TODOS SOMOS HIJ@S DE UNA MISMA HISTORIA.
Comprobamos, a través de las investigaciones históricas de nuestro pasado reciente, que el terror político en Uruguay fue aplicado desde la década del 60. A partir del golpe de Estado en junio de 1973, el gobierno cívico militar ejerció la violencia sistemática y generalizada don...de utilizó la fuerza de las armas y la anulación de los derechos de los ciudadanos, incluso, el más básico: el derecho a la vida. Así comenzaba, una nueva etapa en la historia uruguaya, donde, los crímenes cometidos representaron una tragedia que afectó a toda la sociedad con consecuencia transgeneracional. Muchos ciudadanos no alcanzaron a ver el fin de un régimen que aplastó en lo más profundo el sueño de hombres, mujeres y niños, trabajadores, estudiantes, religiosos y campesinos, que con su sangre y esfuerzo enfrentaron la política del terror. Los jóvenes en este país fuimos violentados con motivo de la persecución política de nuestros padres o familiares. Un gran número de niños, niñas y adolescentes que entre otras cosas, fueron utilizados para hostigar y amenazar a familias enteras, muestra que la represión no tuvo límites, y demuestra, que los menores de edad fueron víctimas directas, y no solo por ser hijos/as de presos, asesinados o desaparecidos; por haber nacido en cautiverio, por haber sido secuestrados o permanecer recluidos junto a sus madres. También sufrieron las consecuencias de la represión los menores que se vieron obligados a partir al exilio, los que quedaron en el inxilio y los que tuvieron que permanecer en la clandestinidad con otra identidad. Una noche, vinieron a buscar a nuestros padres y no regresaron. Una mañana salieron a trabajar y no regresaron. Todo seguía su curso… el barrio, los vecinos, la escuela… Nadie preguntaba… Seguramente, el miedo los paralizó y se instauró el “de esto no se habla”, o los clásicos “no te metas”, “algo habrán hecho”. Es cierto, “algo hicieron”: lucharon por una sociedad más justa, lucharon con la utopía puesta y soñaron con el hombre nuevo, para que todos, algún día, pudiéramos vivir dignamente. Para nosotros, comenzaba una nueva manera de sobrevivir y resistir en condiciones de alteración social. Maduramos a la fuerza; algunos debimos hacernos cargo de las responsabilidades de los adultos; creamos diferentes mecanismos de defensa en condiciones de dolor y abandono para poder crecer separados de nuestros seres más queridos. Aprendimos a tragar la angustia y la bronca cuando nos humillaban en los cuarteles; y a tragar la tristeza, cuando necesitábamos apoyo y contención. Cada una de las historias de aquellos menores de edad tiene su particularidad, pero ninguno escapó a esos años oscuros, sufriendo directamente la represión política. Toda situación producida por el terrorismo de Estado fue de carácter traumático. No solo por los brutales métodos que el régimen de facto dio para la persecución y eliminación de los opositores políticos, sino porque se dirigió como una amenaza abierta contra toda la sociedad que se implementó a través de distintas técnicas: allanamientos y saqueos dentro del hogar; detenciones arbitrarias y secuestros; presencia de militares y policías en actitud amenazante en cada rincón de la ciudad, que buscaban implantar el miedo a través de un clima de inseguridad y desinformación. Además, no podemos obviar los atropellos en los centros de estudio, donde se sufrió el déficit educacional; ni la clasificación de ciudadanos dividiéndolos en clase A, B o C; ni la crisis económica, entre otras, que se apoderó del país donde en muchos hogares faltó el empleo, y como consecuencia, el alimento básico, y donde muchos adolescentes debieron abandonar sus estudios y salir a trabajar tempranamente.Recordemos los acontecimientos de Treinta y Tres, en abril de 1975, cuando la represión detuvo a 38 jóvenes, de los cuales 29 de ellos tenían entre 13 y 17 años. Todos fueron salvajemente torturados y humillados en un cuartel. Luego trasladados al Hogar Femenino Nº 2 y otros al Álvaro Cortés. Allí estuvieron 7 meses internados y cuando los liberaron les prohibieron estudiar, suspendiendo todas las instituciones de enseñanza, públicas y privadas.Tampoco vamos a olvidar los últimos zarpazos de la dictadura en julio de 1983. Aquí en Montevideo se repite otra dramática historia con 25 jóvenes estudiantes que son detenidos y llevados al Departamento 4 de la Dirección Nacional de Inteligencia. Allí son brutalmente torturados por ser “subversivos”. Porque para el fascismo, no hay nada más “subversivo”, que la democracia.En aquella generación de hijos hubo situaciones de mucho dolor. Era la primera vez en la historia que alguien cargaba con tanta violencia, causando un gran daño transgeneracional y dejando secuelas sociales y emocionales importantes. Si bien no constituimos un grupo totalmente homogéneo y difieren nuestras necesidades, todos fuimos víctimas de vulneraciones a los Derechos del Niño y en consecuencia a los Derechos Humanos. Nos tocó vivir instancias que no elegimos y que nos colocaron frente a hechos y situaciones difíciles y peligrosas. Se nos generó daño y sufrimiento por acción, omisión o actuación ilegítima del Estado.Han pasado muchos años desde el golpe militar que dejó detrás de sí, una estela de destrucción. Aquellos menores, hoy hombres y mujeres adultos, no quedamos incrustados en el lugar de víctimas. Logramos resistir y aquí estamos. No debemos olvidar lo vivido; nuestro rol es no dejarnos atrapar por el silencio, el olvido y el desconocimiento. Entendemos que es necesaria nuestra participación para trasmitir la verdadera historia a las nuevas generaciones, apostando a la recuperación de la memoria colectiva y a la elaboración de la historia reciente. Quisiera terminar diciendo que, llegar a asumir y concretar esto, se logra a través de un doloroso, largo y extenuante recorrido personal que implica, sobreponerse al daño y enfrentar condiciones adversas, demandando un gran esfuerzo.Miles fueron los niños y adolescentes marcados por represión. Que la juventud esté alerta y conserve como el tesoro más preciado, esa noción profunda del derecho y la justicia que emana de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS Y NO NOS RECONCILIAMOS.
LUCHAMOS POR MEMORIA, VERDAD, JUICIO Y CASTIGO.
NUNCA MÁS TERRORISMO DE ESTADO!!
Marys Yic
Envío:Agndh
ENTREVISTAS
Justicia, justicia perseguirás...
Cecilia Michelini, la hija del diputado uruguayo Zelmar Michelini, asesinado en Buenos Aires en 1976, y titular de la fundación que lleva el nombre de su padre dialogó con Las/12 sobre las consecuencias de la impunidad cívico-militar tras la dictadura padecida en ese país. Junto a ella, la secretaria de la Asociación de Amigos del Museo de la Memoria, Antonia Yáñez, se refirió a las denuncias por violencia sexual como delito de lesa humanidad.
Por Noemi Ciollaro
¿Cómo fueron los años de impunidad y ausencia de justicia por los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura?
–Un proceso de mucha lentitud por la combinación de varios factores. La salida de la dictadura fue una salida “negociada” porque ya no podían sostenerla, pero nunca se supo bien en qué había consistido esa “negociación” en la que participaron todos los sectores políticos de nuestro país; en ciertos sectores, más que “negociado” fue “consensuado”. Es más, hay indicios de que se hicieron cambios destruyendo pruebas en los lugares donde estaban los restos de los desaparecidos, en forma consensuada con algunos sectores políticos, no todos. “Lo dice la tierra”, como explican los antropólogos forenses. Lo cierto es que toda la sociedad política participó en esa salida de la dictadura.
Pero en democracia se sancionó la Ley de Caducidad.
–Sí, se negoció entre los partidos tradicionales ya sin los militares, por lo menos teóricamente, la Ley de Caducidad que impidió el juicio precisamente a los militares. A partir de ahí se creó una fuerte corriente en la que mi mamá fue muy protagonista junto a la mujer de Gutiérrez Ruiz, el otro legislador que asesinaron con mi papá, y María Esther Gatti, abuela de Mariana Zaffaroni, que derivó en el plebiscito de 1989. Fue una lucha enorme, emblemática, recorrieron todo el país, pero se perdió, y a partir de ahí se instaló la impunidad y, salvo ciertas excepciones, fueron responsables todas las fuerzas políticas. Los familiares de los desaparecidos intentaron seguir luchando hasta 1996, cuando se instaló la Marcha del Silencio y empezó a lograrse que se hablara del tema; sólo eso, que se hablara. En 2000, cuando ganó la presidencia Jorge Valle, creó la mal llamada Comisión de la Paz. Fue como una Comisión de la Verdad, un gesto con el que se avanzó muy poco. Tendría que haberse establecido la búsqueda de la verdad y el enjuiciamiento de los culpables, pero no fue así.
¿La sociedad civil no reclamaba justicia?
–En Uruguay fue todo muy despacio con respecto a otros países. Si bien Valle no fue protagonista, acompañó a Juan Gelman en el gesto cuando encontró a Macarena, porque el que encontró a Macarena fue su abuelo; Valle lo acompañó públicamente y por primera vez se reconoció ese horror de haber matado a una chica tan joven y haberse quedado con su niña. Pero tampoco se hicieron cosas que la Ley de Caducidad sí habilitaba, como haber juzgado a los mandos superiores, a los civiles y a los delitos económicos. Lo que no se podía investigar ni juzgar era el tema de los desaparecidos, aunque eso no impedía buscarlos. Sin embargo, la impunidad fue tan impresionante que a pesar de eso no se hizo la búsqueda. Era una ley anticonstitucional porque el presidente decidía por sobre los tres poderes.
¿Cuándo se empezó a avanzar?
–Recién en 2005, con el gobierno de Tabaré Vázquez. Entonces sí se investiga a los mandos y la cuestión de los desaparecidos. Fueron presos Bordaberry, el presidente civil que dio el golpe y luego fue desplazado, y algunos militares. Se hizo un acuerdo con la universidad para que empezaran a buscarse los cuerpos; se avanzó mucho con eso. Pero la Ley de Caducidad seguía vigente y hubo pacto de silencio entre los militares de los altos mandos, no se produjeron resultados porque no se podía investigar sobre los desaparecidos. Fue un proceso complejo, se avanzó muy poco. Es algo que se mezcla con la política, tiene raíces políticas, pero no se logra una cultura de lo que es el Estado de Derecho y una sociedad en esos términos, por eso muchas veces las agendas se marcan por momentos electorales o políticos. Recién ahora la sociedad civil está remontando y tiene una fuerza mayor: comparando con la Argentina, siempre me pareció que la uruguaya es una sociedad más débil.
¿Y la izquierda uruguaya? ¿Cuál es su protagonismo en todo este proceso?
–Bueno, algunas cosas empiezan a pasar, las víctimas comienzan a reclamar sus derechos, a tener conciencia de la memoria; hay leyes reparatorias, todas muy tibias. El proceso es tibio pero igual algo se ha avanzado, aunque no en el caso de los desaparecidos. Ahí no se han puesto los medios que deben ponerse y los tiempos corren, los familiares están muy mayores y tampoco se le ha dado medios a la Justicia para que se especialice en esos temas. Hay mucho por hacer, por el rescate de la memoria constructiva, hacia adelante. Y hay una mezcla de temáticas que hace que ciertos políticos, incluso dentro de la izquierda, de alguna manera planteen la teoría de los dos demonios, desvirtuando el hecho de que una cosa es el Estado arrogándose el derecho de aterrorizar a la población violando todos los derechos humanos, y otra cosa es que personas particulares hagan tal o cual acto delictivo. Es un tema con el que hay que luchar mucho y en el que la izquierda también ha sido débil.
Pero surgió el fenómeno de los jóvenes.
–Sí. Un fenómeno nuevo en Uruguay, que continúa, y es la participación de la gente joven, los de 18 años. Las manifestaciones por el Sí fueron enormes. Para ellos fue una desilusión el haber perdido, pero igual siguieron y las Marchas del Silencio son de gente de 18 a 25 años. Obviamente, también participamos los mayores, pero es un acontecimiento muy importante el de los jóvenes involucrándose de esa manera. Y, finalmente, el 27 de octubre de 2011 el Parlamento aprobó la Ley 18.831, que calificó los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado hasta el 1O de marzo de 1985 como de lesa humanidad. La Ley de Caducidad nunca fue anulada ni derogada, pero los hechos legislativos ocurridos en 2011, como el desarchivo de los casos, su no amparo bajo la Ley de Caducidad y la votación en las cámaras legislativas, que impidió que las causas caduquen, determinaron que sus efectos fueran eliminados del ordenamiento jurídico del Uruguay. A partir de todo esto es que tenemos muchísimos casos en la Justicia y en la Corte Interamericana.
¿En qué situación está la búsqueda e identificación de desaparecidos?
–Eso es algo en lo que quiero rescatar a José López Maz, que está al frente del equipo de antropólogos forenses, y a la Universidad de la República, por el trabajo que están haciendo con el apoyo del gobierno del Frente Amplio que los llamó, aunque no tienen recursos. Los militares les dieron pistas falsas para desprestigiarlos, pero ellos siguen y encontraron dos cuerpos más: en total, hasta ahora, son cuatro, dos en el primer período de Tabaré Vázquez. Nosotros tenemos alrededor de 200 desaparecidos, muchos fueron secuestrados en la Argentina en el marco del Plan Cóndor. No hay nada más importante que el hecho de que los familiares cuenten con la posibilidad de buscar a sus desaparecidos, y tener justicia. Luego hay que mencionar todo lo que tiene que ver con la memoria, que es en concreto donde sentimos que desde la Fundación Zelmar Michelini podemos aportar más. Así, el año pasado en Montevideo organizamos el Seminario Dos Orillas entre Argentina y Uruguay, y hoy estamos haciendo este coloquio entre ambos países en el Centro Haroldo Conti.
¿Qué intentan impulsar a partir de estos encuentros?
–La humanización y la búsqueda de reflexión sobre lo que nos pasó, y el recuerdo y el reconocimiento a la resistencia, al coraje y a la solidaridad de tanta gente. Esas personas tuvieron nombres, ilusiones, amores, un novio, una minifalda, se pintaron los ojos; era gente joven. Pensando en los miles de desaparecidos acá en la Argentina y en los de nuestro país, hay que darle vida a todo eso. Y además tuvimos ideas, quisimos un mundo mejor... La fundación trabaja mucho desde el hoy. Nos parece que derechos humanos es también pelear por las condiciones en las cárceles, por la gente que todavía sufre pobreza. Es la construcción de derechos humanos y de ciudadanía desde el pasado y desde el hoy. Son las ideas de Zelmar Michelini llevadas adelante, con una visión optimista y constructiva.
VIOLENCIA SEXUAL Y LESA HUMANIDAD
Antonia Yáñez (63) es docente y secretaria de la Asociación de Amigos del Museo de la Memoria uruguayo, es militante del Partido Comunista (PCU) y fue detenida en 1975 y en 1981. En 1975 había sido apresada y juzgada por la justicia militar y civil, antes de la gran operación masiva contra el PCU que ocurrió en octubre de ese año.
“En el ’76 ocurren las muertes en Buenos Aires de compañeros que se habían asilado. La concepción de mi partido era quedarse y continuar la lucha en nuestro país, y así lo hicimos. En el ’77 cae mi marido; teníamos un hijo. Estar clandestina me impidió ir a verlo a él a la cárcel y estuve separada de mi hijo, que era criado por mis padres y mis suegros. En el ’79 y ’80 siguió habiendo caídas importantes: nosotros atribuimos nuestra caída posterior al plebiscito del ’80, al hecho de que se hubiera perdido; fue una represalia. Cayeron más de doscientas personas, hay tres compañeros desaparecidos. Uruguay tiene cuarenta y pico de personas muertas en la tortura y desaparecidas, recién ahora se pudo identificar a cuatro en total. Y después está el conjunto de personas desaparecidas en el marco del Plan Cóndor en la Argentina”, relata.
“Yo estuve en el centro La Tablada, en las afueras de Montevideo, donde hay cincuenta lugares que fueron centros de desapariciones y torturas. Junto a otros compañeros estuvimos seis meses desaparecidos y después nos llevaron a la cárcel de Punta de Rieles, que fue el presidio de todas las mujeres a partir del ’74. Nosotras estamos haciendo recién ahora las denuncias sobre las torturas, por ese proceso que significó llegar a considerar los delitos de lesa humanidad como imprescriptibles. Armamos un seminario sobre tortura y violencia sexual al que vinieron un fiscal y especialistas argentinos, e hicimos una denuncia de violencia sexual. Somos un grupo de veintiocho mujeres que nos fortalecimos y unimos en torno a esto, teniendo en cuenta lo que significan las denuncias y la exposición”, subraya. “Hay otras compañeras que estuvieron presas en la cárcel de Carmelo y decidieron plegarse a la denuncia.”
Y concluye que “en Uruguay las cosas fueron lentas y la política no siempre está a la altura de las necesidades de otro orden. Pero a partir de que ganó el Frente Amplio se pudo empezar a hablar, y el hecho de que haya militares y civiles presos marca una diferencia. El otro tema a destacar es la necesidad de que el movimiento popular y por los derechos humanos vaya ensanchándose. Claro, un gobierno abierto, progresista, también hace que una aspire siempre a más”.
FuentedeOrigen:Pagina12-Las12
Fuente:Agndh
Montevideo, 18 de junio de 2012.
Nunca más u otra vez
Cuando desaparecieron a nuestros familiares, cuando las cárceles se llenaron de presos políticos, cuando la tortura era cotidiana y se asesinaba a discreción, cuando la justicia militar mandaba y el parlamento había sido avasallado, los partidos, los sindicatos y la prensa opositora no podían existir, nosotros empezamos su búsqueda.¿Dónde están?, ¿quiénes lo hicieron?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿por qué? son las preguntas que desde entonces nos guían.
Tras el rastro de nuestros familiares cruzamos fronteras, nos encontramos con nuestros pares de otras latitudes. Compartiendo preguntas fuimos encontrando respuestas. Empezamos a conocer qué era realmente la Doctrina de Seguridad Nacional, la contrainsurgencia, la Escuela de las Américas con sus cursos y sus alumnos, la cantidad de bases, armamentos y asesores diseminados en nuestras tierras… fuimos conociendo situaciones, testigos y pruebas. Fuimos conociendo cómo, y porqué se trataba de aniquilar personas, gobiernos o pueblos que tenían el “privilegio” de ser considerados enemigos. También el quiénes: personal de las fuerzas armadas y de seguridad de nuestros países, instruidos, entrenados, equipados, asesorados, inducidos cuando no dirigidos por agencias, personal y estructuras de los EEUU destinadas a salvaguardar “la seguridad hemisférica”.
Lamentablemente, la realidad sigue dando víctimas de una represión arbitraria, indiscriminada, ilegal, infame, que mata, desaparece, desplaza, tortura, encarcela a todo aquel que, con criterios renovados y actualizados de clasificación, vuelva a ser considerado enemigo o pérdida no deseada.
Allí están los frutos de la colaboración de los EEUU con Colombia y México, a través de los respectivos planes: miles de muertos, desaparecidos, desplazados, en una guerra declarada al narcotráfico. Mientras tanto éste sigue creciendo y nutriendo a empresas y banca con un dinero mal habido pero siempre bienvenido para ser lavado.
Guerra que permite vender armas y municiones a los que alegan combatir al narcotráfico como a los que lo efectivizan, entre quienes no media un abismo sino numerosas conexiones múltiples veces descubiertas y probadas.
Estas cuestiones no son producto de delirios paranoicos. Cualquiera, medianamente informado, las conoce.
Cualquiera tiene elementos para saber que las Américas tienen un gran socio-jefe que piensa en ellas lleno de iniciativas para garantizar su prosperidad, su seguridad, bienestar y, porqué no, su libertad. Es un socio poderoso, el que gasta solo igual cantidad de dinero en sus fuerzas armadas que todo el resto del mundo junto, de forma de mantener su supremacía. El que no ahorra a la hora de sembrar bases, asesores, armamento, personal de combate militar y/o paramilitar y agencias de ayuda en el hemisferio. El que está en una actualización permanente de sus técnicas y de sus argumentos, el que piensa en el futuro y nos regala su Visión Conjunta (Joint Vision) 2020 y la estrategia de dominación de espectro completo. El que combina los esfuerzos de todas sus agencias, independientemente de que pertenezcan al Departamento de Justicia, al de Estado o al de Defensa. El que crea todas las piezas necesarias para que funcione el aparato que monta. Una de estas piezas son los SEALs. Los eficientes cuerpos de elite que, oriundos de la Armada de Estados Unidos, pueden actuar –como su sigla, en inglés, lo indica - en el mar, el aire o la tierra.
Hoy sabemos que el gobierno de nuestro país ha elegido para formar al personal FUSNA de la Armada (esa fuerza tan renuente a abrir los archivos que está en la palestra por los robos y estafas de varios de sus oficiales) a los SEALs. ¿Alguien tiene la puerilidad de creer que a los SEALs se los llama (y vienen) con la misma soltura y compromiso con que se contratan clases particulares para un examen? ¿Alguien puede creer que vienen sólo para instruir en las habilidades concretas de abordaje de un buque que haya penetrado ilícitamente en nuestras aguas?
El Presidente y los Ministros, especialmente el de Defensa Nacional, que firmaron el proyecto de ley que mandaron con urgencia al Parlamento, deben saber bien no sólo a quiénes traen sino que tras de toda instrucción militar está la consiguiente formación doctrinaria. Deben conocer los convenios, derechos, deberes y compromisos subyacentes a esta colaboración. Deberían saberlo los parlamentarios que, sin pena ni gloria, votaron la ley de autorización requerida para semejante aporte. Debe enterarse la ciudadanía a pesar de que el MDN ordenó hacer todos los eventos con el mayor sigilo, para que no lo sepa.
¿Por qué todo esto nos importa a nosotros, un puñado de familiares de víctimas del terrorismo de Estado?
Porque somos ciudadanos; porque ante el horror pasado levantamos la consigna de nunca más. Porque sabemos que éste se plasma en normas jurídicas, en declaraciones y actos públicos, pero que sólo es efectivamente posible si pasa a integrar la conciencia de todos nuestros compatriotas, especialmente de aquellos que revistan en las fuerzas armadas y de seguridad, que detentan el poder coercitivo del Estado.
Entonces, cuando estamos conmemorando el natalicio del Protector de los Pueblos Libres, nos preguntamos si trayendo semejantes “maestros” estamos honrando su legado y construyendo el nunca más o lo estamos traicionando y abonando el otra vez. Invitamos a todos a poner atención en estos temas. Exhortamos a todos los partidos políticos, a los gremios y a los centros de estudio de nivel superior a difundir y reflexionar sobre estas cuestiones y a defender nuestra soberanía.
Necesitamos una política de defensa inspirada en la paz y en el derecho. Instituciones integradas por personal capaz y digno, con lealtad democrática y republicana. Si los gobernantes actuaron con buenas intenciones, les recordamos que es justamente de ellas con la que está empedrado el camino del infierno.
Escribimos estas líneas con dolor, con alarma y con la firmeza que la situación obliga. No queremos llorar mañana por víctimas de la ligereza y prescindencia ética de hoy.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
Envío:Agndh
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