LESA HUMANIDAD: CUESTIONAMIENTOS A LOS DEFENSORES OFICIALES.

Lesa Humanidad
Cuestionamientos a los defensores oficiales 
14 de septiembre, 2015 
El andamiaje jurídico a favor de la impunidad y el punto final biológico tiene en los defensores oficiales un baluarte. En el juicio a la CNU, en Mardel, el defensor oficial José Galán demandó con éxito que se retiren los pañuelos con los nombres de las víctimas.
Por Lucho Soria* 
Un inventario del accionar de los defensores oficiales de los imputados en los juicios de lesa humanidad lleva a preguntarse si tienen autonomía. Por caso, hace alrededor de 7 años se alertó sobre las maniobras dilatorias del entonces fiscal federal ad hoc Eduardo Del Campo que asistía a Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores y Mario Nakagama en la instrucción de la Masacre Capilla del Rosario, Catamarca, que juzgaba el fusilamiento de 14 combatientes que se entregaron el 11 de agosto de 1974.

El 30 de julio de 2007, Del Campo, presentó un escrito de 33 carillas en la que cuestionaba la instrucción y las pruebas de la querella, impulsada por la militante Mirta Argañaraz de Clerici.

“Hipotéticos episodios” afirmaba el defensor oficial sobre los fusilamientos. Años después, la Cámara Federal de Tucumán las refutó, lo mismo que la calificación del juez federal subrogante Ricardo Antonio Moreno, al precisar que fue un crimen de lesa humanidad.

En 2013, el Tribunal con la presidencia de Juan Carlos Reynaga condenó a los tres imputados a prisión perpetua. Del Campo fue trasladado al sur y en los juicios en los que intervino, procedió de la misma manera: dilatar, dilatar. Una trayectoria que no fue óbice para que el año pasado el Senado de la Nación aprobara su pliego enviado por el Ejecutivo, y ahora sigue su andar en Salta.

El mismo destino de premio, pero en Corrientes, tuvo el defensor oficial en el primer juicio en Jujuy, en julio de 2012, Carlos Seffan. Dado las afirmaciones para impugnar que el abogado santiagueño Antenor Ferreyra, lo interrumpió y le dijo “está bien que tenga que justificar su sueldo, pero no es para tanto,…”, lo que despertó la risa de todos los presentes.

Pro punto final biológico 
Es larga la lista que se podría señalar las acciones tendientes a paralizar los juicios y apuntalar el punto biológico de los imputados.

En rigor, no es la primera vez que se objeta, no la defensa jurídica de los imputados, sino la apelación a normas que lo habilitan, orientados a obstaculizar el trámite de las causas. 

Quien ha precisado con rigor es Julio Axat, ex defensor oficial. Coordinador Programa Acceso Justicia de la PGN, en nota publicada en Pagina12.

Axat afirma en un tramo que “Una cosa es garantizar el derecho de defensa y otra la afinidad que excede lo jurídico y que se torna indisimulable. La vehemencia o la forma (muchas veces hostil) de preguntar que tienen los defensores hacia los testigos y víctimas por momentos exponen empatías. También cuando los defensores adhieren –sin más– a los evidentes planteos dilatorios y chicanas de los abogados particulares”

Una polémica que no es nueva nada más que cada jornada se potencia más. Una cuadro de situación que fue advertida en mayo 2010 por los fiscales Jorge Auat y Pablo Parenti y que desató la furia de la Defensora General de la Nación Stella Maris Martínez. El intercambio de posiciones se dieron a través de la agencia de noticias TELAM y el Diario Judicial, a las que lógicamente se puede acceder.

Auat y Parenti lo precisaron al afirmar que “todos los acusados tienen un innegable derecho a la defensa del juicio. Lo que no es admisible es que se malversen las herramientas legales con el fin de bloquear o postergar indefinidamente la actuación de la Justicia, precisamente uno de los pilares del Estado de Derecho”.

No le van en zaga 
En Santiago del Estero, virtualmente convertida en Capital de la Impunidad, gracias, entre otra cosas, al andar de los defensores oficiales.

Como se informó, los abogados particulares Moisés Azar Cejas y Miguel Ángel Torres, junto a las defensoras oficiales Silvia Abalovich y María Bossini, presentaron varias recusaciones y pidieron el apartamiento del juez Miguel Hugo Vaca Navaja, titular del Juzgado federal n° 3 de Córdoba.” Consideramos que Vaca Narvaja no será imparcial y objetivo a la hora de impartir justicia”, señalaron, en clara alusión a que su familia fue devastada por la dictadura.

Por Milani 
En la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, se llevó adelante la audiencia de apelación a la sentencia del Juzgado Federal de La Rioja que dispuso no hacer lugar a la excepción de falta de acción deducida por el defensor público oficial Eduardo Narbona en favor de su asistido Cesar Santos Milani.

Natalia Bazán, Defensor de la Unidad de Letrados Móviles de la Defensoría General de la Nación, le solicitó al tribunal que revoque o anule esta decisión del Juzgado de primera instancia, haciendo lugar a excepción de falta de acción por atipicidad o ausencia del hecho. Fundamentó su pedido asegurando que la única prueba contra su defendido es la declaración del denunciante y de sus familiares y que el juez no valoró la prueba documental existente.

Agregó que se ha violado el principio de plazo razonable y cuestionó la actuación de los diferentes miembros del Ministerio Público Fiscal que intervinieron en el proceso que fueron recusados tanto por la defensa como por la parte querellante y que oportunamente sostuvieron criterios diferentes.

Empero, la gota que rebasó todo este accionar de la mayoría de los defensores oficiales sucedió en el juicio a la CNU en Mar del Plata. El defensor oficial José Galán planteó con éxito que se saquen los pañuelos que portaban los familiares con los nombres de las víctimas, lo que lógicamente fue aprobado por el Tribunal. En fin…
*Periodista. Agencia de Noticias de DD.HH
Fuente:www.prensared.org.ar
Envío:AgnDDHH