Hoy se cumplen nueve años de la inconstitucionalidad declarada por la Corte Suprema de Justicia para las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en un fallo histórico que logró acelerar los juicios a más de un centenar de represores, permitió nuevas detenciones por violaciones a los Derechos Humanos y abrió el proceso de Memoria, Verdad y Justicia.
El 14 de junio de 2005, el máximo tribunal de justicia del país dictó el fallo que puso fin al debate sobre la validez de las leyes. Contó con mayoría de siete votos y se basó en pactos internacionales y en la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. En ese momento, el entonces presidente Néstor Kirchner advirtió que la decisión de la Corte les devolvió a los argentinos "la fe en la justicia", ya que esas leyes llenaban "de vergüenza" al país.
La inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521, dictadas en 1986 y 1987, contó con el aval del entonces presidente de la Corte, Enrique Petracchi, y los ministros Antonio Boggiano, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Elena Higthon, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti.
La Corte Suprema falló a raíz de una causa puntual referida a un planteo del ex suboficial de la Policía Federal Julio "El Turco" Simón, detenido por el secuestro y desaparición de José Poblete, su esposa y su hija, el 27 de noviembre de 1978.
Los ministros entendieron que el Congreso no tenía facultades para dictar esas leyes que favorecieron a los jerarcas de la dictadura y sus subordinados, porque en esa época ya regían normas que impedían cerrar sin sentencia causas por graves violaciones a los Derechos Humanos.
A partir de esa inconstitucionalidad, se aceleró el juzgamiento a represores y civiles cómplices de la dictadura; hoy se llevan a cabo en el país 14 juicios en los que son juzgados represores y civiles cómplices de la dictadura.
Fuente:TiempoArgentino
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