Héctor Llaitul, vocero de la CAM: “Nuestra lucha es contra el extractivismo forestal y jamás contra nuestros hermanos trabajadores”
· Entrevista con el líder de la Coordinadora de Comunidades Mapuche en Conflicto sobre la ‘espontánea’ movilización de una fracción de los trabajadores forestales en territorio Mapuche en resistencia.
Andrés Figueroa Cornejo
La militarización por parte del Estado chileno en el territorio donde la resistencia Mapuche ha cobrado superiores niveles de lucha frente a los intereses de la industria forestal, propiedad del gran capital, adopta nuevas y peligrosas estrategias contra la vida de las personas. Así como a espaladas de la ciudadanía se promueve una ley que contempla ‘el control preventivo de identidad’ para menores de edad, tal cual existió en la dictadura, en la zona Mapuche en lucha, las forestales y su acumulación capitalista basada en el extractivismo (cuyo objetivo es la ganancia a costa de la súper explotación del pueblo trabajador, la destrucción de comunidades indígenas y de la naturaleza) ahora usa a una fracción de los propios asalariados de la zona en conflicto con el fin de alentar una mayor militarización de la Araucanía.
El vocero de la Coordinadora de Comunidades Mapuche en Conflicto (CAM, https://www.weftun.org/ ), Héctor Llaitul, se refirió a la coyuntura.
-Tanto el Pueblo Mapuche en general como la CAM desde hace casi 20 años, han resistido históricamente a la violencia militar hispana primero, y después a la violencia militar del capitalismo que empleó y emplea las armas del Estado chileno para su exclusivo beneficio. En todo el planeta es conocida la causa justiciera del Pueblo Mapuche por la defensa y recuperación de su territorio ancestral. Se trata de una lucha antigua y que supera latamente la actual contingencia marcada por el saqueo privado de los recursos naturales y del suelo. En ese marco, ¿qué hay detrás de la reciente y ‘espontánea’ movilización de un segmento de los asalariados que vende su fuerza de trabajo a las forestales?
“No cabe duda que la movilización de un sector de los trabajadores es parte de un conjunto de medidas impuestas por las autoridades de turno con el objetivo de seguir salvaguardando los intereses empresariales, en este caso, de la industria forestal. Basta preguntarse quiénes son los beneficiados con una movilización así. La minoría de arriba mueve sus piezas y recursos para la realización de sus intereses: garantizar el normal funcionamiento de sus circuitos económicos para su reproducción y ganancia. Al capital forestal jamás le han interesado los derechos de los trabajadores ni el porvenir de sus familias. ¿O ya olvidaron el asesinato policial del trabajador Rodrigo Cisterna el 2007, baleado mientras participaba en una huelga de trabajadores subcontratados por una forestal propiedad del grupo Angelini?
La presente situación profundiza aún más la militarización de las zonas en conflicto. Una militarización que protege a las forestales y es destacada contra nuestras reclamaciones históricas.”
-¿Cuál es el resumen de esas demandas históricas?
“El derecho a la territorialidad que tiene nuestro Pueblo- Nación Mapuche y que se eleva sobre fundamentos irrebatibles para todos los sectores involucrados en el conflicto.”
“Como CAM daremos continuidad al proceso emprendido, a pesar de las nuevas medidas que apuntan a la militarización y represión hacia el Pueblo Mapuche”
-Los dirigentes de los trabajadores dicen que necesitan ‘seguridad’. Pero el concepto de seguridad, militarización, cárcel, son parte del repertorio clásico de la fracción más fascista y regresiva de los grandes capitalistas. Nunca se habla de seguridad social, de pleno y seguro empleo, y menos de las causas que provocan la conflictividad social que siempre son la precariedad y flexibilidad laboral, la cesantía, la ausencia de derechos sociales…
“Por eso nos parece altamente preocupante que una parte de los trabajadores, o tal vez de su dirigencia, no considere el origen profundo del conflicto y la justeza de nuestra lucha a la hora de hablar de ‘mayor seguridad para sus trabajadores’.
Sobre todo, considerando que la lucha de nuestro Pueblo- Nación es básicamente de orden territorial y autonómica, de la reivindicación de ciertos territorios hoy en manos principalmente de las forestales. Esa situación concreta es la que ha creado todo un cuadro de confrontación con el empresariado forestal. Nosotros siempre hemos sostenido que nuestra lucha es en contra de esa porción capitalista y jamás en contra de los trabajadores. Ello lo hemos demostrado en la mayoría de los hechos de resistencia, los cuales van dirigidos sobre la economía capitalista, sus métodos, sus insumos, etc., y no así en contra de las labores propiamente de los trabajadores. Menos todavía en contra de su integridad física y psicológica. Es un verdadero contrasentido que se argumente que los trabajadores estarían en riesgo cuando se desempeñan en predios que se encuentran en zonas de conflictos y que constituyen reclamaciones territoriales históricas de las comunidades.”
-En Chile el Estado cumple una función de subsidiario del capital. Y junto con la minería y los bancos, el extractivismo forestal es uno de los máximos beneficiados con los recursos del conjunto de las y los trabajadores en el país. En última instancia, ¿quién es el responsable de la militarización en territorio Mapuche?
“El que más aporta a la militarización es del Estado chileno y, particularmente, la actual administración que aún quiere imponer a como dé lugar un modelo de gobernanza ultra liberal. Siguiendo el manual de la violencia y la guerra contra los pueblos que resisten en todo el mundo, la administración ejecutiva del Estado de Chile se vio en la necesidad de cooptar a parte de la dirigencia de los trabajadores forestales con el fin de utilizar su protesta como argumento para proteger los intereses económicos forestales, dejando a los trabajadores en medio del fuego cruzado en esta confrontación entre nuestras fuerzas Mapuche y las empresas forestales.”
-Nuestra entrevista anterior se dio en el contexto de la protesta de los propietarios de camiones acaecida a fines de agosto del 2015 (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=202707). ¿Existe alguna relación entre esa situación y la actual?
“Si entonces cuestionamos la utilización de los gremios de dueños de camiones para actuar como ‘caballito de batalla’ con el propósito de salvaguardar los intereses económicos forestales, ahora nos parece todavía peor la instrumentalización de los sindicatos forestales para justificar políticas represivas en territorio Mapuche. Sus dirigencias, en especial las de los camioneros, realizan declaraciones sobre hechos consumados y ellas son las que, en la práctica, convierten a los trabajadores en ‘carne de cañón’.
También es preciso dejar en claro que la responsabilidad de algunos sucesos indeseados que afecten a nuestros hermanos trabajadores es del Estado y de las autoridades de turno porque están queriendo usarlos perversamente en contra del Pueblo Mapuche movilizado.”
-¿Cuál hubiera sido el escenario lógico para la causa Mapuche?
“Que el accionar de los trabajadores forestales fuera de un cuestionamiento profundo a las injusticias cometidas con nuestro pueblo, demandando una solución de tipo política de alto nivel que repare, al menos en parte, las reclamaciones políticas y territoriales de nuestro pueblo y en defensa de su fuente laboral, pero fuera de las zonas de conflicto. Esto es, una demanda concreta de paralización de faenas o de negación en todos los términos de trabajar en todos aquellos predios con reclamaciones históricas de las comunidades. Incluyendo una suerte de reparación de parte de las forestales y del Estado en caso de que sus fuentes laborales se viesen afectadas, pero no omitiendo nunca que los mapuche tenemos razones históricas, políticas y culturales para recuperar nuestros territorios, hoy en manos de empresas y que son víctimas de la más atroz depredación que ejecuta el capitalismo extractivista en el Wallmapu. Exigimos respeto y consideración hacia nuestros planteamientos basados en el derecho al territorio y la autonomía para la Nación Mapuche.
El movimiento mapuche autónomo lleva en el cuerpo cerca de dos décadas de movilización y lucha por su territorio y autonomía, y en este contexto jamás hemos actuado en contra de los trabajadores. ¿Por qué? Porque tenemos plena conciencia como pueblo oprimido que las y los trabajadores son igualmente dominados y explotados por el modo de reproducción capitalista.”
-¿Qué hará ahora la Coordinadora de Comunidades Mapuche en Conflicto, CAM?
“Como CAM daremos continuidad al proceso emprendido, a pesar de las nuevas medidas que apuntan a la militarización y represión hacia el Pueblo Mapuche. La causa nuestra se asienta sobre la base de la reconstrucción nacionalitaria y la resistencia, siguiendo nuestras normas como mapuche basadas en el ad mapu ka nor mongen y en nuestra ética de acción política que resguarda la vida e integridad de nuestra gente y de todos aquellos que se vean involucrados indirectamente.
Por lo tanto, como organización Mapuche autonomista, seguiremos en el ámbito de la resistencia territorial, desarrollando acciones en contra de las inversiones capitalistas, principalmente del tipo forestal, debido a las consecuencias nefastas que su presencia significa en la vida Mapuche en general, así como en sus aspectos económicos, sociales y culturales. En consecuencia, se tendrá el máximo cuidado cuando exista presencia de trabajadores.”
Envío:Andrés Figueroa Cornejo
Los sindicatos del sector público en Chile también dicen no al TPP
La Coordinadora Nacional de gremios afiliados a la Internacional de Servicios Públicos (ISP) en Chile rechaza la firma, por parte del gobierno chileno, del Acuerdo Transpacífico (TPP), un tratado de libre comercio que las últimas dos administraciones han negociado a espaldas de la ciudadanía, de los pueblos indígenas y del parlamento.
La Coordinadora Nacional de gremios afiliados a la Internacional de Servicios Públicos (ISP) en Chile, conformada por organizaciones del sector de la administración central del Estado, salud, municipal, judicial y agua, rechaza la firma, por parte del gobierno chileno, del Acuerdo Transpacífico (TPP), un tratado de libre comercio que las últimas dos administraciones han negociado a espaldas de la ciudadanía, de los pueblos indígenas y del parlamento.
Chile ya cuenta con acuerdos comerciales con todos los países miembros de este nuevo pacto, por lo tanto, el TPP generaría nulos o mínimos beneficios comerciales e impondría nuevas normas y regulaciones que restringirían la posibilidad de decidir soberanamente las políticas que se implementen en el país.
El próximo 4 de febrero los defensores del TPP – entre ellos Chile – firmarán en Nueva Zelanda este acuerdo, después de siete años de negociaciones secretas avaladas por los grupos empresariales que integran estos países, y que pretende cambiar el poder de las grandes corporaciones y quitar la capacidad de los gobiernos y parlamentos para regular los intereses corporativos.
Ese mismo día, las organizaciones del sector público en Chile saldremos a la calle como una señal clara de oposición a este acuerdo, y exigiremos al Parlamento que rechace el TPP. No es menor que la firma del acuerdo se produzca en menos de tres meses de hacer público el texto – 5.000 páginas – sin haber existido tiempo suficiente para hacer un debate público en torno a una materia con un alto grado de sensibilidad en el desarrollo y la calidad de vida de los pueblos.
En ese sentido, la inexistencia de debate público junto con la falta de un análisis riguroso y transparente dan cuenta de las precarias condiciones en términos de legitimidad democrática y ejercicio pleno de la soberanía en las cuales se adopta la decisión de participar de este esquema de obligaciones.
Las organizaciones sindicales en el mundo llevamos denunciando hace un tiempo que estas negociaciones emergen como expresión de la fase más reciente de acumulación capitalista que trae consigo la fragmentación de los procesos de producción y la deslocalización de los distintos segmentos de la producción en diferentes países y regiones en función de las oportunidades que brindan en materia de aumento de la rentabilidad: sea a partir del acceso a trabajadoras/es con baja remuneración y cargas sociales, el acceso a recursos naturales abundantes, la disponibilidad de tecnología con trabajadores/as altamente capacitados y la cercanía de los mercados de consumo según el caso.
De esta forma la producción tiende a concentrarse en las denominadas cadenas globales de valor, conducidas por las Empresas Trasnacionales (ETN) que miran al mapa mundial como escenario de operaciones y promueven, para el fortalecimiento de sus posibilidades de explotación, un programa político que apunta hacia la (des) gobernanza: desregulación, apertura comercial, liberalización financiera, blindaje jurídico de sus operaciones mediante clausulas de protección de las inversiones, outsourcing, tercerizaciones y privatizaciones, entre las principales herramientas promovidas.
El TPP socava la democracia.
El llamado derecho de regular está seriamente restringido. El TPP da a las corporaciones el derecho a demandar a los gobiernos por las acciones democráticas tomadas en el interés público a través de una cláusula denomidada “Solución de Controversias Inversionista-Estado (ISDS)” que castiga a los gobiernos que actúan o legislan en contra de las ganancias de los grandes inversores extranjeros.
Esto socavará la democracia y el estado de soberanía y desalentará activamente a los gobiernos de perseguir las políticas públicas legítimas y objetivos regulatorios. Empresas del Estado y monopolios designados El acuerdo contiene un capítulo especialmente dedicado a las Empresas Estatales y Monopolios Designados (EyME) dirigido a reducir la participación del Estado en el ámbito comercial y de prestación de servicios básicos.
Desde esa perspectiva se impone la regla de la “neutralidad competitiva” impuesta por parte de Estados Unidos y Australia con el pretendido objetivo de nivelar las condiciones de competencia con las empresas privadas.
A partir de ese esquema el acuerdo le impone a las EyME la adopción de consideraciones comerciales como base de actuación ignorando su vocación pública expresada, por ejemplo, en la misión de asegurar la provisión de servicios (derechos) esenciales como el agua potable, la energía, o el acceso a la cultura (entre otros) y presentando una fuerte impronta mercantilista que iguala el rol de las empresas públicas y privadas en la vida en sociedad.
También se limita la capacidad de que el Estado, a través de sus EyME, aplique política pública de promoción productiva, industrial y por ende social al prohibir a estas la discriminación a favor de proveedores nacionales o de otras EyME en sus compras de bienes o contrataciones de servicios.
Por su parte, la “nivelación” de las condiciones de competencia se expresa con claridad en la prohibición a los Estados de otorgar ventajas a sus empresas públicas por vías de subsidios, créditos preferenciales o acceso privilegiado a la contratación pública.
La fuerte atención dedicada a las EyME en el acuerdo es una de las características distintivas del esquema, se presenta como un contenido claramente más ofensivo que los contenidos en los TLC más exigentes y constituye una obligación “TLC-plus” para el caso de Chile.
El capítulo relativo a las compras estatales es una muestra más de la vocación del tratado por la limitación de la política pública y del interés por profundizar la apertura a la operación de las empresas privadas en todas las esferas de la vida pública nacional.
El tratado establece la apertura plena de las compras estatales y la prohibición de discriminar a favor de empresas locales y prestadores locales en función de objetivos de interés nacional. Los Estados consignan mediante listas positivas las entidades, bienes y servicios que quedan sujetos a las obligaciones del capítulo.
La lista que ha presentado Chile incluye un amplio conjunto de organismos de gobierno de alcance nacional, sub – nacional e incluso a las empresas del Estado. Por otro lado, mientras que incluye a todos los tipos de bienes sin excepciones, se excluye a los servicios financieros de toda índole y a los relativos al almacenamiento y hosting de datos de gobierno.
Asimismo, la oferta de Chile excluye de las obligaciones de apertura y no discriminación a las políticas de compras relativas a la promoción de micro, pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, nada se establece en relación a la promoción de emprendimientos de economía solidaria, o a las iniciativas vinculadas a la promoción económico-productiva de zonas geográficas empobrecidas o la promoción del empleo en determinados colectivos de trabajadoras y trabajadores, entre muchos posibles aspectos.
Finalmente, en el caso de Chile el capítulo de compras públicas implica una apertura extra para las empresas y prestadores de servicios de Malasia y Vietnam, con quienes no tiene acuerdo vigente en la materia. Pero la lucha no ha terminado.
Luego de la firma, se iniciará un proceso en el que cada país debe ratificar el acuerdo a nivel nacional, en muchos casos, a través de una votación del parlamento. El acuerdo no obliga a un país a menos que ese país lo ratifique y hay muchos acuerdos que se han firmado pero nunca ratificado.
Ahora es el momento de trabajar con nuestros aliados para crear conciencia y presión parlamentos y gobiernos de no ratificar. El acuerdo entrará en vigor para los países ratificados cuando al menos seis firmantes que representan el 85% del PIB combinado de los firmantes originales han ratificado.
Esto significa que la ratificación de los EE.UU es muy importante y ha sido el tema de debate en las primarias USA, con muchos candidatos hablando en contra del acuerdo, incluyendo a Hillary Clinton, Bernie Saunders y Donald Trump.
Afiliadas de la ISP en los EE.UU. están luchando para asegurar que la votación del Congreso a finales de este año no se ratifique el acuerdo, pero que necesitan su ayuda ahora.
De lo anterior, los sindicatos del sector público en Chile tenemos la convicción de que la ratificación de la firma del TPP profundizaría la sistemática vulneración de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como lo han hecho todos los tratados de libre comercio firmados por parte de nuestro país durante las últimas décadas.
Este tipo de tratados no consideran, ni garantizan, el respeto y el ejercicio de los derechos humanos, pero además profundizan las desigualdades y la insustentabilidad ambiental en los territorios. Exigimos: – Que el parlamento rechace el Acuerdo.
– Que en adelante ningún tratado sea negociado con cláusulas secretas y sin estándares mínimos de participación y transparencia.
– Que el Estado garantice el derecho a consulta previa de los pueblos indígenas en el marco de este y otros acuerdos, que les afectan directamente.
– Que el gobierno dé a conocer el texto íntegro del TPP ya pactado, los estudios de impactos informados por el ministro, y que transparente la negociación sobre el TiSA.
– Que en ningún caso el gobierno de Chile renuncie a la soberanía y al derecho de sus pueblos a la autodeterminación. Atentamente, Agrupación de Empleados Fiscales
– ANEF Asociación Nacional de Servicios Internos
– ANEIICH Asociación Nacional de Empleados Judiciales de Chile
– ANEJUD Asociación Nacional de Funcionarios/as de la Junta de Jardines Infantiles
– AJUNJI Confederación Nacional de Empleados Municipales de Chile
– ASEMUCH Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada
– CONFUSAM Confederación Nacional de Funcionarios de la Educación Municipalizada
– CONFEMUCH Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud
FENATS NACIONAL Federación Nacional de Trabajadores de las Obras Sanitarias
FENATRAOS Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud
– FENPRUSS
“Ley corta de seguridad ciudadana”: El regreso de la “detención por sospecha"
Resumen Latinoamericano / Rebelión-Londres38 / 01 de febrero de 2016 –
El “control preventivo de identidad” es uno de los componentes de la llamada “ley corta de seguridad ciudadana” que tramita el Congreso por iniciativa del gobierno, fuertemente presionado por la derecha que, desde el gobierno de Sebastián Piñera, intenta imponer una nueva legislación represiva que sea útil para reprimir a la delincuencia y a los sectores movilizados de la sociedad.
El pasado 27 de enero, la Comisión de Constitución del Senado aprobó esta herramienta represiva que, en su aplicación se asemeja a la “detención por sospecha” impuesta en la dictadura. Los senadores Pedro Araya (pro DC), Alberto Espina (RN), Hernán Larraín (UDI) y Felipe Harboe (PPD) votaron a favor de aumentar las facultades de las policías en las calles y sólo Alfonso de Urresti (PS), presidente de la comisión, rechazó la medida alegando que el proyecto supone reponer la “detención por sospecha”.
El control de identidad preventivo ha sido rechazado por los movimientos sociales, las organizaciones de derechos humanos e incluso organismos internacionales. De hecho, en octubre del año pasado cuando visitó Chile, el Relator de Naciones Unidas sobre el derecho de reunión y asociación, Maina Kiai, criticó el proyecto de control de identidad preventiva e instó al gobierno a eliminar “los vestigios de la dictadura”.
El relator fue enfático en señalar que no existen las huelgas o manifestaciones violentas, sino “individuos o acciones violentas en un contexto de manifestación”, sin que ello signifique por ningún motivo que las personas pierdan sus derechos o garantías fundamentales.
La indicación sobre el “control preventivo de identidad” fue promovida por la derecha, que durante el gobierno de Sebastián Piñera intentó imponer la llamada “Ley Hinzpeter”, que apuntaba a restringir las libertades de organización y movilización, así como nuevas medidas represivas y de control de la población, particularmente de aquellos sectores movilizados, como las organizaciones del pueblo mapuche o los estudiantes.
El control de identidad es una de las herramientas más utilizadas por carabineros durante las movilizaciones sociales y protestas callejeras.
En la actualidad el artículo 85 del Código Procesal Penal habilita a carabineros a solicitar la identificación de cualquier persona, el registro de vestimentas, equipaje o vehículo, y en caso de negativa de la persona o falta de documento de identificación, permite trasladar a la persona a la unidad policial más cercana.
Pero es aplicable solo si la policía tiene indicios ciertos de que la persona ha cometido un delito, se dispusiera a cometerlo, pudiera entregar información de algún crimen o que oculte su rostro o disimule su identidad en un espacio público.
La nueva norma, sin embargo, amplía estas facultades y dice que “en cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública, y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 y 86 (última revisión) del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 del mismo Código Procesal Penal podrán controlar la identidad de cualquier persona mayor de 14 años en vías y otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público en que se encontrare, por cualquier medio de identificación expedido por la autoridad pública, tales como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o la tarjeta nacional estudiantil.
El funcionario policial deberá otorgar a la persona las facilidades para identificarse pudiendo utilizar todos los medios tecnológicos idóneos para tal efecto. En caso de duda de si la persona es mayor o menor de 14 años, deberá siempre entenderse que es menor”. Si la persona se niega a identificarse será llevada a una comisaría.
La gratuidad de la enseñanza se queda corta
Por Horacio Brum / Resumen Latinoamericano / Brecha / 01 de febrero de 2016 –
La presión de los grupos de interés y la franja de ingresos por grupo familiar fijada por el gobierno chileno relativizan la gratuidad educativa anunciada por Bachelet. Un derecho que dista mucho de ser universal.
Fue uno de esos momentos para la foto: la presidenta Michelle Bachelet llegó a una casa humilde de los suburbios del oeste de Santiago, en el extremo opuesto a los barrios con grandes torres de vidrio y catedrales del consumismo que hacen creer a los turistas en la existencia de un Chile casi desarrollado, para reunirse con Grace Paris, una joven que está entre los primeros que podrán estudiar en la universidad sin pagar.
Bachelet habló de un “momento histórico”, y lo cierto es que, por primera vez desde 1980, cuando la dictadura de Augusto Pinochet y sus socios civiles convirtió a la educación chilena en un negociado, algunas familias podrán soñar con tener hijos profesionales sin las sombras del endeudamiento.
Sin embargo, lo que las autoridades han dado en llamar “la gratuidad” de la educación universitaria y técnica dista bastante del concepto de educación gratuita imperante en América Latina.
Por otra parte, la reforma de la educación superior –que fue una de las promesas fundamentales de la campaña electoral de Bachelet y debería afirmar el principio de la gratuidad– sigue arrastrándose entre los cabildeos y las presiones de los grupos de interés, y bien podría quedar atenuada en sus intenciones y efectos, como está sucediendo con las reformas tributaria y laboral.
A fines de 2015 más de 250 mil egresados de la educación secundaria pasaron por la Prueba de Selección Universitaria (Psu), después de haberse preparado durante todo el año en los “preuniversitarios”, unos institutos privados que forman parte del gran negocio educacional y que se supone deben compensar las carencias de conocimientos con que los alumnos salen de los colegios y liceos.
La asistencia a esos establecimientos puede costar unos 40 o 50 dólares mensuales, a los que hay que agregar alrededor de 40 dólares para la matrícula de la Psu; en total, el equivalente a un sueldo promedio, en cifras de 2015.
De la Psu salieron 141 mil aspirantes a la universidad, y de ellos, poco más 100 mil pasaron los filtros propios (entrevistas personales, por ejemplo) de cada institución. Con el umbral de ingresos mensuales del hogar puesto por el gobierno para otorgar la gratuidad, cercano a los 821 dólares, apenas 27 por ciento de los futuros universitarios podrá estudiar gratis.
Si se tiene en cuenta el total de los estudiantes del sistema de educación superior chileno, esa cantidad no llega al 3 por ciento.
Otro dato significativo es que solamente la cuarta parte de los 100 mil admitidos proviene de la educación secundaria pública. “Los resultados más débiles están en los más pobres”, declaró a los medios José Joaquín Brunner, ex ministro y uno de los expertos en educación más importantes del país, quien también está entre los principales opositores a la gratuidad.
Deseo y realidad
Según la entiende el gobierno de Bachelet, la gratuidad consiste en entregar a las universidades, públicas y privadas, más fondos del Estado, para conseguir que ellas no cobren aranceles a los alumnos pertenecientes a aquellas familias que están desde el quinto decil de ingresos para abajo, identificadas por el lenguaje oficial como “el 50 por ciento más vulnerable” de la población, en términos económicos.
En consecuencia, los jóvenes cuyos grupos familiares tengan ingresos por más de 1.100 dólares al mes no pueden reclamar el beneficio; esa suma es lo que ingresa a un hogar de clase media, y si se tiene en cuenta que el arancel de una carrera como medicina puede superar los 500 dólares mensuales, incluso en las universidades del Estado, la verdadera gratuidad continúa siendo una promesa de campaña electoral.
Para la mayoría de las familias, poco cambia el escenario de endeudamientos a largo plazo para pagar una carrera, o el sacrificio de elegir entre los hermanos quién va a la universidad.
“Me hubiera gustado que todos los jóvenes hubieran podido ingresar ya a la gratuidad (…) que yo creo debe ser un derecho para cada joven, para cada muchacho y muchacha en nuestra patria”, expresó la presidenta cuando visitó a Grace Paris, la joven que podrá estudiar gratuitamente obstetricia en la Universidad de Chile.
No obstante esto, la mandataria atribuyó a la responsabilidad económica la limitación del número de beneficiarios y subrayó que en marzo se espera incorporar al sistema de gratuidad a los alumnos de bajos recursos que están cursando sus carreras.
Al parecer, el tema se ha resuelto según la expresión popular del conformismo chileno: “Es lo que hay”, porque no se produjo un ataque frontal a las bases de la financiación del sistema educativo establecido por la dictadura.
Según las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a la que Chile consiguió entrar como aspirante al desarrollo, este país tiene el primer puesto mundial en el gasto que las familias deben hacer para educar a sus hijos.
Por otra parte, el Estado transfiere cuantiosas sumas a los establecimientos privados, con escasas exigencias y control.
Un ejemplo es el “aporte fiscal indirecto” (Afi), una suerte de premio para las instituciones que inscriban a los alumnos que obtienen los mejores puntajes en la Psu.
El año pasado las universidades privadas recibieron por el Afi más de 20 millones de dólares, casi el doble de lo entregado a las estatales, y la Universidad Católica estuvo a la par de la estatal Universidad de Chile.
Cientos de millones más van a proyectos de investigación e infraestructura, sin contar todo el dinero de las becas y los créditos con garantía oficial, que también engrosan las arcas de las instituciones privadas en forma de aranceles.
Un informe de la Contraloría General de la República sobre el financiamiento de la educación superior dio cuenta de que el 67 por ciento de los recursos fiscales es entregado anualmente a las organizaciones privadas: más de 1.500 millones de dólares, una cifra que si fuese a reforzar el presupuesto de las instituciones estatales podría asegurar con creces la gratuidad genuina, tal como se entiende en la región y otras partes del mundo.
Defensa cerrada
“No podemos concordar con la forma ideológica y liviana con que se han diseñado las políticas de financiamiento de la educación, y menos con la gratuidad universal en la educación superior, que consideramos regresiva.”
Este párrafo marcó el tono de la carta que un grupo de ex ministros, subsecretarios y militantes históricos de la Democracia Cristiana (DC) dirigió al partido, una semana antes de que Michelle Bachelet pusiera en vigencia la gratuidad de la educación universitaria.
Después de alabar el modelo económico con el cual supuestamente Chile ha logrado “liderar la región en su crecimiento económico y social, en sus avances en salud, educación, ingresos y superación de la pobreza”, los firmantes se lanzaron en picada contra todas las reformas propuestas por el gobierno, con varias menciones al tema educacional.
Una de las firmas es la de Mariana Aylwin, propietaria de colegios y ferviente defensora de los intereses privados en el debate sobre el financiamiento de la educación primaria y secundaria.
La carta es la expresión más abierta de una DC que ha venido poniendo obstáculos, cuando no directamente torpedeando los planes reformistas de la presidenta, con posiciones más propias de la derecha que de la alianza gobernante que integra.
En la discusión sobre la gratuidad la DC hizo causa común con las universidades privadas, resistiéndose a las condiciones que el gobierno quiso poner antes de entregarles el dinero para ella, como la acreditación de la calidad de su enseñanza o la integración de los representantes de los alumnos y los trabajadores en los órganos de gobierno universitario.
La derecha presentó en los primeros días de diciembre un recurso contra la gratuidad en el Tribunal Constitucional, un órgano heredado de la dictadura y que actúa por sobre los tres poderes del Estado.
El pretexto para esa acción fue que las condiciones exigidas por las autoridades discriminaban a las instituciones que no las cumplieran y, por ende, a sus postulantes y alumnos.
El tribunal aceptó la mayor parte de los argumentos presentados, lo que obligó al gobierno a hacer un apartado en el presupuesto de 2016 mediante una “ley corta”, de la cual, entre otras cosas, desapareció el requisito de la representación de los trabajadores y estudiantes en los consejos universitarios.
Aún está por darse el debate definitivo de la ley para la reforma de la educación superior, con la que Bachelet había prometido modificar sustancialmente las estructuras creadas por la dictadura y, sobre todo, hacer que la educación deje de ser una mercancía y recupere el carácter de derecho ciudadano.
Una promesa que, dadas las opiniones y acciones de los sectores más conservadores de la Democracia Cristiana, bien podría impulsar el comienzo del fin de la Nueva Mayoría que gobierna a Chile.
Horacio Brum, corresponsal en Santiago de Brecha
La propaganda desvergonzada de Rafael Eldad, embajador de Israel en Chile
Rafael Eldad Mientras Israel y sus colonos sionistas queman las cosechas de olivos en Palestina, el embajador de Israel, invitado por la alcaldesa de Hijuelas, realiza su acto de propaganda anual plantando 7 olivos en Chile.
Desde 1967 Israel ha arrasado más de 800.000 olivos en Palestina.
Sus colonos queman campos completos y en época de cosecha atacan a los agricultores palestinos.
Sólo en los últimos cinco años colonos israelíes han destruido 50.000 olivos en Cisjordania. 80.000 familias palestinas que viven de esta actividad agrícola se ven afectadas cada año. 2016 · 01 · 30
• Palestinalibre.org
‘Héroes’ de la patria, autorizados para asesinar
El desconocimiento de nuestra historia reciente ha sido promovida, impulsada, estimulada, para garantizar la impunidad que estuvo en la base de la fallida transición. Arturo A. Muñoz nos refresca la memoria relatando algunos hechos que merecen ser conocidos. Son los ‘doble cero’ (00) de la flor y nata del milicaje chilensis.
En 1969 les dieron licencia para matar. Esta larga crónica consigna la calidad de criminales de muchos uniformados chilenos que usted y yo y todos, conocemos..
Por Arturo Alejandro Muñoz
Si usted creía que personajes como los creados por la prolífica mente del escritor inglés Ian Flemming pertenecían a la ficción, se equivocó palmariamente. Es muy posible – para no entrar en discusiones bizantinas – que individuos como James Bond no existan ni jamás hayan existido en aparatos de inteligencia de país alguno.
Sin embargo, y aquí entramos de golpe y porrazo al tema en cuestión, siempre que ciertos desquiciados (esos que creen que la democracia y la repúblicas deben servir sus exclusivos intereses) lamen la mano del poderoso mundo empresarial para dar un golpe de Estado, aparecen algunos soldados/marinos/policías ‘doble cero’ – autorizados por maldito sea quién – dispuestos a darles el bajo a todos los colegas que se ajusten al respeto de sus juramentos de defensa de la patria y las instituciones.
En Chile hay algunos de estos especímenes… demasiados en realidad. Muchos de ellos, luego de asesinar a sus compañeros de armas, viven muy campantes, circulan en la sociedad civil como si nada y, peor aún, ocupan cargos de significativa relevancia en el aparato público.
Torpemente, o erradamente, una parte de la sociedad chilena estimó – durante décadas – que sus FFAA estaban constituidas por gente de valor, personas dignas en las que predominaba el concepto del honor.
A fines de los años 1970 tal concepto falleció.
El general Roberto Viaux Marambio se encargó de ello entre 1969 y 1970. El 21 de octubre de 1969, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, el entonces general Viaux se atrincheró en el regimiento Tacna (Santiago) negándose a aceptar el llamado a retiro efectuado por la Junta Calificadora de Oficiales del ejército, aduciendo que su acción procuraba que el gobierno mejorase la calidad del equipamiento militar y aumentase los sueldos de los oficiales. El levantamiento fue conocido como “el Tacnazo”.
Viaux fracasó en sus intentos de arrastrar a otras unidades militares y fue pasado a retiro.
El “Tacnazo” fue el un llamado de alerta en con relación a cuán débil se encontraba el sistema democrático, y anunció días de sangre y violencia a cargo de la alta oficialidad castrense.
Algunos de esos luctuosos sucesos tuvieron la activa colaboración y financiamiento de la Agencia Central de Inteligencia de los EEUU, como quedó probado más tarde.
Fueron militares quienes ordenaron el asesinato del General Schneider por encargo de la CIA y la ultra derecha
El 4 de septiembre de 1970 Salvador Allende triunfó en las elecciones presidenciales con un 36,3% de los votos válidamente emitidos.
De inmediato la oposición ultra conservadora, civil y militar, se puso en acción para evitar la llegada a La Moneda del líder socialista.
El complot fue encabezado por una organización cívico-militar sita en Algarrobo, la “Cofradía Náutica Austral”, relacionada con el velerismo y el yatismo, cuyos principales miembros eran los vice almirantes José Toribio Merino y Patricio Carvajal, además de Arturo Fontaine, Arturo Troncoso, Agustín Edwards Eastman, René Silva Espejo, Sergio de Castro, y los ex oficiales navales Hernán Cubillos y Roberto Kelly.
Según Wikipedia, los miembros de este grupo sedicioso:
“Venían golpeando a las puertas de los cuarteles militares (CIA) y navales (ONI) desde mediados de la década de 1960 y en la campaña de 1970 se congregaron en el Movimiento Alessandrista Independiente (MIA).
Allí estaban los gremialistas, que eran conducidos por Jaime Guzmán Errázuriz; el Movimiento Alessandrista democrático, que encabezaba Luciano Morgado; un sector de la juventud del Partido Nacional liderada por Guido Poli Garaycochea; el grupo Tizona de Juan Antonio Widow (al que pertenecía Enrique Arancibia Clavel); un grupo de choque dirigido por Luis Hurtado Arnés; Casa de la Victoria del químico Luis Gallardo Gallardo; el Movimiento Nacional Sindicalista Tacna, representado por el nazi Juan Diego Dávila, y un comando de combate callejero proveniente de FIDUCIA, representado por Juan Luis Bulnes, Julio y Diego Izquierdo Menéndez, apoyados por el sacerdote Fernando Karadima.”
“Todos ellos constituyeron el Frente Republicano Independiente (FRI) del que emanó el Movimiento Cívico Patria y Libertad, encabezado y dirigido por el abogado Pablo Rodríguez Grez. La coordinación de operaciones se encomendó a Enrique Arancibia Clavel, ex cadete de la Escuela Naval que provenía del grupo Tizona, agrupación viñamarina vinculada a sectores de la Armada.
Entre los encargados de la logística de la BOC estuvo Nicolás Díaz Pacheco, sindicado como colaborador de la CIA”.
Hasta ahí, Wikipedia.
El día 22 de octubre de 1970, bajo la dirección del general Camilo Valenzuela y la participación del ex general Roberto Viaux Marambio, a las 08:05 horas, un comando de ultra derecha emboscó al automóvil oficial del general René Schneider en la intersección de la avenida Américo Vespucio con la calle Martín de Zamora.
Con un martillo rompieron los cristales del coche y descerrajaron varios tiros contra el oficial, hiriéndolo de muerte, para luego huir en varios coches. El grupo lo dirigía Viaux Marambio y contaba además con el apoyo de Pablo Rodríguez Grez (“Patria y Libertad”). Hoy se sabe que el gobierno de Richard Nixon, a través de la CIA, estuvo involucrado en este crimen.
Washington le aportó dineros a a los conjurados, amén de suministrar haber las armas que fueron internadas en la valija diplomática destinada a la embajada de los EEUU en Santiago. El general Camilo Valenzuela recibió 50.000 dólares; el general Roberto Viaux recibió 30.000 dólares y un seguro de 250.000 dólares; el almirante Hugo Tirado, Comandante en Jefe de la Armada, recibió 50.000 dólares.
También participaron el general Alfredo Canales así como el general Joaquín García, segunda antigüedad en la Fuerza Aérea y Vicente Huerta director general de Carabineros. Junto a ellos, participaron activamente los civiles (todos de ultra derecha) Juan Luis Bulnes Cerda, Diego Izquierdo Menéndez y Jaime Melgoza Garay.
Si alguien duda que Nixon, Kissinger y la CIA estuvieron involucrados en este y otros asesinatos cometidos en Chile y el extranjero (como el del general Prats y su esposa, y el del ex canciller Orlando Letelier), los documentos desclasificados de la CIA confirmaron su total responsabilidad.
Curiosamente, años más tarde Henry Kissinger, fue premiado agraciado con el Premio Nobel de la Paz. El diario Washington Post publicó hace algunos años la transcripción de una conversación (ya desclasificada) sostenida en la Casa Blanca por Richard Nixon y su asesor Henry Kissinger, respecto del asesinato del general Schneider en Chile.
Lea usted. “El Presidente Richard M. Nixon y su consejero de Seguridad Nacional, Henry A. Kissinger, bromearon que una Agencia Central de Inteligencia ‘incompetente’ había tenido problemas llevando a cabo exitosamente un asesinato en Chile, revelan grabaciones desclasificadas del Despacho Oval de la Casa Blanca.
En la época de la conversación, en 1971, Nixon y Kissinger se esforzaban para minar la administración socialista del Presidente chileno Salvador Allende, quien moriría dos años después en un golpe militar apoyado por los EEUU.
Uno de los personajes claves que impidió a los generales chilenos quienes planeaban derrocar a Allende fue el comandante en jefe del ejército chileno, René Schneider, quien fue asesinado durante un fallido secuestro perpetrado por militares derechistas.
La cuestión del papel de la CIA en la muerte de Schneider ha sido discutido vehementemente por décadas. Las cintas nuevas no acabarán la controversia, pero añaden pruebas persuasivas que la CIA por lo menos intentaba eliminar a Schneider y quizás con la complicidad de Nixon y Kissinger.
El intercambio clave entre el Presidente y su consejero para la Seguridad Nacional ocurrió el 11 de junio de 1971.
Hablaban de otro asesinato en Chile, esta vez de uno de los adversarios políticos de Allende, el ex ministro interior del partido democrático cristiano, Edmundo Pérez Zujovic, quien fue asesinado el 8 de junio, 1971 por un grupo de extrema izquierda. Al enterarse de que algunos en la prensa chilena culpaban a la CIA por el asesinato de Pérez Zujovic, Nixon reaccionó con incredulidad.
Kissinger bromeó que la CIA fue “demasiado incompetente”. Aquí el texto: Kissinger: Están echando la culpa a la CIA. Nixon: ¿Por qué carajo lo asesinaríamos? Kissinger:
Pues,
a) no podríamos. Somos… Nixon: Sí. Kissinger: …La CIA es demasiado incompetente hacerlo. Te acuerdas… Nixon: Sí, pero lo mejor es [palabras no claras]. Kissinger: … cuando sí intentaron asesinar a alguien, necesitaron tres intentos… Nixon: Sí. Kissinger: …y [el hombre] vivió tres semanas después.
“Los comentarios parecen concordar con los hechos que sabemos, según las investigaciones del Congreso de las acciones secretas de la CIA en esa época, acerca del asesinato de Schneider y al mismo tiempo contradicen las negaciones oficiales de la CIA” dice John Dinges, el autor de dos libros sobre Chile, incluyendo Operación Cóndor:
Una Década de Terrorismo Internacional en el Cono Sur. Dos grupos chilenos, ambos con vínculos a la CIA, llevaron a cabo tres intentos de asesinar al general y en el tercero intento le acribillaron. Padeció por tres días (no tres semanas) antes de morir en el 25 de octubre de 1970″, apunta Dinges…”
Eso fue lo que publicó el diario estadounidense The Washington Post y no ha sido desmentido ni los en EEUU ni en Chile. El crimen del comandante Arturo Araya, edecán del presidente Allende En la medianoche del día 26 de julio de 1973, el Edecán Naval del Presidente Salvador Allende, comandante Arturo Araya Peeters, fue asesinado por un francotirador, que le disparó a mansalva desde algún lugar frente a su domicilio. Poco antes, había llegado a su casa, tras asistir – acompañando al mandatario socialista – a una recepción en la Embajada de Cuba.
Uno de los delincuentes que participó en el delito, Guillermo Claverie Bartet, fue condenado a tres años de prisión. Sin embargo, no permaneció ni un día en la cárcel purgando esa pena. Incluso, estando prófugo, fue indultado por la dictadura, gracias a una decisión del almirante José Toribio Merino Castro.
Se trató de un asesinato planificado, para ir sentando al interior de la Marina de Guerra los principios que regirían el sanguinario golpe de Estado del 11 de septiembre y, a la vez un recordatorio de que todo hombre de la Armada que no estuviese de acuerdo con los planes fascistoides del almirante Merino Castro sería considerado traidor y castigado con la muerte. Así ocurrió con Araya, un hombre limpio y leal a la Constitución.
La noche del 26 al 27 de julio de 1973, un francotirador abrió fuego contra el marino, mientras militantes de Patria y Libertad armaban una algazara en la calle frente a su casa, luego de hacer algunos disparos al aire, a objeto de hacer que el edecán presidencial saliese al balcón a investigar lo que sucedía.
En ese momento, una bala impactó en el pecho del comandante Araya Peeters. El crimen, que en su momento la derecha y los servicios de inteligencia navales le achacaron a fantasmales grupos armados de izquierda, fue en realidad la obra de una sórdida conspiración ultraderechista, con apoyo de oficiales golpistas de la Marina.
Un total de 32 miembros de Patria Libertad – cuyo fundador fue Pablo Rodríguez Grez – fueron detenidos y procesados por la Fiscalía Naval; pero, todos quedaron libres tras algunos tirones de orejas.
Sólo uno de ellos, Guillermo Claverie, luego de haber estado un tiempo prófugo, resultó condenado a tres años y un día de prisión, como autor material del crimen, pena que tampoco cumplió ya que todos los conspiradores fueron indultados en 1981 por el asesino y ladrón Augusto Pinochet Ugarte, “por servicios prestados a la Patria” (sic).
En una entrevista publicada por el diario La Nación Claverie juró que era inocente y aseguró que fue obligado a confesar, tras sufrir múltiples torturas efectuadas por oficiales de la Marina y de la Fuerza Aérea y que, al parecer, fue elegido como chivo expiatorio por sus jefes de Patria t Libertad, entre ellos Pablo Rodríguez.
Aunque admitió haber estado en el lugar de los hechos, dijo que siempre permaneció en la calle y que la trayectoria de la bala que mató al Edecán, que estaba en un balcón, era de arriba hacia abajo. Afirmó, además, haber disparado su pistola después que vio caer al hombre del balcón y que en ese momento ignoraba de quién se trataba.
Las declaraciones de Claverie fueron parte, en la Corte de Apelaciones, del alegato de Arturo Araya, hijo de la víctima y abogado querellante en el juicio.
El crimen del Comandante de la Marina y edecán del Presidente Allende, ocurrido en la calle Fidel Oteíza – entre Marchant Pereira y Carlos Antúnez – de la comuna de Providencia fue, en definitiva, una bien montada operación terrorista de inteligencia y desestabilización política, organizada por la extrema derecha junto a grupos fascistas y ultra nacionalistas insertos en las Fuerzas Armadas, quienes contaban con apoyo y financiamiento de la Central de Inteligencia Norteamericana (CIA), tal como lo reconoció – muchos años después – el gobierno norteamericano al desclasificar sus documentos confidenciales.
Los golpistas del SIN (Servicio de Inteligencia Naval) ya venían ejecutando decenas de atentados y auto atentados con bombas, algunos previamente ‘negociados’, como el realizado en la casa del Almirante golpista Ismael Huerta, a mediados de julio de 1973, en Viña del Mar, con el objetivo de ir construyendo un ambiente favorable al próximo golpe de Estado.
La ametralladora Bataan, con la que Guillermo Claverie Bartet – militante del Comando Rolando Matus (CRM) y agente del SIN infiltrado en la empresa estatal ECON – le disparó al comandante Araya, después de hacer explotar una bomba señuelo y balear el frontis de la casa para hacerlo salir al balcón, fue suministrada por el SIN a través de Jorge Ehlers Trostel, personaje que después – en plena dictadura – ocuparía un alto cargo en el área de deportes (DIGEDER).
Claverie Bartet ya había sido detectado disparando contra tropas leales a la Constitución durante el ‘Tanquetazo’ (29 de junio de 1973), desde una terraza de ECOM (el tipo creyó que ese día la Marina iniciaba un golpe; eso fue publicado poco antes del 11 sept. 73 por el quincenario dirigido por Marta Harnecker, Chile Hoy).
Aún cuando fue despedido de ECOM, increíblemente no fue entregado a la Policía… Los asesinos fraguan coartada indignante
Al entonces teniente del SIN, Daniel Guimpert Corvalán, junto con el capitán del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR) Germán Esquivel Caballero – quien más tarde participaría en múltiples ‘desapariciones’ cometidas por el Comando Conjunto y el SICAR –, le cupo realizar uno de los aspectos más sucios y cobardes del complot desestabilizador.
Al día siguiente del asesinato del Edecán Naval del Presidente Allende – un sábado –, Esquivel y Guimpert recorrieron diversas comisarías buscando un ‘chivo expiatorio’ a quién cargarle el crimen.
El elegido fue un preso por ebriedad, que trabajaba en una empresa CORFO (SEAM) y portaba un carnet de militante del Partido Radical, que formaba parte de la Unidad Popular (UP). Como eso no era muy convincente, ni bastaba para completar sus planes, fabricaron un carnet del Partido Socialista e interrogaron privadamente al funcionario, quien – sometido a salvajes torturas – se auto inculpó de haber participado en el asesinato, “junto con un comando del PS-Elenos” y algunos cubanos.
El mecánico de SEAM CORFO terminó encargado reo y procesado por la Justicia Naval, bajo la dirección del Fiscal Aldo Montagna. El nombre del mecánico eléctrico de SEAM CORFO torturado por Guimpert y Esquivel era José Luis Riquelme Bascuñán y fue interrogado y encargado reo por el ministro conspirador de la Corte de Apelaciones Abraham Meerson y por el Fiscal Militar Joaquín Erlbaum.
El desdichado mecánico fue tan bien torturado que se echaba la culpa de haber participado en el crimen con un grupo de GAP y cubanos dirigidos por Bruno (Domingo Blanco) uno de los jefes de la guardia personal de Salvador Allende.
Al día siguiente los medios opositores y diversos políticos – entre los que destacaron los senadores derechistas Víctor García Garzena y Fernando Ochagavía, junto al diputado demócrata cristiano Claudio Orrego Vicuña y al director del diario democristiano La Prensa, Jorge Navarrete – iniciaron una campaña de injurias y acusaciones contra el gobierno de la UP y la representación cubana en Chile.
El problema para los conspiradores de diversos pelajes que se concertaron en torno al falso hallazgo de los asesinos del comandante Araya fue que, a los pocos días, la Policía de Investigaciones detuvo a casi todos los miembros de la banda conformada por elementos del Comando Rolando Matus, del Partido Nacional (PN) y de Patria y Libertad que habían participado en el asesinato del edecán.
Entre ellos, destacaban el presunto autor de los disparos (Guillermo Claverie), una dirigente de la Juventud del Partido Nacional y del CRM (Uca Eileen Lozano), el hijo ‘patria y libertad’ del conocido empresario panadero Castaño (Odilio Castaño Jiménez); el militante de Patria y Libertad Luis ‘Fifo’ Palma Ramírez – que dos años después tendría una destacada participación en el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) y en las desapariciones del Comando Conjunto –, un sobrino CRM del psiquiatra de la DINA Laihlacar (de apellidos Potin Laihlacar), el dirigente de la DR Guillermo Schilling y un militante del CRM (Miguel Sepúlveda Campos) hijo de un conocido almirante retirado(*).
Los que no fueron detenidos se escondieron en un fundo de la Región de Valparaíso y se entregaron a un comando de la Marina, al día siguiente del golpe de Estado. Los que estaban detenidos y procesados en las cárceles de Valparaíso y Santiago fueron sacados de prisión el 12 de septiembre por comandos del SIN e integrados a las actividades represivas.
El crimen del comandante Araya quedó impune y con expediente desaparecido. Cambia, todo cambia El teniente Guimpert Corvalán salió de la Marina a fines de los 70’s y se dedicó a regentar un negocio de venta de armas en las cercanías del Edificio de las FFAA, en la Plaza Bulnes.
Gozaba de libertad bajo fianza hasta que fue nuevamente detenido, inculpado en más de una decena de casos de detenidos desaparecidos, en algunos de los cuales fue incluso indultado a principios de los años 1990. Su cómplice en el intento de falsificación del asesinato del comandante Araya – Guillermo Esquivel – llegó al grado de coronel de carabineros en la DICOMCAR (Dirección de Comunicaciones de Carabineros) y fue detenido, por cheques protestados, en 1991.
Falleció en extrañas y nunca aclaradas circunstancias en 1993, mientras estaba inculpado en diversos procesos por desapariciones y asesinatos. Transcurridos 35 años del asesinato del edecán del Presidente Allende, la versión oficial que entregó la dictadura comenzó a desmoronarse en los tribunales y a emerger la verdad: se trató de un crimen planificado por la derecha en contra del comandante Araya.
La medida, que la familia del oficial había solicitado, por primera vez en agosto del año 2003, se aprobó ante la aparición de nuevos antecedentes aportados por Guillermo Claverie.
El relato que Claverie entregó a los periodistas de La Nación Domingo, hace pocos años, mueve a la duda. Aseguró que todavía sentía miedo de lo que pueden hacerle los viejos (y nuevos) miembros de las cofradías golpistas:
“Nunca pude leer mis declaraciones que me hicieron firmar en la Fiscalía Naval. Y un día que me puse a leer una de ellas, después de un interrogatorio, el secretario del fiscal naval Aldo Montagna, el oficial Jorge Garretón Iturra, se metió la mano a la chaqueta del uniforme y sacó una pistola.
Y me dijo: ‘¡Oye, huevón, que leís tanto, agradece que todavía estai vivo y firma ahí!’. Y, por supuesto, que así siempre firmé todo.” Sus confesiones confirman lo que los hijos del Edecán han ido descubriendo en estos últimos años, hurgando en el expediente del juicio iniciado por la Justicia naval y que culminó en 1980, con una condena de tres años para Claverie, como único autor material, y con penas inferiores por delitos menores para otros miembros del grupo que actuó esa noche:
“Es que esa investigación está plagada de vicios”, sostiene Arturo, el hijo mayor del edecán, que es abogado. Con estas confesiones de Claverie, los hijos del Edecán lograron que la Corte de Apelaciones de Santiago ordenara reabrir el nuevo proceso iniciado a partir de la querella que interpusieron en 2003, pero que, en su momento, fue sobreseído y archivado por el 18º Juzgado del Crimen de Santiago.
Las preguntas quemantes
Para hacer salir al comandante Araya al balcón, Juan Zacconi y Guillermo Necochea (miembros de Patria y Libertad) lanzaron una bomba frente a su casa. La llegada del Edecán a su domicilio les fue anunciada por otra bomba que explotó en las cercanías, lanzada por un segundo grupo.
El segundo bombazo, el de Zacconi y Necochea, fue la señal para que el tercer grupo, que debía entrar por la calle Fidel Oteíza, cometiera el asesinato. Los peritajes balísticos detectaron cinco impactos en los muros de la casa del capitán de navío. Pero las vainillas halladas frente a la casa sólo fueron cuatro.
Con el proyectil que hirió de muerte al edecán y que entró directo, sin antes rebotar en parte alguna, los disparos suman seis. Pero, nunca se hallaron las otras dos vainillas. Las pericias balísticas establecieron que las vainillas encontradas en la calle, correspondientes a los disparos hechos por Claverie, no pertenecían al proyectil que perforó el cuerpo del Edecán.
Eso significa que al comandante lo asesinaron con un arma distinta, y le dispararon desde otro lugar –presumiblemente desde el frente de su casa –, ligeramente desde arriba hacia abajo. A pesar de todas estas evidencias, la investigación naval concluyó que el edecán de Allende murió por uno de los disparos de Claverie.
Pero, este insiste en hacer muchas preguntas, todas ellas sin respuestas oficiales. ¿Quién hizo los dos disparos que varios testigos, según declararon en el proceso del Juzgado Naval, escucharon inmediatamente minutos antes de que Claverie hiciera sus cuatro disparos? ¿Contrató el ex cadete naval Jorge Ehlers Trostel a un francotirador para que asesinara al comandante Araya Peeters, aprovechando el caos que el mismo Ehlers ordenó crear al grupo de ultraderecha esa noche en las cercanías de la casa del edecán?
¿Por qué Ehlers, literalmente, huyó a Alemania días después de que los hijos del Edecán interpusieron la querella, en septiembre de 2003, refugiándose en ese país hasta hoy?
¿Por qué nadie tomó en cuenta la declaración de dos prostitutas que figura en el expediente de la Justicia naval, quienes afirmaban que, paradas esa noche en la esquina de Pedro de Valdivia con Providencia y segundos después de escuchar disparos, vieron salir de un lugar a dos hombres corriendo, uno de ellos con un fusil en la mano, y que se subieron a una camioneta que tenía un disco que les pareció de vehículo fiscal?
Torturas, presiones y amenazas
Detenido preventivamente en la Cárcel Pública de Santiago, una mañana – aún en plena dictadura – los gendarmes sacaron a Claverie y le condujeron a la oficina de la Fiscalía Naval. En ese lugar –contó el mismo Claverie al diario La Nación – lo recibió el oficial naval Germán Arestizábal, quien oficiaba como actuario.
“Me hizo subir a un Austin Mini, donde reconocí al oficial de la Fuerza Aérea de apellido Schindler, compañero de colegio”. Le vendaron la vista y lo llevaron a la Academia de Guerra Aérea, en Las Condes. “Ahí, me amarraron a un catre y empezaron a golpearme en la planta de los pies con un palo o un fierro.
Después, me inyectaron en la vena lo que yo creo que fue pentotal, porque todavía no me sacaban mi propia confesión del crimen del edecán, como ellos querían. Nunca supe lo que respondí, pero no puedo haber dicho algo que era falso”, expresa.
Días después, al salir de una oficina donde había comenzado a trabajar, se le acercó un auto desde el cual descendió un individuo que él conocía, el que le obligó a subir al vehículo.
“Era el ‘Fifo’ Palma [Luis Palma Ramírez, que después integró el Comando Conjunto) y en el auto vi como cinco metralletas.
El Fifo me dijo. ‘¿Sabís que ahora te podemos matar por andar hablando, huevón? Vos sabís que en esto está metida gente que ahora es muy importante. Que no se te olvide’”. Esa última frase del tal ‘Fifo’ Palma – suponiendo que Claverie dice la verdad – es la que deberá dilucidar el juzgado a cargo de la reapertura del caso, pues resulta vital establecer la identidad de aquella “gente que ahora es muy importante”.
¿Qué tan ‘importante’ es hoy esa gente? ¿Parlamentarios? ¿Empresarios? ¿Diplomáticos chilenos en el extranjero? ¿Oficiales retirados de las Fuerzas Armadas? ¿Oficiales aún activos? ¿Dirigentes políticos? ¿Dirigentes de gremios patronales?
Tarde o temprano, el país conocerá sus nombres, los que serán agregados al de Guillermo Claverie, quien sí estuvo en uno de los grupos sediciosos y criminales aquella infausta noche. Militares asesinando militares… los ‘doble cero’ en acción Puede parecer casi el argumento de una mala película, pero se trata de un hecho real, comprobado incluso por la misma justicia militar.
En la tarde del día martes 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet ordenó la detención, interrogatorio y encarcelamiento de su amigo, el coronel Gustavo Cantuarias, a la sazón comandante de la Escuela de Alta Montaña de Río Blanco, ubicada en plena ruta cordillerana hacia el Paso Los Libertadores. ¿Razones y motivos de tan intempestiva orden?
Miedo y cobardía… solamente eso, pues
Cantuarias fue quien cobijó en la Escuela de Alta Montaña, desde el día lunes 10 de ese fatídico mes, a la esposa e hijos del general dictador, quien los envió hasta aquel regimiento porque sabía que ante cualquier fracaso en el golpe de Estado ellos estarían resguardados por militares que los conducirían rápidamente a territorio argentino.
Si alguien en nuestro país aun duda de la calidad de traidor y cobarde que siempre distinguió a Pinochet, este hecho debería servirle como prueba de irrefutable verdad. El tirano fue permanentemente un mentiroso, cobarde y traidor.
Primero engañó y luego ordenó asesinar a quien se había jugado carrera y prestigio por ayudarle, el general Carlos Prats. Durante las semanas posteriores al 11 de septiembre de 1973, la represión se inició con la purga tanto entre los militares como entre los militantes de partidos de izquierda.
El general Augusto Lutz, nombrado Director del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) por el general Carlos Prats a comienzos de 1973, recibió cientos de peticiones de familiares de desaparecidos, algunas de ellas por parte de la Iglesia Católica a través del Cardenal Raúl Silva Henríquez, pero su servicio, en la mayoría de los casos, no estaba informado pues había surgido ya la temida DINA dirigida por el coronel Manuel Contreras, ascendido posteriormente a general, el que – como reconoció el propio general Lutz más tarde – despachaba directamente las órdenes de fusilamientos y desapariciones con Pinochet en su automóvil de servicio.
Al finalizar el año 1973, los generales Lutz y Bonilla (Oscar) habían chocado frontalmente con el coronel Contreras, jefe de DINA, por el trato dispensado a los prisioneros en Tejas Verdes. Ello les costaría finalmente la vida a los dos generales.
Poco antes de morir, el general Augusto Lutz enfrentó a Pinochet en una reunión del cuerpo de generales. Su hija Patricia sostiene que allí firmó su sentencia de muerte. Lutz ingresó al salón con una grabadora escondida en su guerrera. Junto al general Óscar Bonilla enrostraron a Pinochet los delitos de la DINA dirigida por Manuel Contreras, personaje que acechaba a sus detractores.
Los gritos de la reunión quedaron registrados en la cinta que después Lutz escuchó a solas encerrado en su casa, espiado a través de la puerta del salón por su hija Patricia (quien hoy es periodista y escritora), la que sospechó que algo grave inquietaba esa tarde a su padre. “¡Señores, la DINA soy yo! gritó Pinochet golpeando la mesa.
¿Alguien más quiere pedir la palabra?” ¡Hijo de puta! escuchó Patricia refunfuñar a su padre dentro del salón, según relata en su libro ‘Años de viento sucio’. Cuatro meses después, el 3 de marzo de 1975, Bonilla también murió, en este caso se trató de un sospechoso accidente de helicóptero.
En el mes de noviembre de 1974, el general Lutz asistió a un cóctel de bienvenida a Pinochet y a sus huestes en Punta Arenas. Ahí ejercía como intendente, cargo al que fue relegado luego que manifestara, junto a otros generales, sus desavenencias con el régimen. Bastó comer una de las exquisiteces que se ofrecían a los comensales para que el uniformado se doblara en dos.
El primer diagnóstico fue várices en el esófago, enfermedad asociada a los hábitos alcohólicos. Pero el general Lutz no bebía. Desde ahí una seguidilla de “errores” derivó en múltiples operaciones que lo agravaron.
En sólo una semana, una septicemia terminó con su vida el 28 de noviembre de 1974. Un papel escrito de puño y letra del moribundo militar en su camilla, terminó por convencer a su hija de que estaban asesinándolo. “¡Sáquenme de aquí!”, escribió poco antes de morir.
La matanza interna suma y sigue
Cada mes moría un general, un coronel o un alto oficial, siempre en extrañas circunstancias. En marzo de 1974 había fallecido en el Hospital Militar el general de la Fuerza Aérea, Alberto Bachelet, padre de la actual Presidenta de Chile, como consecuencia de las torturas y golpizas sufridas durante los continuos interrogatorios
En septiembre de 1974 muere asesinado el general Carlos Prats en Buenos Aires junto a su esposa, Sofía Cuthbert, producto de una bomba puesta en su propio coche, y a quien la Junta militar había enviado al exilio por ‘razones de seguridad’. Se supo posteriormente que fue víctima de la DINA quien cumplió instrucciones precisas del propio Pinochet.
Tal como ya lo comentamos, en noviembre de 1974 murió asesinado (envenenado) el general Augusto Lutz, quien como ex-director del SIM había hecho averiguaciones sobre la muerte del general Prats, y junto con Oscar Bonilla y otros altos oficiales intentó impedir una acumulación de poderes por parte de Pinochet como Jefe Supremo de la Nación y Comandante en Jefe del Ejército.
En esta época se produjo también el asesinato del Mayor Mario Lavanderos, crimen ordenado por el siniestro equipo de la DINA una vez que los golpistas decidieron “poner ejemplos imborrables” que sirvieran de enseñanza a todas las ramas de las fuerzas armadas.
El mayor Lavanderos, a cargo de una sección del Estadio Nacional cuando este recinto fue utilizado como en campo de concentración, decidió entregar al entonces embajador de Suecia en Chile, Harald Edelstam, un grupo de 54 ciudadanos uruguayos que se encontraban detenidos en ese campo deportivo.
Dos días después, el oficial Lavanderos murió en el Hospital Militar producto de una herida de bala fáceo-craneana. En su momento se informó que se trataba de un suicidio, sin embargo, el peritaje realizado luego por orden de un fiscal del mismo ejército (causa rol 500 -73) determinó que la teoría del suicidio era un imposible, ya que no se encontró rastros de pólvora en las manos de Lavanderos y, además, se constató que “el arma fue limpiada después de efectuado el disparo mortal”.
El ‘caso’ Bonilla, caso emblemático Nadie puede dudar que el general Oscar Bonilla Bradanovic fue uno de los primeros oficiales del ejército en proponer internamente – en su institución armada – un golpe de Estado militar para derribar el gobierno constitucional de Salvador Allende. Junto al inefable general asesino Sergio Arellano Stark (cabecilla de la ‘Caravana de la Muerte’), Bonilla había tenido en el ejército una actitud ‘complotadora y golpista’ permanente, desde el año 1971. Fue uno de los principales cabecillas de la conspiración, y demostró su fuerza y poder el día 23 de agosto de 1973 cuando Pinochet – recién nombrado comandante en jefe por el Presidente Allende – solicitó a todos los generales entregar la renuncia a sus cargos.
Bonilla y Arellano Stark, se negaron… pues ambos tenían férreos contactos con el ex presidente Eduardo Frei Montalva y con los sectores más reaccionarios del Partido Demócrata Cristiano, en ese tiempo severo adversario de la Unidad Popular.
Para confirmar la relevancia de Bonilla en ese momento hay que recordar que fue el primer Ministro del Interior que tuvo el gobierno militar. Sin embargo, pocos meses más tarde debió asumir como Ministro de Defensa, cartera que, como es fácil deducir, carece absolutamente de importancia y significación en un régimen tiránico militar, pues todo el poder de fuego y de movilización de unidades militares está concentrado en manos de la Comandancia en jefe y no en la burocracia de un ministerio.
En un primer momento del gobierno militar Bonilla se convirtió ‘en el rostro amable’ de la dictadura. El diario norteamericano The New York Times lo definió como “el líder de los liberales al interior de la Junta Militar” pues visitaba poblaciones, campamentos, ex centros de reforma agraria, caletas de pescadores, etc., prometiendo a decenas de angustiadas madres averiguar el paradero de sus hijos detenidos por fuerzas militares. Nunca cumplió tales promesas, ya que – peor aún – el mismo día 16 de septiembre de 1973, cuando se reunió en su calidad de Ministro del Interior con los corresponsales de prensa extranjeros asegurándoles que “se investigarán todas y cada una de las denuncias de torturas y malos tratos a los prisioneros”, 53 personas eran ejecutadas fríamente, sin ser llevadas a juicio ante ningún tribunal, y sus cuerpos fueron posteriormente enterrados en fosas comunes en el Cementerio General de Santiago.
Sin embargo, Bonilla había chocado ya con el poderoso coronel Manuel Contreras y con la DINA luego de una visita efectuada al regimiento de Tejas Verdes; allí descubrió en los sótanos de esa unidad militar a decenas de prisioneros salvajemente torturados, sangrando y hambrientos, sin que ningún oficial a cargo le hubiese podido entregar razones de peso para tales actos.
Discutió agria y duramente con el coronel Contreras, a quien le exigió entregar un informe oficial – por escrito – respecto de los graves asuntos detectados en Tejas Verdes. Contreras, indignado y dispuesto a todo, se reunió urgentemente con Pinochet para darle a conocer lo que Bonilla estaba realizando.
La suerte definitiva del general Oscar Bonilla se fraguó el día 24 de junio de 1974, en el edificio Diego Portales. Allí tuvo la malhadada idea de plantearle a Pinochet sus reservas y molestias con respecto al coronel Contreras, a Tejas Verdes y a la DINA, asuntos que le sirvieron para criticar también el rumbo que estaba tomando el régimen, pues se explayó hablando de la disidencia que comenzaba a gestarse en algunos círculos castrenses respecto del ideario original del “pronunciamiento militar”.
Meses más tarde, el día 03 de marzo de 1975, en un extraño y nunca aclarado (técnicamente) accidente aéreo en las proximidades de San Fernando, cuando Bonilla abandonaba el fundo Santa Lucía de Romeral, su helicóptero capotó a los pocos minutos después de haber tomado altura y tanto el general como seis de sus acompañantes fallecieron en el lugar.
Para aumentar las dudas y las suposiciones de un crimen por órdenes superiores, la empresa francesa que había vendido al ejército una partida de esos helicópteros envió a Chile a dos de sus técnicos para investigar las posibles fallas mecánicas experimentadas por el aparato en el que pereció Bonilla.
Extraña y coincidentemente, mientras realizaban los primeros pasos de la investigación a bordo de un helicóptero similar al que había usado Bonilla, ambos técnicos fallecieron en un accidente de características casi idénticas al que le costó la vida al general. Opinión final ¿Se requiere una opinión? ¿Es necesario explicar algo?
A partir de 1969 los uniformados chilenos abandonaron sus ropajes de honor, dignidad, moralidad, estoicismo, patriotismo, sobriedad y respeto a la Constitución y a las leyes, para transformarse en verdaderos enemigos del pueblo y de la nación. Hay, hoy día, algunos uniformados que luchan estoicamente para que sus instituciones, sus casas matrices, recobren las características que alguna vez les distinguieron entre sus pares de América. ¿Lograrán tamaña hazaña?
La duda persiste… la historia les juega en contra, por mucho que una caterva de políticos traidores al electorado, yanaconas del imperio estadounidense, reconvertidos a la fe neoliberal y yanaconas del mega empresariado transnacional, traten de tapar el sol con un dedo… con el dedo de la mentira que emana de aquellos medios de prensa que controlan y administran. (*)
La lista de integrantes del comando asesino, publicada por la revista CAUCE nº 15, del 9 de julio de 1984:
René Guillermo Claverie Bartet Mario Eduardo Rojas Zegers Guillermo Francisco Necochea Aspillaga Miguel Víctor Sepúlveda Campos [hijo de un Almirante (r)] Uca Eileen Lozano Jeffs (CRM-JN) Guillermo Adolfo Schilling Rojas (primo del ‘Mamo’ Schilling, dirigente del Partido Socialista) José Eduardo Iturriaga Aránguiz Luis Guillermo Perry González Luis César “Fifo” Palma Jiménez (posteriormente, fue miembro del COMANDO CONJUNTO) Ricardo Vélez Gómez Rafael Mardones Saint Jean (primo hermano de José** Luis Mardones Santander, Presidente del Banco Estado) Adolfo Palma Ramírez (hermano del ‘Fifo’ Palma) Enrique Quiroz Ruiz Wilfredo Humberto Perry González Odilio Castaño Jiménez (actual co-dueño de la cadena de panaderías CASTAÑO) Carlos Fernando Farías Corrales Juan Zacconi Quiroz Andrés Pablo Potin Laihlacar Tito Alejandro Figari Verdugo
Envío:ResumenLatinoamericano
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