Preocupación por pedido de arresto domiciliario del ex juez Córdoba
La fiscalía federal de Resistencia expresó preocupación ante el pedido de arresto domiciliario del exjuez Luis Córdoba, quién es investigado por encubrir crímenes de lesa humanidad. Afirman que “sería un retroceso y que podría obstruir la investigación"
El ex juez Luis Ángel Córdoba acusado de encubrir crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura en el Chaco, ya había solicitado su excarcelación o, en su defecto, el arresto domiciliario en abril de este año.
Esta medida fue rechazada por la Fiscal Federal de Resistencia, a cargo de Patricio Sabadini, y su par ad hoc en causas de lesa humanidad, Diego Jesús Vigay. De todos modos, todavía falta la definición del Juez, Carlos Skidelzky, la cual podría darse este lunes.
En este caso, el abogado de Córdoba, Juan Manuel Costilla solicitó este beneficio, debido a que el hijo del exmagistrado padece de esclerosis múltiple secundaria progresiva y fundamenta su solicitud, en razón del cuidado que debería prestarle.
Mientras que para la Fiscalía, el beneficio debería ser rechazado porque existen otros familiares de Luis Ángel Córdoba como la misma madre y hermanos que concretamente se están haciendo cargo de la atención de su hijo.
La Fiscalía también en su planteo de rechazo, argumento que el beneficio de estar detenido Cordona en su domicilia le daría la posibilidad concreta de obstruir la investigación, que recién se ha iniciado.
Y se desarrolla esa hipótesis, basándose en que se trata de un ex funcionario judicial de máxima jerarquía en la etapa de instrucción del fuero federal, donde se tramitaron los expedientes en el marco de la Ley 20.840 – base de los hechos que aquí se investigan - tuvo una situación de mando y obediencia sobre subalternos, ya sean secretarios o empleados como así también con agentes de fuerzas de seguridad como el Ejercito, Policía Federal y la misma Policía de la Provincia del Chaco.
En su presentación, el Ministerio Público entiende que el ex Juez formaba parte de “una estructura criminal organizada que tenía como finalidad efectuar privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos e incluso estar vinculado a homicidios de personas perseguidas por razones político-ideológicas, sin dejar de lado que, en el caso de la desaparición forzada de personas, como delito continuado, pueda llegar a entorpecer la investigación en la búsqueda de los, todavía hoy, desaparecidos”.
Riesgos.
La fiscalía señaló además que existe un riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación, dado que deben producirse distintas medidas procesales como ser testimonios, indagatorias, informes, etcétera, y que claramente pueden ser obstruidas de estar Córdoba en libertad.
El lugar estratégico ocupado por Córdoba por su función de Juez Federal, al tener la dirección de los expedientes en el marco de la Ley 20.840 (antisubversiva), base de los hechos que aquí se investigan, “le otorgan una influencia eventual sobre subordinados e incluso sobre documentación, informes, testigos, señaló el Ministerio Público.
“Otro dato objetivo del cual pudiera advertirse un riesgo procesal de fuga y en este sentido puede señalarse su poder adquisitivo o recurso económico como para efectuar una fuga al exterior de la provincia, incluso del país”, indicó.
En este sentido, fundamentaron que de acuerdo a un informe solicitado a la AFIP se constata que Córdoba maneja recursos monetarios de importancia.
Piezas.
Cabe recordar que Córdoba fue juez federal de Resistencia entre enero de 1976 y 1982. Está detenido desde el 6 de marzo pasado, donde un grupo de gendarmes lo apresó en el partido de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires. El exmagistrado está acusado de ser una pieza fundamental de la represión ilegal en el Chaco durante los setentas al hacer caso omiso a las reiteradas denuncias por violaciones a los derechos humanos que sufrían los expresos políticos.
Puntualmente se lo imputa por la infracción del deber de denunciar delitos, en 18 hechos en concurso real en calidad de autor; omisión de hacer cesar una detención ilegal, en ocho hechos en concurso real; omisión de promover la persecución y represión de delincuentes; en 18 hechos en concurso real; nueve hechos de omisión de investigar tormentos y nueve hechos de omisión de investigar privación ilegítima de la libertad en calidad de autor.
Además de incumplimiento de deberes de funcionario público en nueve hechos en concurso real en calidad de autor y de prevaricato en dos hechos. Todo ello en concurso real con el delito de asociación ilícita agravada.
FuentedeOrigen:ChacoDiaPorDia
Fuente:Agndh
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