Confesión de parte
Una sentencia sorpresiva. Plazos que se acortan: sorpresas y silencios. Cuál fue la táctica política de Clarín, cuál la judicial, relatada por sus propios voceros. Una acción de fondo que no importaba y que cobra vida. Lo que se va haciendo a pesar de la cautelar, lo que no se puede cambiar por ahora. Un grandote denuncia discriminación. Lo que va de 2008 a hoy.
Por Mario Wainfeld
Imagen: Leandro Teysseire
La sentencia de la Corte Suprema en la causa “Clarín” fue sorpresiva, de gran impacto político. Reparó, parcialmente, errores previos del propio Tribunal, en especial la excesiva transigencia con que venía acogiendo el afán dilatorio del multimedios. Este martes, el Tribunal se hizo cargo y produjo una resolución que altera el escenario. La cautelar tiene fecha de vencimiento: el 7 de diciembre próximo. Desde entonces, el Estado le puede exigir a Clarín la adecuación de las licencias a las preceptivas antitrust de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA).
Los fundamentos son muy severos con la actora. Repasemos algunos:
- La demanda principal no avanzó en buena medida por la reprobable conducta procesal de Clarín.
- Las cautelares deben regir por tiempo restringido, de lo contrario se desnaturaliza su función. Jamás deben suplir el rol de los reclamos de fondo.
- Por añadidura, los cortesanos cuestionan a los letrados del oligopolio, les señalan que nada probaron y casi nada dijeron sobre que la ley vulneraría la libertad de expresión.
Subsisten, opina este cronista, críticas retrospectivas para la Corte. Nunca debió convalidar la cautelar. En octubre de 2010 debió revocarla o, como poco, fijarle un plazo (misión reenviada al juez de Primera Instancia Edmundo Carbone, quien la eludió). El martes lo equitativo era poner fin a la cautelar, le concedió una sobrevida hasta diciembre. De cualquier modo, les puso coto a las chicanas de Clarín, acortó sensiblemente los plazos, produjo un cimbronazo político.
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La primacía de la política: Clarín siempre jugó sus mejores bazas a la política. Apostó a que el paso del tiempo limara el poder de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner o que ésta perdiera las elecciones de 2011.
La demanda por inconstitucionalidad fungió como simulacro, como mero soporte de la medida cautelar. Su función era garantizar que el partido se disputara en otra cancha (sobre las peripecias del expediente, ver recuadro aparte).
No es sólo una lectura de este cronista. Son confesiones de parte, brotadas tiempo atrás de representantes del gran perdedor del martes ante “la Justicia”.
Dos libros recomendables aportan información confiable surgida de los célebres cables del Departamento de Estado: ArgenLeaks, de Santiago O’Donnell, y Wiki Media Leaks, de Martín Becerra y Sebastián Lacunza. O’Donnell, periodista que trabaja en Página/12, reseña reuniones entre la Embajada y varios popes del Grupo Clarín, en septiembre de 2008. Allí todos alardearon de que el poder del Gobierno estaba en baja, tanto que la Embajada tituló al respectivo párrafo de su cable “Ley de medios. El susto ya pasó”. No fue muy certero en el pronóstico.
Becerra y Lacunza recogen una reunión de la embajadora Vilma Martínez con el interlocutor periodístico dilecto: Morales Solá. Ocurrió cuando la ley contaba con media sanción de Diputados. JMS (así apoda la Embajada al editorialista) se mostró optimista (e indicativo) sobre el futuro. “Morales Solá (...) dijo que él y otros críticos esperan que salga del Senado tan horrible como sea posible, así serán más las trabas en los Tribunales. En el futuro, ya sea el nuevo Congreso (que asumiría en diciembre, de acuerdo a los resultados de junio) o más probablemente el Gobierno que reemplace a los Kirchner en 2011 desechará la ley e intentará hacer otra.” El objetivo y los instrumentos quedaban expuestos, diáfanos. El horizonte deseado e inexorable: la elección de 2011. “Puede fallar”, decía el filósofo empirista Tu Sam. Falló.
Sin saberlo ni intuirlo, la oposición parlamentaria, la mayoría del extinto Grupo A, fue funcional a la vanguardia corporativa: se retiró del recinto para no votar la LdSCA y vaciarla. Y prenunció lluvia de litigios.
El detalle inesperado (aunque esperable, si se leía bien la realidad) fue que el Gobierno revalidó en las urnas, lo que dejó pedaleando en el aire a quienes especulaban con su caída como presupuesto del fin de la ley de medios.
La medida cautelar, urdida como un medio para retardar la ley mientras se producía un desenlace político, se transformó en la tabla de salvación. La Corte desbarató, en buena medida, el artilugio.
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Sorpresa y silencio: El fallo fue unánime, lo que fortalece su autoridad. No se suponía que saldría en esta fecha: ni en el Agora, ni en el mundillo periodístico o el político, ni qué decir en la empresa demandante. La sentencia se divulgó en el portal del Centro de Información Judicial (CIJ) creado y manejado por la Corte. La edición on line de Clarín tardó una eternidad (medida con reglas mediáticas) para informar: más de 45 minutos. Lección para los que sanatean sobre que “la información es información, ni de derecha ni de izquierda”. La información, en asuntos de porte, es material que exige ser editado, contextualizado en la visión del medio que la publica. No es factible editar (darle sentido, titular de modo que el lector más apurado comprenda la visión del medio) si no media un encuadre editorial previo. A menudo éste es cantado, está en el disco rígido. Esta vuelta, ante un hecho rotundo e imprevisto, primó la falta de reacción, puesto que la respuesta debía ser elaborada.
Un ulterior comunicado del Grupo, los titulares del diario (que le negaron primacía a la noticia), escasas intervenciones de los editorialistas muestran a un gran jugador reservando sus movidas. Y cuidándose de no expresar contra la Corte (que tiene su prestigio) los denuestos que le propinan puertas para adentro.
Al diario La Nación le cupo aguantar los trapos, con algo más de despliegue que su asociado en estas lides. El editorialista Joaquín Morales Solá mezcló errores pueriles con reproches y augurios triunfalistas. Entre los despropósitos prima el de pontificar que la Corte le fijó un plazo para sentenciar al juez de Primera Instancia, algo ilegal que los supremos no hicieron. JMS alegó que la Corte dictó una medida universal para las medidas cautelares: todas durarán tres años, en el futuro. Es otro sinsentido. La Corte no legisla para situaciones futuras, se constriñe a resolver lo que se le propone. Para colmo, el Tribunal dijo lo contrario: el lapso de vigencia de una cautelar depende de contingencias de cada expediente.
Cuando un escriba consagrado escribe con tan poco apego a la verdad queda abierta la duda: ¿le faltan conocimientos o manipula? En un suelo de culturas híbridas, no son desechables explicaciones mestizas.
En otras columnas (menos divagantes) o en notas informativas, La Nación especialmente y Clarín un poco insinuaron una línea argumental, que seguramente será pilar de la táctica venidera. En lo judicial, arguyen que la Corte indicó que el expediente principal debe llegar pronto a la sentencia. Y añaden que es el Estado, con malicia procesal, el que entorpece que progresen los trámites. No hay tal, como se describe en recuadro aparte.
En lo político, acuden a la denuncia. El Gobierno, se encolerizan, no ha exigido a otros grupos mediáticos el cumplimiento del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación audiovisual (LdSCA). Sólo persigue (o discrimina) a Clarín, dictaminan. Y se equivocan.
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¿Hay vida más allá del 161? El artículo 161, que ordena adecuar la cantidad de licencias existentes a la regulación antimonopólica es, sin duda, uno de los ejes de la norma. Claro que, como señaló en este diario el abogado Damián Loreti, “el corazón de la ley es reconocer el derecho del público a la comunicación, a la diversidad y al pluralismo”. Y de hecho, muchas acciones positivas en ese sentido se implementaron en estos años. Loreti, un especialista bien afilado, destaca la “regla que obliga a aumentar los contenidos nacionales y la producción propia. En las provincias, de a poco y con las dificultades que implica revertir un modelo centralista concentrado durante décadas en Buenos Aires, van creciendo los porcentajes de contenido local”. Y resalta la reforma en la concesión de espacios políticos durante la campaña electoral, que aportó algo de equidad a favor de los partidos o coaliciones más chicas. (Ver más en páginas 8 y 9.)
El ya aludido Becerra, especialista en medios de comunicación, subraya entre los avances ya producidos “la exigencia de producción propia, el aliento a la producción federal, son novedades bienvenidas que se enmarcan en la ley. La asignación de frecuencias a provincias, municipios y universidades es un gran avance por parte de la Autoridad de Aplicación”.
El ordenamiento de la grilla, cierta regulación de los espacios publicitarios (que reconoce baches serios), la promoción de producción de contenidos sirven para amenguar la tendencia oligopólica preexistente. No se la combate sólo por el lado de reformular la propiedad de los medios dominantes, también por la de añadir nuevos emisores, productores y voces.
Lo que sigue siendo trabajoso es la formación de medios alternativos con aptitud para bregar por nuevos licencias. En algunos casos (emisoras barriales o de pequeñas comunidades u organizaciones sociales) basta con contar con una licencia. Lo más relevante es la herramienta y la consiguiente ampliación de ciudadanía aunque la audiencia sea restringida.
Pero hay actores que deben aspirar a interpelar sectores más vastos. Como expresó el periodista Eduardo Aliverti el año pasado durante la entrega de los premios Eter 2011, el desafío es mayúsculo: conseguir sustentabilidad económica (aunque se funcione sin fines de lucro) y armar una programación que interese. Una tarea mayúscula, que no se construye en días ni en meses.
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¿Discriminar al grandote? Clarín y sus voceros se encolerizan: a nadie se exige cumplir con el artículo 161, sólo al Multimedios. Morales Solá añade confusión enfatizando que el resto de los grupos debió hacerlo desde hace dos años y medio. No es así. Como consignó la Corte, el plazo respectivo empezó a correr en noviembre de 2011. Pero, conforme explican funcionarios oficiales, sería chocante intimar a “jugadores” de mucha menos envergadura que el Multimedios mientras éste goza de una burbuja protectoria. Un contertulio del cronista menciona a un conglomerado mediático de fuerte tono opositor, de mediana talla, y ejemplifica “Tiene emisoras de más, tres o cuatro. ¿Cómo les vamos a exigir adecuarse mientras Clarín, que es cincuenta veces más grande, sigue fuera del juego?”.
La idea es entendible, la discriminación existiría si se actuara al revés. No bien conocido el fallo, teniendo el amparo de Clarín fecha de vencimiento cercano, comenzarán las intimaciones a terceros actores. Como decía Arturo Jauretche para aceptar la iniciación de una carrera cuadrera: “Emparejá que largamos”. Ahora (al fin ahora, recién ahora) empieza a ser factible.
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Los cambios que ya son: Retrocedamos en el recuerdo: todo comenzó en 2008. La disputa por las retenciones móviles desnudó flaquezas de una fuerza nacional-popular, ampliamente votada, con apoyos policlasistas. “El campo” y sus aliados le ganaron la calle, se movilizaron con bríos, congregaron actos más masivos que los del oficialismo. A veces, los ruralistas prepoteaban y hacían uso de la violencia pero fueron muchos miles los que coparon el escenario. Se ufanaban de su número y de su estilo republicano y dialoguista.
El episodio espabiló al kirchnerismo y a muchos de sus partidarios, que lo acompañaban pero yendo “de casa al trabajo y del trabajo a casa”. En ese contexto se promovió la ley de medios. La cúpula de Clarín creía que era un proyecto destinado al fracaso, mirando el escenario de 2008 y 2009. No era alocado el cálculo de oportunidad, también lo hacían muchas personas afines al Gobierno. La medida era necesaria pero quizá no era “el momento”.
Demasiada audacia, parecía, mucho riesgo. Y tal vez fuera así, pero resultó.
Algunos cambios en el sistema de medios audiovisuales ya son palpables, aunque incipientes. Hay otras cuestiones en danza. La principal, la batalla cultural que se desató. A menos de tres años vista, su desarrollo es gratificante y asombroso. La menguante legitimidad de los grandes medios y de su credibilidad, la visibilización de sus cuadros de conducción (la invisibilidad es, para los poderes fácticos, un atributo positivo). El brotar de voces y relatos cuestionadores, disonantes. La politización creciente de ciudadanos, en especial jóvenes.
El establishment se empecinó en jugar de local. En el Fuero Federal Civil y Comercial, “Grupos friendly”. Hablando a sus propios auditorios, arreando a dirigentes opositores.
Comparemos el espacio público de 2008 con un episodio de esta semana, el patético “abrazo a Tribunales”. Solo gentes de PRO y algún peronista federal, unos centenares de manifestantes. El Frente Amplio Progresista y la Unión Cívica Radical huyéndole, con tino. Personas presentables y bien empilchadas totalmente sacadas. La agresión repudiable a colegas periodistas del programa 6, 7, 8, un síntoma de impotencia y carencia hasta discursiva.
Esa microescena no traduce toda la realidad aunque es sintomática. Sobre todo, cuando la furia invalidante del pensamiento brota de comunicadores de alto rango.
La disputa por la LdSCA seguirá. Clarín tratará de diversificar tácticas en los meses que le quedan. Habrá nuevas fichas en el TEG judicial: abundan los magistrados atentos a los intereses corporativos o, quién le dice, a efectividades conducentes. Pero el entorno del Multimedios luce menos compacto que antaño.
El cambio cultural progresa, con perdón de la palabra. Ni los debates ni los combates están terminados, qué va. Pero el cuadro de situación es diferente al de años atrás. Y la correlación de fuerzas, muy otra. Por eso, entre otros motivos más técnicos, y aunque su sentencia no lo mencione, la Corte Suprema, que en el 2010 le concedió changüí temporal a Clarín, ahora le cierra el horizonte de impunidad.
El arte de hacer tiempo
Por Mario Wainfeld
El planteo pionero de Clarín fue evitar que se discutiera la ley en el Congreso, lo perdió, como era de manual. Entonces presentó la cautelar y la demanda de inconstitucionalidad. Pero se sinceró ante Su Señoría: la demanda de fondo se iniciaba al solo efecto de pedir “no innovar”. Tanto era así, que la actora se reservó el derecho de ampliar su escrito de inconstitucionalidad, redactado pobremente y sin ofrecer prueba. Fue consistente con su palabra: le metió pata a la cautelar, dejó hibernar el otro reclamo.
Los tribunales lo forzaron a que cesara ese abuso. Entonces dedujo una ampliación de demanda, con nuevos argumentos y ofrecimientos de prueba. Las fechas algo dicen: la ampliación coincidió con el affaire Redrado, un trance en el que se creyó debilitado al kirchnerismo.
La Corte fue severa y minuciosa cuando le marcó a Clarín que se tomó un año para la pedestre tarea de notificar la demanda. Y le avisó: esa demora no puede ser alegada a favor, nadie puede beneficiarse de su propia torpeza. Así las cosas, los Supremos hicieron responsable a la actora de la morosidad del pleito.
Opineitors varios y la empresa acusan al Estado de haber entorpecido el trámite. Los letrados oficiales refutan, con buenas razones. Sólo pidieron una prórroga, atípica aunque justificada, allá por diciembre de 2011, cuando se produjo el cambio de gobierno. Gabriel Mariotto dejó su cargo, pasó a la vicegobernación, se solicitaron unos días para acomodarse a la nueva contingencia y ofrecer la prueba. El juez clarinista Edmundo Carbone aceptó, lo que demuestra que no hubo ni mala fe.
El Estado impugnó algunas pruebas, como la pertinencia de los testigos ofrecidos por Clarín. La empresa hizo lo mismo. El magistrado les dio la razón a ambos.
Clarín propuso frondosas pruebas, tres pericias (contable, económica y técnica). Los abogados estatales se relamían ante la perspectiva de acceder a un coto cerrado: los libros de Clarín. Pero hubo doble discurso: jamás se abrieron los documentos a los peritos ajenos y a la contraparte. La pericia sigue pendiente por el escamoteo de quien la ofreció. En algún momento, si no revoca su actitud, el juez podrá dársela por perdida, de oficio o a pedido de la contraria.
Así que, hoy día, falta producir prueba, zanjar numerosas objeciones de las dos partes (no de una). Si se terminara esa etapa, llegaría el plazo para alegar, recién después el expediente quedaría en condiciones de ser sentenciado. Los plazos corren por días hábiles procesales, ninguno es breve.
Especialistas, abogados, jueces de otras comarcas, acaso algún cortesano atento concuerdan: nada es imposible en el mundo real, es casi imposible que la sentencia se anticipe a diciembre.
El Juzgado de Primera Instancia está vacante desde que se jubiló Carbone. No hay sustituto designado. Otros magistrados, rotativamente, firman el despacho diario.
Clarín se apura, como esos equipos de fútbol que “hicieron tiempo” durante 80 minutos y se comieron un gol sobre el final. De nuevo, no habla la mente conspirativa del cronista: son confesiones de parte, que constan en actas.
Un primer paso
Por Mario Wainfeld
El Gobierno revocó la concesión a la empresa TBA. Cuando sucedió la tragedia de Once, había planteado que esperaría a la pericia judicial. El planteo era inconsistente, por varios motivos. El más rotundo: la responsabilidad penal se mide con parámetros distintos a la mala praxis de un concesionario. Y, yendo más al detalle, porque una pericia no es una sentencia, no resuelve ni siquiera la causa penal.
Era factible que el oficialismo no creyera del todo en su argumento, que buscara ganar tiempo, mientras maduraba una decisión. La intervención a TBA fue la primera señal: la cuestión no se dirimiría en Comodoro Py. Fijada para un mes, la intervención se prorrogó. Con mandatos tan cortos era imposible introducir cambios importantes, aun planificarlos. Los horizontes respectivos se angostaban.
La pericia no terminó de arrojar luz. Los expertos acordaron que no había fallas en los frenos, lo que supone responsabilidad del maquinista. Pero el dictamen no basta, jamás podía, para eximir a TBA o a eventuales funcionarios. La pericia, por ejemplo, no da cuenta de la cantidad de personas que viajaban en los primeros vagones, un punto importante porque muchos murieron por asfixia, posible consecuencia del atosigamiento.
Los expertos informaron que los vagones se construyeron en 1950 y no disponen, por definición, de los dispositivos de seguridad de material rodante más moderno.
El juez Claudio Bonadío procuró pruebas referidas al estado general del servicio, el mantenimiento del material, la organización empresaria.
Como consecuencia del escándalo, y de los justos reclamos de las víctimas, se refrescaron informes lapidarios de los organismos de control. La intervención pudo corroborarlos, aunque ya debía estar al tanto.
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La caducidad de la concesión por culpa exclusiva de TBA es un paso adelante, tan imprescindible como insuficiente. El nuevo modo de gerenciamiento, que incluye a otros concesionarios de pésimos antecedentes, poco promisorio.
Lo importante es que el Gobierno reconoció la necesidad de cambiar: una autocrítica en los hechos, aunque no en el discurso. Y que se implicó en la búsqueda de un nuevo modelo de gestión. En el contexto actual, no podrá distraerse de la calidad y seguridad del servicio. Ni ampararse en la desidia o mala fe de los “otros” concesionarios.
El Gobierno manejó sus tiempos y se movió en el sentido correcto. Está, todavía, a mitad de camino. Pero enfiló con firmeza al rumbo más deseable (una reforma vasta del sistema ferroviario y aun el de transporte), por primera vez desde que ocurrió la tragedia. En unos meses, se verá si fue un primer paso o mero gatopardismo como acusan representantes de la oposición. Habrá que ver. De momento, algo mejoró.
DAMIAN LORETI ANALIZA EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA SOBRE LA LEY DE COMUNICACION
“No hay restricciones a la libertad de expresión”
Uno de los mayores especialistas en medios de comunicación repasó ante Página/12 lo resuelto por el máximo tribunal. También habló de la publicidad oficial, el reclamo de que haya conferencias de prensa y las críticas al supuesto “monopolio mediático” que creó el Gobierno.
Por Sebastian Abrevaya
Damián Loreti es uno de los mayores especialistas en medios de comunicación del país. Es abogado y doctor en Ciencias de la Información. Fue director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, donde es titular de la cátedra de Derecho a la Información. También es docente en la Universidad de Lomas de Zamora, bastión del vicegobernador Gabriel Mariotto, ex titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). Además, participó de la redacción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA), que esta semana sorteó el último de los obstáculos que mantenía su aplicación incompleta desde su sanción, en octubre de 2009. En diálogo con Página/12 analizó en profundidad los alcances del reciente fallo de la Corte Suprema que fijó el 7 de diciembre de este año como plazo “razonable” para que caduque la medida cautelar interpuesta por el grupo Clarín respecto del artículo 161, mal llamado de “desinversión”. Los reclamos por las conferencias de prensa, la publicidad oficial y las críticas de la oposición a un supuesto “monopolio mediático” creado por el Gobierno, son algunos de los ejes de la entrevista.
–¿Cuáles son, a su criterio, los puntos salientes del fallo, además de la cuestión de los plazos?
–Que es una cuestión netamente patrimonial y no hay cortapisas que surjan en materia de restricciones a libertad de expresión por parte de la ley. Eso tiene dos o tres ejes relevantes. El primero es que cuando se discutió la ley, nadie hablaba de derecho de propiedad, las campañas en contra estaban circunscriptas a la libertad de expresión. Que la Corte diga que no está afectada tiene dos consecuencias centrales, por un lado en términos de la propia legalidad interna y por el otro con el efecto regional porque la ley fue tomada como modelo para muchas otras cosas. Fue reconocida como un avance por la Relatoría de libertad de expresión de la OEA; la Relatoría de Naciones Unidas la llamó ejemplo tanto por el contenido como por el debate y también por Reporteros Sin Fronteras. Entonces, un efecto expansivo de la Corte Suprema argentina que dijera que la ley afectaba la libertad de expresión era de consecuencias institucionales, políticas y de estándares de libertad de expresión muy grave. Estábamos convencidos de que no había afectación en este plano y la Corte lo refrenda.
El segundo eje es que es una cuestión patrimonial. Los derechos adquiridos tienen que ver no con el derecho a la sustentabilidad o con una situación jurídica específica, sino con el derecho a la indemnidad. Con lo cual, estaríamos discutiendo qué daños causa la ley pero no se puede pensar que sea indemnizable que alguien deje de ser monopólico o con abuso de posición dominante. Estas son dos cuestiones que han tomado menor relevancia que las otras en los comentarios de los fallos.
–¿Con la información disponible se puede saber cuáles son las incompatibilidades que tiene el Grupo Clarín?
–En cuatro plazas tiene superposición de un canal de televisión abierta con ser operador de cable: Buenos Aires, Córdoba, Bahía Blanca y Mar del Plata. Después hay un tema mucho más complicado en términos jurídicos, que tiene que ver con que la caída de la cautelar por parte de la Corte implica además la caída del efecto sobre la presunción de verosimilitud de la cantidad de licencias que tiene el Grupo Clarín a partir del proceso de fusión de Cablevisión-Multicanal. Cuando se planteó la cautelar, la Justicia todavía estaba interviniendo en el rechazo que hace el viejo Comfer al proceso de fusión Cablevisión-Multicanal. Entonces una de las cosas que cuestionó el Estado contra la cautelar era que le iban a otorgar una cautelar a una cantidad de licencias que nosotros nunca probamos que sea el mismo grupo.
Repasando. En 2009, sale la Resolución 577 del ex Comfer que rechaza la fusión Cablevisión-Multicanal diciendo que tienen superposición de licencias en la misma área de cobertura, cosa que no aprobaba ya la ley de la dictadura. Por un proceso de concentración terminaron comprando dos o tres cables en más de una plaza y en algunos lugares también el servicio de televisión codificada. Eso determina que el incumplimiento no tenía que ver con la ley nueva, sino con la ley vieja. Clarín interpone una cautelar a esta resolución y se paraliza. Pero al mismo tiempo, cuando hacen la medida cautelar contra el artículo 161, lo hacen en nombre de las 237 licencias, que son el resultado de la fusión Cablevisión-Multicanal, que no había sido validada.
–¿El ex presidente Néstor Kirchner no había autorizado esa fusión?
–Lo que había firmado Defensa de la Competencia es la operación conjunta, es decir lo que permite la yuxtaposición de las empresas bajo la misma cabeza, no bajo la misma razón social, o sea la fusión. Eso era facultad pura y exclusiva del ex Comfer. Si no se podía hacer nada respecto del 161, sobre la situación existente, eso también aplicaba a la fusión. Con lo cual, ahora está la fusión rechazada en el propio expediente y además no hay cautelar que permita sostenerla, ni antes ni ahora.
–¿Es decir que con este fallo de la Corte se caen también los efectos que la cautelar por el artículo 161 podía tener sobre la fusión Cablevisión-Multicanal?
–O sea que ahora Clarín tiene que desarmar la fusión, nunca validada, y además de eso ceñirse a los techos de concentración de audiencias, mercados y cantidad de licencias que plantea el artículo 45 de la ley nueva. Son dos procesos de reacomodamiento que están pendientes.
–¿Con la información actual se podrían saber las opciones de Clarín para adecuarse a la ley?
–Es complejo asumir qué unidad de negocios pretenderían dejar en cada lugar y por qué. De 237 licencias tienen de más en cable, por cantidad y por acumulación en áreas de cobertura. Y en algunos sitios donde tiene un canal de TV abierto y un cable tiene que dejar de tenerlo. Además tienen que desprenderse de cantidad de señales de cable, porque la obligación que da la ley es tener una cuando se es distribuidor.
–Yendo a la responsabilidad del Estado, el fallo también es crítico respecto de la actitud de la Afsca, por una demora en la aplicación de otros aspectos de ley a otros medios.
–El fallo dice algo como que “no es dable suponer que haya habido una actitud apresurada” de la Afsca. En este tema hay objetivamente un dilema: si por culpa de la medida cautelar no se descomprime la presión sobre el mercado y al mismo tiempo que se obliga desde la Afsca a descomponer otras situaciones de resistencia a ese abuso de posición dominante, se va en contra del espíritu de la ley. ¿Hasta qué punto el Estado vería un proceso de mayor concentración del mercado, que es lo que la ley no auspicia, por vía de que algunos tuvieran cautelares y otros no? Es cierto que hay retrasos, sobre todo en los concursos para los nuevos medios que son el corazón de la ley. Yo tengo la expectativa de que los concursos se hagan rápido.
–¿Según la nueva ley, qué pasa con la venta del Grupo Hadad del Canal C5N y las radios Mega, Pop, Radio10, Vale y Amadeus al Grupo Indalo del empresario Cristóbal López?
–Nunca vi un solo papel al respecto y no tengo conocimiento de que haya entrado un solo papel a la Autoridad Federal. Si me tengo que guiar por lo que dicen los medios, no todos ponen el mismo esquema de negocios realizado. Trataría de no opinar sobre algo que no conozco.
–La oposición denuncia que el Gobierno está creando una especie de “monopolio oficialista” de medios por vía de la publicidad oficial. ¿Qué reflexión le merece?
–Si uno mira la cantidad de radios que hay en el país no estoy de acuerdo con esa apreciación. Si uno mira la cantidad de señales por cable y la cantidad de emisoras que hay tampoco me da la cuenta de que el Estado tenga preeminencia. Cuando ves los dueños te das cuenta de que los que tienen preeminencia son ciertos sectores privados. En términos de niveles de audiencia, tampoco. Siempre hablando de audiovisuales. (Repasa una por una las radios FM y AM de todo el espectro radioeléctrico.)
–Pero hubo un cambio en el mapa de medios...
–¿Qué es lo que ocurrió?, que no había ningún espacio privado que adhiriera a muchas políticas de los últimos gobiernos. Y lo que hay ahora es una corriente de periodistas, que sí adhirieron a muchas políticas de este Gobierno, lo cual a muchos les ha generado una crisis de conciencia y la han expuesto. Los periodistas tienen que cambiar por esto inmediatamente de opinión, creo que no. No creo que haya, a la hora de hacer números, ni en el interior ni en Capital, una preeminencia en cantidad de medios que se puedan asumir como afines a la línea ideológica del Gobierno.
–¿Qué opina del reclamo de algunos periodistas respecto de conferencias de prensa? ¿Afecta la libertad de prensa o el acceso a la información que no haya conferencias de prensa?
–No afecta a la libertad de prensa. Y el derecho de acceso a la información es otra cosa distinta. Para eso está vigente el decreto 1172, que arrastra a todo el Poder Ejecutivo y quien quiere hacer un pedido de acceso a la información lo hace. Y si no, reclama. Si se mira la cantidad de personas que han hecho pedidos sobre acceso, no hay mucho y el mecanismo existe desde septiembre de 2003. Mi cátedra hace un monitoreo en el cual se ve que no es perfecto pero tendencialmente se ha mejorado mucho. La conferencia de prensa no tiene que ver con el acceso a la información desde el punto de vista técnico.
–¿Y con qué tiene que ver?
–El derecho de acceso a la información es que toda la ciudadanía pueda acceder de forma regulada, ordenada, con un proceso pautado, a la información confiable y verificable, con soporte documental. Las conferencias de prensa tienen que ver con la política comunicacional del Estado. Que forma parte de las facultades de cada gobierno. Habrá mejores o peores estilos, más o menos simpáticos. Pero que no existan regularmente conferencias de prensa no es un mecanismo ni directo ni indirecto de censura. Además, hay una paradoja porque en una época los ministros se paraban en la puerta de su casa, tampoco había conferencias de prensa, pero nadie se quejaba. ¿Cuántas conferencias de prensa dieron Obama, Rajoy o el primer ministro de Canadá? ¿Y Alfonsín? Acá el problema (de los medios) es otro, no las conferencias de prensa.
–¿Pero no sería mejor que existiera la posibilidad de realizar un intercambio de preguntas y respuestas con el Gobierno?
–Sí, pero eso es distinto a plantear que la libertad de prensa está afectada. Es factible plantear que hubiera un intercambio, sí, pero la respuesta negativa no afecta la libertad de prensa. Hay prácticas más cómodas o menos cómodas. Eso es mezclar estilos con consecuencias institucionales. Y si hablamos de acceso, hubo una media sanción de acceso a la información el año pasado en el Senado y después en Diputados no se trató y la mayoría la tenía la oposición.
–Una de las cosas que se planteó durante el debate de la LdSCA es la necesidad de regular la publicidad oficial. ¿No debería avanzarse en ese sentido?
–Es un tema enormemente complejo porque en América latina no hay ley modelo. No hay una receta y en Europa hay distinción entre publicidad oficial y regímenes de subsidio al pluralismo. Hay algunos planteos de sentido común que dicen que, a mayor tiraje, mayor pauta, pero eso genera mayor concentración en términos económicos y utilización del mensaje sin mirar el público específico. Lo que la Corte planteó es que los Estados no tienen derecho a retirar publicidad como consecuencia de contenidos que se hayan publicado. Haría falta una ley sobre las dos cosas, también legislar sobre la cláusula de conciencia, en términos de favorecer a los periodistas, y la ley de acceso a la información, no sólo como control sino como plataforma de ejercicio de otros derechos.
–Es una práctica habitual preguntarle al entrevistado si le quedó algo para agregar...
–En términos más genéricos sobre el Estado de situación de la libertad de expresión agregaría la posición de muchísimos medios del interior, en las audiencias públicas por el tema papel prensa. Eso es algo sobre lo que se ha prestado poca atención y es para hacer una tesis de doctorado respecto de la situación económica de la prensa argentina en términos de insumos.
Agregaría el impacto de la ley de despenalización de calumnias e injurias, ya que en el interior el uso del derecho penal seguía siendo una práctica común. Remarcaría que la jurisprudencia de la Corte es consistente con estándares internacionales de libertad de expresión, de modo insistente. Y dentro de todas las cosas que tienen que ver con la aplicación de la LdSCA marcaría algunos muy relevantes: la aparición de nuevos contenidos (unitarios y programas que están siendo financiados dentro del modelo de contenidos digitales). En forma muy estridente, el efecto convergente entre la ley de Reforma Política y la LdSCA a la hora del otorgamiento de espacios durante la campaña electoral. Ahí hay una instancia de pluralismo que se dio por natural cuando no había ocurrido nunca. El tercero, una reciente resolución de la Afsca que hace a la aplicación del artículo 49, que es la instalación de emisoras sin fines de lucro en áreas vulnerables. Por último, la descripción que hace la Relatoría de la OEA en el informe de este año sobre la situación de la libertad de expresión en Argentina no marca ninguna alarma de la que muchos quieren hacerse cargo pero que no existe.
FACUNDO MOYANO HABLO CON PAGINA/12
“Hay que animarse a criticar”
El diputado y sindicalista afirmó que “la ausencia de debate es un problema” y llamó a señalar lo que está mal, tanto en el Gobierno como en el sindicalismo. Dijo que a la Casa Rosada le conviene “tener de aliado” al movimiento obrero y que Hugo Moyano es quien “mejor” lo expresa.
Por Julián Bruschtein
Imagen: Rafael Yohai
“Al Gobierno hoy más que nunca le conviene tener de aliado estratégico al movimiento obrero y quien mejor expresa el movimiento obrero es Hugo Moyano.” Facundo Moyano, diputado nacional por el Frente para la Victoria, dirigente sindical de los trabajadores de peajes y líder de la Juventud Sindical, hace la afirmación convencido, a pesar de la mala relación de su padre, líder cegetista, con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Con tango de fondo y sentado en el Café Homero Manzi, de San Juan y Boedo, Moyano asegura que no cree que “por instrucción de la Presidenta, pero hay funcionarios que se están metiendo en la interna de la CGT”, y propone realizar una “autocrítica como juventud. Tenemos que poder proponer, componer una agenda, y hoy no se está haciendo. Hay que animarse a criticar lo que está mal en el Gobierno, así como también hay que animarse a criticar al sindicalismo, para debatir y proponer”.
–¿Por qué se rompió la alianza entre la CGT y el kirchnerismo?
–La tensión que existe hoy entre la CGT y el Gobierno se debe a un problema político, más allá de que existe un problema económico que influye y es la inflación. Por otro lado, por supuesto que es una relación que tiene componentes que hacen que se profundice esta situación que son las personalidades de quienes conducen, Cristina y Moyano, pero fundamentalmente lo que tensa con mayor influencia es la forma de ejercer el poder y la conducción del gobierno nacional. La no participación del movimiento obrero en temas fundamentales como el mínimo no imponible de ganancias, la asignación familiar y el salario mínimo vital y móvil es un ejemplo de por qué hoy el movimiento obrero ha tomado esta posición de confrontación con el Gobierno. Surge naturalmente, porque negar una mayor participación de los trabajadores a través de sus dirigentes en el sistema político nacional va en contra de la naturaleza del proceso de profundización.
Y no tiene nada que ver con que después esto tenga un reflejo de mayor participación en términos institucionales, como más diputados o más funcionarios, sino en participación real en las decisiones. El movimiento obrero está siendo relegado a un segundo o tercer plano en la política y eso es involucionar este avance de los trabajadores hacia la política. Lo que está sucediendo es que se está rechazando o negando un factor que estuvo siempre presente en la evolución y profundización de este proceso. En el medio de esta relación entre CGT y el Gobierno aparece la interna de la CGT.
Moyano dice que el Gobierno se mete en la interna, el Gobierno lo niega, al candidato de la oposición Antonio Caló también dice que no. ¿A partir de dónde salen esas denuncias? Particularmente yo no tengo ningún dato preciso para afirmar que el Gobierno se está metiendo. Lo que sí sabemos es que puede haber algún funcionario que sí. No creo que por instrucción de la Presidenta. Al Gobierno hoy más que nunca le conviene tener de aliado estratégico al movimiento obrero y quien mejor expresa al movimiento obrero es Moyano, por historia, por trayectoria, por lucha, por coherencia, por legitimidad con los trabajadores. Hemos escuchado a Moyano referirse en términos confrontativos, y yo creo que la responsabilidad de que la discusión se plantee de esta forma es del Gobierno, porque es el Gobierno el que conduce todo. La situación de la interna de la CGT es complicada. Si bien no vimos hechos precisos que indiquen que el Gobierno está operando para que tal o cual dirigente ocupe el lugar de Moyano, vimos gestos y se puede dar un ejemplo concreto: la asunción de Ricardo Pignanelli de Smata hace unos meses se dio en el marco del apoyo a Caló como candidato para la CGT. Y esto más allá de que no se escuchó a ningún funcionario que se exprese literalmente a favor de ningún candidato, pero sabemos que hubo gestos claros a favor de Caló. Se sabe en el mundo sindical que se está ofreciendo dinero del APE, a mí me lo han dicho dirigentes sindicales.
–¿Cómo analiza la composición del bloque opositor a Hugo Moyano?
–Toda esta coalición heterogénea que aparece en oposición de la candidatura de Moyano en la CGT tiene personajes poco saludables. Cuando Moyano está confrontando con el gobierno nacional aparece una oposición con un candidato –aunque no está claro si tiene todo el consenso y apoyo de ese grupo de dirigentes– que es Caló. Se lo ve en primera fila en los actos del Gobierno, él mismo habla de la buena relación que tiene con el Gobierno. Pero este grupo tiene a voceros como (el gastronómico Luis) Barrionuevo y (el lucifuercista, Oscar) Lescano y para colmo la Presidenta aparece elogiando a un dirigente como Andrés Rodríguez, que fue oficialista del gobierno de Menem y que dejó miles de trabajadores en la calle. Resulta que hoy es ultraoficialista y la Presidenta lo pone como el paradigma del dirigente gremial elogiándolo por la paritaria que negociaron.
–Teniendo en cuenta la judicialización que plantea el antimoyanismo, ¿la CGT se encamina hacia una ruptura?
–La judicialización es inviable. No hay argumentos por parte de este sector antimoyanista para impugnar. El Comité Central Confederal (CCC) o la reunión de Consejo Directivo que lo convocó –ambos son objetados por la oposición– fueron totalmente legítimos, se cumplió con todos los pasos estatutarios y no hay por donde entrarle. De 254 delegados congresales asistieron 147, es decir el 60 por ciento, y todo esto está asentado. Podrán intentar impugnarlo, pero no tienen posibilidad de que avance. Pero todo esto hay que analizarlo en el sentido político, porque estamos escuchando a casi todos los sectores hablar de unidad. Y es contradictorio que hablando de unidad y de consenso y de que no pretenden la fractura de la CGT, después no asistan a un paso institucional y democrático como el CCC. No ir al consejo directivo que convocó hasta no asistir al comité son acciones contradictorias con el discurso que llevan adelante. Si son la mayoría, si tienen el apoyo del Gobierno y si quieren la unidad, tienen que ir a demostrar que tienen esa mayoría y pueden desbancar a Moyano. Es ahí donde nosotros encontramos la contradicción.
–¿Cuán importante es el rol de la juventud en el proyecto iniciado en el 2003?
–Creo que fundamentalmente la iniciativa de la juventud debe ser interpelarse a sí misma como actor en la sociedad. Es decir preguntarse qué rol tiene que tener el sindicalismo es una pregunta que tiene que hacerse la juventud del sindicalismo con una posición autocrítica. Nos tenemos que animar a discutir el modelo sindical, porque se puede discutir el modelo sindical defendiendo su esencia. Estamos de acuerdo con el modelo sindical, pero la ley sindical tiene que modificarse, se tiene que adaptar a la realidad. Nos tenemos que animar a discutir, a debatir, y a criticar al gobierno nacional y hablar de las asignaturas pendientes. Hablar de que en Argentina hay pobreza, hablar de que hay un treinta por ciento de hogares por debajo de los tres mil pesos, según el Indec del tercer trimestre del 2011. Nos tenemos que animar a decir que tenemos una estructura económica extranjerizada, que hay concentración económica, que hay inflación, y nos tenemos que animar a partir de ahí a aportar propuestas para solucionar esos problemas. Esto la juventud no lo está haciendo. No tenemos que hacer culto al personalismo, no tenemos que circunscribir la política individual de Cristina. La ausencia del debate político en la militancia es un problema. La falta de debate en la juventud militante en los distintos sectores del campo nacional y popular no contribuye tampoco.
No hay una juventud militante que proponga, que tenga una agenda por lo menos para encolumnarse detrás de banderas concretas. Este debate se tiene que dar realmente para que los jóvenes trabajadores, los jóvenes empresarios, los jóvenes profesionales técnicos sean garantía de lo bueno y de lo nuevo. El rol del seguidismo no contribuye en nada. Esta es una autocrítica que yo me hago como joven, no estoy criticando a La Cámpora, ni al Evita ni a ninguna organización en particular.
–Usted como sindicalista y diputado del Frente para la Victoria se encuentra en medio de un dilema. ¿Cómo resuelve esa tensión?
–Apoyo al proyecto nacional porque soy parte, pero no aplaudo todo porque hay cosas que no son para aplaudir, así como hay cosas que tampoco son para aplaudir del sindicalismo. Por eso es una autocrítica, porque no lo hago desde afuera, sino desde adentro. Seguramente errores he cometido, vicios del mal sindicalismo tengo y en eso tengo que hacer una autocrítica. La postura tiene que poder ser criticada, porque no todo está bien, pero tampoco todo está mal como lo plantean otros sectores.
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