VENEZUELA.

jueves, 31 de mayo de 2012 
La ley de arbitraje obligatorio: Nueva ley de trabajo en Venezuela 
Por Christian Rath (PRENSA OBRERA)
En las vísperas del 1º de Mayo, Hugo Chávez anunció la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT). La palabra ‘orgánica’ define en Venezuela a una ley de carácter constitucional, la cual debe ser revisada por el Superior Tribunal de Justicia como paso previo a su promulgación.

La LOTT tiene 554 artículos y establece, entre sus disposiciones más publicitadas, una nueva jornada laboral de 40 horas semanales -35 en horario nocturno-, el fin de la tercerización y el cálculo de la indemnización sobre la base del último salario mensual multiplicado por cada año de servicio o fracción superior a seis meses. En este punto, la norma anula la reforma de la legislación laboral que, bajo el gobierno de Caldera, había eliminado el derecho a indemnización sobre la base del último salario y va aún más lejos, ya que dispone que el nuevo régimen se aplique desde el momento de su anulación -junio de 1997.

La LOTT plantea seis meses de licencia pre y postnatal para la mamá, catorce días discontinuos para el papá y la imposibilidad de despido para ambos durante dos años. Dispone el regreso de la doble indemnización en caso de despido injustificado y la estabilidad laboral a partir del primer mes, al derogar el período de prueba de tres. Plantea, además, la estabilidad para los contratados a tiempo determinado (por ejemplo, una obra en construcción), quienes hasta ahora han sido víctimas del despido a voluntad de las patronales.

¿Otra salida frente a la crisis?
Tanto Chávez como los defensores del gobierno han planteado la LOTT como el signo evidente de una política diametralmente opuesta a la de los países ‘neoliberales’ de Europa: mientras en éstos la crisis capitalista se descarga impiadosamente sobre los trabajadores, en el país bolivariano éstos acceden a las conquistas mayores de su historia.

En defensa de este planteo, señalan que la nueva ley habilita incluso la constitución de empresas que la propaganda oficial llama “bajo control obrero” frente al cierre ilegal o fraudulento de empresas. Si la patronal no acata la orden de reinicio de las actividades, el Ministerio del Poder Popular (una suerte de superministerio que agrupa lo que nosotros conocemos como Trabajo y Desarrollo Social, pero incluye, además, la centralización de las ‘misiones’ del Poder Ejecutivo en salud, educación o vivienda) “podrá” -así dice la ley- convocar a los trabajadores para conformar una instancia de administración que quedará en sus manos si la patronal no acepta seguir, con la “posibilidad” de que el Estado preste asistencia técnica y se incorpore a la gestión.

Se presenta del mismo modo la disposición que permite a las pyme tener un régimen laboral diferenciado -menor salario por la misma tarea- en función de la “defensa del empleo”.

¿Es así?

Los olvidados
En Venezuela, medio millón de jóvenes -según cifras oficiales- de 18 a 25 años están desocupados. La mitad de la masa laboral -unos seis millones de trabajadores- están en el ‘paro’, subempleados o en negro. La LOTT no los contempla. Incluso, en una disposición notable, prohíbe a “las personas en situación de desempleo, pensionados o jubilados (…) constituir organizaciones sindicales propias” (artículo 370). Sólo “podrán afiliarse a las organizaciones sindicales” existentes. ¿Temor a la insurgencia de un movimiento de lucha de los desocupados?

El gobierno bolivariano podría decir que una respuesta a la desocupación está en la reducción de la jornada laboral y en el fin de la tercerización. Pero existen algunos poderosos atenuantes. Especialistas en derecho laboral del propio riñón del régimen han planteado que uno de los “errores gravísimos” de la LOTT es “no haber incluido acertada y obligatoriamente el chequeo, verificación o constatación… de los horarios de trabajo” (Héctor Hernández, www.aporrea.org, 28/4). Pero además, la LOTT dispone que la nueva jornada laboral se aplicará un año después de promulgada la ley. El fin de la tercerización se plantea recién para dentro de tres años y ofrece un tiempo de transición precioso para que las patronales litiguen amparándose en el concepto de contratistas que la ley no equipara al de tercerización -”son contratistas las personas naturales o jurídicas que mediante contrato se encargan de ejecutar obras o servicios con sus propios elementos o recursos propios… la contratista no se considerará intermediaria o tercerizadora”, dice el artículo 49. En este limbo -¿cuál es tercerizadora y cuál no?-, la LOTT establece la estabilidad para el trabajador sometido a la tercerización al día de hoy y por los próximos tres años, así como la obtención de “los mismos beneficios y condiciones de trabajo que correspondan a los trabajadores y trabajadoras contratados directamente” (segunda disposición transitoria). Lo que puede significar un eje de lucha inmediato para el millón y pico de trabajadores en esta condición.

Los sindicatos y las huelgas
Lo más importante, sin embargo, no es lo analizado hasta aquí. La ley establece una regimentación feroz del derecho de huelga. “El reglamento de esta ley establecerá la producción de bienes y servicios considerados esenciales no susceptibles de interrupción” (artículo 482), es decir que el gobierno se reserva establecer los ‘servicios mínimos’ que no pueden ser afectados por la huelga. No hay huelga legal si no se cumplen estos servicios y no se ha presentado un pliego de reclamos, después del cual debe esperarse “no menos de ciento veinte horas” para concretarla. ¿Entonces, la lucha de clases dirime? No. Si no hay acuerdo entre trabajadores y patrones, el Ministerio del Poder Popular “dará por terminado el procedimiento conflictivo y, por lo tanto, la huelga y someterá el conflicto al arbitraje”. Se constituirá, en ese caso, una junta de arbitraje entre representantes de trabajadores, empresarios y del gobierno, cuyas “decisiones serán inapelables” y “de obligatorio cumplimiento para las partes” en el momento. Obvio, las partes podrán apelar ante los tribunales de trabajo si no se han acatado “las disposiciones legales”.

“Los consejos de trabajadores”
La LOTT innova llamando a constituir “consejos de trabajadores y trabajadoras” en los lugares de trabajo, a los que define como “expresiones del Poder Popular para la participación protagónica en el proceso social del trabajo, con la finalidad de producir bienes y servicios para las necesidades del pueblo”. Una herramienta del Poder Ejecutivo cuyas características y elección serán dispuestas por “leyes especiales”, aclarando que se trata de una construcción diferenciada de las organizaciones sindicales, aunque ambas son expresiones de la “clase obrera organizada”. El gobierno bolivariano, que no ha logrado hasta ahora tener una central de masas bajo su tutela, busca lograrlo por la vía de poner en pie una “Cámpora” en el movimiento obrero venezolano.

Las centrales sindicales han apoyado y llamado a apoyar la LOTT. El dirigente Stalin Pérez B, de Marea Socialista (corriente del PSUV que forma parte de la tendencia internacional en la que actúa el MST) la ha apoyado aún sin conocerla: “si la nueva LOTT es progresiva, como así creemos, los trabajadores reivindicarán a Chávez y al gobierno”, aunque “queda el sabor amargo: a un día del 1º de Mayo sólo se conocen, a cuenta gotas, algunos de los contenidos de la LOTT” (prensa Marea Socialista, www.aporrea.org, 30/4).

De cualquier modo, el debate recién se instala entre los trabajadores. Quizá no curiosamente, las cámaras patronales no han puesto el grito en el cielo hasta el momento ni por la jornada de cuarenta horas, ni por el fin de la tercerización, a sabiendas de que un año -y ni hablar tres- son un ‘largo plazo’ en Venezuela y América Latina.
Fuente:Argenpress