avanzar en una mayor sinergia entre los dos sectores a los efectos de potenciar ambas industrias y asegurar la concreción de las obras públicas previstas en el Presupuesto.
PANORAMA ECONOMICO
ResistenciaPor Alfredo Zaiat
Los dos gobiernos de CFK quedarán marcados como los de haber convivido con una corrida cambiaria permanente. El factor distintivo de este período en comparación con otros pasados es haber podido resistir tanto tiempo los embates del mercado. En julio de 2007, meses antes del primer triunfo presidencial de CFK, comenzó la carrera de fuga hacia el dólar. El otro aspecto particular de esta experiencia es que durante todos esos meses pudo enfrentar a las fieras dolarizadoras preservando márgenes de autonomía de la política impulsando el crecimiento económico con protección del empleo. Hasta el 22 y 23 de enero de 2014. La brusca devaluación del peso en relación con la estrategia de variación gradual del tipo de cambio ha sido una rajadura en esa resistencia.
¿Por qué el Gobierno pudo eludir durante 78 meses las presiones de una devaluación más fuerte? Porque el Banco Central contaba con abundantes reservas en dólares, alimentadas por el superávit comercial y no con deuda, para enfrentar las corridas. De esa forma pudo hacerle frente a varias movidas especulativas del mercado financiero y de los exportadores y grandes productores del complejo agrario. Cuando esa cuenta empezó a enflaquecer por la combinación de pagos de deudas, casi nulo ingreso de divisas por la cuenta capital motivado por el nuevo régimen de regulación de acceso al dólar, aumento de las importaciones de combustible y reducción del superávit comercial, lo que era una fortaleza empezó a debilitarse hasta desembocar en la devaluación.
Si el objetivo es recuperar el control del mercado cambiario y evitar otros cimbronazos en la paridad, queda en evidencia que una de las medidas del kirchnerismo más revulsivas para el mundo de la ortodoxia financiera ha encontrado una restricción: el desendeudamiento con el sector privado utilizando reservas del Banco Central. Esta política le ha servido al Gobierno para no estar subordinado a las presiones del mundo financiero ante cada refinanciación de vencimiento. De ese modo le ha permitido ampliar márgenes de autonomía de la política económica. Pero a la vez ha implicado una exigencia considerable, ya sea primero con superávit fiscal y después aplicando reservas para cancelar vencimientos.
El límite de esa estrategia ya se estaba avisando en los primeros pasos del segundo gobierno de CFK, más aún cuando se dispusieron restricciones al acceso a dólares con la consiguiente caída abrupta de ingreso de divisas por la vía financiera. En esta columna se había advertido en más de una ocasión que el pago de deuda con reservas en los últimos dos años se había convertido en un riesgo.
- “Saldar parte de la herencia perturbadora de décadas de casino financiero implica un esfuerzo mayor de la economía. Los primeros años con superávit fiscal y luego con reservas del Banco Central” (11 de agosto de 2012, “Esfuerzo mayor”);
- “El efecto de la fuga, neutralizada sólo con un estricto régimen de administración de divisas, y la débil acumulación de reservas en la actualidad, está estableciendo por ahora límites a una iniciativa (el desendeudamiento) de indudable salto cualitativo en la gestión de la política económica (6 de octubre de 2012, “Presupuesto y reservas”);
- “El interrogante en términos económico-financiero, ya no político como expresión de un activo de gestión, reside en definir cuál es el límite a esa estrategia de permanente reducción de deuda” (7 de julio de 2013, “Paradoja financiera”).
Después de la secuencia de crisis cambiarias y financieras de los años noventa en Asia y Latinoamérica, los países de esos dos continentes aprendieron que los flujos de capital especulativos tienen efectos desestabilizadores sobre los tipos de cambio. Para prevenir corridas contra la moneda local las bancas centrales acumularon dólares en cantidad. Según estadísticas del FMI, de 2003 al primer trimestre de 2012, los países en desarrollo (110) pasaron de 1,2 a 7,0 billones de dólares en reservas. En Argentina, de 2003 a 2010, subieron de 14.000 a 52.000 millones de dólares y hoy se encuentran en 28.000 millones.
El atesoramiento de reservas en las bancas centrales facilita la administración del tipo de cambio, ofrece un seguro frente a corridas cambiarias y modificaciones súbitas en los flujos de capitales, reduce la vulnerabilidad externa, permite contar con un prestamista de última instancia en moneda extranjera propio y disuade presiones devaluatorias y ataques especulativos.
Ningún país cancela deuda en términos netos con el sector privado en forma permanente, hasta extinguirla. Esa deuda se redujo del 105 por ciento del PBI en 2003 al 12 por ciento en 2013 (pasivo que en moneda extranjera es de apenas el 9 por ciento del Producto). Es el escenario ideal para un futuro gobierno amigable con el mercado. No es necesario esperar tanto. El actual contexto cambiario encamina hoy a utilizar el poder de las finanzas globales (dólares conseguidos con endeudamiento) para manejar las variables económicas, con el objetivo de preservar la estabilidad y el empleo.
Existen diferentes etapas en las medidas económicas, como la del desendeudamiento con reservas del BCRA. Lo que sirve en un momento no es necesariamente óptimo en otras circunstancias. No es conveniente el enamoramiento con herramientas alternativas de la política económica porque pueden terminar siendo costosas para la estabilidad. Una primera etapa del desendeudamiento fue útil para desprenderse de las condicionalidades del FMI, al pagar la totalidad de la deuda de 9510 millones de dólares el 3 de enero de 2006. Después, en 2010 y 2011 la utilización de las reservas para cubrir vencimiento de deuda fue parte de la recuperación del Banco Central y del sostenimiento de una política heterodoxa anticíclica para amortiguar los costos de la crisis internacional. Además, para desafiar la concepción de la ortodoxia que considera que el destino de las reservas sólo debe ser para financiar la fuga de capitales.
El uso de reservas para pagos a organismos internacionales (FMI, BID y Banco Mundial) y a acreedores privados en títulos públicos ha involucrado unos 43 mil millones de dólares. Ha sido una exigencia considerable que encierra una paradoja: la administración kirchnerista es la que más ha pagado deuda en términos netos desde el regreso de la democracia y por esa razón puede mostrar muy buenos indicadores de solvencia financiera en ese período y en comparación con otros países, pero es a la vez el gobierno que más rechazos ha reunido del mundo de las finanzas.
Además de subir la tasa de interés para depósitos en pesos y de flexibilizar el acceso de dólares para ahorro, al tiempo de articular una política de sustitución de importaciones y de buscar recuperar el autoabastecimiento energético, dejar de perder reservas y, fundamentalmente, aumentarlas, es una cuestión relevante para mantener el control del mercado cambiario. El pago de deuda con superávit fiscal no es una opción viable para el kirchnerismo debido a que exigiría un ajuste de las cuentas públicas de proporciones, que sólo derivaría en una fuerte recesión y, por lo tanto, no se lograría el objetivo porque por ese sendero disminuirían los ingresos fiscales.
La vía gradualista elegida por el equipo económica para defender la trinchera de las reservas es reducir la brecha cambiaria y esperar el ingreso de dólares financieros y de inversiones extranjeras (yacimiento Vaca Muerta), de financiamiento de obras de infraestructura (represas de Santa Cruz) y de inversiones privadas alentadas por el cierre del default con el Club de París, el acuerdo con Repsol y la cancelación de los juicios perdidos en el Ciadi.
Economistas cercanos al Gobierno consideran además la necesidad de una recomposición rápida e importante de las reservas colocando deuda en el mercado financiero local e internacional a una tasa de un dígito (el Bonar 17 devenga una tasa del 7,0 por ciento anual y el Global 17, 8,75 por ciento). Esos dólares se utilizarían para cancelar vencimientos de deuda, que en el mundo financiero globalizado es lo que hacen casi todos los países. La clave es determinar cuál es la orientación de esa refinanciación: si es para ingresar en el conocido círculo vicioso de la especulación o para mantener espacios de libertad para instrumentar medidas heterodoxas de sostenimiento de la demanda interna.
Se sabe que es un camino riesgoso, pero hoy puede terminar siendo una opción menos inquietante que no tener las reservas suficientes para mantener el control sobre la paridad cambiaria.
Fuente:Pagina12
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