La CGT se comprometió a intervenir para evitar los despidos en Telam
En un reunión con la cúpula de la CGT, con la presencia de Héctor Daer y Juan Carlos Schmid, los trabajadores de Telam se llevaron el compromiso de que la central obrera intercederá para lograr las reincorporaciones.
La conducción de la CGT se comprometió a intervenir en pos de la reincorporación de los 357 trabajadores despedidos en la agencia de noticias y publicidad Télam. Lo hizo en una reunión con los dirigentes del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y de las otras representaciones sindicales de la agencia.
El consejo directivo de la central sindical, con los triunviros Juan Carlos Schmid y Héctor Daer a la cabeza y la presencia de Omar Pérez (Camioneros) -entre otros-, mantuvo un encuentro con delegados y dirigentes de la agencia.
Los dirigentes de la CGT se pusieron a disposición del conflicto y se comprometieron a realizar las gestiones necesarias para abrir instancias en donde se pueda abordar el conflicto por los canales institucionales.
También rechazaron los despidos y repudiaron cinismo de la gestión que encabeza Hernán Lombardi y su intención de trasladar esa posición a los mas altos niveles gubernamentales.
Destacaron que no puede pasar de largo el hecho de que los 354 despidos se desencadenen un día después del paro general convocado por la central, que tuvo un acatamiento total en los medios públicos, y que sea el primer conflicto luego del acuerdo con el FMI. La CGT enfatizó el valor federal del servicio de Télam y el ataque que estos despidos implican para el derecho social a la información pública y a la libertad de expresión los despidos masivos en la agencia estatal.
Télam: una nueva agencia nacional sin provincias
Por SiPreBA
Télam: una nueva agencia nacional sin provincias
El brutal recorte que el actual Directorio quiere imponer en la Agencia Télam, además de amenazar la fuente de trabajo de 357 empleados, apunta contra el carácter federal de la información producida por este medio público.
A partir del viernes 29 de junio, cinco de la 27 corresponsalías provinciales quedaron fuera de juego por el despidos de la totalidad de la sus trabajadores: Formosa, Catamarca, Posadas, Resistencia y Viedma no existen más para el Sistema FEDERAL de Medios y Contenidos Públicos a cargo de Hernán Lombardi.
Envueltos nuevamente en el destrato más perverso propiciado por el Directorio integrado por los ex periodistas Rodolfo Pousá, Ricardo Carpena y Pablo Ciarliero, 43 trabajadores de 21 corresponsalías provinciales se anoticiaron hoy que fue depositada la liquidación de sus haberes por despido sin que la mitad de ellos fuera siquiera notificado formalmente de su desvinculación.
Al vaciamiento total de las cinco corresponsalías mencionadas, se suma la situación de extrema vulnerabilidad en la que quedan otras 13 delegaciones periodísticas que quedaron con un solo cronista para dar cuenta de la vasta realidad de cada una de esas provincias.
Frente a esto, los trabajadores de Télam renovaron su compromiso con una agenda plural y federal y protagonizaron acciones de resistencia para rechazar el plan de ajuste recibiendo demostraciones de solidaridad de los diferentes medios dijeron presente en muchos puntos del país.
Viedma, La Plata, Córdoba capital, Río Cuarto, Rosario y Neuquén fueron algunas de las ciudades donde los trabajadores se movilizaron para reivindicar la comunicación nacional y rechazar los planes de ajuste de Pousá y Lombardi.
Comisión Gremial Interna
Francisco Basualdo: 15-3556-2215
Mariano Suárez: 15-6228-1059
Télam: tiro de gracia para las corresponsalías
Entre los 354 periodistas despedidos, Lombardi dejó cesantes a corresponsales de distintas localidades del país que ya no serán noticia para la agencia oficial. Desde Bariloche, el único redactor fue despedido y afirma: “Hay personas que recibieron un mail de bienvenida a la nueva Télam, ¿cuál es la nueva Télam?”.
En el caso de Río Negro, esta mañana tres trabajadores de la corresponsalía en Viedma recibieron el depósito correspondiente a la indemnización, aunque aún no habían llegado los telegramas. Con esto, la agencia de la capital provincial -que cuenta con 43 años de trayectoria-, se queda sin personal, por lo que se espera su inminente cierre.En el caso de Bariloche despidieron al único redactor de la agencia en esta localidad y sólo confirmaron a la fotógrafa.
La reestructuración nacional anunciada por el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, arrasa así con la agencia estatal de noticias como lo viene haciendo sobre los demás medios públicos a través de un salvaje plan de ajuste y vaciamiento, que comenzó a aplicar también sobre Radio Nacional y la Televisión Pública.
Para el periodista Daniel Lorenzo, despedido hoy con 18 años de antigüedad en la agencia estatal con sede en Bariloche, lo que están haciendo “es incomprensible”. “No sé cómo van a seguir, cómo se van a manejar. Éramos dos redactores y quedó una sola que está en El Bolsón”, reflexiona.
“Esta misma gestión, antes de los despidos, metió un montón de gente y con sueldos muy altos. Es todo un contrasentido. Hablan de saneamiento económico, gente que entró en la gestión anterior, pero tenemos trabajadores despedidos con 30 años de trayectoria -indica-. Hay personas que recibieron un mail de bienvenida a la nueva Télam, ¿cuál es la nueva Télam? Es muy difícil interpretar el criterio que usaron. Simplemente mandaron un escopetazo, una medida brutal”.
Mientras tanto, los corresponsables en todas las provincias vivieron días de angustia e incertidumbre tras el martes negro desatado en Buenos Aires, ya que no recibían ni el mail de conformación ni el telegrama de despido. Lorenzo, como muchos otros, tuvo que adivinar la noticia él mismo, cuando vio un depósito extra en su cuenta que figuraba como pago de haberes de Télam. “Es totalmente ilegal, no pueden pagarte una indemnización sin avisarte que te están despidiendo. Cuando te despiden, tenés que firmar aceptando lo que te dan. Esto no existe ni mínimamente. Así como recibieron la plata del Fondo, te la depositan. Acá hay compañeros en situación muy complicada -afirma-. Por ejemplo, hay uno de Fotografía que fue despedido y su esposa, que trabajaba en Administración, también. Es una familia que se queda sin sustento. Una cosa brutal. Sin consideración, sin humanidad. De 2015 para acá incorporaron gente con sueldos muy altos, verdaderos ñoquis sin trabajo pero con funciones asignadas”.
En este marco, destaca la actitud de los trabajadores para frenar esos graves hechos. “Hay una unidad total frente a esta medida para que la empresa retrotraiga los despidos”, rescata el periodista.
Esta tarde, el Sindicato de Trabajadores de Prensa (Sitrapren) de Bariloche y la comunidad toda organizaron un abrazo simbólico a la sede local y repudió enérgicamente el plan llevado adelante por el gobierno nacional sobre éste y los demás medios públicos. Como señalaron desde el Sitrapren, esta política no puede responder a ningún “ordenamiento”, como pretenden argumentar los ajustadores, sino a los dictados del capital concentrado y el FMI. “Nos solidarizamos con los trabajadores cesanteados en Télam y en las empresas periodísticas de todo el país y exigimos su inmediata reincorporación”, reza el comunicado.
Telam: despidieron a todos los empleados de la agencia Viedma
Esta mañana se confirmó extraoficialmente el despido de los tres trabajadores de la corresponsalía Viedma de la Agencia Nacional de Noticias Telam. Aunque no recibieron los telegramas correspondientes recibieron el depósito de una suma de dinero que correspondería a la indemnización. Los despedidos Luis Díaz, Javier Merlo y Marcelo Ochoa, tienen previsto reunirse con abogado para recibir asesoramiento y seguirán las acciones que se resuelvan a nivel nacional, en Buenos Aires están ocupados los dos edificios de la agencia y se realizan abrazos en diferentes corresponsalías de provincias.
Los despidos se habrían replicado en otras corresponsalías, como el caso de Bariloche donde despidieron a los periodistas y sólo confirmaron a una fotógrafa, mientras que en la oficina de Neuquén también habrían despedido a todo el personal.
En el caso de Viedma los despedidos son dos jóvenes periodistas que se sumaron en los últimos años y un fotógrafo.
La situación fue repudiada desde el Sindicato de Prensa de Viedma, la FATPREN y Argra a nivel nacionales, además de entidades sociales, dirigentes políticos y colegas de los despedidos.
Fuente: La Palabra (Diario digital)
Detuvieron a cinco trabajadores de Télam
Cinco trabajadores de Télam, dos de ellos delegados, fueron detenidospor la Gendarmería de manera arbitraria sobre la ruta 20, cerca de la localidad de Basavilbaso, Entre Ríos, mientras el presidente Mauricio Macridesarrollaba su agenda oficial en esa localidad entrerriana.
Quienes son empleados de la agencia de noticias estatal permanecieron detenidos seis horas de manera irregular y luego fueron trasladados a la comisaría local. Los efectivos de las Fuerzas de Seguridad intentaronhacerlos firmar un acta dónde indicaba que poseían estupefacientes.
Los delegados Jerónimo Rojas y Emiliano Bonanotte denunciaron que durante la tarde dos personas identificadas como representantes de la Presidencia de la Nación se presentaron a tomar fotos de los detenidos y luego se retiraron del lugar.
Rodolfo Pausá Director de Telam y responsable de los despidos, archivo de un reportaje complaciente con la Dictadura Militar
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Revés para Lombardi en Radio Nacional: la justicia ordenó reintegrar sumas salariales descontadas a un dirigente de SiPreBA
Revés para Lombardi en Radio Nacional: la justicia ordenó reintegrar sumas salariales descontadas a un dirigente de SiPreBA
El juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº45 hizo lugar a una medida cautelar en un amparo presentado por el secretario adjunto del SiPreBA y delegado de Radio Nacional Carlos Saglul, ante la afectación unilateral de su remuneración y obligó a Radio y Televisión Argentina S.E. a restituir el pago de los conceptos adeudados. Se da en el mismo momento en que la gestión que encabeza Hernán Lombardi ataca salvajemente a los trabajadores de Telam con 354 despidos persecutorios en una escalada sin precedentes contra los medios públicos y el derecho de la sociedad a informarse.
La resolución, en un juicio sumarísimo fundado en la tutela sindical, admitió que la quita salarial supone “una conducta discriminatoria y antisindical de la empresa” y “se vincula de alguna manera con un reclamo de naturaleza alimentaria”. Además, “como puede apreciarse -prosigue- frente a la naturaleza de los derechos que se encuentran en juego, de raigambre constitucional, se impone analizar el caso con un criterio amplio a fin de no menoscabar el adecuado ejercicio de la libertad sindical”.
La sentencia supone una importante victoria de la organización de los trabajadores toda vez que por su pertenencia y actividad gremial en un contexto de despidos y vulneración de derechos en Radio Nacional, el trabajador había sido discriminado a la hora de percibir sus haberes, “violentando un principio constitucional como es el de la libertad sindical”.
En los considerandos de la sentencia, queda expresado que “a finales de 2017 comenzó un conflicto en el lugar de trabajo frente a varios depidos dispuestos por la demandada (RTA S.E.), en el que el sindicato tuvo un rol activo, por lo que en una maniobra discriminatoria y en represalia de su actividad sindical, la empleadora modificó las condiciones laborales reduciendo su salario”.
La medida cautelar admitida por el Juzgado Nacional laboral Nº45 ordena a Radio y Televisión Argentina que en forma inmediata restituya el pago del rubro adeudado.
Radio del Plata despidió a 42 trabajadores
Una situación que empeora cada día
La situación de Radio del Plata (AM 1030) empeora cada día: ayer, 42 trabajadores de la histórica emisora fueron despedidos. Tras el fin de la conciliación obligatoria que había sido dictada por el Ministerio de Trabajo, el Grupo Electroingeniería –propietario de la radio a través de Gerardo y Sebastián Ferreyra y Osvaldo Acosta– ratificó los despidos, que si se suman a los del 12 de mayo alcanzan a un total de 54 trabajadores, casi la mitad de la planta de la emisora. Si bien esta vez los despedidos no fueron echados por teléfono por los gerentes de cada área, el maltrato continuó: personal de seguridad de la radio, lista en mano, les comunicaba a los trabajadores que iban llegando a trabajar si podían ingresar o no al edificio. Ninguno de los profesionales que forman parte de esa lista fueron notificados legalmente de su despido, ya que no recibieron telegrama alguno. Los trabajadores iniciaron un paro total hasta la medianoche de ayer. Habrá una pausa durante el fin de semana y la medida de fuerza volverá a ponerse en marcha el lunes, hasta que la asamblea decida los pasos a seguir.
Desde hace más de dos años, los trabajadores de la radio vienen cobrando su sueldo en cuotas semanales, con reducciones del 50 por ciento de sus haberes, falta de aportes previsionales, y una deuda salarial cercana a los tres meses para el personal de planta, y de muchos más para quienes facturan. En ese contexto, los trabajadores temen que los despedidos no tengan garantizada la indemnización que les corresponde por ley. Es que a los despedidos, además de impedirles el ingreso a sus puestos de trabajo, les daban los datos de un estudio jurídico al que deberán comunicarse a partir del 4 de julio.
Estado de alerta ante la situación del Incaa
Parálisis casi total
Según las entidades del sector, en lo que va del año no se nombraron comités de evaluación de proyectos ni hubo créditos. El Consejo Asesor, sin embargo, logró algunos avances.
“Logramos al menos actualizar el costo medio de película nacional”, señalaron en el Consejo Asesor.
Imagen: Jorge Larrosa
“Hay una parálisis total”, aseguran representantes de distintas organizaciones de la comunidad audiovisual. Realizadores tanto del documental como de la ficción continúan en estado de alerta y movilización. En lo que va del a?o, denuncian las entidades, no se nombraron comités de evaluación de proyectos, no se otorgaron créditos ni hubo convocatoria a concursos. Ayer se concentraron en las puertas de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc), donde el Consejo Asesor del Incaa mantenía una reunión con autoridades del organismo, en la que hubo algunos avances que fueron bien recibidos.
De la movilización participaron distintas asociaciones, que días antes se habían unido en una carta para las autoridades con diferentes planteos: Realizadores Integrales de Cine Documental (RdI), Documentalistas de Argentina (DOCA), Colectivo de Cineastas (CdC), Proyecto Cine Independiente (PCI), Directores Independientes de Cine (DIC), Asociación de Directores y Productores de Cine Documental Independiente de Argentina (AdN) y la Red Argentina de Documentalistas (RAD). El Consejo Asesor –órgano de cogobierno del Incaa– mantenía una reunión con el vicepresidente del organismo, Fernando Juan Lima, y la gerenta de Fomento, Viviana Dirolli, entre otras autoridades. La comunidad audiovisual aguardaba noticias sobre dos resoluciones que habían quedado en suspenso, en torno a subsidios y concursos, y sobre los comités.
“Toda una serie de factores conforman un contexto terrible para el cine argentino en general, y para el independiente en particular”, sentenció, en diálogo con PáginaI12, Benjamín Naishtat, del Colectivo de Cineastas. “Hoy hay una parálisis total de la producción de nuevos proyectos. No nombran los comités que deben elegir y no lanzan convocatorias. Miles de personas están sin trabajo. Ellos comunican un récord de rodajes, pero es una noticia falsa: hubo un parche para películas viejas, atrasadas hace años”, describió. Según vienen denunciando las entidades, se trata de producciones que padecieron recortes del 15 por ciento de sus presupuestos. “De acá al futuro hay una parálisis total. Es una situación sin precedentes”, alertó Naishtat.
En los últimos días, el CdC emitió un comunicado en el que propuso la creación de dos vías de subsidio para películas (ficción y documentales) con dise?o de producción alternativo y equipos reducidos de trabajo. Según informó Eduardo Crespo, también del colectivo, los cineastas se reunieron con Lima, y “la idea es armar una mesa de trabajo”. “Queremos que se reactive la producción. Y que se tomen medidas para que el plan de fomento sea inclusivo, porque ahora apunta a la concentración”, remarcó Naishtat. Para Alejandra Guzzo, de DOCA, el eje de esta nueva movilización, la urgencia, era el nombramiento de los comités.
Finalizada la reunión, Fernando Krichmar, de DOCA y representante de los realizadores en el Consejo, informó que fueron aprobadas dos resoluciones que al principio habían puesto en alerta al sector por “restrictivas y peligrosas”. Finalmente, fueron modificadas. Una es para la convocatoria a concursos: “un proyecto por 270 millones de pesos, de los cuales 37 serán para películas que se filmen por fuera de la Ciudad de Buenos Aires, un cupo bajo pero aún así una gran victoria”. Esta iniciativa considera, también, un cupo femenino. La segunda norma, de anticipo de subsidios, instala “un régimen para reemplazar lo que han quitado, el sistema de créditos”. Será para “películas que están paralizadas, aprobadas pero no financiadas”, indicó el documentalista. Otro aspecto fundamental del encuentro es que, tal como quedó especificado en el acta, en la próxima reunión, el 13 de julio, será tratada la designación de comités para documentales. En cuanto a la ficción, hubo nombramientos para dos comités. “Logramos que se comprometan a actualizar el costo medio de película nacional, subirlo un 25 por ciento”, agregó Krichmar.
Luego de una toma pacífica los becarios del Conicet lograron un aumento de sueldo
En diversos puntos del país se decidió la misma medida. Durante la tarde del jueves, desde el Consejo informaron que adjudicaban el aumento aunque no se informó el cronograma de pagos.
Luego de la comunicación, se realizó una asamblea que decidió exigir el cronograma de pago de los aumentos y una recomposición salarial que se incluya en los acuerdos de las paritarias.
“El Conicet no paga históricamente los derechos laborales y tampoco tiene acceso directo a las paritarias de los acuerdos estatales. Entonces, una vez que se arreglan esos aumentos se arma una mesa de negociación para combinar el aumento al resto del Conicet”, explica a Tiempo Argentino uno de los becarios, Santiago Sosa, que representa al sector dentro del Consejo Directivo del Instituto Leloir.
Sin embargo, este año no había sucedido nada de esto y en enero ya se sospechaba que no iban a tener acceso a los aumentos. Meses después lo confirmaron. Hace una semana tuvieron una reunión donde le confirmaron que efectivamente no iban a recibir ningún aumento.
“Fue una situación terrible porque trabajamos más de 40 horas semanales, atravesamos varias evaluaciones y estamos cobrando algo que nos ubica por debajo de la línea de pobreza. Necesitamos el aumento porque nosotros tenemos una cláusula de exclusividad es decir que no podemos tomar otro trabajo”, expresa Sosa.
Ante la falta de respuestas, el jueves se realizó una reunión con los 500 damnificados y se decidió tomar pacíficamente el lugar. La reunión y la ocupación se repitieron en todas las provincias.
De acuerdo a lo que informó Sosa, son diez mil becarios quienes están en esas condiciones, es decir, el 40% del personal.
En los últimos años, los becarios consiguieron algunos derechos laborales que les correspondían como el de tener obra social, pero lo lograron poder tener una actualización de los suelos que en la actualidad, según afirman tuvo una caída estrepitosa.
Además del problema salarial que atraviesa el sector, Sosa explica que los subsidios con los que suelen financiar las investigaciones que se realizan no son suficientes. “Se ha hecho una inversión muy grande en la formación de personas, cuando los proyectos no pueden tener continuidad termina siendo plata que el Estado pierde. Mantener un científico es caro, si luego no tenemos donde trabajar estamos hablando de que hay un despilfarro”
Nuevos despidos en Chascomús: ahora fueron 44 camioneros de la empresa Villa del Sur
En la mañana del miércoles, tuvo lugar una protesta de camioneros en el acceso a la planta industrial, aunque aclararon, sin bloquear el acceso a la misma. Foto Infozona/InfoGEI
En la mañana del miércoles, tuvo lugar una protesta de camioneros en el acceso a la planta industrial, aunque aclararon, sin bloquear el acceso a la misma.
Según declaró en FM Por Siempre, Carlos Bermúdez, se trata de cuarenta y cuatro camioneros afectados a la distribución del producto, a quienes se les rescindió la relación laboral que los vinculaba con la empresa de agua mineral sin más explicaciones que la dificultosa situación económica por la que atraviesa la misma.
Asimismo, trascendió extraoficialmente que la planta ubicada en el kilómetro 103,500 de la Ruta 2, propiedad de Aguas Danone se hallaría en venta y con posibilidades concretas de efectivizarse la transacción, lo cual ha generado lógica incertidumbre entre sus empleados.
Ola de despidos
En Chascomus se vive una situación crítica: la fábrica tecnológica Unitec Blue del empresario Eduardo Eurnekian echó al 50% de la planta; la fábrica EMEPA, que se dedica a la reparación y mantenimiento de material ferroviario, anunció el despido de 80 trabajadores por una “reestructuración”. (InfoGEI) Mg
Acto de solidaridad en la Ciudad de Buenos Aires con lxs docentes de Chubut
Distintos gremios docentes combativos junto a partidos, sindicatos y organizaciones de izquierda, realizaron un acto frente a la Casa de la Provincia de Chubut para repudiar la feroz represión y ajuste que están sufriendo sus colegas, quienes hace varios meses se vienen manifestando en distintas ciudades de la provincia y acampando frente a la gobernación por paritarias ante las constantes faltas de respuestas y diálogo por parte del gobierno de esa provincia.
De este acto se hicieron presentes gremios como Ademys, Tribuna Docente, seccionales de SUTEBA como las de Tigre y Quilmes, Alternativa Docente, donde también estuvo la diputada y docente Nathalia González Seligra (FIT-PTS), además de partidos como MST, Partido Obrero, Izquierda Socialista, PSTU, y sindicatos de prensa como SIPREBA, entre otros. Lxs convocantes manifestaron además de lo mencionado, criticaron a la central sindical docente CTRA por su falta de respuesta y apoyo inmediato con lxs docentes del interior del país, siendo que la misma convoco recién un paro general para este martes y no antes. Por otra parte lxs mismxs expresaron su solidaridad con la lucha de lxs docentes universitarios con la AGD y con lxs miles de despidos que sigue habiendo en el país como el caso de Télam, Radio del Plata, entre tantos otrxs. A continuación reproducimos las palabras de algunxs de lxs oradorxs:
Jorge Adaro Secretario General de Ademys
Alfredo Cáceres Comisión Directiva SUTEBA Tigre
Andrea Lanzette Alternativa Docente, corriente sindical ANCLA y Secretaria Adjunta de la CTA Lanus
Nathalia González Seligra docente y diputada del FIT-PTS
“El 20% es un piso para la mayoría de las paritarias”
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, confirmó que, por decisión del presidente Mauricio Macri, se incorporará un 5% más de lo que se venía negociando en las paritarias, poniendo así un nuevo piso y dejando atrás el 15 por ciento.
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, anunció que, dado el aumento de la inflación muy por encima de las expectativas del Gobierno y la crisis cambiaria que parecería no tener fin, el Presidente asegurará un piso paritario suba al 20% con revisiones en cada uno de los sectores.
“El 20 por ciento es un piso para la mayoría de las paritarias, después cada revisión definirá la situación de cada uno de los sectores”, dijo Triaca en declaraciones radiales a Cadena 3.
“A partir de las modificaciones de las expectativas de inflación, el Presidente ha tomado la decisión de asegurar un piso que incorpore un 5 por ciento más, la mayoría había cerrado cerca del 15 por ciento”, agregó.
Se hará a través de un decreto, como se anunció antes del paro de la CGT y explicó que permitirá “contener” el poder adquisitivo del salario lo que consideró “la principal preocupación” del Gobierno.
Además, precisó que las revisiones dependerán de la “evaluación del año y de la evolución de la inflación”. “Creemos vamos a transitar movimientos más abruptos en la cuestión inflacionaria pero después vamos a tender a una normalidad mayor”, sostuvo.
Chubut: docentes rechazaron propuesta del Gobierno y sigue el plan de lucha
Este jueves la gobernación mantuvo una reunión con los sindicatos. Allí lanzó una propuesta que fue rechazada. Las y los docentes mantienen las medidas de lucha.
Después del fuerte repudio que generó la represión contra los y las docentes de Chubut, el Gobierno provincial dio a conocer una oferta que fue rechazada luego de una reunión que mantuvieron con representantes de los sindicatos Atech, Sitraed y Sadop.
La reunión arrancó el jueves y finalizó a las 7:30 del viernes, en el Hotel Deportivo Rawson. Estuvo acompañada por diferentes sectores de trabajadores del Estado que se solidarizaron con los docentes en lucha.
Entre otras medidas resueltas por los sindicatos, continuará el acampe frente a la Casa de Gobierno. Además, en un contexto de amplia la exigencia a la Ctera por un paro activo nacional y plan de lucha, se convocó un paro docente con movilizaciones para el próximo martes en rechazo a la represión y en exigencia a la paritaria nacional.
La oferta del Gobierno del peronista Mariano Arcioni consiste en un aumento de $ 1.200 al básico testigo a partir de julio, la continuidad del bono remunerativo, cláusula gatillo de aumento salarial, plan de contingencia de edificios escolares para el receso, debiendo dar los sindicatos informes de la situación.
También se hizo lugar parcialmente al pedido de prórroga para la inscripción en las juntas de clasificación docente. Sobre la ADR-RTE, se propuso acordar una mesa de trabajo para dar efectivo cumplimiento a lo acordado por la paritaria N° 1/16 del pase a planta de docentes con criterio de mayor antigüedad a la fecha.
No hubo respuesta al pedido de aumento de las asignaciones familiares y partidas escolares. En cuanto al pago en tiempo y forma lo declararon imposible y atado a la “disponibilidad financiera” de la provincia. Por último, los ministros presentes sostuvieron que acordaban con el no descuento de los días de paro sin la seguridad de que el Gobernador Provincial sostuviera la decisión.
En esta reunión el acta de Comisión Paritaria, elaborada por la Secretaría de Trabajo, no fue firmada por ninguno de los tres sindicatos (Atech, Sitraed, Sadop) pero se insistió en dejar por escrito que las medidas de lucha continúan manteniendo el acampe exigiéndole al Estado un aumento de $ 1.500 al básico testigo, para bajar la propuesta a las asambleas docentes.
En este marco, la Ctera convocó a un paro con movilización en exigencia al aumento del básico, con clausula gatillo indexada al valor de la canasta básica, el no descuento de los días de paro, una reunión para resolver el conflicto, y en rechazo a los rumores de intento de cerrar por decreto la paritaria, por parte del Gobierno Provincial.
El 60% de los asalariados tiene ingresos menores al costo de la canasta básica
Según las escalas de ingreso individual, seis de cada diez trabajadores, tenían ingresos mensuales de entre 15.000 y 16.200 pesos, mientras la Canasta Básica Total tenía en marzo pasado un costo de 17.867 pesos.
El 60% de los asalariados y el 40% de los hogares no llegaba a cubrir el costo de la canasta básica en el primer trimestre del año, según el informe sobre Evolución de la Distribución del Ingreso difundido ayer por el INDEC.
Según las escalas de ingreso individual, seis de cada diez asalariados, más de 8,3 millones de personas, tenían ingresos mensuales de entre 15.000 y 16.200 pesos, mientras la Canasta Básica Total tenía en marzo pasado un costo de 17.867 pesos.
De acuerdo con las escalas de ingresos, alrededor de 899.280 hogares tenían ingresos entre 16.000 y 20.000 pesos, y llegaban parcialmente a cubrir el costo de la canasta que define el nivel de pobreza.
El informe oficial, realizado sobre la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares, registra que hasta el decil sexto, que reúne al 60 por ciento de la población de los 31 aglomerados urbanos relevados por el INDEC, tenían ingresos promedios de 15.381 pesos con descuento jubilatorio, por debajo del costo de esa canasta.
También los hogares hasta el cuarto decil, tenían un promedio de ingresos totales de 18.234 pesos, apenas por encima del valor de la canasta que define en el nivel de pobreza.
En la distribución de los ingresos, los más afectados son los pibes
Estadísticas de diferentes instituciones hablan de un contexto de desigualdad económica preocupante. La brecha entre ingresos de pobres y ricos alcanza el 1475%, el índice de Gini subió 23 puntos y el 46% de los niños vive en la pobreza.
El menor ingreso registrado fue de $ 5.965, contra $ 93.998 de promedio en el sector más rico.
De los más de 8.3 millones de trabajadores asalariados, seis de cada diez de ellos no llegó a cubrir la canasta básica total, que en ese período rondó los $ 18.300. En cuanto a la medición de ingresos por hogar, se habla de un 40% que no logró quedar por encima de la línea de pobreza.
El índice de Gini también sufrió subas. Durante el primer trimestre se ubicó en 0,440 puntos, quedando por encima de los 0,437 evidenciados en el mismo período del año anterior. Sin embargo, si se compara con los 0,417 registrados en el cuarto trimestre de 2017, la suba se estiró a 23 puntos.
La comparación del ingreso per cápita familiar por deciles de población expresa que en el decil más alto, el ingreso medio fue 20 veces superior al del decil más bajo. Además, el 40% de las familias tienen ingresos per cápita por menos de $ 6.800.
En los primeros seis deciles analizados, el ingreso mensual más alto fue de $ 16.200 en el primer trimestre. El año anterior, el ingreso promedio para los asalariados fue de $ 12.019 y el ingreso total de los hogares era de $ 13.876. Pese a que ambas mejoras se ubican por encima de la inflación oficial promedio, 4 de cada diez hogares y 6 de cada 10 asalariados, no reúnen los ingresos suficientes para hacer frente a una canasta mínima de gastos.
El impacto de estas cifras
A los números arrojados en el primer trimestre se le suman los registrados por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica. Estos hablan de un impacto profundo de las políticas económicas en la niñez y en sus condiciones de vida.
El estudio indica que el 48,1% de los niños y niñas vive en la pobreza, y más de un 10 % está en la indigencia. La miseria alcanza el 10,2 %, medido en términos de ingresos de las familias. Mientras, el 33,8 % de los niños desayuna, almuerza y merienda en comedores escolares o barriales. Esta cifra aumentó 8% en un año.
Además, el hacinamiento en las condiciones de vivienda alcanza al 22,5 %, y sólo la mitad de los niños puede acceder a la salud a través de hospitales públicos.
Por otra parte, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (@Isepci) relevó datos en 30 distritos del conurbano bonaerense.
De 23.168 niños, de 0 a 19 años, 4 de cada 10 de ellos presenta algún tipo de malnutrición. Se trata de niños y adolescentes que asisten a merenderos, comedores, clubes y espacios comunitarios, ubicados en barrios en situación de alta vulnerabilidad socio-sanitaria.
El mismo período del año anterior alcanzó a 13.654 niños y adolescentes, lo cual marca un incremento del 69,67% en concurrencia de familias a comedores y merenderos comunitarios.
Sobre un total de 20.662 niños, niñas y adolescentes de 2 a 19 años, el 42.3%, se encuentran en alguna de las variantes de malnutrición (exceso, sobrepeso 20.7% y obesidad 19.5%, y en bajo peso un 2.1% del total). En la primera infancia, de 2 a 6 años, el 39,5%, y en un total de 2506 lactantes (+67% respecto al año anterior), de 0 a 2 años, el 26,1%.
La causa
“Todos estos niños y adolescentes integran grupos familiares afectados por múltiples vulnerabilidades. Destacándose como uno de los principales condicionantes, los límites que imponen los reducidos ingresos de que disponen para alimentarse, donde no hay elección ni posibilidad de acceder a una alimentación adecuada en cantidad ni calidad. El aumento sostenido del precio de los productos frescos agravan la tendencia que ya veníamos observando del reemplazo de alimentos nutritivos por alimentos rendidores en las mesas de los hogares más humildes”, explican desde el ISEPCi.
Aprovechando el efecto Moyano y el paro, Daer cerró 24% en paritarias
El Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), que lidera Rodolfo Daer, firmó un acuerdo salarial con un alza del 24% y cláusula de revisión. La pauta del 15% va quedando en el pasado.
Así, el gremio de la alimentación se suma a la lista de sindicatos con acuerdos por encima del 20% que abrió el Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca), conducido por Hugo Moyano, con un incremento del 25%.
“El acuerdo paritario que vamos a firmar es del 24%. No es lo ideal, es lo posible”, dijo el sindicalista en declaraciones a FM La Patriada sobre el acuerdo que se rubricó ayer mismo.
Daer aclaró que las empresas se comprometieron a pagar además un 1,5% extra correspondiente a la paritaria vencida el 30 de abril por la diferencia de inflación que hubo en el período en el que estuvo vigente ese acuerdo.
El entendimiento que será cerrado este jueves contempla un alza del 12,2% en mayo; 11% en octubre; y 7% enero, más dos cláusulas de revisión en el primer mes de 2019 y en marzo, precisó el sindicalista.
Daer consideró que ese fue el “acuerdo posible” porque “hacia adelante existe mucha incertidumbre” dado que el plan económico del Gobierno de Mauricio Macri “no apunta al desarrollo productivo sino que alimenta la especulación financiera”.
“Hacia adelante hay incertidumbre porque vemos caída del consumo y baja de la producción, lo cual hará que baje la recaudación impositiva para que el Gobierno vuelva a ajustar”, explicó Daer.
El sindicalista, muy crítico de la gestión Cambiemos, sostuvo que ese plan económico responde a las “recetas del Fondo Monetario Internacional” que dejan a la Argentina en “un círculo vicioso que llevará a la economía a un colapso”.
“No hay un programa económico apuntado hacia la producción, sólo se están fortaleciendo y desarrollando políticas estrictamente financieras favoreciendo a los grandes especuladores”, insistió Daer.
Rosca cegetista post paro
Cómo era previsible, el paro -aún en su singular éxito como medida de fuerza- no logró aquietar las aguas del movido océano cegetista. Ayer se produjeron varias reuniones por separado. En una los gordos, independientes y gremios de la energía analizaron la coyuntura y coincidieron en la agudización de la conflictividad social que prevén se […]
Cómo era previsible, el paro -aún en su singular éxito como medida de fuerza- no logró aquietar las aguas del movido océano cegetista. Ayer se produjeron varias reuniones por separado. En una los gordos, independientes y gremios de la energía analizaron la coyuntura y coincidieron en la agudización de la conflictividad social que prevén se acelere hacia fin de año y, por lo tanto, pretenden ofrecerle a la Casa Rosada ser los que le pongan una contención a ese escenario o tendrán que enfrentar nuevos paros generales.
A la Federación del Gas fueron, entre otros, Héctor Daer (sanidad), Gerardo Martínez (Uocra), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez de UPCN, Ramón Ayala del Uatre, el ex radical K , Julio Estevez (jerárquicos AFIP) y el dueño de casa, Oscar Mangone. Bajo el mantra de garantizar “paz social” buscan que el gobierno lo siente en esas anheladas mesas dónde se cortaba el bacalao. Y, asimismo, hacer el doble juego tan propio de la genética de esta casta sindical que siempre ha orillado el filo oficialismo con mayor o menor intensidad. Del mismo modo, sobre este grupo toma fuerza mantener el status quo con el Triunvirato por lo menos todo este año.
Éstos, a su vez, son los que mas cercanos se encuentran al “House of Cards” que se viene configurando en el tandem Pichetto/Massa, dónde el primero oficia de articulador institucional alla Duhalde y el segundo desempolva sus credenciales de favorito del círculo rojo para el post macri, cuándo y cómo sea que este se desarrolle. Para el oficialismo paladar negro esto viene siendo una certeza sobre el verdadero enemigo que tienen enfrente (a nadie se le escapó la presentación de Pichetto pidiendo eximición de ganancias al aguinaldo mientras la CGT apuraba el paro), aquel que pueda ordenar desgaste institucional por el peso del Peronismo otrora racional en el Congreso y a su vez juntar la vieja mesa dialoguista que emergió en las postrimerías del gobierno de De La Rúa dónde la burguesía nacional a pleno se encuentra con la representación de los trabajadores bajo el amparo de la Iglesia.
Por otro lado, se realizó un nuevo encuentro de los sindicatos que la semana pasada se juntaron en Smata y que buscan delinear un plan programático que le otorgue a la CGT un perfil más combativo para confrontar el modelo económico desde una posición de mayor fortaleza. Estos, junto al espacio que lidera el camionero Hugo Moyano, definirán si en el futuro hay una o más de una CGT.
Ahora en la sede de la Unión Ferroviaria que conduce Sergio Sasia se allegaron Ricardo Pignanelli, Antonio Caló (UOM) junto a los referentes de la Corriente Federal de los Trabajadores como Pablo Biró (pilotos), Fabián Felman de Confederación de Educadores Argentinos, Horacio Ghilini de Sadop, Héctor Amichetti (gráficos), Víctor Carricarte (farmacia), Rubén Lafuente (molineros), Horacio Arreceygor (Satsaid). También estuvo el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA) con Sasia, Marcos Castro de Capitanes de Ultramar, Juan Palacios (correo), Raúl Quiñones de tabaco y, sugerentemente , Omar Plaini se apersonó mientreas otro grupo de sindicalistas cercanos a Moyano también estaban de reducido quincho en el sindicato de cerveceros.
Estos comparten la idea de construir una CGT que confronte pero que también negocie desde una posición de fortaleza, tal como lo repite a diario Biró, el titular de los pilotos de aviones. Durante el encuentro todos los presentes coincidieron en buscar la unidad porque es una cualidad que potencia y para eso sostienen que es preciso que estén la mayoría de los gremios. Incluso se acordó abrir un canal de negociación con Daer pero, a diferencia de los que piensa el sector donde participa el triunviro, este grupo buscará retornar a la conducción unipersonal. Es más, sostienen que el actual triunvirato está desgastado pero no sólo por sus errores sino también por su aliados que en más de una oportunidad conspiraron con dicha conducción. El anhelo de “una sola” CGT choca con posicionamientos políticos y necesidades personales…una vez mas.
Despidos masivos en la Fundación Favaloro
Los despedidos llegarían a 50. Les habían avisado horas antes de que se venía un ajuste. “Nunca había sucedido algo así”, dijeron los trabajadores.
El miércoles, a través de un comunicado de prensa, la Comisión Interna gremial de la Fundación Favaloro denunció que se producirían despidos masivos en la institución médica.
Según informaron, los trabajadores fueron citados por el jefe de Recursos Humanos, Ariel Celle, quien les comunicó la medida.
Ante esta situación, la Comisión Interna convocó a una asamblea, que se realizará hoy jueves al mediodía, en el hall central de Fundación, para “definir las acciones gremiales a tomar para defender los puestos de trabajo”.
Fue en esas horas que se enteraron de las censatías que empezaban a llegar. Hasta el momento recibieron 30 telegramas pero la información que manejan es que el número total de despidos llegará a 50.
Se trata de un hecho inédito en la historia de la prestigiosa institución de salud. “Nunca había sucedido algo así”, dijeron los trabajadores. “Se habla mucho de los mandamiento del Dr Favaloro, pero con los trabajadores no lo implementan”, señaló uno de los delegados en declaraciones al canal C5N.
Trabajo dictó conciliación obligatoria a trabajadores de la AFIP
Es para frenar las medidas de fuerza en el organismo ante la negativa del Administrador Federal “a realizar una recomposición salarial y una drástica rebaja en nuestro fondo de jerarquización”.
El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria al Sindicato Único del Personal de Aduana (SUPARA) y a la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP).
La medida busca regularizar las prestaciones y tareas en todo el ámbito de la AFIP garantizando así el funcionamiento de las áreas operativas. Asimismo, se fijó audiencia para hoy en la sede del Ministerio.
Los trabajadores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habían anunciado para el próximo viernes un nuevo paro nacional contra el ajuste que el gobierno de Mauricio Macri intenta imponer en el organismo, con congelamiento salarial y “paritarias cero”.
Así lo anunció la Asociación de Empleados Fiscales y de Ingresos Públicos (AEFIP), el gremio que nuclea a los empleados de la dependencia estatal, en el marco de la profundización del plan de lucha que realizan desde hace semanas en todas las oficinas y agencias del organismo, con cortes de atención al público y asambleas.
“Ante el ataque que estamos recibiendo por parte del Administrador Federal, negándose a realizar una recomposición salarial y pretendiendo además realizar una drástica rebaja en nuestro fondo de jerarquización, los trabajadores hemos respondido con el plan de lucha resuelto por AEFIP Capital junto al Cuerpo de Delegados”, señalaron desde AEFIP Capital.
“El Paro realizado el lunes pasado ha sido de una magnitud sin precedentes en la historia de nuestro Organismo; fruto de la conciencia de nuestros compañeros, que se han manifestado de forma contundente, porque saben que estas autoridades vienen por nuestros derechos. Sin embargo, todas estas medidas llevadas adelante por los trabajadores no han sido escuchadas por el Administrador Federal”, destacó la AEFIP Capital.
Cierre de Peajes en Santa Fe deja mas de 100 desempleados
El cierre de Peajes en la Ruta 11 deja 120 nuevos desempleados en la provincia de Santa Fe.
A partir de las 00 horas del 27 de junio, comenzó el levantamiento y cierre de las estaciones de Peaje del Corredor de la RN 11.
“A esa hora se procedió a la suspensión definitiva del cobro y posterior retiro de las impresoras fiscales. Se mantendrán los servicios de baños, servicio de atención al cliente y patrulla (asistencia en la ruta), hasta las 00 horas del día 30 de junio, hora y día del cierre definitivo de nuestra fuente de trabajo”, expresó Eduardo Nunéz de Sutracovi .
“Con esta lamentable decisión del Gobierno NacionalL, hoy es un día muy triste y doloroso para las 120 Familias Santafesinas que vemos como nos quedamos sin trabajo y en la calle. En nombre de las 120 familias muchas gracias a los medios y a la gente que nos apoya y nos alienta…A seguir adelante…”, finalizó Eduardo Fabián Núñez.
Asimismo, aún los municipios y comunas que se encuentran a la vera del corredor siguen preocupados por la falta de comunicación clara por parte de Vialidad. Es que aún desconocen a ciencia cierta quién se hará cargo de la manutención del corredor y de las emergencias que ocurran sobre la ruta en la jurisdicción de cada pueblo o ciudad.
FeMPINRA denunció que peligran 200 puestos de trabajo en el Puerto de Buenos Aires
La Federación se declaró en Alerta, Movilización y Asamblea Permanente
La actividad industrial tuvo un retroceso del 1,2 por ciento en mayo, según el Indec
El comienzo del ciclo descendente
Tras doce meses de crecimiento, la evolución del estimador industrial del Indec empezó a mostrar en mayo un descenso en el nivel de actividad. Las mayores caídas se registran en los sectores textil, químico y metalmecánico.
La industria automotriz registró crecimiento, pero no tracciona al resto de las metalmecánicas.
Imagen: EFE
La actividad industrial cayó un 1,2 por ciento en mayo con respecto al mismo mes de 2017. Así lo informó ayer el Indec. Se trata de la primera caída tras doce meses positivos y muestra el ingreso a una nueva fase recesiva del ciclo económico. La incertidumbre cambiaria junto con la suba de la inflación, la apertura de las importaciones y la caída del poder de compra de los asalariados generaron un combo recesivo, en donde la producción manufacturera es uno de los sectores más afectados.
El informe del centro de estadísticas oficial desagregado por sectores mostró que los rubros con mayores caídas fueron el textil (-8,6 por ciento), química (-6,4 por ciento), metalmecánica (-4,6), refinación de petróleo (-3,9), alimenticia (-1,9) y caucho y plástico (-0,9).
En contraste, los bloques con avance fueron tabaco (9,5 por ciento), industrias metalmecánicas básica (8,6 por ciento), industria automotriz (7,2), papel y cartón (6,6), minerales no metálicos (5,5) y edición e impresión (1,2).
El documento del Indec presentó una encuesta cualitativa para observar las expectativas de los referentes industriales. Se evalúan las perspectivas para el período de junio a agosto de este año. Los principales resultados indicaron que el 75,9 por ciento de las empresas manufactureras no realizarían cambios en la dotación de personal en relación a la plantilla que tenían el año pasado. El 15,8 por ciento, mientras tanto, planea hacer una reducción de sus operarios y el 8,3 por ciento un aumento.
El empleo industrial será una de las principales variables de ajuste para los próximos meses, según se advierte en distintos informes de coyuntura del mercado. La contracción de la actividad económica estimada para la segunda mitad de este año se acompañaría de una fuerte inestabilidad en materia laboral. La situación es similar a la observada en 2016, cuando la caída del PBI industrial y de la economía en general se acompañó con la reducción de número de asalariados formales.
En la encuesta del centro oficial de estadísticas se analizó también la perspectiva de los referentes industriales respecto de cómo evolucionará la demanda interna. Para el 50,4 por ciento de los consultados, el ritmo de demanda se mantendrá estable, mientras que para el 35,3 por ciento bajará y para el 14,3 por ciento subirá.
El consumo, al igual que la inversión, serían algunas de las principales variables de ajuste en la segunda parte de este año. Se trata de los pronósticos que hacen los consultores de la city, que adelantan un escenario de recesión para los próximos meses. La caída de los salarios reales junto con el recorte de la obra pública y el gasto estatal potenciaría el parate de la demanda.
El Indec consultó además en su encuesta las perspectivas empresarios sobre cómo evolucionará el volumen de producción. El 57,8 por ciento de las firmas manufactureras no espera cambio en los stocks de productos terminados, en tanto que el 23,8 por ciento anticipa una suba y el 18,7 por ciento espera una disminución.
Para los analistas privados mayor marco un cambio de tendencia en materia de actividad económica. Plantearon que por el momento la variación interanual acumulada en los primeros cinco meses del año registró un aumento de 2,4 por ciento respecto del mismo período del año pasado. Pero cuando se revisa la situación mes a mes en lo que va de 2018 la situación no es optimista para lo que resta del año. Los números del Indec mostraron que la actividad industrial creció 2,6 por ciento en enero, 5,3 por ciento en febrero, 1,2 por ciento en marzo, 3,4 por ciento en abril pero en mayo se quebró la racha de subas con una contracción de 1,2 por ciento en mayo.
Las estadísticas privadas, al igual que ocurrió con el último informe del Indec, reflejaron la caída en la actividad manufacturera. El Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres estimó que hubo una baja del 3,3 por ciento en mayo. A su vez, para la Fundación FIEL, la retracción fue menor y se ubicó en 0,9 por ciento. En ambos casos, se observó el cambio de tendencia en el ciclo económico, que excede a la actividad manufacturera y alcanza a distintos rubros como la construcción
Jubilaciones como botín de “guerra” en la negociación entre Nación y gobernadores
En las puertas de la negociación por el Presupuesto del año 2019, reaparece una disputa de larga data sobre el financiamiento de las Cajas previsionales provinciales. Los jubilados, los convidados de piedra de la negociación.
Por Lucía Ruiz
En las puertas de la negociación por el Presupuesto del año 2019 y en vistas del reciente acuerdo por un préstamo Stand By con el FMI por U$S 50.000 millones que implica fuertes recortes de transferencias a provincias, otra vez reaparece el debate por los fondos previsionales provinciales. Esta disputa entre Nación y provincias, alejada de las necesidades reales de los jubilados, es una puja de larga data que utiliza la plata de jubilaciones como un “botín de guerra”.
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional exige, entre otras condiciones, una fuerte reducción del gasto público. El Gobierno plantea realizar este ajuste, en gran medida, recortando el dinero enviado a las provincias de “transferencias no automáticas” (por fuera de la coparticipación y del fondo sojero), o también llamadas “transferencias discrecionales”.
Dentro de este conjunto de transferencias “no automáticas” actualmente se cuentan los fondos que el gobierno debe enviar a las cajas previsionales provinciales de 13 provincias. Sin embargo, en teoría, el gobierno no podrá afectar los fondos previsionales provinciales debido a que el financiamiento de los déficits está establecido por ley.
Esto no quita que esos fondos no sean objeto de disputa y que su efectiva concreción no sea parte de la negociación general de cara a la aprobación del Presupuesto 2019. Este necesita el visto bueno de los gobernadores oficialistas y peronistas, puesto que allí se sellará el ajuste acordado con el FMI.
Desde ya, en este tironeo los verdaderos convidados de piedra son los jubilados. Tanto aquellos que están bajo la órbita de Anses, como los empleados públicos enmarcados en las Cajas previsionales provinciales de esas 13 provincias (dentro de las cuales, 3 de ellas tienen municipios también con cajas propias).
Esto es así, a nivel nacional, porque todas las provincias (excepto San Luis) acordaron en diciembre pasado el “Consenso Fiscal”, que significó el robo a los jubilados con la Reforma Previsional, a cambio de la financiación de parte de los déficits previsionales, entre otros arreglos.
En el segundo caso, porque la con la Reparación Histórica también Nación y Provincias negociaron a espaldas de los jubilados. Allí se pautó un proceso de “armonización” que significará liquidar las conquistas de los empleados públicos provinciales, como el 82 % móvil y la edad de jubilación,
¿Qué son las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas?
Se les llama así a las Cajas de jubilaciones de empleados públicos provinciales y municipales que siguen bajo la órbita de las provincias y no fueron transferidas al sistema nacional, es decir, al actual SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), que administra Anses.
Esta transferencia de las Cajas previsionales para los empleados de la administración pública provincial y municipal ocurrió en los años noventa tras una serie de acuerdos, previamente cada provincia tenía sus propios regímenes. En 1991 se firmó el primer pacto en el que las provincias cedían el 15% de la recaudación coparticipable para el financiamiento del sistema previsional nacional.
En 1993 se firma el “Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento”, en donde 11 provincias terminan transfiriendo las cajas de jubilaciones provinciales al Sistema Nacional.
El objetivo de estos acuerdos fue realizar una importante reducción de contribuciones patronales que favoreció a los empresarios de todo el país y dejó paso a un progresivo desfinanciamiento del sistema, así como el inicio del establecimiento del sistema de capitalización.
La transferencia de las Cajas provinciales, si bien lograba equiparar las condiciones y los requisitos de acceso a los beneficios previsionales entre los empleados públicos de esas jurisdicciones con el universo de los trabajadores contemplado en el SIJP, significó para el Estado nacional absorber sus déficits. Éste representó alrededor del 0,45% del PIB entre los años 1996 y 2002, casi duplicando el costo estimado inicialmente
Pero otras 13 provincias mantienen sus Cajas, así como varios municipios de Entre Ríos, Santa Fe y Neuquén, no transfirieron sus regímenes a la órbita de Nación . Estas son: Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. En total, abarcan más de 1,8 millones de aportantes y 500 mil jubilados.
Algunos gobernadores reclaman que el envío de los fondos para Cajas Previsionales no transferidas, correspondientes a 2017, no fue realizado aún.
Según el diario La Nación el pasivo total alcanzó en 2017 poco más de $ 25.000 millones. Durante el año pasado la Nación transfirió menos de la mitad: $10.845 millones, un 43 % del total. El presupuesto de ese año para asistir a las las provincias que conservan sus cajas jubilatorias había sido de $ 14.000 millones.
Unos $ 8000 millones se repartieron de manera automática y en cuotas mensuales según un coeficiente que surge de la cantidad de adherentes al sistema, de acuerdo a la Ley de Reparación Histórica.
Es decir, no se financian las necesidades totales de las Cajas para pagar las jubilaciones sino sólo la parte que se estima sería suficiente si los regímenes provinciales se rigieran como el régimen general de jubilaciones (SIPA), es decir, con haberes más bajos y sin el 82 % móvil. El objetivo del gobierno es eliminar estas conquistas y tender gradualmente a bajar las jubilaciones enmarcadas en esas Cajas provinciales.
Este cálculo teórico de cuánto se pagaría de jubilaciones si se calcularan los haberes como el SIPA (es decir, jubilaciones más bajas y en algunos casos con edades jubilatorias más elevadas) se realiza mediante una auditoría de la Anses sobre la base de los datos remitidos por las provincias de sus aportantes y beneficiarios.
Desde el Gobierno nacional, argumento para retardar los pagos y negociar otros acuerdos como el Presupuesto 2019 es que las provincias no envían los datos suficientes, .
Hasta ahora, solo Córdoba cerró los acuerdos para avanzar con los pagos en cada caso, que a principios de este año pactó una asistencia financiera de $ 5092 millones para cubrir el déficit de 2017.
Las otras 12 provincias todavía no acordaron con el gobierno nacional. El plazo para hacerlo vence hoy y solo están avanzadas las negociaciones con menos de la mitad de los distritos.
Jubilados: los convidados de piedra
La Nación y las provincias se endilgan mutuamente la responsabilidad por las demoras en los pagos. Desde la Casa Rosada aseguran que son las provincias las que atrasan la apertura de la información de sus sistemas jubilatorios.
Sin embargo, lo que está de fondo es una negociación de conjunto, que incluye avanzar con el ajuste a nivel de Nación y de Provincias de acuerdo alo acordado con el FMI y a los consensos previos (Ley de “Responsabilidad Fiscal”) en el que se reducen impuestos a los empresarios y se ajusta tendencialmente el gasto para “reducir los déficits”.
En ningún caso la disputa es por mantener algunas conquistas de los trabajadores referidas a sus jubilaciones, o de mejorar el monto de las mismas. A la inversa, el acuerdo tácito es unificar los esquemas en torno al SIPA y avanzar hacia una próxima reforma jubilatoria a la medida de lo que pide el FMI.
La ley de Reparación Histórica selló la “armonización” entre las Cajas. Esta consiste en que todo el sistema jubilatorio se rija por las mismas reglas: escala de haberes, edad de jubilación, condiciones de movilidad y años de aportes necesarios para jubilarse. En el Gobierno añaden que el acuerdo “está muy avanzado” con Buenos Aires, Santa Fe y Formosa.
Estas “reglas” significan hoy edades de jubilación de 65 años para los varones y 60 años para las mujeres, un haber mínimo de miseria ($ 8.096,30) y la movilidad previsional votada en diciembre pasado que no sólo convalidó un robo como plantea incluso la justicia, sino que está generando una enorme pérdida de los jubilados frente a la inflación. Muy lejos del 82 % móvil y de una jubilación que cubra al menos la canasta de jubiladosque se estimaba en marzo en torno a los $ 19.290,3,
El acuerdo con el FMI l exige, entre otras condiciones, una fuerte reducción del gasto público y una progresiva liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). El gobierno nacional no sólo accedió a realizarlo sino que se atribuyó ese programa como propio: el horizonte de no afectar las ganancias de los grandes grupos económicos – locales y extranjeros – la banca y el capital financiero internacional, trasladando el costo de la crisis a los trabajadores.
En ese marco el gobierno se comprometió a reducir en tres años el gasto público en 3,7 % del PBI, lo que significa aproximadamente unos $ 200.000 millones al año en promedio. Esto equivale, en monto, a una suma similar a la que se destinó para todo el año a Educación y Cultura en el Presupuesto del año 2018.
Dónde podría residir el recorte de transferencias que se acordó con el FMI
Según lo que adelantó el Ministerio de Hacienda, el compromiso de ajuste con el FMI implica una reducción de transferencias corrientes a provincias de 0,6 % del PBI en tres años, o 74 % en términos reales.
Los giros discrecionales significan un 20% del total enviado a las provincias en la última década, y se componen de transferencias corrientes y de capital.
Las primeras son recursos concentrados en pocos programas, pero de envergadura. Los cinco más relevantes representaron 0,82 % del PBI el año pasado. La asistencia financiera a provincias y municipios, con 0,39 %, es el de más peso. Le siguen el Fondo Nacional de Incentivo Docente y Compensaciones Salariales (0,23 %) y los aportes a las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas (0,10 %).
Nación asegura que el financiamiento previsional a 13 provincias está determinado por ley, por lo tanto, cambiarlo desembocaría en demandas judiciales. Y sostiene que no tocará el Fondo de Incentivo Docente, aunque hay sospechas al respecto. Por lo tanto, la asistencia financiera sería en principio el principal foco de ajuste.
En el caso de las transferencias de capital (vivienda, hábitat e infraestructura), un trabajo de los economistas Nadin Argañaraz, Ariel Barraud, Florencia Maldonado, Julieta Manso y Valentín Mongi del Iaraf indica que se reducirán de 0,29 % del PBI de 2017 a 0,03 % en 2020.
El Iaraf apunta que en las jurisdicciones en las que los giros discrecionales representan 10 % o más de los ingresos totales “pueden tener finanzas afectadas por un límite en los envíos” que se relizará a partir del acuerdo con el FMI. Engruesan esa lista La Rioja (21,5 %), Jujuy (21 %), Misiones (15 %), Chaco (13,9 %), Formosa (13,5 %), Santiago del Estero (12,8 %), Salta (12,5 %), San Juan (11,3 %) y Tierra del Fuego (10,5 %).
29 junio 2018
La Subcomisión de Mujeres del Club Ferro Carril Oeste rechazó y exigió a la Comisión Directiva que fije su posición respecto del alquiler del microestadio para la realización de un festival “provida”. Las integrantes de la subcomisión expresaron su “absoluta disconformidad” con la realización de ese encuentro en el Héctor Etchart por parte de quienes “están a favor del aborto clandestino”, pidieron que no primen “las necesidades económicas” y diferenciaron este alquiler del espacio de cualquier otro que se realice para un acto político o un recital porque “no es ideología. Es salud, derecho y justicia social”.
Recordaron que con la creación de la Subcomisión, la Comisión Directiva “asumió un compromiso con las mujeres: para el acceso a espacios de debate, para la toma de decisiones y para poner en agenda cuestiones de género”. “Hoy nos toca hacerlo cumplir más que nunca”, plantearon.
En el documento acordado por las socias se califica a la Unidad Provida —como se denomina el grupo de organizaciones antiderechos— como un “movimiento que milita en contra de los derechos de las mujeres” y resalta que permitirle el uso de las instalaciones del club va en contra de las tareas que la Comisión Directiva le encomendó a la subcomisión de mujeres, que brega por “los derechos y autonomía de las mujeres”.
“Abrirle las puertas de la institución a un movimiento que se contrapone constantemente con los valores, propuestas, objetivos y actividades de la Subcomisión de Mujeres y el Club Ferro nos exige alzar la voz”, insisten y lamentan que primen “las necesidades económicas por sobre la conciencia de género”, por lo que exigieron que “el club fije postura”.
El festival convocado por los antiderechos sostiene que es abierto para “todo el público y para la familia, en respuesta a la preocupación creciente de la sociedad por la media sanción que recibió el proyecto de aborto en la Cámara de Diputados” y pone como objetivo la planificación de una serie de medidas para militar en contra de la ampliación de derechos de las mujeres durante el debate en el Senado.
Vecin@s del barrio Carlos Mugica (Villa 31) le exigen al gobierno de Larreta ser tenid@s en cuenta en la reurbanización
Por Nicolás Romero / Resumen Latinoamericano/ 29 de junio de 2018.
Hubo quema de gomas y bloqueo a la Terminal de Omnibus. L@s vecin@s exigen que el Gobierno pare las obras que afectan al barrio y sean tenidos en cuenta para su planificación.
Los errores de planificación del gobierno porteño en las obras que se están realizando en el barrio Carlos Mugica (Villa 31) a través de la Secretaria de Integración Social y Urbana (SISyU), sumada a una política que, en contra de la ley vigente, está dejando afuera de la discusión sobre la reurbanización del barrio a l@s vecin@s, produjo un combo de reclamos que ayer se expresaron, primero, con una quema de gomas para detener la maquinaria de construcción que estaba rajando algunas viviendas y, después, con un corte de calles frente a la Terminal de Omnibus de Retiro. En el bloqueo a la salida de los micros, que comenzó pasado el mediodía y se mantuvo hasta última hora de la tarde, l@s vecin@s en asamblea exigieron que el gobierno les dé participación efectiva en la elaboración del nuevo dictamen para urbanizar el asentamiento, que el oficialismo pretende votar en julio en la Legislatura. Hoy viernes 29 de junio, l@s vecinos se movilizarán a Venezuela 151, donde el gobierno discutirá a puertas cerradas con los Consejeros del barrio el proyecto.
Quienes viven en la 31 lo explican sin vueltas: el barrio está estallado por obras de infraestructura que el gobierno lleva adelante sin una planificación que tenga en cuenta la vida de sus habitantes. Por las obras, hay personas que se han lesionado por falta de seguridad, sectores de casas que quedaron encerradas y que no tienen por donde salir, y áreas cubiertas de barro. En definitiva, una vida cotidiana totalmente alterada, a la que se agrega el miedo a la política de desalojo forzoso que ya implementó el gobierno porteño –el 24 de febrero, una familia del barrio del sector Cristo Obrero fue desalojada y se les demolió la vivienda con la excusa de que estaba en riesgo la vivienda–.
El malestar y las sospechas de l@s vecin@s se encendieron ayer a la mañana, en las manzanas 20 y 21, donde las obras estaban rajando las paredes de algunas viviendas. Con miedo, no solo al deterioro de sus hogares, sino a que las obras dejen en ruinas las casas para poder desalojarlas, las familias decidieron salir a la calle y quemaron gomas para que detener el avance de las maquinarias.
Al conflicto, se sumó el rumor, que corrió como reguero de pólvora, de que unas manzanas iban a ser desalojadas, que pusieron al barrio en estado de alerta y movilización. Pasado el mediodía, alrededor de 200 vecin@s se juntaron y cortaron la calle de salida de la Terminal.
Héctor Guanco, de la Mesa de Urbanización Participativa, explicó a PáginaI12 que “todo esto se da en medio de la discusión por la nueva ley que quieren implementar para reemplazar la 3.343, y en la que no nos dan participación. Nos cerraron las puertas y nunca nos tuvieron en cuenta. Recién en la última semana, y porque están apurados por votar la ley en julio, nos informaron que el miércoles (pasado) se hacía una reunión, otra mañana (por hoy 29 de junio) y una más el 7 de junio, porque el 10 la presentan en la Legislatura”.
“El dictamen que prepararon lo discutieron con técnicos el año pasado, este año con los Consejeros, pero sin el barrio. Y no estamos de acuerdo con que se presente esa ley porque hay muchas cosas que no se discutieron ni están aclaradas: hablan del costo de la tierra y nosotros hace 80 años que vivimos acá, por lo que creemos que no tenemos que pagar por ellas (hay otras urbanizaciones en marcha, como el barrio Rodrigo Bueno, donde no se les pretende cobrar las tierras a los vecinos). La forma de pago, la escrituración, el derecho a elevar la vivienda, el tema de los comercios, que no los reconocen, son parte de las cuestiones que no están saldadas. Como no presentaron ningún plano, tampoco sabemos cuáles van a ser los acceso para los transportes ni como será el trazado de las calles”, explicó.
El titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonathan Valdivieso, explicó que entre las cosas que plantea el oficialismo “está cobrar a los vecinos un prorrateo de lo que el gobierno está gastando en urbanizar el barrio. Esto, sumado a lo que le van a cobrar por el suelo, cuando en otros barrios no se va a cobrar, y el precio por la vivienda y los servicios van a hacer estallar las economías familiares de un barrio cuyo promedio de ingresos es de 8.000 pesos”.
“La experiencia de las familias del barrio Cristo Obrero que se relocalizaron en el nuevo sector de la Villa 31 Bis, denominado Containera, están angustiadas porque se les rompió la economía familiar, perdieron sus ingresos porque tenían pequeños comercios y se quedaron sin clientela. Y todas las familias del barrio tienen esa experiencia en mente”, cuando se habla del tema, detalló.
Envío:ResumenLatinoamericano
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