Un operativo que dio vuelta La Hoja
En las localidades misioneras de Puerto Leoni y Capioví, sendos allanamientos de la AFIP detectaron a trabajadores en condiciones paupérrimas y hasta una niña de 13 años en una cuadrilla.
Por Emilio Ruchansky
La empresa yerbatera Demirol produce la yerba La Hoja.Imagen: Sandra Cartasso
En carpas de plástico, sin energía eléctrica, ni gas, ni agua potable, ni baños y por un sueldo miserable, 59 tareferos “trabajaban” en dos campos de las localidades misioneras de Puerto Leoni y Capioví, según denunció ayer la AFIP. La agencia fiscal también constató que la mitad de los empleados estaba sin registrar y cosechaban hojas de yerba mate para la firma Demirol SA, que elabora la conocida marca La Hoja y factura 20 millones de pesos anuales. “Había una niña de 13 años que trabajaba en una cuadrilla, algunos extranjeros y también personas de comunidades ancestrales”, detalló una fuente de la AFIP. En diálogo con Página/12, el delegado tarefero Cristóbal Maidana pidió más controles “porque se está explotando de la misma manera en la mayoría de los campos yerbateros”.
Los operativos se realizaron el lunes y el martes pasados, luego de que el Juzgado Federal de El Dorado librara órdenes de allanamiento para ingresar a los establecimientos, “ya que la firma tiene los caminos bloqueados con tranqueras”, informó la AFIP en un comunicado. “Según relataron los trabajadores, tomaban el agua de un arroyo que atraviesa el predio y del que extraen para consumo, limpieza de utensilios y para higiene personal. Durante el relevamiento se pudo observar que los trabajadores se bañaban en un pozo repleto de agua estancada”, agregaron.
Puerto Leoni y Capioví son dos pequeños pueblos en el centro de la provincia, donde cientos de tareferos concurren a la zafra fina, en enero y febrero. Muchos van con sus familias, tal como constataron los agentes de la AFIP. “Incluso se hallaron casos de menores que habitaban ahí y que no tenían padres”, aseguraron desde esta agencia, cuyos agentes concurrieron al día siguiente con una ampliación de la orden de allanamiento, “una psicóloga y un asistente social de la Subsecretaría de Derechos Humanos”. Sin embargo, muchos tareferos se habían ido.
“Se van porque tienen miedo de que no los contraten más. Muchos recién van a conseguir trabajo en la zafra gruesa, entre marzo y octubre, con otros patrones”, aseguró Federico Chilavert, secretario de Organización de la CTA de la ciudad de Montecarlo, a 80 kilómetros de los campos allanados. Según él, los tareferos cobran 20 pesos por cada 100 kilos de hojas verdes, y con mucho esfuerzo levantan entre 300 y 400 kilos por día. “Hay que elevar el precio de la hoja verde”, pidió.
Los tareferos que “trabajaban” para Demirol les comentaron a los agentes de la AFIP que ganaban entre 1200 y 1600 pesos mensuales, mientras la empresa declaró que en 2011 ganó 20 millones de pesos vendiendo yerba mate, té y mate cocido. “La AFIP denunció penalmente a la empresa en la Justicia e informó al Ministerio de Trabajo de la provincia y de la Nación, aplicando la logística propia de la red de trabajo articulado en la lucha contra este flagelo”, informó la agencia.
A principio de este año, el Sindicato de Tareferos y Trabajadores Temporarios advirtió que “no permitirá el transporte de ningún paquete de yerba mate elaborado con trabajo esclavo”. Maidana, integrante de este gremio, reclamó más protección para los trabajadores por parte del Estado, luego de los operativos. “Desde el año pasado, cuando empezaron los operativos mejoró la situación en Montecarlo o El Dorado, pero en Puerto Leoni, Oberá, Apóstoles y Andresito, la explotación es brutal”, agregó Chilavert.
emilioru@pagina12.com.ar
Fuente:Pagina12
OPINION
La responsabilidad laboral de grandes empresas
Por Daniel Cieza *
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo emitió un histórico fallo, sobre el que ha informado este diario. Con los votos de los camaristas Enrique Arias Gibert y Oscar Zas y la disidencia de María García Melgarejo, la Sala V del tribunal consideró imprescriptible una acción iniciada por la hija de un desaparecido en 1977 en la empresa Dálmine Siderca del grupo Techint. La víctima fue secuestrada en el lugar de trabajo por las Fuerzas Armadas y continúa desaparecida.
En la causa “Ingegnieros, María Gimena c/ Techint SA”, la empresa había solicitado la prescripción de la acción, alegando que se había cumplido el plazo de dos años previsto por la legislación laboral, y el juzgado laboral de primera instancia rechazó la demanda. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó la sentencia de primera instancia y ordenó al juez de primer grado dar curso a la investigación judicial.
La sentencia abre una instancia judicial nueva para las víctimas del terrorismo de Estado. En efecto, de los 30 mil detenidos-desaparecidos y 10 mil presos políticos estimados como víctimas del terrorismo de Estado, más de la mitad serían asalariados, y su desaparición, muerte o arresto podría tener relación de causalidad con su trabajo.
En su voto, el camarista Enrique Arias Gibert sostiene textualmente: “Los delitos de lesa humanidad que ensombrecieron y asolaron nuestra Patria durante la dictadura genocida que usurpó el poder del Estado en el período 1976-1983 tuvieron por objeto directo la implantación del plan económico anunciado el 2 de abril de 1976. La utilización del instituto de la prescripción por parte de las sociedades que resulten cómplices del delito de genocidio en acciones resarcitorias como la presente importa reconocer el provecho tenido en mira para actuar en complicidad con la dictadura genocida por parte de las organizaciones empresarias. No es ocioso recordar que la mayoría absoluta de los detenidos-desaparecidos del período eran trabajadores con inserción sindical. De nada valdría condenar a los ejecutores si los beneficiarios de las políticas de genocidio no debieran responder por las consecuencias civiles de sus actos. Una sociedad que permitiera el aprovechamiento de ello so color de la prescripción, si las empresas beneficiarias del sistema de genocidio de los campos de concentración, trabajo o exterminio pudieran evitar el pago de las consecuencias de la utilización del trabajo esclavo o los frutos del despojo de obras de arte, etc., esa Nación continuaría incubando el huevo de la serpiente”.
La sentencia de la Cámara Nacional del Trabajo pone en crisis una situación en la cual grandes empresas gozaban de impunidad, ya que en materia penal no pueden condenarse sociedades o personas jurídicas, y en materia civil o laboral estaban amparadas por la prescripción o plazo para iniciar demandas. Con la solución propuesta por este fallo, las empresas que resulten cómplices con el plan genocida deberán hacerse cargo de algunas consecuencias. Cabe recordar que buena parte de las 200 empresas más grandes de nuestro país lograron desvincular sin costo alguno a cientos de trabajadores que sufrieron despido, cárcel o desaparición forzada acusados de “subversión industrial”.
* Profesor de Relaciones de Trabajo y Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Consultor en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Fuente:Pagina12
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