Por la levedad de las penas y la absolución del médico Mendoza
Dura crítica de dos ministros misioneros a un fallo
Ministro Escobar. Sinceró su amargura por la absolución del médico que, le consta personalmente.
El ministro coordinador de Gabinete del Gobierno de Misiones, Ricardo Escobar, y la agrupación política que encabeza el ministro de Derechos Humanos, Edmundo Soria Vieta, criticaron la levedad de las penas impuestas en el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad perpetrados en la provincia durante la última dictadura, y en especial la absolución del médico Guillermo Roque Mendoza, que según variados testimonios, controlaba y aún dirigía la aplicación de tormentos.
El ministro coordinador del gabinete del gobierno de Misiones, Ricardo Escobar, admitió haber esperado condenas mayores en el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia durante la última dictadura, y también "el sabor amargo" que le dejó la absolución del médico policial Guillermo Roque Mendoza.
“Yo esperaba más... pero, bueno: mosotros somos respetuosos de la actuación de la justicia... pero vamos a seguir luchando para que se sepa la verdad y se dicte justicia como corresponde”, dijo Escobar en diálogo con un periodista de la FM Nación.
No obstante, puntualizó que "el sabor más amargo es la absolución de Mendoza porque es inentendible cómo una persona que presenciaba sesiones de tortura y que comprobaba el estado físico dentro del campo de concentración, pueda ser absuelta”.
"Esto es como cuando una persona roba un auto y en la esquina tiene un campana que le avisa si viene alguien: es partícipe”, enfatizó el ministro.
Escobar consideró que Mendoza avaló claramente las torturas y asesinatos. "Quiero remarcar que quien firmó el certificado de defunción de Miguel Ángel Sánchez fue el doctor Mendoza (y que, eso demuestra que) estaba sabiendo bien todo lo que estaba pasando".
"Cuando a mí me detienen y me llevan al (hospital Ramón) Madariaga, quien controló mi operación fue el doctor Mendoza y después lo vi nuevamente en Jefatura. Y se sabe que él y el ya fallecido doctor Olmos fueron miembros de la policía”, prosiguió el ministro coordinador.
Escobar, a quien muchos misioneros llaman por su apodo, "Pelito", enfatizó que “vamos a seguir esto hasta al final, no solo en lo que hace a estos represores sino también a otros que todavía no aparecieron pero que fueron responsables de las muertes de Pedro Pechak y Susana Ferreira, entre otros”.
"Yo esperaba más -se sinceró- pero bueno, no me gusta pensar demasiado... La Jefatura de Policía fue un campo de concentración, éste no es un dato menor. Ahora espero que el ministro de Gobierno ponga en ella una placa que diga 'Acá funcionó un campo de concentración', com ya hicimos en la (Delegación de la Policía) Federal".
“Como digo siempre, y con la responsabilidad que tengo en el Gobierno, no es una cuestión contra la institución judicial actual y contra las fuerzas armadas sino una etapa nacional que no debemos olvidar”, concluyó.
Por su parte, la Agrupación 30 de Octubre, que preside el ministro de Derechos Humanos de la provincia, Edmundo Soria Vieta, manifestó su “profunda preocupación” no sólo por la absolución de Mendoza, sino también por la levedad de las penas impuestas a los imputados Carlos Herrero, Felipe Nicolás Giménez, Julio Amarilla y Carlos Alberto Pombo.
“Con la prudencia que el caso amerita, debido a que los fundamentos del fallo se conocerán en agosto, esta agrupación desea solidarizarse con las personas que fueron víctimas directa de la conducta delictiva por las que fueron juzgados estos represores”, señala el comunicado.
El comunicado, que además de la del ministro Soria Vieta lleva las firmas de Hilde Alicia Dechat, Rubén Romero, Zuelma Maidana, Luis García y Gerardo Ibáñez, entre otros, destacó el muy diferente trato que recibieron las víctimas y están recibiendo ahora sus victimarios.
"...no es lo mismo el contexto democrático en el que están siendo juzgados estos represores, con la garantía constitucional de un juicio justo, que haber condenado a las víctimas a los padecimientos que sufrieron en ámbitos donde sus derechos civiles fueron reducidos a la nada”.
Y concluye: "Hechos como los ocurridos, denunciados y probados en Misiones, no deben quedar impunes para que la democracia se fortalezca”.
Fuente:Telam

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