MÉXICO.

MIÉRCOLES, 25 DE JULIO DE 2012 
Bancos del Estado operan en paraísos fiscales 
ANSA 
Los bancos del Estado mexicano también operan en paraísos fiscales como Islas Caimán. 


El Banco de Comercio Exterior (Bancomext) y Nacional Financiera (Nafin), que financian proyectos sociales, suelen concurrir a estos sitios con el propósito de atraer compradores de deuda, reveló hoy el diario local Mileno. 


El matutino, que cita a la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán, en la región del Caribe, confirmó que Bancomext y Nafin, cuentan con una licencia categoría B para operar en ese territorio, que les permite sólo realizar transacciones internacionales. 


Un funcionario de Bancomext y Nafin, citado en este reporte periodístico pero sin ser identificado, señaló que las operaciones de ambas entidades involucran mecanismos para captar compradores de deuda en el extranjero. Asimismo, expuso que su presencia en las Islas Caimán data de años posteriores a la creación de Nafin en 1934, pero se ignora el monto de las operaciones. 


En las Islas Caimán también operan otros bancos mexicanos, aunque privados, como HSBC México, el español BBVA Bancomer, Inbursa, del magnate Carlos Slim, Banorte y Scotiabank. 


MIÉRCOLES, 25 DE JULIO DE 2012 
Tribunal, demandas y movilización 
Por Eduardo Ibarra Aguirre (FORUMENLINEA) 
Si las organizaciones que convocaron a la tercera movilización dominical consecutiva contra la llamada imposición de Enrique Peña, en más de 50 ciudades del país y también del extranjero, buscan con su creciente y vigorosa participación influir en las determinaciones del Tribunal Electoral, el magistrado Esteban Penagos les indicó que no pierdan su tiempo, porque 


“Vamos a resolver una cuestión en derecho, para esto no influyen las declaraciones que pudieran hacerse a nivel medios de comunicación, no influyen –y esto lo digo con todo respeto–, marchas, manifestaciones, porque el sistema democrático en México por voluntad del legislador quedó completamente arreglado”. 


Por cuarta ocasión integrantes del TEPJF, empezando por el sonriente Alejandro Luna Ramos, quien no deja claro si es un tic nervioso o se ríe de los electores, juran que actuarán apegados estrictamente a derecho, que no se dejarán influir por nada ni nadie. 


Lo declaran con tanta insistencia los magistrados y su presidente que no se sabe si leerlo linealmente o traducirlo del lenguaje político, porque finalmente eso son estos jueces. 


No se olvide, con todo respeto, que el cargo que ocupan estuvo influenciado por arreglos y componendas con los hombres y mujeres del poder político y, quizá, hasta del fáctico. 


Mientras los magistrados del TEPJF dicen que “trabajan a marchas forzadas” para antes del 6 de septiembre dictaminar la más que polémica elección presidencial y cuentan, para ello, con 340 de “los abogados de mayor experiencia en la materia”, el Revolucionario sacó del baúl la demanda en contra del Movimiento Progresista por el manejo de “recursos triangulados” de gobiernos perredistas” por medio de Austeridad Republicana y de ésta a Honestidad Valiente, con el fin de “violar los topes de gastos de campaña” y anuncian que demostrarán el “financiamiento ilegal”.


La insistencia ante el Instituto Federal Electoral, anunciada por Pedro Joaquín Coldwell, para que dé seguimiento a la demanda interpuesta el 8 de junio, parece un camino más convincente que la actitud de descalificar al adversario con sus presuntos rasgos personales y la cerrada conducta de negar las documentadas denuncias de Carmen Aristegui y Reforma sobre la triangulación de recursos por medio Monex y otras firmas, aunque el quintanarroense afirma con inocultable dosis de cínico reto: “No disponen de pruebas suficientes y contundentes para demostrar el vínculo PRI-Monex”. 


Sin forzar nada, se puede colegir de la afirmación del sustituto del más que corrupto, depredador de las finanzas de Coahuila, Humberto Moreira, en la presidencia del Institucional, que los hechos existieron pero las pruebas no las tienen los dirigentes del Movimiento Progresista. 


Las pruebas brotan de los propios electores de Peña Nieto. Por ejemplo, Diego Alberto Prado Méndez reporta que en Minatitlán, Veracruz, los dirigentes del Partido Verde, la franquicia de los González Torres, pagaron 3 mil pesos a sus representantes de casilla y que de una de ellas pretendieron “robarse las boletas ya cruzadas”. 


O bien, que en la colonia Prensa Nacional, en Tlalnepantla, estado de México, funcionarios del tricolor pagaban mil pesos por voto. “¡Pero si decían que Peña iba arriba!”, comenta con ironía Daniel, un pasante de leyes que trabaja como pintor de casas. 


De tal suerte que son algunos de los votantes del Revolucionario los que acaban proporcionando más información y hasta pruebas de las inocultables irregularidades en la elección presidencial que, por obvias razones, ocultan puntualmente Enrique Peña Nieto y todos los que hicieron posible su condición de “candidato triunfador”.
Fuente:Argenpress