El “rescate” del FMI hunde a Santa Fe
Por Guillermo Griecco
07/07/2018
El gobierno nacional busca dejar por escrito la profundización del ajuste económico que propone el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la Argentina. En el proyecto de Presupuesto, donde se establecen los principales lineamientos económicos y financieros para el próximo año, Cambiemos plasma en papel los recortes en el gasto y la inversión pública, cuyas consecuencias repercutirán en las provincias. Tal el caso de Santa Fe, donde el “rescate” del FMI impactará en obras de infraestructura, derechos sociales, subsidios y empleo público. Así se analizó en un informe especial elaborado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso).
“La obra pública ya recibió un ajuste de 1.660 millones de pesos. Entre las obras recortadas se encuentran jardines de infantes y autopistas. De los 5.261 millones de pesos presupuestados en 2018 para construcción en obra pública, el gobierno nacional planea ejecutar sólo 3.601”, se indicó en el trabajo del Ceso regional Santa Fe. “El gobierno nacional destina fondos a la Gendarmería que patrulla los barrios en Santa Fe, una parte del salario de los docentes, desarrolla proyectos en la provincia para el Ministerio de Energía, transfiere recursos coparticipables. Todo se ve amenazado por los ajustes prometidos en la carta de intención al FMI”, se señaló en el reporte.
El programa económico de Cambiemos llevó a la Argentina a pedir un nuevo préstamo al Fondo Monetario. El acuerdo crediticio con el FMI por 50.000 millones de dólares a 3 años fue el resultado de una política aperturista, que trajo mayor déficit comercial. La deuda contraída con el Fondo es por el descontrol de entrada y salida de capitales, una tasa de interés altísima y la timba financiera, situación que viene castigando de lo lindo a pequeñas y medianas empresas, como también al consumo interno. La crisis autoinfligida depositó al país en las redes del organismo internacional, que pidió más ajuste para prestar los dólares. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo que el endeudamiento con el FMI “es un reconocimiento al esfuerzo que ha hecho la Argentina”.
En el recalentamiento del ajuste que acordaron el macrismo y el Fondo hay un compromiso de “disminuir las transferencias discrecionales a provincias que están destinadas a financiar funciones correspondientes a las provincias. Está en riesgo, por ejemplo, el incentivo docente, que representa 2.240 pesos para cada docente con dos cargos. Eliminar el incentivo docente representaría una rebaja salarial entre el 6 y el 10 por ciento”, proyectaron desde el Ceso Santa Fe, entre otras estimaciones de los recortes que conlleva el “auxilio” del FMI para la provincia, “que se verán reflejados en la pérdida de poder adquisitivo y calidad de vida de los santafesinos”.
Yugo colonial
Bajo el título “El modelo económico insustentable sigue tocando Fondo”, el colectivo Economía Política para la Argentina (Eppa) dio a conocer un nuevo documento de coyuntura: “Conocidos los detalles del anunciado acuerdo con el FMI, se confirmaron las duras exigencias sobre la reducción del gasto público. El préstamo desde el plano económico no es más que un paliativo transitorio. (…) En el acuerdo se hace hincapié en los «esfuerzos fiscales» que hará el Estado para reducir el déficit. De este modo, la baja del gasto público anunciada para los próximos años, redundará en menor crecimiento, menor nivel de actividad y menores salarios reales”.
Con la suba del dólar y el acuerdo con el Fondo, “ya se evidencian los traslados a precios y la aceleración de la inflación, haciendo de la pérdida de poder adquisitivo una generalidad ampliamente difundida. La mayor tasa de interés presiona sobre la posibilidad de financiar inversiones en pequeñas y medianas empresas o convierte a la inversión en la economía real en una alternativa poco rentable. Esto también presiona a la baja el nivel de actividad y genera pérdida de puestos de trabajo, a lo que se debe sumar el freno por el quiebre de la cadena de pagos y la tendencia a la dolarización de las listas de precios”, se planteó en el informe de Eppa.
Y se analizó: “Las bajas en los salarios y en la obra pública profundizan este esquema que complican las propias metas fiscales del gobierno por la caída del producto y la menor recaudación. Así, esta obsesión con la baja del gasto público no asegura una reducción del déficit fiscal, pero sí redunda en una mayor recesión y desigualdad social”.
En definitiva, el ajuste que la administración Macri acordó con el FMI involuciona y trae para la Argentina mayor dependencia económica y política. En este sentido, el documento citado más arriba señaló: “Como si la historia no dejara registros permanentes, la liberalización y desregulación de los mercados está menoscabando las variables fundamentales de la economía: el crecimiento no despega, la inflación mantiene un sendero creciente y el nivel alcanzado de endeudamiento enciende alarmas precautorias. Las secuelas de este modelo, sin lugar a dudas, serán pagadas por el grueso de la sociedad, por medio de licuación del poder adquisitivo de los ingresos populares, desocupación en ascenso o precarización laboral, generalizándose una peor calidad de vida”.
Un país a las corridas
Mauricio Macri y su equipo desembarcaron en la Casa Rosada para hacer el ajuste que reclamaba el establishment empresarial y financiero. Después de una fuerte corrida cambiaria, que aún no se detiene, con una devaluación del peso del 50 por ciento en dos meses y la pérdida de casi 20.000 millones de dólares de reservas del Banco Central, el gobierno opta por recurrir al Fondo a tomar nueva deuda y comprometerse a vigorizar el ajuste. Cambiemos no consigue corregir la inestabilidad financiera y la cotización del dólar se traslada a precios.
Por eso, la inflación está descontrolada. Según diferentes consultoras, el costo de vida de junio se ubicó entre 3,5 y 4 por ciento, el más alto del año. El Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac) difundió el relevamiento de precios al consumidor con base en Rosario correspondiente a junio: registró un 4,39 por ciento de aumento con respecto a mayo. “Los mayores aumentos se dieron en servicios pero los alimentos igualmente siguen elevando sus precios de manera sostenida y preocupante”, indicaron desde Cesyac.
Con este panorama, el Banco Central anunció un “diciembre 30-30”: 30 por ciento de inflación y un dólar a 30 pesos. De todos modos, varias proyecciones privadas dan una inflación unos puntos por encima del 30 por ciento para el año en curso y el dólar futuro se pacta para diciembre a 33 pesos. Así, ¡no hay ingresos que alcancen!
Frente a la profundización de la crisis y la triste repetición de cierres de fábrica, despidos y mayor desempleo en el “país emergente”, la diputada oficialista Elisa Carrió le pidió a la clase media que dé propinas y changas. En el Congreso tuvo un acto fallido y en lugar de changas dijo coimas. La limosnera Lilita parece mofarse de una situación compleja para el conjunto de los trabajadores.
De acuerdo a un informe de la Universidad Nacional de San Martín, “los datos revelados por la Encuesta de Indicadores Laborales recientemente publicados reflejan una caída en el nivel de empleo asalariado registrado en empresas privadas a partir del mes de febrero. La información estadística indica que la crisis cambiaria de mayo se produce en el marco de una dinámica laboral que ya mostraba señales negativas. A futuro, la contracción en el nivel de actividad retroalimentará esta tendencia”.
Fuente: El Eslabón - Redaccion Rosario
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