COLOMBIA.

MARTES, 30 DE OCTUBRE DE 2012 
Los opositores al capitalismo colombiano deben tener la oportunidad de hacer política sin temor a ser asesinados en cualquier esquina 
Por Mario Hernandez 
Entrevista a Renán Vega Cantor. 

Mario Hernandez (MH): Escuchábamos a Julián Conrado interpretando “El pescador” y así damos paso a nuestro columnista Renán Vega Cantor. Estamos en deuda porque nos comprometimos a hacer un análisis en profundidad sobre Colombia y no hemos cumplido con los oyentes, por lo menos, adelantemos algo. El 15 de octubre se ha producido la primera reunión entre las FARC y el gobierno colombiano en Oslo, Noruega, dando inicio a un diálogo y paralelamente la semana anterior fue “La semana de la indignación”. En las principales ciudades de Colombia, Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, entre otras, miles de opositores salieron a las calles para reclamar mejoras laborales, inversiones en educación y nivelación salarial. Algunos como el politólogo Darío Acevedo señalaron que más que una movilización social, las protestas respondieron al interés del Movimiento Marcha Patriótica para impulsar su proyecto político bajo la figura de los indignados y promovido por la influencia chavista. 

Renán Vega Cantor (RVC): Me parece importante situar el inicio de esta cuarta ronda de diálogo siempre frustrado con uno de los grupos más importantes de la insurgencia colombiana, las FARC, y el estado colombiano. 
En los últimos 30 años se han presentado cuatro intentos de diálogo. El primero en el gobierno de Belisario Betancourt entre 1982-6, como resultado del cual se creó un movimiento político legal llamado Unión Patriótica que participó de las elecciones. Tenía reconocimiento legal pero 5000 de sus militantes fueron asesinados. Hablamos de senadores, representantes a las Cámaras, alcaldes, gobernadores, diputados regionales y militantes de base. La respuesta del régimen colombiano y sus clases dominantes a este primer intento que fracasó fue prácticamente una política de arrasamiento. La respuesta institucional se dio en el plano de desaparecer literalmente a las personas que encarnaban una propuesta diferente para la política colombiana. Posteriormente hubo un segundo intento más corto a finales de los ’80 y comienzos de 1990 que fracasó porque el gobierno se levantó de la mesa. La última experiencia, la más nombrada, fue entre 1998-2002 que se conoce con el nombre de Caguán que terminó porque el gobierno también se levantó de la mesa. 
Tenemos para empezar como antecedentes funestos que en las tres primeras experiencias anteriores quien rompió el diálogo fue el gobierno. Ese es un hecho que no se puede perder de vista. Un segundo elemento es que cuando se habla de Colombia es bueno recordar que es el único país en América Latina donde se mantiene un conflicto armado interno que dura casi 50 años y si uno lo fuera a explicar históricamente tendría que decir que en verdad tiene 65 años. 
Se inició en 1948 y de distintas maneras se ha proyectado hasta nuestros días. Se prolonga porque está relacionado con varias circunstancias, en primer lugar, la concentración de la tierra en pocas manos. Colombia es uno de los países más desiguales e injustos del mundo. Esa desigualdad está vinculada principalmente con la distribución de la propiedad territorial. Tenemos que un porcentaje exiguo de grandes propietarios acaparan más del 60% de la tierra del país. El 0.4% de los propietarios acaparan el 62% de la tierra. Miles de campesinos no tienen acceso. Este es el punto neurálgico del conflicto colombiano. Ha sido una guerra que se ha librado en torno de la propiedad de la tierra, a su defensa por los grandes terratenientes apoyados por el Estado y que han formado ejércitos particulares que se conocen a nivel internacional con el nombre de paramilitares, cuya función ha sido defender los intereses de los grandes propietarios. Estos junto al Estado colombiano y la asesoría directa de EE. UU., han formado estos grupos de asesinos a sueldo.
El tercer elemento que está detrás del largo conflicto colombiano es el hecho de que nunca se respeta a la oposición de verdad porque, a veces, hay una oposición tolerada en el seno de las clases dominantes y del Estado, que en realidad no lo es. Tienen que ver con el manejo burocrático, con elementos coyunturales, pero no con problemas de fondo. 
Cuando hablamos de oposición política no es solo el hecho que se la reconozca sino que se les permita a quienes piensan distinto y disienten con el capitalismo colombiano que tengan la oportunidad de expresarlo, de organizarse y hacer política sin tener el temor a ser desaparecidos, torturados, asesinados en cualquier esquina. 

Solo hay dos casos similares de terrorismo de Estado: Israel y Colombia 

Eso hace parte de la cotidianeidad política colombiana, es decir, lo que Argentina vivió hace más de 30 años atrás en época de dictaduras, en Colombia, es algo cotidiano que atraviesa toda su historia en los últimos 65 años después de 1948, a tal punto que no se sabe a ciencia cierta la cantidad de personas que han sido asesinadas y desaparecidas en este lapso de tiempo. 
El caso colombiano es tal vez el ejemplo más dramático de permanencia del terrorismo de Estado a lo largo de más de medio siglo. A nivel mundial hay solo dos casos similares y tienen coincidencias: Israel y Colombia. Por eso no es casual que en los últimos años muchos de los críticos del régimen colombiano lo hayan calificado como el Israel de Sudamérica. El procedimiento en términos de terrorismo de Estado es exactamente el mismo y los nexos con EE. UU. similar. En este momento Colombia es el tercer país del mundo en recibir ayuda financiera de los EE. UU. para la guerra, solo superada por Israel y Egipto. Incluso en algunos rubros se encuentra en primer lugar, por ejemplo, en términos de preparación de la oficialidad media y alta en contrainsurgencia. En los últimos diez años y en términos de inversión para la guerra, algunos estudiosos calculan que solo en los dos mandatos de Alvaro Uribe Vélez de 2002 a 2010, el Estado colombiano gastó U$S 100.000 millones en la guerra. Estamos hablando de una cifra que quedaría pequeña frente al Plan Marshall de reconstrucción europea después de la II Guerra Mundial. Eso ha mantenido el curso de una guerra que el Estado colombiano no puede ganar en términos militares, entonces ha recurrido a la política de ablandamiento de la insurgencia y sus bases sociales mediante bombardeos y la guerra interna a todos los niveles, para crear las condiciones para dialogar con una insurgencia doblegada y eso es lo que cree el Estado colombiano que se está presentando. La insurgencia no está derrotada militarmente aunque ha sufrido golpes significativos. En esta medida se inicia el cuarto diálogo histórico entre las FARC y el Estado colombiano. Se ha dicho en el acuerdo previo que ninguna de las partes se va a levantar de la mesa, pero los antecedentes indican que el gobierno colombiano rompió las tres experiencias anteriores y no sería raro que lo volviera a hacer. Además, está interesado en impulsar la paz por dos circunstancias, una internacional y otra nacional. 
La internacional es porque el ambiente geopolítico en América del Sur ha cambiado sustancialmente y el gobierno más derechista del continente es el colombiano. En esa medida se han generado un montón de problemas en términos de alianzas, pactos y acuerdos económicos que se están firmando en América Latina. Las clases dominantes colombianas no quieren quedar al margen de esos procesos de integración y ven que la guerra es un obstáculo en términos regionales. 
Una segunda razón tiene que ver con el hecho que el Estado colombiano está en curso de firmar siete Tratados de Libre Comercio (TLC), el más importante conocido es con EE. UU., pero hay otros en marcha con la Unión Europea, Costa Rica, Chile y Corea del Sur. Cuando estos tratados se han puesto en marcha y han llegado los inversionistas de las multinacionales a llevarse los recursos, se han encontrado con una realidad que es la existencia de la guerra y la insurgencia. El capital transnacional mediante EE. UU. y los países que han firmado los TLC, exigen que se pueda ingresar con seguridad a los territorios para llevarse la biodiversidad, el agua, los minerales, las riquezas forestales y otra cantidad que se encuentran en el subsuelo colombiano. Esa es una razón que explica que nuevamente se hable de diálogos de paz. Pero teniendo en cuenta las experiencias anteriores y el contexto, se puede ser moderadamente optimista, diría menos que optimista. 

El gobierno de Ricardo Martinelli es profundamente corrupto 

MH: Las polémicas leyes promovidas por la Asamblea Nacional de Diputados y firmadas por el presidente Ricardo Martinelli vuelven a traer inestabilidad y zozobra a Panamá. Ahora es la provincia de Colón que se encuentra sumergida en protestas. 

La razón es la Ley 72, que permite la venta de los terrenos ubicados en la zona libre (de impuestos) de Colón, la cual es la más grande y antigua de Latinoamérica. La ley fue aprobada en tres debates por amplia mayoría de los diputados y firmada el mismo día por el presidente, que ahora mismo se encuentra de viaje por Japón. 

Es así como desde el lunes 22 de octubre la provincia de Colón se encuentra paralizada y en constantes enfrentamientos entre policías y manifestantes. 
La ley ya había sido rechazada en múltiples ocasiones por la población y los comerciantes. Hasta antes de la aprobación de la ley, los terrenos eran alquilados a diversas empresas, reportándole ingresos de alrededor de los 33 millones de dólares anuales al Estado. La propuesta del gobierno es vender los terrenos y recibir en veinte años 2 mil millones de dólares, ganando cuatro veces lo que se ganaría en el mismo periodo de alquileres. Pero a algunos panameños les quedan dudas sobre cuáles son las verdaderas razones para vender los terrenos. 
El actual gobierno ha tenido ya varias confrontaciones con el pueblo por leyes que no son bien aceptadas por la ciudadanía. Inclusive los intentos de ventas de diferentes activos del Estado ya habían provocado manifestaciones y repudio generalizado. El viernes murió el niño de 10 años Josué Betancourt. 

RVC: A mí me parece que en Panamá estamos viendo una réplica de lo que ya se ha visto en la mayor parte de los países de América Latina: un proceso absolutamente arbitrario e inconsulto de privatizaciones. En este caso se trata de la segunda zona libre más grande del mundo, solamente superada por Hong Kong, que le representa al Estado panameño una cifra nada despreciable si tenemos en cuenta que es un pequeño país de tres millones de habitantes y estamos hablando de un ingreso anual de U$S 33 millones por pago de alquileres que corresponden al arriendo de esta zona libre. Es una suma bastante apreciable que me atrevería a pensar que debe representar un ingreso nacional muy importante. Si se habla de vender estos terrenos, que además constitucionalmente es ilegal, porque la Constitución panameña prohíbe en su artículo 278 que se vendan propiedades comunes, por ejemplo, el espacio aéreo, el lecho marino y la zona libre de Colón está precisamente construida en un terreno que le fue arrebatado al mar, por eso la medida adoptada es inconstitucional y violatoria de la Constitución vigente y tiene por objetivo lo que ha sucedido con todos los procesos de privatización: conseguir recursos que luego se pierden y finalmente quedan en manos particulares por maniobras de corrupción, entregando los activos públicos a bajos precios, en este caso, uno de los más importantes que tiene este pequeño país. 
El gobierno de Ricardo Martinelli es profundamente corrupto y se ha aliado a los sectores más derechistas del continente, acogiendo a criminales que han huido de territorio colombiano y habían sido funcionarios del gobierno de Alvaro Uribe Vélez, con orden de captura, a quienes se les iban a iniciar procesos que nada tienen que ver con delitos políticos. Estoy hablando, por ejemplo, de la Directora del antiguo DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), un órgano que se encargó durante muchos años de perseguir a los opositores políticos mediante escuchas telefónicas, siendo muchos después asesinados. Esta persona fue declarada refugiada política por Martinelli como parte de ese proyecto de las derechas latinoamericanas, en las cuales el gobierno panameño tiene un rol bastante importante sin hablar de los turbios manejos relacionados a Panamá como una zona de tránsito de drogas que tiene mucho que ver con carteles y minicarteles colombianos. 
Estamos asistiendo a un proceso ya conocido en América Latina pero que también, como en otros países, ha generado una importante resistencia y movilización populares que ha aglutinado a la mayor parte de los sectores de la población y no solo pobre, porque en el paro están participando empresarios, comerciantes, importadores y además, como cosa rara, Martinelli le echó la culpa que estaban detrás de las protestas a agitadores internacionales financiados por el terrorismo. Un argumento de vieja data. 

MARTES, 30 DE OCTUBRE DE 2012 
Justicia a la justicia 
Por Amylkar D. Acosta 
A la justicia le gusta que la toquen, 
que la reformen, que la mejoren… 
pero nunca que la ultrajen 

La justicia está paralizada y los jueces en las calles, demandando del Gobierno central el cumplimiento de una Ley de la República. Se trata de la Ley 4 de 1992, que estableció una nivelación salarial a jueces y empleados de la rama judicial y transcurridos 20 largos años no se ha hecho efectiva. El costo de esta nivelación es de $780.000 millones aproximadamente, cifra esta que puede superar el billón de pesos si se extiende dicha nivelación a cerca de 20.000 fiscales y auxiliares que están también cobijados por dicho beneficio. El Gobierno ofrece darle cumplimiento a dicha Ley pero de manera gradual y progresiva, para lo cual se tomaría quince años (¡!). Esta oferta del Gobierno, obviamente, ha sido rechazada tajantemente por parte de ASONAL Judicial por considerarla inaceptable e irrespetuosa con la rama, tanto más en cuanto que en el Presupuesto General de la Nación que se acaba de aprobar para la vigencia 2013, según el Presidente Santos “el mayor que jamás haya tenido la Nación”, sólo apropiaron para tal efecto la ridiculez de $130.000 millones. 

La razón fundamental que aduce el Gobierno para no darle cumplimiento inmediato o en un plazo más razonable es de índole fiscal. Como afirma la Ministra de Justicia Ruth Stella Correa, este “es un tema de gran impacto fiscal” y, añade, “el Gobierno tiene que cumplir prioridades” y, al parecer esta no lo es. Ya lo habíamos advertido cuando se tramitó el Acto legislativo de la Sostenibilidad Fiscal y la Ley que adoptó la Regla fiscal, que con su aplicación, al supeditar el goce efectivo de los derechos a la disponibilidad de los recursos se estaba tirando por la borda el Estado Social de Derecho, quintaesencia de la Constitución del 91. En su momento el Presidente Santos afirmó sin pestañear que la Sostenibilidad Fiscal tenía “un sentido bien definido: no limitar derechos sino hacerlos más eficaces y equitativos”. Pero, del dicho al hecho hay mucho trecho; como lo vaticinó premonitoriamente el ex constituyente Gustavo Zafra, “así como en el pasado llamamos ´Convivir´ a la máquina de la muerte de los derechos civiles, ahora aparecen el ´Principio de Sostenibilidad´ y ´La Regla Fiscal´ como la máquina de la muerte de los derechos económicos y sociales”. 

Ahora le ha tocado a la Ministra de Justicia plantarle cara a la misma rama de donde viene y a la que se debe para decirles que “lo único que ha hecho este Gobierno es hacerles un reconocimiento dentro de la sostenibilidad fiscal”. Según ella, el Gobierno quiere cumplir con la nivelación “pero la disposición tiene que estar atada a un estudio macroeconómico” (SIC!). Pero, Señora Ministra, como dice el adagio popular, obras son amores y no buenas razones; además de que no es una buena razón invocar la sostenibilidad fiscal para seguir conculcándole el derecho que les asiste a 48 mil servidores públicos, entre funcionarios y empleados, que sólo exigen que el Gobierno cumpla la Ley a la que está obligado, nada más, pero tampoco nada menos! 

Llama poderosamente la atención que se esgrima la sacrosanta Sostenibilidad Fiscal para no cumplir con algo tan elemental como es hacerle justicia a la justicia, pero se la deje de lado al momento de proponerle al Congreso de la República en el proyecto de reforma tributaria que este tramita rebajarles los impuestos y las mal llamadas “cargas¨ parafiscales a las empresas. Entre uno y otro beneficio las empresas dejarán de pagar casi $10.3 billones; pues bien, con sólo el 10% de esta suma el Gobierno podría satisfacer el justo reclamo de quienes administran justicia. Dicho sea de paso, ahora entiende el país por qué los que supuestamente iban a chillar con la reforma tributaria salieron muy eufóricos a respaldarla a través del Presidente de la ANDI Luis Carlos Villegas, como su vocero. 

Es más, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo del 2012, el monto que dejará de recaudar la Nación por cuenta de las gabelas impositivas otorgadas dadivosamente a esas mismas empresas es del orden de los $6 billones, seis veces lo que cuesta redimir la deuda insoluta que tiene con la rama judicial. El problema, entonces, no es de plata. Es bien sabido que los recursos aquí, allá o acullá son limitados y que, como lo sostiene el jurista Gustavo Gallón “nunca hay suficiente dinero para satisfacer todas las necesidades de una sociedad. Esa es una regla universal. El dilema, entonces, es a qué gasto se le da prelación. Este es el quid del asunto, tan generosos cuando se trata del capital y tan cicateros cuando se trata del trabajo. La renuencia del Gobierno a cumplir con el mandato legal de nivelarles su asignación a jueces y fiscales habla muy mal del talante liberal del cual se ufana el Presidente Santos y deja mucho qué desear. Este conflicto servirá de piedra de toque para definir el talante de la administración Santos, el país entero está expectante del desenlace del mismo. Nada menos.
Fuente:Argenpress