URUGUAY.

VIERNES, 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
Batlle y Lacalle se ofrecen para encabezar complot 
Por José Antonio Vera 
Todos los políticos extranjeros que han condenado el cambio de gobierno en Paraguay, “que no es más que la continuación de algo constitucional”, tales el Presidente Mujica, “a quien le va a costar mucho, pero mucho”, como el nada patriota canciller brasileño, han incurrido en el delito de injerencia en los asuntos internos de un país hermano, según los ex presidentes de Uruguay, Jorge Batlle y Luis Alberto Lacalle.

Precedidos en una semana por el titular del Directorio del Partido Nacional (o Blanco) Luis Heber, los dos mandatarios del pasado también hicieron una pasantía por la sede del Partido Colorado y por las redacciones de diarios y canales de televisión, ofreciendo sus buenos oficios para impulsar la creación de una fuerza regional solidaria con el gobierno de facto que se instaló hace diez semanas en Asunción. Los tres visitantes, junto con las opiniones vertidas por el también ex Presidente Julio María Sanguinetti y el ex Canciller Sergio Abreu, conforman una especie de proyecto de política empresarial, una especie de Consultoría y Consejería, con pretensiones pedagógicas de la derecha uruguaya que, a nivel geográfico más amplio, se emparenta con las andanzas contra los gobiernos progresistas suramericanos que encabezan el colombiano Uribe y el español Aznar, de tristes recuerdos para esos pueblos. 

“Que nos pongan un avión y vamos a Chile, a conversar con los amigos, incluso con Piñera y dar matraca en los medios de comunicación”, dijo un Lacalle disminuido, aunque siempre sobrador, jugando el papel de pedigüeño de recursos para iniciar una cruzada “democrática”, que sirva para informar y convencer “a quienes están equivocados respecto a la situación política en Paraguay”, tras la destitución de Fernando Lugo, “quien está un poco extraviado, como en otras cosas”, acotó Batlle.

“Yo igual me tomo un avión por mi cuenta, no tengo problemas, o llamo a Lagos (Ricardo, ex Presidente chileno) y le digo que me espere que voy para allá y empezamos a poner las cosas en su lugar, porque todos, en muchos países vecinos, no saben nada de Paraguay, a diferencia de nosotros que tenemos relaciones de muchos años con empresarios y hasta con familiares que residen aquí”, acotó Batlle, autosuficiente como siempre, nada digno del ideal batllista de su abuelo, Don José Batlle y Ordóñez. 

La defensa de los valores democráticos y del orden que reina en Paraguay, sería el catecismo que ambos llevarían en su gira continental, más virtual que física, aunque todo depende de los recursos financieros que inviertan quienes se quieran sumar a tan noble iniciativa, que ya cuenta con el apoyo de la Unión Industrial y de los gremios de la producción, filiales paraguayas de las corporaciones transnacionales del agronegocio y de la megaminería, mayor parte de origen norteamericano. 

“Con Enrique (Cardozo, ex Presidente de Brasil) tenemos que hablar porque su opinión es de suma importancia e influencia”, dado que ha llegado la hora de movernos en una acción conjunta que abarque gobiernos y organismos multilaterales, tales las Naciones Unidas, “excepto La Haya (Corte Internacional de Justicia), porque ahí vamos a rebotar”, explicó Batlle en tono de comandante en jefe de un pelotón de fusilamiento. 

Con gestos muy elocuentes, sus manos extendidas sobre la mesa, y convertido en ducho estratega para explicar cómo hay que confeccionar “el programa de la visita del Presidente Franco a la ONU”, a fines de este mes, y ante un presentador admirativo de un canal privado, Batlle enumeró los detalles a tener en cuenta, “contratando profesionales capaces, periodistas y lobistas que sobran en Nueva York, para que enumeren con claridad lo que ocurre en este país, donde la tranquilidad es total”. 

Varios elementos confirman que se está produciendo una decantación temprana entre los golpistas paraguayos, dado que las invitaciones a amigos del extranjero, en particular de uruguayos, no las hacen los liberales, sino el Partido Colorado el que, en opinión mayoritaria en el país, es el mayor beneficiado con el golpe parlamentario. Casi sin excepción, todos los personajes extranjeros que llegan a Paraguay contratados por los partidos políticos y empresarios de la derecha, tienen el denominador común de sentirse pedagogos en un desierto de analfabetos, gozando de la aquiescencia de una audiencia selectiva, ausente el grueso de la población, y parten convencidos de que han dado una lección de sabiduría a un país muy necesitado de sus conocimientos. 

Esa petulancia, que nunca exhiben los autoritarios conferencistas estadounidenses, aunque son los que realmente inciden en la marcha de este país, tiene destacados exponentes en las filas conservadoras de Uruguay, carentes del pudor y la dignidad que se desprenden de la noble herencia del General José Gervasio Artigas, exiliado durante 25 años en las tierras rojas de Curuguaty y fallecido en los alrededores de Asunción en 1850, tras rechazar varias veces la repatriación ofrecida por sus traidores, cuyos herederos continúan activos por aquí. 

Su ideología trepadora y cavernaria, enemiga del bienestar de los pueblos, y el ignorar la opinión de las mayorías, característica de los sucesivos gobiernos del binomio colorado-blanco, generó tal repulsa entre el pueblo uruguayo que en las dos últimas elecciones le dio la victoria a la coalición progresista Frente Amplio y, por encima de la insatisfacción que produce en muchos sectores sus dos administraciones, hay coincidencia entre los analistas, incluso de derecha, que un tercer mandato estaría asegurado. 

Batlle, Lacalle, Sanguinetti, Uribe y otros personajes rechazados por los pueblos por dirigir políticas contrarias a los intereses populares, han encontrado empleo entre los sectores de la derecha ideológica paraguaya, ignorando a los miles de jóvenes que están movilizados en todo el país contra el golpe parlamentario, y contra la persecución en la función pública, con más de dos mil expulsados de su trabajo en sólo diez semanas. 

La repulsa es tal que provocó una queja editorial del matutino golpista ABC, contra “la juventud que no acompaña la cruzada patriótica y continúa indiferente ante los peligros que se ciernen sobre nuestro país” que, a juicio de esos traficantes de la opinión y del sentir de las mayorías, “viene con el rearmamentismo boliviano y la suspensión en el Mercosur”, mintiendo en el primer caso y obviando decir, en el segundo, que esa medida estará vigente hasta que Paraguay tenga un Presidente elegido por el pueblo en elecciones limpias y democráticas. 

VIERNES, 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
Uruguay: Naranjas amargas
Por Samuel Blixen (BRECHA) 
David y Goliat: Obreros rurales zafrales se enfrentan a una trasnacional belga de comercialización de frutas, en un escenario laboral en el litoral norte calificado como de esclavitud. 

El camión recorre los pueblos: Quebracho, La Tentación, Colonia Esperanza, Chapicuy, Tres Bocas, Constitución, San Antonio, Pueblo Lavalleja, Itapebí, un rosario de nombres sonoros que dibuja la ruta del pobrerío en Paysandú y Salto. El que quiera trabajar, que se suba. Hoy es la frutilla y los arándanos; después la naranja; después la cebolla. Las cuadrillas de peones, hombres y mujeres, se meten en los pastizales infestados de yararás, recolectan durante jornadas extenuantes y con jornales exiguos, discuten cuando les descuentan los bolsos porque la fruta está dañada, les reducen el salario, son suspendidos por protestar, son reprimidos por sindicalizarse. Juntan coraje y ocupan chacras. 

Entonces las empresas Caputto, Guarino, Costa de Oro, Forbel, convocan a la Policía. Y cuando un juez reconoce el derecho a la ocupación apelan, hasta que un tribunal de apelaciones decreta que "la toma" viola derechos humanos fundamentales de los empresarios: la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad. Los peones deben desalojar, vienen a Montevideo, intentan hablar con el presidente, exponen su caso ante los diputados de la Comisión de Legislación del Trabajo, concurren a las mediaciones del Ministerio de Trabajo. Ayer fueron los peones de Costa de Oro o los peones del frigorífico Casa Blanca; hoy son los recolectores de Forbel: diferentes víctimas, una misma explotación. 

Cincuenta años después de la "rebelión de los cañeros", los empresarios que recién empezaban a plantar los naranjales cuando los "peludos" tomaban ingenios azucareros parecen no haber aprendido nada de la historia: cometen las mismas iniquidades, usan la misma prepotencia que a comienzos de los años sesenta, cuando la represión de un sindicato recién constituido llevó a un dirigente socialista a concluir que "puede más un revolver 38 que un artículo de la Constitución"; y a los "peludos" en huelga, a redoblar la apuesta: cambiar los objetivos salariales por la consigna "Por la tierra y con Sendic", con todo lo que ello implicó. 

La historia que hoy trae a colación ese paralelismo es la de 180 obreros zafrales de la empresa Forbel, afiliados a la Organización Sindical de Obreros Rurales (osdor), despedidos en junio pasado al comienzo de la recolección de la naranja, en Paysandú, por una supuesta baja de productividad. 

El vocero de Forbel, Jumil Crouzet, ha justificado la medida en las pérdidas sostenidas de la empresa desde 2010, que fueron cubiertas por los accionistas principales. En verdad, Forbel es propiedad casi exclusiva de la trasnacional de origen belga Univeg, que se jacta de facturar anualmente 3 mil millones de euros, a través de sus filiales en 25 países, por la exportación y comercialización de todo tipo de fruta. El grupo Univeg dice tener en plantilla a 9 mil trabajadores; habrá que descontar a los 180 despedidos en Paysandú y, más trágico aun, a Daniel Solano, un trabajador de Univeg en Río Negro (Argentina) que desapareció a manos de Bora, un grupo policial de choque convocado por la filial de la trasnacional durante la represión de los conflictos ocurridos en la localidad de Lamarque, en diciembre de 2011. 

El conflicto en Uruguay comenzó en junio cuando toda una cuadrilla fue suspendida porque, según la empresa, estaban cosechando a mano en lugar de utilizar una herramienta específica, lo que implicaba una pérdida del 60 por ciento de la naranja acopiada. Pero, según los dirigentes sindicales, la suspensión fue una represalia por las protestas y paros realizados a raíz de la supresión, primero, de la media hora de descanso, y el reclamo posterior cuando se modificaron las condiciones del acuerdo salarial que, además del jornal básico, aseguraba un porcentaje por bolso recolectado. Aduciendo problemas económicos, la empresa comenzó a pagar el plus a partir del vigésimo cuarto bolso, lo que implicaba una rebaja salarial del 30 por ciento. 

Para el edil frenteamplista Walter Duarte, de la Junta Departamental de Paysandú, existe la sospecha de que "algunas empresas" pretenden cerrar, y por ello extienden el conflicto. Denunció que se está produciendo el corte de árboles citrícolas, y preguntó si con ello "se compromete el futuro productivo de Paysandú". En una sesión de la Junta, Duarte refirió que "en algunos casos son inversores extranjeros, y si no les remiten ganancias no les interesa continuar con la inversión, como es el caso de Forbel". También reflexionó sobre el alto endeudamiento del sector con el Banco República, "lo cual demuestra que el nivel de gestión ha generado problemas y cualquier apoyo debe estar muy vigilado, porque si estas empresas cierran el banco quedará con un enorme déficit. Son deudas superiores a los 10 millones de dólares". El edil se refería a la pretensión de los empresarios citrícolas de recibir asistencia financiera del Estado, a raíz de las fuertes heladas ocurridas en junio.

A comienzos de agosto, el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, anunció que el sector citrícola recibiría más de 7 millones de dólares como subsidios y paliativos ante la crisis; y a la vez el Ministerio de Trabajo anunciaba un régimen especial de seguro de paro para los trabajadores. Sin embargo ese seguro de paro resultará absolutamente exiguo por la escasa cantidad de jornadas trabajadas; y para aquellos que fueron suspendidos no habría subsidio porque no llegaron a completar los 13 jornales mínimos. Al comentar el pedido de subsidios, el edil frenteamplista Ruben García afirmó que "llama poderosamente la atención que a 380 quilómetros de Montevideo los productores citrícolas de Uruguay no se hayan enterado de un aparato que protege al citrus de las heladas". Se preguntó si "no será que estas empresas están jugando a vaciarse, dejando a los trabajadores en la calle para que el Estado deba resolver los problemas". 

Cultura feudal
Los 180 suspendidos a comienzos de junio fueron reincorporados gracias a la presión sindical de los trabajadores; pero resultaron definitivamente despedidos cuando la empresa Forbel decidió tercerizar la contratación de trabajadores mediante un acuerdo con la empresa Sercos, de Salto. Tal como denunció el edil frenteamplista Saúl Villagrán, "un nuevo contratista con la ayuda del representante de la Intendencia, en el Centro de Empleo, contrató a trabajadores para sustituir a los sindicalizados, y por supuesto que ellos debían ser dóciles, no sindicalizarse y no hacer el reclamo intermedio. Eso lo confirmaron en sus declaraciones ante el juez varias trabajadoras. Hoy queda más claro que nunca que sufrieron persecución sindical, con la complicidad de funcionarios municipales, lo que daña la imagen del Ejecutivo Departamental".  

El despido activó la ocupación de dos chacras, Santa Berta y Nueva Savo, y del local de packing de Forbel, además de cortes de tránsito en la ruta 3, hasta que la resolución del tribunal de apelaciones intimó a la desocupación. Mientras en Paysandú se producía el desalojo, aquí en Montevideo seis representantes de los despedidos intentaron acampar frente a la chacra del presidente José Mujica, en Rincón del Cerro. Alertada por la guardia presidencial, la Policía intimó a la delegación a retirarse hasta la calle O'Higgins, donde también se les impidió levantar un campamento. Finalmente los seis obreros -tres hombres y tres mujeres- acamparon en un terreno cedido por una vecina del lugar. Franco Staggi, dirigente de osdor, dijo: "Venimos con la idea de tener algún tipo de conversación con el presidente". Debieron contentarse con dejar una carta en la Torre Ejecutiva. 

Simultáneamente, otra delegación de despedidos era recibida en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, donde detallaron el proceso del conflicto. A raíz de la exposición, miembros del grupo parlamentario se trasladaron a Paysandú, pero no pudieron entrevistar a los directivos de la empresa. Una reunión de mediación en el Ministerio de Trabajo, a fines de agosto, fracasó por la ausencia de los mismos directivos, quienes alegan ingenuamente que al estar tercerizada la contratación de trabajadores, la empresa no tiene responsabilidad en el conflicto. La Dirección de Trabajo resolvió citar a los responsables de las empresas encargadas de la tercerización, mientras la comisión de Diputados resolvió citar a los directivos de Forbel. 

El diputado frenteamplista Luis Puig interpretó la postura empresarial -"una cultura poco democrática"- como parte de una estrategia para destruir la organización sindical. "Las condiciones de trabajo en Paysandú y en Salto -afirmó- implican una forma de esclavitud." Pero la coincidencia en el partido de gobierno respecto a la caracterización de una "conducta feudal" -que para el edil Villagrán justifica las ocupaciones "como el único recurso que le quedaba a los trabajadores para defender sus derechos y puestos de trabajo"-, así como la manifiesta preocupación del Ministerio de Trabajo, no alcanzan para doblegar a los representantes de una trasnacional que en 25 países, en cuatro continentes, despliega sus particulares métodos para optimizar sus ganancias.

Sin descanso 
Las voces de Fernando Gutiérrez y Pablo Pacheco, dos de los zafrales despedidos por Forbel que concurrieron a la Comisión de Legislación del Trabajo, son elocuentes para describir en forma descarnada, directa y honesta, cómo se desarrolla la explotación laboral y la persecución sindical. -Cuando Citrícola Salteña -creo que el dueño es Caputto- pasó a Paysandú, comenzaron nuestros problemas: hubo una gran estrategia para romper el sindicato. 

-Desde enero estamos tratando de negociar un convenio laboral. Los convenios que venimos haciendo son zafrales; termina la zafra y cae el convenio. Con Forbel hace siete años que venimos firmando ese tipo de convenios. En enero comenzó la problemática de la crisis en el sector citrícola. Escuchando a los empresarios y solidarizándonos con la situación, porque se trata de nuestra fuente de trabajo, el sindicato decidió trabajar con el mismo convenio que tenía en el año 2011 y no pedir más en cuanto a lo monetario. 

-En plena negociación, cuando el conflicto ya estaba declarado, la empresa tercerizó el trabajo. La empresa tercerizada nos tomó, pero con un sistema de trabajo mucho menor en cuanto a lo monetario y a las condiciones laborales.

-En cierto momento firmamos un contrato individual con la empresa Forbel, no como sindicato; de esa forma empezamos a trabajar. Cuando ingresamos vimos que no teníamos media hora de descanso, por lo que pedimos a la empresa que nos la diera para luego continuar trabajando como se debe. Queremos que quede claro que nuestro afán es trabajar. Y la empresa nos echó, porque dijo que no nos podían dar esa media hora de descanso debido a la crisis. Nosotros consideramos que ese era un atropello. En ese momento la empresa tercerizó; nos echó a nosotros por pedir la media hora de descanso y tercerizó el trabajo. 

-En los convenios anteriores teníamos premio por antigüedad y por calidad en la fruta cosechada, así como otros premios. Con la empresa tercerizadora, no nos pagaron nada de eso. 

-Nosotros somos trabajadores mixtos: tenemos un salario base por seis horas y media -que hoy en día ronda los 343 pesos diarios- y un incentivo por bolso cosechado. El año pasado, durante la recolección de la mandarina -es la primera fruta que se cosecha-, se pagaban 343 pesos más cinco pesos el bolso, a partir del primer bolso. Si uno hacía 60 bolsos cobraba 300 pesos más 343, es decir, 643 pesos. A partir de que firmamos el contrato -prácticamente lo hicimos con un revólver en la cabeza, porque si no lo firmábamos no entrábamos a trabajar-, nos pagan 343 pesos por seis horas de trabajo y cinco pesos a partir del bolso número 25. O sea que nos sacaron de un plumazo 25 bolsos, que equivalen a 125 pesos. Sin embargo, ellos dicen que eso no es rebaja salarial. 

-Cuando estaba por comenzar la fecha de cosecha de la naranja y se debía arreglar un precio, nos ofrecieron pagar a partir de la bolsa 65. Ya habíamos dicho que no; todavía no se había negociado, pero esa era la idea. Antes de que terminara la zafra de mandarina, nos echaron. Creemos que esto se hizo como una jugada por parte de la empresa.

-Nosotros cosechamos la fruta con una tijera tipo alicate. Sorpresivamente se hace control de calidad, lo que consideramos que está bien. Se debe volcar el bolso de naranjas, de aproximadamente 12 quilos, y se revisan las naranjas una por una para ver si se encuentran naranjas pellizcadas por la tijera -puede pasar, porque la tijera tiene filo- o arrancadas a mano, en cuyo caso la fruta no llega a destino porque se pudre antes. En esa cuadrilla a la que se refirió el compañero Pacheco, había cinco o diez trabajadores que estaban trabajando a mano, haciendo mal el trabajo. No obstante, la empresa suspendió a toda la cuadrilla. 

-Si no ocupábamos las dos chacras la empresa tomaría a 90 personas ajenas al sindicato, dejándonos afuera a nosotros, que tenemos una relación laboral desde hace años. 

-Simplemente estamos pidiendo que nos tome para trabajar una empresa en la que hemos estado trabajando desde hace diez años. Incluso hemos aceptado que nos rebajen el sueldo. Como dijo el compañero, ya quedan sólo dos meses de zafra.
Fuente:Argenpress