“Que se inicie una investigación”
17/02/2014
La presentación fue realizada este lunes en los tribunales rosarinos por los diputados provinciales Gerardo Rico, Eduardo Toniolli y Mariana Robustelli, integrantes del bloque del Movimiento Evita de la Cámara de diputados de Santa Fe, quienes realizaron una denuncia penal contra funcionarios políticos y judiciales que intervinieron en las primeras horas de la causa en la que se investiga el homicidio del presunto narco Luis Medina, y en el desbloqueo y manipulación de su computadora personal sin previa orden judicial.
Acompañado por la versión taquigráfica de la reciente intervención de los ministros de Gobierno, Rubén Galassi, y de Justicia, Juan Lewis, en la Cámara baja provincial, el escrito denuncia por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de tareas a la jueza Inés Pérez Vara”; por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y comisión de delitos informáticos” a Javier Echaniz y a Martín Degrati, secretario y subsecretario de Tecnologías para la Gestión del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado de la provincia de Santa Fe, respectivamente, y solicita se investigue “la responsabilidad del ministro Galassi en los hechos, en la medida que él mismo asumió estar en pleno conocimiento de lo actuado al producirse la intervención de sus dos subordinados”.
“Como funcionarios públicos, en el caso de los tres diputados que estamos presentando la denuncia con el patrocino del abogado Fernando Rosúa, nos anoticiamos de una situación -por medio de una interpelación a dos ministros- de una serie de irregularidades que para nosotros configuran delito”, explicó el diputado Eduardo Toniolli, quien agregó: “Y tenemos la responsabilidad de traerle a la jueza los elementos que creemos pertinentes para que se inicie una investigación al respecto”.
Toniolli señaló que “de la exposición de los ministros, de la cual tenemos la versión taquigráfica en la que queda constancia plena de los dichos de esos dos funcionarios públicos, se desprende que los responsables operativos de los hechos señalados son la jueza Pérez Vara, que directamente hizo abandono de tareas, y Echaniz y Degrati, los dos funcionarios políticos que fueron hasta la Jefatura, sin que mediara una orden judicial, y que antes de que hubiera cualquier tipo de habilitación judicial intervinieron la computadora personal de Medina, la desbloquearon y realizaron un backup (copia de seguridad)”.
El legislador concluyó: “Además, siendo subordinados directos de Galassi, entendemos que el ministro también debe ser citado para que brinde explicaciones al respecto en sede judicial”.
El presidente del bloque Movimiento Evita, Gerardo Rico, resaltó que “también hubo responsabilidad de parte de los encargados de la custodia de los elementos de prueba”, ya que “permitieron que los funcionarios políticos manipulen la computadora al menos veinte minutos antes de que se emitiera la orden judicial”, en torno de lo cual agregó: “Lo más preocupante es que en la reunión que mantuvimos con Galassi, el 6 de febrero último, el propio ministro confesó que, de presentarse una situación similar, volvería a actuar de la misma manera”.
Su compañera de bancada, Mariana Robustelli, además, manifestó que “luego de escuchar de parte de los propios ministros la serie de irregularidades que se cometieron en torno a la investigación por los asesinatos de Luis Medina y Justina Pérez Castelli, lo que corresponde es presentar una denuncia ante la Justicia”.
Robustelli finalizó: “Cuando un funcionario público, en este caso legisladores provinciales, toma conocimiento de un hecho ilícito tiene la responsabilidad y el deber de denunciarlo en sede judicial. Y es lo que acabamos de hacer”.
Fuente:RedaccionRosario
Martes, 18 de febrero de 2014
Funcionarios que abrieron la notebook de Medina, denunciados
La presentación alcanza a dos hombres del Minsiterio de Gobierno que desbloquearon la máquina y a la jueza que no intervino en el caso.
En Tribunales. Los diputados del Movimiento Evita hicieron la denuncia.
Los diputados provinciales que integran el bloque del Movimiento Evita denunciaron penalmente ayer a los funcionarios políticos y judiciales que intervinieron en las primeras horas de la investigación del crimen de Luis Medina, el empresario vinculado al narcotráfico asesinado a balazos junto a su pareja el 29 de diciembre en el acceso Sur, a quienes acusan de haber desbloqueado y manipulado sin autorización judicial una computadora secuestrada del hotel donde se hospedaba la víctima.
La presentación lleva la firma de los legisladores Gerardo Rico, Eduardo Toniolli y Mariana Robustelli, quienes patrocinados por el abogado Fernando Rosúa denunciaron a la jueza María Luisa Pérez Vara por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de tareas, ya que no se hizo cargo de la pesquisa ni fue hallada por la policía apenas ocurrido el crimen; y a Javier Echaniz y Martín Degrati, secretario y subsecretario de Tecnologías para la Gestión del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado provincial por manipular la computadora sin autorización judicial. En ese sentido, los diputados solicitaron que se investigue la responsabilidad del titular de ese Ministerio, Rubén Galassi, "en la medida que él mismo asumió estar en pleno conocimiento de lo actuado al producirse la intervención de sus subordinados".
A la denuncia, los legisladores le acompañaron la versión taquigráfica de la reunión que la semana pasada mantuvieron en la Cámara baja con el propio Galassi y su par de Justicia, Juan Lewis, en la cual el primero "reconoció que fue Mariano Ríos Artacho (secretario del juzgado de Pérez Vara) el que convalidó todo lo actuado" por los funcionarios.
Muchos jueces. La investigación del crimen de Medina recayó en el juzgado de Instrucción 5, a cargo de Pérez Vara, quien a pesar de estar en turno jamás respondió a los llamados de la policía. Por ello la subrogaron tres colegas: Gustavo Pérez de Urrechu, que ordenó el allanamiento a la habitación del hotel donde se hospedaban Medina y su pareja y se secuestró una notebook y un celular; Raquel Cosgaya, quien dijo públicamente que "nunca autorizó la intervención de los funcionarios del Poder Ejecutivo" sobre los elementos incautados; y Alejandra Rodenas, que al día siguiente suspendió el peritaje inciado por Gobierno y se lo encargó a la Gendarmería.
Es que una vez que la policía secuestró la computadora personal de Medina, los agentes de Pericias Informáticas de Jefatura tuvieron complicaciones técnicas para desbloquearla y acceder a la información que contenía. Ante eso, según dijo Galassi en la reunión con los diputados, los funcionarios Echaniz y Degratti fueron a Jefatura "ante un llamado del ministro de Seguridad, (Raúl) Lamberto, y a partir de una petición que le hace el (jefe de Unidades Especiales), comisario (Guillermo) Morgans".
Según la denuncia de los diputados, Degratti logró abrir la notebook de Medina a las 23.59 del domingo 29 de diciembre, es decir 21 minutos antes de que la fiscal de Cámara María Eugenia Iribarren llegara al lugar y gestionara una autorización telefónica ante el juzgado de turno, la que fue respondida por el secretario Mariano Ríos Artacho, aunque su nombre no figure en el acta labrada por la policía.
"Nuestros funcionarios no tienen ningún inconveniente en ir a declarar lo que sea necesario a la Justicia o a dónde sea", afirmó Galassi ante los diputados. Y agregó que "el secretario Ríos Artacho convalidó todo lo actuado" a pesar de que nunca hubo una orden escrita para que sus agentes hagan las pericias.
"Para nosotros los responsables operativos de los hechos son la jueza Pérez Vara, que directamente hizo abandono de tareas, y Echaniz y Degrati, que fueron a Jefatura sin que mediara una orden judicial y que antes de que hubiera cualquier tipo de habilitación judicial intervinieron la computadora de Medina, la desbloquearon y realizaron un backup (copia de seguridad)", dijo ayer el diputado Toniolli.
Por su parte, Rico resaltó que "también hubo responsabilidad de parte de los encargados de la custodia de los elementos de prueba", ya que "permitieron que los funcionarios políticos manipulen la computadora al menos veinte minutos antes de que se emitiera la orden judicial".
Fuente:LaCapaital
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