Telón para el conflicto
Los efectivos que protagonizaron la protesta despejaron los edificios Guardacostas y Centinela. Nilda Garré aceptó la renuncia de su hermano, Raúl Garré, encargado de aplicar el decreto 1307.
Por Raúl Kollmann
Las escalinatas del Edificio Centinela, sede de la Gendarmería Nacional, lucieron ayer de nuevo despejadas.Imagen: DyN
Los prefectos y gendarmes amotinados terminaron deponiendo su actitud: frente a los edificios Guardacostas y Centinela no quedó nadie. “Hay una batalla perdida –reconoció el vocero de los gendarmes sublevados, Raúl Maza–, pero eso no significa que hayamos perdido la guerra.” La pseudohuelga que lanzó, instando al abandono del 50 por ciento de los puestos de seguridad de Prefectura y Gendarmería, no se cumplió en absoluto. Todos los servicios se prestaron. Muy temprano a la mañana se conoció la renuncia, aceptada, de Raúl Garré, hermano de la ministra y su jefe de gabinete, encargado de la aplicación del decreto 1307. El propio decreto fue reafirmado por el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, pero se consideró que hubo una falla grave en la aplicación porque Prefectura y Gendarmería liquidaron sueldos que significaron una disminución de los ingresos de bolsillo en los grados más bajos, algo que justamente se quiso evitar con el decreto.Resultó llamativo que en la mañana de ayer varios medios titularon que la protesta continuaba cuando ya en la noche del martes quedaba claro que los amotinados eran muy pocos. A Plaza de Mayo marcharon unas 150 personas. A las 9 de ayer, frente al Edificio Guardacostas de la Prefectura ya no había ni un solo efectivo protestando y en el Centinela, de la Gendarmería, menos de diez. Aún así, en varios canales seguían titulando que el movimiento continuaba.
Ya a media mañana, el propio Maza tuvo que reconocer el final y procedió a levantar la protesta cuando, en verdad, ya estaba levantada.
Para el gobierno nacional y el Ministerio de Seguridad era una prioridad empezar a recomponer la cadena de mandos. Esa fue la razón por la que ni Maza ni ninguno de los amotinados fue recibido oficialmente ni se les respondió al último petitorio de los cinco que se fueron presentando en forma sucesiva. La Gendarmería puso en disponibilidad a los que no acataron la orden de volver a sus puestos después de la protesta inicial porque se consideró razonable el primer planteo, pero una vez que se aseguró que todos los efectivos cobrarían lo mismo que a principios de septiembre, la ocupación de los edificios fue considerada una ruptura de la disciplina. Por ello tampoco hubo marcha atrás en las sanciones a los diez gendarmes puestos en disponibilidad y se sigue adelante con los dos sumarios por violencia protagonizados por prefectos.
El abandono de puestos de servicio lanzado por Maza tampoco tuvo eco. Por la tarde se difundió una versión de que, por ejemplo, no estaba funcionando el control del puerto, a cargo de la Prefectura. Esta fuerza lo desmintió en forma terminante. En ningún lugar cubierto por la Gendarmería y la Prefectura se concretó la ausencia en los puestos de servicio. Se trata de un primer paso a la normalización, que ahora será seguido por los jefes de las dos fuerzas y los mandos intermedios. Quedan algunos reclamos pendientes, como los lugares de alojamiento cuando los efectivos tienen que prestar servicios de seguridad en el Cinturón Sur de la Ciudad de Buenos Aires o en el conurbano. Hay una promesa de solución para el próximo período.
Parecía cantado que alguien del Ministerio de Seguridad tendría que responder por los errores en la aplicación del decreto 1307. Este diario lo adelantó la semana pasada señalando que la responsabilidad no estaba en la redacción del decreto –reafirmado en todo por el Gobierno–, sino en un mal control de la forma en que se llevó a la práctica a través de las liquidaciones de sueldo de este mes. Si el decreto mismo decía que no debía haber reducciones de ingresos en los grados más bajos, eso no se cumplió y, por lo tanto, escapó al control que se dijo tener. La liquidación de este mes no era una más: era el resultado de un año de trabajo de adecuación de toda la escala salarial al fallo de la Corte que ordenó poner prolijidad en la maraña de suplementos adicionales no remunerativos. Quien estuvo a la cabeza de la comisión que trató la implementación del decreto fue Raúl Garré, hermano de la ministra, y por eso presentó la renuncia.
A lo largo de los siete días del conflicto hubo momentos en que los amotinados exigieron una respuesta de la Presidenta “en dos horas”, lanzaron una virtual convocatoria a otras fuerzas de seguridad y armadas, mantuvieron cautivos a los jefes dentro de los edificios, impidieron salir al ministro de Economía y a otros funcionarios. Las declaraciones de buena parte de la oposición, de la jueza Elena Highton de Nolasco y el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, entre otras, ayudaron a poner un límite a la protesta. El Gobierno, por su parte, se mantuvo firme, y anoche frente al Guardacostas y al Centinela sólo quedaban dos efectivos en cada lugar. Eran los encargados de limpieza.
OPINION
De Tortolo al Centinela
Por Horacio Verbitsky
Imagen: Rafael Yohai
El capellán de la Gendarmería Nacional Gerardo Fernández Rizzo, separado a raíz de su participación en los actos de indisciplina por la liquidación de los sueldos de setiembre, fue secretario del ex Arzobispo de Paraná y Vicario General Castrense Adolfo Servando Tortolo y ante pedidos de auxilio de familiares de personas detenidos-desaparecidos justificó la represión contra “los subversivos”. Fernández Rizzo sugirió que el sacerdote provisoriamente a cargo del Obispado Castrense, Pedro Candia, lo expulsó por presión del gobierno nacional, y “cedió para preservar la continuidad de la diócesis castrense”. En declaraciones a medios del Grupo Clarín lamentó que lo echaran “no por pedófilo, no por ladrón, sino por cumplir con mi tarea sacerdotal. Lo único que hago es proclamar el Evangelio”, que “no es una proclama revolucionaria para derrocar a las autoridades competentes”. Añadió que “debemos perder el miedo de decir toda la verdad”. En respuesta a esta exhortación, vale la pena recordar su desempeño como el más próximo colaborador de Tortolo. En el juicio de Bahía Blanca varios ex alumnos de la Escuela Técnica secuestrados cuando eran adolescentes denunciaron el “encubrimiento eclesiástico”. Uno dijo que el sacerdote Aldo Vara visitaba en el Cuerpo V de Ejército a los seis estudiantes que antes habían sido torturados en el campo clandestino de concentración La Escuelita. “Nos traía galletitas, cigarrillos, nos preguntaba cómo habíamos llegado ahí. Pero no les avisó a nuestros padres, como le pedíamos.” Otro narró que el arzobispo Jorge Mayer les dijo a sus padres que “algo habrán hecho” los secuestrados. Varios prelados prometieron a los padres de la detenida-desaparecida bahiense Elsa Alicia Nocent interesarse por la muchacha ante las autoridades. Pero Fernández Rizzo les advirtió que no debían usarse “los derechos humanos como un instrumento político, ya que la subversión continúa asesinando a mansalva para imponer la dictadura comunista”. Ante un reclamo del padre de la desaparecida a la Conferencia Episcopal, su entonces presidente, Raúl Francisco Primatesta, interpretó que Fernández Rizzo “no ha tenido la intención de molestarlo” y negó que la hiriente respuesta implicara que “el fin justifique los medios”. Pasados 36 años y pese a los esfuerzos de los últimos gobiernos por sanear ese foco de fanatismo y violencia antidemocrática, Fernández Rizzo seguía en funciones, ahora en la Gendarmería, a la espera de un pretexto para pronunciarse en contra de las autoridades nacionales. Esto reafirma la necesidad de denunciar el concordato castrense en el que se basa la existencia de esa institución, vacante desde 2005, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner desconoció como funcionario público al último obispo castrense, Antonio Baseotto, por su reivindicación pública de los métodos del terrorismo de Estado. El gobierno nacional propuso al Vaticano un acuerdo negociado, pero la Iglesia Católica ha dado largas al asunto, a la espera de un cambio de autoridades nacionales que vuelvan las cosas a su cauce tradicional. Como lo evidencia el caso de Fernández Rizzo, la única solución es terminar con esa institución anacrónica, de modo que tanto el personal militar como el de las fuerzas de seguridad pueda practicar el culto de su elección en los mismos templos a los que concurren quienes ejercen otras profesiones, como los escribanos, las manicuras y los cartoneros.
Fuente:Pagina12
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